Chile Solidarity

Recently a student leader (Christiano) from Chile toured Australia.
Christiano attended and spoke at some functions in Brisbane including ‘Foco Nuevo’. Christian was interviewed at 4ZZZ  (yet to be broadcast).

Interview of Chilean Student leader speaking about student revolt in Chile 2011-2012. Click to play.

Interviewee – Christiano
Translation – Marcella
Interviewers – Eliza & Ian

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LA CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD

CON CHILE EN AUSTRALIA 1973 – 1990

Memoria histórica sobre el movimiento de solidaridad australiano con Chile durante la dictadura militar.

Gustavo Mártin Montenegro

Master of Arts (Honours)
In Spanish and Latin American Studies
University of New South Wales Sydney – Australia

“El destierro es redondo: un círculo, un anillo: te dan vueltas tus pies, cruzas la tierra no es tu tierra, te despierta la luz, y no es tu luz, la noche llega: faltan tus estrellas, hallas hermanos: pero no es tu sangre” — Pablo Neruda

Presentación

Este trabajo es una crónica histórica sobre el movimiento de solidaridad con el pueblo de Chile en Australia. El contenido de este documento cubre un período de 16 años y tres meses, es decir, desde el derrocamiento del gobierno constitucional del Dr Salvador Allende Gossens, el 11 de septiembre de 1973, hasta el triunfo electoral del candidato de las fuerzas políticas de oposición, el señor Patricio Aylwin Azócar, el 18 de diciembre de 1989. En otras palabras, se refiere al período de gobierno de las fuerzas armadas chilenas bajo la presidencia del general de ejército Augusto Pinochet Ugarte.

El propósito de esta presentación es documentar e interpretar históricamente los hechos ocurridos en Australia a partir del golpe de estado en Chile, las reacciones y actividades de solidaridad con los vencidos en distintos sectores de la sociedad australiana y las posiciones asumidas por los gobiernos federales y las organizaciones políticas y laborales que, bajo una u otra forma, se expresaron públicamente durante los años del régimen de facto instaurado en esa nación del cono sur de América.

Para la composición de este trabajo el autor ha utilizado diferentes fuentes de información en su investigación histórica. En primer lugar el que escribe fue testigo presencial del movimiento de solidaridad en Australia. Segundo, se ha recogido el relato oral de dirigentes políticos y sindicales que tuvieron una activa participación en esta campaña de solidaridad, a quienes el autor entrevistó para recoger sus opiniones. Por último, se ha consultado y acopiado una cantidad de documentos oficiales del gobierno y del parlamento federal, de las organizaciones políticas y sindicales, documentos de los comités de solidaridad, boletines y cartas informativas, artículos de prensa y transcripciones de programas radiales y televisivos.

Gran parte de esta información se ha incorporado al presente trabajo como documentación anexa, la que ha sido ordenada y clasificada en 19 volúmenes, incluyendo una extensa bibliografía. De esta forma otros investigadores, que deseen estudiar o investigar aspectos que no han sido incluídos en el presente trabajo o bien levantar sus propias interpretaciones sobre el contenido aquí desarrollado, podrán encontrarse con la información reunida y compilada de acuerdo a las áreas o sectores en que se expresó la situación de Chile.

La totalidad de la documentación señalada permanecerá en la Biblioteca Sir Robert Menzies de la Universidad de New South Wales en Sydney.

Agradecimientos:

Deseo expresar mi gratitud a un gran número de personas que de una u otra manera hicieron posible la presentación de este trabajo. En primer lugar, a mis maestros, los Doctores James Levy, Peter Ross y John Brotherton que me sugirieron desarrollara mi tesis sobre esta materia, a fin de documentar históricamente la actitud asumida por distintos sectores de la sociedad australiana en relación con el coup d’état en Chile y sus posteriores efectos en Australia. Ellos me guiaron en la investigación y me entregaron su más decidido apoyo en todo momento.

A los ex-dirigentes del Australian Committee for Solidarity with the Chilean People, Mavis Robertson, Steve Cooper y Andrew Ferguson que en distintas conversaciones fueron proporcionándome antecedentes y materiales mantenidos en sus propios archivos. También a Robert Austin, profesor australiano, quien, junto con proporcionarme la documentación que poseía, me facilitó el acceso a la biblioteca de la Australian Teachers’ Federation.

A los dirigentes sindicales australianos: William Martin del sindicato de la Amalgamated Metal Workers and Shipwrights’ Union, Don Henderson del sindicato de la Firemen and Deckhands’ Union, Tass Bull de la Waterside Workers’ Federation y Patrick Geraghty de la Seamen’s Union. Con todos ellos conversé y gentilmente me dieron acceso a las bibliotecas de sus organizaciones sindicales. Debo incluir y agradecer también las facilidades que se me proporcionaron en las bibliotecas de la Building Workers’ Industrial Union y de la Australian Teachers’ Federation.

Al Australian Labor Party, al Australian Socialist Party y al Australian Socialist Workers Party, por haberme dado la oportunidad de consultar sus archivos y reproducir fotoestáticamente los artículos sobre Chile publicados en sus órganos de prensa. Igualmente a Eric Aarons, ex-secretario general del Australian Communist Party por haberme permitido el acceso a las ediciones del semanario Tribune, periódico oficial del Partido durante su existencia en este país.

A mis amigos chilenos: Víctor Marillanca, de Canberra; Irma Pérez, de Adelaide; Robinson Torres, de Melbourne; Marcial Parada, de Brisbane y Alexis Meza y Patricio Vilches, de Sydney. Todos ellos pusieron a mi disposición sus archivos personales sobre Chile, a los efectos de ser utilizados en la preparación de este trabajo e incorporados a los anexos que reúnen la documentación sobre la campaña de solidaridad con Chile en Australia. A María Oujo por su lectura, correcciones técnicas y formatización del texto. También para Lidija y Agnieszka que se incorporaron a nuestra familia durante el tiempo de esta investigación, ayudándome con su interés y preocupación en esta tarea.

A todas estas personas e instituciones mi más sincera gratitud y reconocimiento.

INDICE

Introducción 

Primera Parte: El movimiento de solidaridad con el pueblo de Chile en Australia.

Segunda Parte: Los gobiernos de Australia frente a la solidaridad y al régimen militar de Chile.

Tercera Parte: La solidaridad del movimiento sindical australiano con los trabajadores de Chile.

Los sindicatos australianos y la solidaridad con Chile   

Epílogo.

Bibliografía.

Introducción

El 11 de septiembre de 1973, el Gobierno Constitucional de la República de Chile fue derrocado por un golpe militar. En el alzamiento contra el régimen elegido por voluntad popular muere el Presidente de la Nación, se deja a un lado la Constitución del Estado y todos los códigos legales que garantizaban los derechos y conquistas de los trabajadores y se comienza a gobernar mediante el sistema de Bandos Militares en tiempos de guerra. Se clausura el Congreso Nacional. Se aniquila la libertad de prensa y son clausurados la casi totalidad de los diarios, revistas y radioemisoras y sobre las estaciones de televisión se establece un directo control militar. Los partidos políticos de orientación popular son declarados fuera de la ley, mientras al resto se le impone un receso obligatorio. Todas las organizaciones sindicales y vecinales son disueltas sin excepción. Sobre el pueblo, sobre la masa de trabajadores, sobre todo aquel sospechoso de haber simpatizado con el régimen caído, sin importar edad, sexo o condición, se descarga una de las más brutales y enconadas persecuciones que haya conocido Chile en particular y América Latina en general. Se habilitan campos de concentración, se institucionaliza la tortura y se hacen desaparecer a ciudadanos, hombres y mujeres, sin que dejen rastro. El amedrentamiento físico y psicológico, el terror masivo y la violación de los más elementales derechos humanos pasan a ser, a partir de entonces, elementos nuevos en el diario acontecer de una sociedad acostumbrada al disfrute de todas las libertades sociales y políticas. Las artes, la ciencia y la cultura nacional son declaradas enemigas de la ideología que sustentan los nuevos gobernantes. Se produce el asalto armado a las universidades del país y las cámaras cinematográficas, que recorren el mundo, muestran a soldados quemando libros y destruyendo obras de arte, cuyo patrimonio el país guardaba con celo y orgullo. Las sedes diplomáticas acreditadas en Santiago son abarrotadas con la presencia de miles de personas que buscaban escapar y ponerse a salvo de una locura no registrada en una sociedad civilizada. A los pocos meses, más de un millón de chilenos dejan el país y se establecen en el extranjero. Según los antecedentes de la Comisión de Inmigraciones de la Iglesia Católica chilena, un 10% de la población se vio obligada a dejar el país al negársele la seguridad personal o el derecho a mantener a sus familias.

Por un espacio de 16 años y tres meses se sostiene en Chile una dictadura militar que gobierna el país a su arbitrio. Los métodos usados para mantener a la población sometida a los intereses que representaba, provocaban preocupación y molestia en países de muy diferentes posiciones ideológicas y con distintos modelos de organización socio-política.

Este impacto producido en una nación pequeña y casi desconocida para millones de seres humanos en el mundo, ocupaba las primeras páginas de los diarios, revistas y un gran espacio informativo en radioemisoras y canales televisivos. Chile pasaba a ser desde ese momento un país al cual se le había cercenado en forma ilegítima y violenta el derecho a su independencia económica y a su autodeterminación política. Con esta lectura, los pueblos del mundo reaccionaron y sus fuerzas políticas y sociales más avanzadas se dispusieron a entregar su contribución a una lucha liberadora que pusiera término a la dictadura militar y restituyera, a la brevedad posible, la democracia y el estado de derecho.

A 15.000 kilómetros de distancia del escenario de estos violentos sucesos, aquí en Australia, la repercusión no tardó en llegar y la reacción no se hizo esperar.

Efectivamente, los eventos producidos en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973 encontraron en Australia un inusitado eco y las actitudes iniciales de condena al golpe militar y la continua observación posterior del régimen fueron creando en el país una cultura política que se expresó en muy diferentes y variadas formas.

La rigurosidad asumida por sectores de la sociedad australiana contra al régimen militar de Chile era el resultado de una nueva mentalidad política y social que se había creado en gran parte de la estructura civil a partir de la década de los años 60, cuya consolidación se produce como consecuencia de la guerra contra el Vietnam, tiempo en que se robustecen grupos y organizaciones políticas y laborales, muchas de los cuales deciden incorporar a sus preocupaciones la lucha por la restitución democrática y el regreso al estado de derecho de esa nación del cono sur de América. Aún cuando con anterioridad a los eventos ocurrido en Chile se habían realizado acciones industriales contra otros países de parte de los sindicatos australianos (en 1937-38 hacia el Japón cuando invadió China y en 1948-49 contra Holanda que rehusaba conceder la independencia política a Indonesia), éstas nunca alcanzaron la sensibilidad demostrada frente el “caso chileno”. No se mostró interés por entregar santuario político a las víctimas de estos hechos (la política de “White Australia” termina oficialmente en 1974 durante la administración de Whitlam), ni se estimuló la influencia cultural que estos pueblos podrían haber aportado a la sociedad australiana, como aconteció con los exiliados chilenos.

La solidaridad con Chile se expresó más allá de las restricciones comerciales e incorporó en sus tareas a varios grupos y organizaciones, los que junto a las organizaciones políticas y sindicales de Australia, crearon desde sus inicios un movimiento de solidaridad que trascendió hacia sectores sociales que no habían mostrado anteriormente un interés por situaciones ocurridas en otros países. Ellos se dedicaron a constituir comités de solidaridad, a crear en torno a ellos una red de adherentes que pudiera amplificar su trabajo y mantener así una actitud de vigilancia, de denuncia contra la violación de los derechos humanos y de formación de opinión pública para exigir la restitución democrática del país. Estas organizaciones unitarias del movimiento social y político de Australia establecieron, además, contactos y relaciones con las fuerzas democráticas de Chile y con los organismos internacionales que se constituyeron en distintos países del mundo para ayudar a los chilenos a revertir la situación política creada por la contrarrevolución triunfante.

Sus preocupaciones estuvieron también relacionadas directamente con la atención a las víctimas del golpe de estado, en especial a los miles de chilenos que debieron dejar su patria y establecer su nuevo domicilio en Australia. Para ello, ejercieron presión sobre las autoridades administrativas del país para recibir a exiliados políticos con sus familiares, abrir nuevos criterios dentro de la política de inmigración para dar cabida a miles de chilenos que fueron marginados del modelo socio-político y socio-económico impuesto por el nuevo régimen militar. Con estas olas inmigratorias mostraron una preocupación distinta a la entregada a otros grupos étnicos: políticamente buscaron preservar los valores y formas culturales del exilio chileno, aminorando de este modo el choque cultural que les significaba establecerse en otro país, cursando invitaciones a dirigentes sindicales y políticos de la diáspora chilena para vincularlos a esta franja de exiliados, coordinando la exhibición de películas y documentales sobre Chile, convidando a conjuntos de música popular de su país de origen, realizando representaciones teatrales, veladas sociales y artísticas; tareas que fueron incorporadas a la sociedad australiana y cuyos efectos permitieron robustecer este movimiento solidario y ganar nuevos adeptos para los organismos constituídos en cada estado del país.

A través de estas organizaciones se acumuló una extensa información acerca de los acontecimientos en Chile y se ejerció una presión constante sobre las autoridades gubernamentales del país para obtener de parte de ellas, apoyo a sus objetivos y un mayor compromiso político con las espiraciones del movimiento popular chileno, derrotado el 11 de septiembre de 1973. Estas organizaciones de solidaridad con Chile crearon, como consecuencia de su trabajo, una sensibilidad social compartida, en que cualquier alusión favorable a la dictadura militar era ridiculizada o motejada de irrisoria. A esta actitud contribuyeron los propios chilenos que se integraron a estos organismos y cuyos testimonios sobre la situación de Chile ayudaron a facilitar la imagen draconiana que adquirió el régimen; no eran sólo los medios de comunicación de masas los que entregaban las informaciones frías y documentadas sobre la realidad que vivía el país, sino que además, los chilenos proporcionaban directamente el rostro humano de esta tragedia.

A consecuencia de estas presiones los distintos gobiernos de Australia se vieron constantemente asediados por los requerimientos que ejercieron las organizaciones que se integraron al trabajo de solidaridad. Ellos se vieron obligados a no eludir el problema, a dar respuestas y a adoptar posiciones políticas frente a estas preocupaciones. De este modo, los Prime Ministers, Whitlam, Fraser y Hawke, debieron asumir públicamente una actitud frente al golpe y a la dictadura militar. En este sentido, los gobiernos australianos del período fueron incorporados al problema y presionados para pronunciarse y actuar con respecto a la violación de los derechos humanos y civiles de la población, a la restitución democrática que exigía el movimiento popular chileno y las fuerzas internacionales que habían hecho causa común con sus intenciones, a las relaciones bilaterales en materia de comercio y por último en aspectos concernientes al santuario político y a la inmigración chilena.

La solidaridad provino principalmente del movimiento sindical australiano, cuyas raíces en la lucha social y política lo identifican en gran medida con el movimiento laboral surgido en Chile a fines del siglo pasado. A través de él fue posible hacer que las acciones de denuncia y de solidaridad con los trabajadores y los sindicatos chilenos ejercieran influencia en los gobiernos y en la sociedad australiana. Sus observaciones y acciones industriales obligaron en gran medida a reajustar las normas de comportamiento que gobiernos y empresarios deseaban mantener con la dictadura militar. En este compromiso se destacaron las organizaciones sindicales australianas más importantes del país, cuyo peso en la vida económica de Australia ha sido decisivo en su proceso de industrialización, transporte, educación y comercio exterior. La influencia de estos sindicatos se extendió también a su central sindical, el Australian Council of Trade Unions, ACTU, quien debió asumir una posición sobre “el caso chileno” introducida por ellos, pese a la oposición o vacilación de algunos de sus más altos dirigentes.

La exploración de estas reacciones y de las acciones asumidas por distintos sectores de la sociedad australiana es el objeto del presente trabajo.

Para desarrollar este análisis, el autor ha optado por presentar una crónica histórica, una narración cronológica que recoge en tres sectores distintos de la sociedad australiana la respuesta a los eventos ocurridos en Chile.

En la primera parte, dividida en tres capítulos, se ofrece un cuadro general sobre la situación política australiana hacia 1973, la que nos induce en su contexto histórico a justificar la prontitud y fuerza con que nacen en el país las organizaciones de solidaridad con los sectores democráticos vencidos por el golpe militar en Chile y las acciones emprendidas por ellos, movimiento enriquecido posteriormente por el exilio chileno que se integra a trabajar en estas instancias de solidaridad.

La segunda parte constituye un recuento histórico de la posición de tres gobiernos australianos, el cual cubre el período de los 16 años y tres meses de duración del gobierno militar en Chile. En tres capítulos diferentes son documentadas y analizadas: sus actitudes políticas, sus relaciones comerciales con el gobierno del general Pinochet y las disposición para permitir el ingreso al país de chilenos que deseaban establecer su residencia en Australia.

Por último, la tercera parte está dedicada a la solidaridad del movimiento sindical de Australia con los trabajadores de Chile. A través de cuatro capítulos, se documentan las similitudes con que nacen ambas fuerzas laborales, la posición de la ACTU, el embargo impuesto por los sindicatos marítimos y la actitud asumida por los sindicatos más importantes del país.

De la lectura de este trabajo se podrá evaluar el efecto que produjo en Australia el fenómeno de la contrarrevolución en Chile: las repercusiones que tuvo el golpe de estado y los posteriores procedimientos utilizados por el régimen militar, las posiciones que fueron asumidas, las acciones que se implementaron como respuesta a la situación creada y por último, el papel jugado por las fuerzas sociales y políticas de Australia en el movimiento internacional de solidaridad creado con los sectores vencidos en el golpe de Estado.

PRIMERA PARTE

EL MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE CHILE EN AUSTRALIA

CAPITULO Nº 1

El marco socio-político de Australia en 1973

Para entender y evaluar las condiciones y características que asumió en Australia el movimiento de solidaridad con el pueblo de Chile, a partir del 11 del septiembre de 1973, fecha del derrocamiento del gobierno constitucional del Dr. Salvador Allende, hasta el 18 de octubre de 1989, elección del candidato de oposición, el señor Patricio Aylwin, creemos que es necesario investigar previamente en qué contexto histórico esta campaña emergió, en otras palabras, el marco socio-político que existía en Australia en 1973.

Hacer esto no significa incorporar, en forma gratuita, elementos aparentemente irrelevantes; por el contrario, su referencia surge como cosa necesaria. En la investigación se ha observado que el nacimiento y las formas de expresión que alcanzó la solidaridad están vinculados a una serie de factores internos producidos en Australia, dentro de los cuales habría que hacer mención a dos: por un lado, la nueva estructura socio-política que emerge en el país a partir de la década de los años 60 y que se consolida en los inicios de 1970. Por el otro, el contenido ideológico que asumen diversos grupos de presión que nacen en el período u organizaciones existentes con anterioridad a los años 60 que modifican o reformulan sus plataformas programáticas. Ambos contribuyen significativamente a facilitar la respuesta solidaria con los vencidos en Chile y a crear las condiciones para que el nacimiento del movimiento solidario fuera rápido y generalizado, en la casi totalidad de las capitales estatales del país. La mayoría de estos grupos continuaban existiendo en 1973 y su presencia social fue importante en el movimiento de solidaridad con Chile durante el tiempo del régimen militar, además de la contribución de chilenos, a quienes se les había otorgado santuario político o visas de inmigración permanente por razones humanitarias.

Es cierto que no se pueden disociar los intereses, objetivos o preocupaciones de las personas con las organizaciones formales o grupos de presión que se constituyeron durante este período. Ellos están creados precisamente con un determinado contenido ideológico para influenciar en la cosa pública. Sin embargo, más allá del contenido o preocupaciones específicas que estos grupos tenían (defensa del medio ambiente, liberación de la mujer, la paz, el desarme, etc.), sus dirigentes tenían un nivel de compromiso político con un modelo diferente de sociedad. Este convencimiento lo extendieron a situaciones políticas de otros países, entre los cuales se encontraba Chile.

En el espacio dedicado a este comentario no corresponde entrar en un análisis exhaustivo sobre estos grupos, ya que sólo nos interesa referirnos a ello como parte de la hipótesis que justifica el postulado que se busca presentar: que la nueva estructura social de Australia y la incorporación y participación de estos grupos en la solidaridad con los vencidos en el golpe de estado en Chile fueron decisivas y que, gracias a ellos, este movimiento pudo permanecer activo por largo tiempo. Matthews, Maddox y Jaensch, entre otros, dedican interesantes estudios a los lobby groups de la sociedad australiana, los que han sido tomados en consideración para desarrollar esta tesis.

En la observación de estos hechos están, sin lugar a dudas, los antecedentes que permiten justificar el inusitado eco de la situación en que se veía envuelto un país tan distante y desconocido como Chile. En otras palabras, una serie de hechos políticos y sociales ocurridos en Australia habían logrado influir en la opinión pública nacional y creado las condiciones favorables para que Chile encontrara preocupación e interés, primero en su proyecto histórico de construcción del socialismo y luego, en su dramático y violento desenlace.

1. La emergencia de nuevos grupos de presión política:

La sociedad australiana, como todas las naciones occidentales industrializadas, contaba en su haber con importantes organizaciones comunitarias que de una u otra manera influían en la política doméstica del país, situación que los gobiernos aceptaban como parte consubstancial del sistema democrático y cuyas estructuras habían sido articuladas dentro de organismos existentes o bien creadas fuera de ellos con carácter permanente o transitorio. Como Matthews sostiene estas asociaciones tratan de influir en la administración del aparato público sin ser ellas, directa o indirectamente, parte del poder formal que poseen los gobiernos, sin asumir responsabilidad en su implementación, situación que es transferida a los partidos políticos o a la burocracia del estado.

Independientemente de las asociaciones, clubes o sociedades que Australia vio nacer como parte de su proceso histórico dentro de una estructura socio-política no cuestionada, emergen a partir de los años 60 una cantidad de grupos de presión que no sólo tratan de influir en la elaboración de políticas sectoriales o en la adquisición de determinadas prerrogativas parciales o locales que sólo beneficien a quienes se ven involucrados en ellos, sino también modificar la estructura social y producir efectos que se extiendan al conjunto de la población. Son posiciones más radicalizadas y cuyos fundamentos se encuentran en una visión distinta del mundo y de la sociedad. En otras palabras, agentes y portadores de una nueva ideología que busca alterar el status quo.

Esta situación de la década, independientemente de la vuelta a posiciones conservadoras en 1975 y 1977, como indica Altman, creó una marca de valores y actitudes en la sociedad australiana distinta a la de las décadas precedentes. Sus resultados se expresaron en direcciones muy diversas y dentro de ellas se dio cabida a posiciones y actitudes radicales, dentro de cuyos aspectos incorporó la discusión de la sexualidad, la limitación a la censura, el reconocimiento de los aborígenes como ciudadanos australianos y su derecho al sufragio y a la tierra, el asentimiento sobre la igualdad de la mujer, la tolerancia de distintas expresiones religiosas, la aceptación de una sociedad de diversidad cultural y la opinión casi generalizada de los problemas relativos a la conservación y al medio ambiente.

Simultáneamente, estos grupos de los 60 y comienzos del 70, habían logrado establecer una vinculación internacional importante. Por una parte, habían incorporado a su patrimonio ideológico la visión de marxistas franceses que privilegiaban la incorporación de los estudiantes como agentes de cambio y de una nueva clase trabajadora, junto a las críticas de la civilización industrial de Herbert Marcuse, además de la filosofía de destrucción del orden social existente y el reemplazo de la dictadura del proletariado por los consejos laborales promovidos por Antonio Gramsci. Por otro lado, estas posiciones les permiten relacionarse con organizaciones y movimientos que se levantan en otros países, especialmente con aquellos grupos que asumen posiciones de liberación nacional, de independencia política y que buscan la construcción de un nuevo tipo de sociedad.

El proceso se inicia en Australia con las luchas universitarias de Sydney en 1960 y Melbourne en 1961 las que pasan a constituír el preámbulo de un movimiento que empieza a forjarse y tomar forma a través de ideas que tienen cabida en publicaciones estudiantiles y revistas de la llamada nueva y vieja izquierda, como así mismo en la emergencia de demostraciones masivas que apuntan en forma insistente al cuestionamiento del sistema, como es el caso de las manifestaciones públicas del grupo Student Action, de Melbourne, que en 1961 se opone al acuerdo conjunto de los Labor and Liberal Parties por una Australia blanca (White Australia policy). El eslogan “student power”, acuñado en 1967, era la culminación de una mentalidad estudiantil-universitaria que los hacía verse a sí mismos como la conciencia de la sociedad, según las palabras de Gordon y Osmond.

Nuevas plataformas de luchas empiezan a ser incorporadas: la situación de los aborígenes, el apoyo al movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, la oposición al Anzac Day, las campañas antirracistas y la situación en Sudáfrica. Algunas materias del universo de la vieja izquierda son también incluídas por la nueva izquierda, tales como la campaña por el desarme nuclear, la paz y la soberanía de los pueblos.

A mediados de la década, otros grupos empiezan a nacer y cobrar importancia como consecuencia de una preocupación por el acelerado proceso de urbanización, por la contaminación de los residuos de la industria secundaria y de la perforación indiscriminada de yacimientos mineros. Los grupos ecologistas alcanzan notoriedad y constituyen más de quinientas asociaciones voluntarias en toda Australia. Las organizaciones de mujeres, que habían iniciado a principios de siglo su lucha por el sufragio femenino, adquieren nueva presencia como consecuencia del desarrollo económico de los años 60 y de su consecuente incorporación al mercado laboral. Como sostiene Maddox, esta segunda ola de feminismo empieza a ser mucho más locuaz e impregnada de una visión más ideológica que la primera.

Este fenómeno de nueva estructuración social, cuya dimensión ideológica rebasa a la de los grupos u organizaciones que la crearon, encuentra también expresión en el movimiento laboral y en las iglesias. En efecto, los sindicatos inician un proceso de fusiones que les permite alcanzar una mayor influencia industrial en la vida económica del país y negociar con los sectores patronales en mejores condiciones; tal es el caso de las sociedades de Boilermakers y Blacksmiths que se amalgaman en 1965 para luego constituir en 1972 la Amalgamated Metal Workers’ Union. Similar actitud asume en el año 1966 la Printing and Kindred Industries’ Union, formada por dos sindicatos que le sirven de base. Aún cuando esto no significaba terminar con la estructura de poder existente en Australia, Altman la llama división de clases, la contribución al movimiento social era significativa como consecuencia de la radicalización de sus posiciones, situación que también asume la NSW Builders Labourers’ Federation en su apoyo al movimiento ecológico.

En otros estamentos sociales se busca también la unificación y la incorporación a este movimiento social emergente. En febrero de 1960 se celebra la primera conferencia nacional del Australian Council of Churches y las disposiciones del Concilio Vaticano II, 1962-65, no sólo incluyen a los laicos en ciertas actividades reservadas hasta entonces a los clérigos, sino que, además, radicalizan a muchos eclesiásticos quienes, incorporándose a los frentes sociales, participan activamente en su desarrollo.

Curiosamente, la irrupción articulada y masiva de este proceso social se producirá como consecuencia de un fenómeno externo: la guerra del Vietnam. En este período se consolidan posiciones y se establecen inter-relaciones entre diversos grupos y organizaciones. El anuncio inicial, de noviembre de 1964, de que Australia introducirá el servicio militar y la decisión, de abril de 1965, de enviar tropas a la guerra de agresión, desencadenan el más amplio y extensivo movimiento de masas que Australia haya presenciado en toda su historia.

Antes de ver las consecuencias que esta situación origina y específicamente la relación que hay con la situación chilena de los años 70 y posteriores, es necesario investigar qué ocurría en el frente político tradicional, concretamente en el Australian Labor Party y en otras organizaciones de la vida política australiana.

2. Las organizaciones políticas en Australia a partir de la década de los años 60.

En mayo de 1960 el Labor Caucus del Australian Labor Party había designado a su nuevo líder, Arthur Calwell. Como segundo hombre, vice-líder, fue nominado Gough Whitlam. Era política del Labor Party, hasta entonces, mantener en manos del Labor Caucus la dirección y conducción del partido, siendo sus líderes figuras más bien decorativas cuya movilidad quedaba extremadamente sujeta a las decisiones de un cuerpo colectivo. El Labor Caucus estaba integrado por la totalidad de los miembros laboristas del parlamento, es decir del Senate y de la House of Representatives, situación que aún se mantiene inalterable.

El primer conflicto interno lo constituye el problema del poder. Mientras el Labor Caucus insistía en mantener esta prerrogativa, los nuevos dirigentes reclamaban para sí este privilegio. En la lucha interna termina por imponerse el criterio de los dirigentes designados y privilegiar la conducción del partido a través de ellos. Ambos con posiciones más radicales dentro del laborismo, pierden las elecciones federales de 1961 por solamente dos miembros en la House of Representatives, diferencia que en la elección anterior (1958) había sido de 32. Esta situación, más que ser una derrota, es observada como un triunfo que abre dentro del Labor Party la posibilidad cierta de ganar las próximas elecciones. Las posiciones más radicales de los nuevos líderes, junto con producir una aparente inmersión de los sectores más tradicionales del partido, incorporan a las filas del laborismo al emergente movimiento estudiantil, creando una enorme tensión interna como consecuencia del esfuerzo de hacer compatibles los conflictos de intereses entre una burguesía nacional, las espectativas de las compañías multinacionales y la clase obrera australiana. De esta situación nacen las tendencias o fracciones del Labor Party que se mantienen hasta el día de hoy.

Sin embargo, llegada la fecha de las nuevas elecciones federales de noviembre de 1963, la coalición Liberal-Country Parties logra imponerse de nuevo por una diferencia de 10 asientos. La aspiración del Labor Party de ganar el gobierno no se materializa hasta las elecciones de 1972.

Durante este período, otros grupos juveniles deciden incorporarse a los llamados Labor Clubs que eran en su mayoría organismos formados por el Australian Communist Party, los que pronto empiezan a recibir una influencia de orientación trostkista, tanto de pequeños grupos existentes en Australia desde los años 30 como del Socialist Workers’ Party of the United States, el que había invitado a una delegación de estas organizaciones australianas a participar en su convención de Minneapolis en 1969. Estos grupos australianos deciden así constituírse en partido en agosto de 1970 y adoptar el mismo nombre que su homólogo norteamericano. Otros sectores estudiantes radicalizados en Melbourne y en Adelaide deciden identificarse con el contenido ideológico de la Revolución Cultural de Mao Tse-Tung y constituyen las ligas maoístas. De paso, digamos aquí que estos grupos que asumen variantes del pensamiento marxistas (trostkistas, maoístas) y ciertos sectores de la izquierda del Labor Party no le perdonan a Salvador Allende el desenlace de los acontecimientos en Chile.

Entretanto, las sucesivas derrotas electorales de Calwell-Whitlam, especialmente la de 1966, precipitan el movimiento de radicalización entre los estudiantes, agravado por una desmedida represión policial ejercida en las manifestaciones de la guerra contra el Vietnam. La llamada nueva izquierda entra en conflicto serio de apreciación con la vieja izquierda y como resultado el sólido y unitario movimiento por la paz termina por dividirse. Gordon describe la situación en los siguientes términos:

The frustration of the electoral experience split the youth away from the more ‘established’ peace movement. … This ‘generational’ split in the anti-war and anti-conscription movement expressed itself in many ways and on numerous occasions.

Calwell, líder del Labor Party había sido herido de bala el 21 de junio de 1966 durante una demostración pública contra la guerra efectuada en el suburbio de Mosman, en Sydney, y después de su tercera derrota electoral, 1966, decide renunciar. Whitlam asume la dirección del partido. Los mismos hechos siguen polarizando a la opinión pública australiana: el servicio militar y la participaron de Australia en la guerra del Vietnam como aliado de los EEUU. La política australiana está centrada en la cuestión internacional.

La polarización que había caracterizado a la política del país, inicialmente entre gobierno y oposición, se extiende incluso al interior de los partidos de la coalición Liberal-Country Parties. Con el Liberal Party, en el gobierno, se ve surgir la formación del Liberal Reform Group cuyos objetivos eran revertir la posición política del partido sobre la guerra del Vietnam. En el interior del Labor Party emergen también corrientes más radicalizadas que buscan posiciones más duras, una de ellas encabezada por el Dr Jim Cairns quien desafía sin éxito al líder del ALP, el 30 de abril de 1968.

Sin embargo, todos estos hechos que habían producido en el interior del Labor Party un verdadero huracán, fueron hábilmente sorteados con éxito por Whitlam, quien supo adoptar una retórica que no sólo satisfacía a estos sectores en pugna, sino que además, su elocuente influencia volcó la opinión pública nacional de su lado. El triunfo del Australia Labor Party en las elecciones de 1972 era consecuencia de esta nueva mentalidad nacida al fragor de la lucha social y del impacto de la guerra en el Vietnam. Era la disposición creciente del camino propio, cuya similitud, aunque en distintos escenarios, en muchos aspectos coincidía con el diseñado por el gobierno popular de Chile en 1970.

En efecto, la plataforma programática del Labor Party había logrado entusiasmar e incorporar a grandes sectores de la población, los que empezaron a sentirse interpretados dentro de una nueva dimensión política que les ofrecía una fisonomía distinta del país, no sólo a nivel de sus aspiraciones internas, sino también en la independencia que debía darse a las relaciones internacionales. Este fenómeno logra hacerse camino y alcanzar el triunfo como consecuencia de tres factores que, si bien es cierto se interrelacionan dialécticamente, pueden ser separados en su discusión analítica: en primer lugar, el cambio de actitud del Labor Party para enfrentar las elecciones de 1972, el que crea una novedosa plataforma programática y con una cohesión interna en torno a su carismático líder; en segundo lugar, una actitud del movimiento sindical, el cual asume una función educativa muy significativa en la gran masa de trabajadores a través de sus medios de comunicación, específicamente en términos de la independencia nacional y de desenmascarar el papel e influencia de las compañías multinacionales; y, en tercer lugar, el haber sabido interpretar e incorporar al vigoroso movimiento por la paz nacido en Australia como consecuencia de la guerra en el Vietnam.

En estos hechos de la década de los años 60, el cuadro político australiano empieza su transformación. Opiniones que son introducidas a partir de la Conferencia en Adelaide del Labor Party en 1967, las que logran su consolidación en la Conferencia de Melbourne en 1969. Se inicia así el camino a la obtención del poder que culminará en el año 1972 con la elección del laborista Gough Whitlam quien, bajo el lema “It’s Time”, captura la mayoría del electorado, convirtiéndose en el nuevo Prime Minister, después de 23 años consecutivos de gobiernos conservadores.

Es el resultado de un proceso de revitalización e influencia de corrientes más radicalizadas políticamente que, junto con iniciar a través de su discurso un nuevo estilo de hacer política, proclama el término de una supuesta mentalidad conservadora y la sepultura definitiva del legado político de Robert Menzies. Ofrecía de esta forma una nueva lectura del país abriendo con ello un camino propio de proyectos e intenciones, que ubicaría al país dentro de un clima internacional de reformas sociales y económicas. Maddox describe la víspera de la ascensión al poder de los laboristas con estas palabras:

The programme embraced nationalism, anti-conscription, anti-federalism, and welfare. The initiatives wore a new garb, lent by the technocratic style of the government. No programme had ever been more carefully prepared, or more widely canvassed before the public.

Se vivía un clima de euforia y de optimismo por las reformas estructurales. Las intenciones y propósitos estaban marcados por una nueva concepción del nacionalismo, el que recibía una respuesta positiva en la opinión pública por el auge de independencia dentro de sus tradicionales alianzas internacionales.

Los cuadros dirigentes, tanto del partido como de las organizaciones sindicales, bases constitutivas del aparato político del Labor Party, buscaban romper el marco tradicional de comportamiento histórico, el enclaustramiento nacional a que se ven sometidos como consecuencia de la excesiva dependencia del Reino Unido y de los Estados Unidos de América. Es decir, se empezaba a concebir un proyecto de iniciativas propias para modificar el tipo tradicional de sus relaciones internacionales: abrirse a otros países y diversificar sus relaciones económicas, transformar las internas en una perspectiva más social y buscar en el foro internacional una comprensión y respaldo a las ideas que se empezaban a bosquejar como preámbulo de su ascenso al aparato público del estado.

En esta nueva realidad, algunos sectores del laborismo empujaban, con las reservas de otras corrientes internas, el creciente avance de los movimientos nacionales de liberación y la disposición de sectores de su cuerpo internacional (Socialist International) de entrar a apoyar sin reservas la autodeterminación de los pueblos y privilegiar las intenciones internas de cambios estructurales dentro de los países como consecuencia de un compromiso ideológico. Sin embargo, los sectores más conservadores se resistían a este nacionalismo al que identificaban como expresiones de clase y cuya finalidad podría esconder la instauración de un sistema socialista.

Gracias a la influencia de los sectores más radicalizados y con una significativa base social como consecuencia de un ambiente nacional e internacional casi generalizado, se hace posible crear una nueva imagen, en la que el partido pareciera levantar y ofrecer una lectura diferente de los fenómenos sociales y políticos y sugerir como consecuencia de ello, un nuevo estilo de hacer política y de expresarlo públicamente en los foros nacionales e internacionales. De esta forma se establecen vínculos más sólidos con los partidos miembros de la Internacional Socialista y muchos se muestran complacidos con las resoluciones que ella adopta como cuerpo central.

Una de ellas, transformada en instrucción y compromiso para los miembros de la Internacional Socialista, es adoptada el 27 de mayo de 1971 en Helsinki:

As such an appropiate aspiration of the popular movement of the region. – (Latin America) – The Socialist International support the Radical Party of Chile and the Government of Popular Unity, led by Dr. Salvador Allende, in its successfull efforts to work for socialism within the frame work of democracy.

Esta resolución de la Internacional Socialista le entregó un respaldo al gobierno de la Unidad Popular de Chile al tiempo que buscaba comprometer a sus miembros en una actitud similar, situación que fue implementada con el compromiso de trasladarse al terreno de los hechos para apoyar con su presencia física el proceso político que allí se iniciaba. Así pues: “The Bureau decided to accept an invitation from the Radical Party of Chile to hold the next meeting of the Bureau in Santiago, Chile in the first week of February”. Efectivamente, en marzo de 1973 tenía lugar en Santiago la Conferencia Internacional del Comité Ejecutivo de la Internacional Socialista. En dicha ocasión se produce uno de los hechos políticos más significativos dentro de las corrientes social demócratas: la aprobación de los “Frentes Populares” con la inclusión en ellos de los partidos comunistas. Esta actitud pasaba directamente a comprometer al Australian Labor Party en una posición de aprobación a dicho modelo.

Casi simultáneamente, en abril de 1973, el movimiento sindical australiano envía a Chile una delegación no oficial a participar en la conferencia internacional sobre las actividades de las compañías multinacionales en los países del Tercer Mundo. En ambos eventos se marca una línea clara y definitiva de apoyo a los procesos socio-políticos y socio-económicos como los que vivía Chile concretamente ya que ciertamente se había iniciado en ese país del cono sur de América uno de los procesos políticos más peculiares y significativos: la construcción del socialismo por la vía electoral.

Con esta actitud regresan al país ambas delegaciones. Sus documentados informes son puestos en conocimiento de las estructuras orgánicas de sus instituciones, y contribuyen a sumar elementos y juicios aglutinantes dentro de las fuerzas políticas más radicalizadas de la vida australiana, incluyendo, naturalmente, a los partidos de la izquierda australiana (Communist y Socialist Parties) y al propio movimiento sindical. Chile pasaba desde ese momento a ser un caso destacado dentro de importantes sectores de las fuerzas políticas y sociales de Australia, y su causa en alguna medida era incorporada tácitamente a sus respectivas plataformas de lucha.

El lenguaje utilizado empieza a ser similar y las intenciones por los cambios, al igual que Chile, no se ocultan. Mientras la Unidad Popular buscaba la transformación al socialismo por la vía democrática, el Australian Labor Party quería imprimirle a su sistema capitalista una mayor dimensión social. Allende calificaba su proyecto nacional y popular de “justicia e igualdad de oportunidades para todos”, Whitlam le daba el calificativo de “doctrine of positive equality”. Robert Hawke, al inagurar el Congreso Nacional del Australian Council of Trade Unions, ACTU, en Sydney el 3 de septiembre de 1973, decía:

Our Government [the Labor Government] has enabled Australians once again to hold their heads high as citizens of a country prepared to take an independent position and initiatives in the international arena.

El propio Congreso de la ACTU, que reunía en 1973 el 53 por ciento del 57 por ciento de la fuerza laboral del país organizada en sindicatos (no se habían incorporado aún a la ACTU el Australian Council of Salaried and Professional Association, ACSPA, ni el Council of Government Employee Organisations, CAGEO), exterioriza su posición interna, no distinta a las intenciones del movimiento popular chileno:

Congress is concerned that foreign companies are now dominating some of the key sectors of the Australian economy. The Australian Government should actively discourage foreign ownership in Australia. Foreign investment should only be permitted if the ‘social’ benefits to Australia are in excess of the ‘social cost’.

En el escenario político australiano de los años 60 se mantiene activo un Communist Party nacido en 1920 bajo la influencia de la Revolución Bolchevique de 1917 y de las crecientes desilusiones que provocaban la actitud reformista del Labor Party. Era un partido que, sin tener un gran número de miembros, había logrado una importancia muy significativa en los acontecimientos del país, especialmente en la depresión de los años 30 y a partir de 1944, cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica se constituyeron en aliados para enfrentar al fascismo alemán. El partido había sido puesto fuera de la ley por el gobierno del Prime Minister Sir Robert Menzies en 1940 y había retornado robustecido al estado de derecho en 1941.

Durante la Segunda Guerra Mundial logra establecer una poderosa influencia en la clase obrera y pasa a controlar un significativo número de organizaciones sindicales. Menzies y sus amigos, internos y externos, se ven alarmados por esta influencia y crecimiento (23,000 miembros en 1944) y deciden castigar de nuevo sus deslealtades. En efecto, en los inicios de la Guerra Fría de los años 50 aprueban una ley que proscribe al partido, la cual fue rechazada por la Supreme Court de Australia.

En los inicios efervescentes del movimiento social de 1960, el partido había iniciado un proceso decreciente. Las denuncias de Khrushchev sobre el estalinismo, las hostilidades entre la Unión Soviética y China y la invasión a Hungría en 1956, habían logrado separar a un gran número de intelectuales y hacer zigzaguear sus posiciones entre Moscú y Pekín. Con motivo de los sucesos de Checoslovaquia en 1968 decide romper su vinculación con Moscú y constituirse en entidad política independiente y no alineada. Aún cuando muchos sectores pro-soviéticos se mantienen en el partido, éstos terminan por ser expulsados en 1970. Un tercio del partido se va y forma el Socialist Party of Australia, constituído oficialmente en septiembre de 1972 y con el acuerdo de volver explícitamente a ser parte ideológica de la Gran Revolución Socialista de Octubre.

El peso e importancia en las cuestiones políticas internas y su influencia en el movimiento social se mantuvo a través de los años 70. La presencia de dirigentes comunistas o socialistas en muchas organizaciones sindicales y las relaciones amistosas establecidas con el sector de la izquierda del Labor Party, a través de los cuales se ejercían influencia en el gobierno, determinaron seguir ocupando un importante espacio político.

Pese a las divergencias internas, al desgaste ideológico y a las mútuas recriminaciones que se hacían públicas, ambos sectores mantuvieron una actitud similar e inalterable frente a la política interna y una adhesión incondicional de apoyo a los movimientos de liberación y a las experiencias socio-políticas que otros países buscaban implementar. Estos procesos fueron seguidos de cerca y en gran medida alimentaron sus propias esperanzas. Así encontró simpatía y admiración la vía chilena al socialismo.

Al llegar la noticia a Australia del coup d’état y la muerte del Presidente Allende, este movimiento político y social de enormes espectativas y grandes intenciones, se ve golpedado profundamente. El golpe de estado significaba un atentado a sus utopías y cercenaba seriamente las posibilidades de su éxito. De ahí nace la reacción indignada de condena y la esperanza por revertir el golpe de la contrarrevolución en Chile para asegurar y darle continuidad a su propio diseño programático. El coup d’état es un detonante que obliga a las fuerzas progresistas australianas a estar alerta, a reacondicionar sus métodos y a considerar seriamente que los factores internos no son suficientes para llevar adelante sus reformas. Que el peso y la influencia que poseen los poderes externos y puestos de manifiesto en Chile, tienen la capacidad y la habilidad para que estas intenciones puedan ser abruptamente truncadas si ellas se distancian del beneplácito de los centros económicos de carácter multinacional.

Este movimiento australiano sensibilizado política y socialmente, en medio de grandes desafíos y contradicciones, se vuelca hacia los acontecimientos chilenos, facilita su infraestructura orgánica y se propone así mismo incorporarse al trabajo de la restitución democrática de Chile. Para ello decide, en reuniones, encuentros y conversaciones, institucionalizar la solidaridad con los vencidos en Chile y crear organismos de apoyo estables y permanentes. De esta forma toma la iniciativa de formar los comités de solidaridad con Chile, habiendo encontrado en su camino un cauce relativamente fácil para organizarlos, ya que existían organizaciones y personas, que motivadas y comprometidas con los eventos políticos de la década de los años 60 y comienzos del 70, no tardaron en incorporarse a esta tarea, cuyos antecedentes eran conocidos.

De este análisis podemos concluir y justificar que la razón del rápido y extensivo movimiento de solidaridad con Chile se inserta en los factores y antecedentes que han sido presentados en el presente capítulo. ¿Cómo se expresó esta solidaridad y qué tareas se emprendieron? Este es el tema que será tratado a continuación.

CAPITULO Nº 2

La respuesta social y política en Australia frente al golpe y la actitud sobre al régimen militar de Chile.

Para el 12 de septiembre de 1973 las organizaciones laborales australianas habían convocado a una reunión pública en el auditorio del Sydney Trades Hall, ubicado en la calle Goulburn, en solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Chile frente a la agresión de que era objeto por parte de las compañías multinacionales. Era una de las respuestas a los acuerdos adoptados en Santiago en la reunión de dirigentes sindicales celebrada en abril del mismo año. En la preparación de esta reunión los sorprende el cable anunciando el golpe de estado en Chile. El contenido inicial de su programación se transformó inmediatamente en un acto público de solidaridad con el pueblo de Chile y de denuncia y condena al coup d’état. Frente al Consulado General de los Estados Unidos, en Sydney, se reunieron cientos de personas que se congregaron para escuchar a representantes de la izquierda australiana en todas sus tendencias y a los dirigentes sindicales que se dieron cita para denunciar el golpe de estado en solidaridad con el pueblo de Chile. El National Secretary del Australian Communist Party, Laurie Aaron, presidió el acto, en el cual usaron de la palabra Laurie Carmichael, en representación de la Amalgamated Metal Workers’ Union, Leo Lenane, de la Waterside Workers’ Union, Jack Cambourn, State Secretary de la Engine Drivers and Firemen Union, Joe Owens, de la Builders Labourers Union y Frank O’Sullivan de la Building Workers’ Industrial Union. En dicha oportunidad se dio lectura a la primera declaración adoptada por los organismos federales de los sindicatos australianos. En el acto intervinieron además dirigentes políticos del Australian Communist Party y del Socialist Party of Australia y el Secretary of the Social Workers˙ Party of Papua-New Guinea, el señor Peter Kavo, quien se encontraba de visita en Sydney.

Dentro de las 24 horas se produce además la condena de parte de un importante sector de dirigentes del Labor Party, incluyendo a ocho miembros del gabinete, como se documenta con más detalles en el capítulo 4.

El mismo día 12 de septiembre de 1973, día 11 en Chile, empieza a circular una convocatoria hecha pública por la organización australiana Association for International Co-operation and Disarmament, AICD. Bajo la firma de K. J. McLeod se invita a la opinión pública a escuchar al Profesor E. Wheelwright de la University of Sydney, al dirigente de la Waterside Workers’ Federation, Tass Bull y al Dr James Levy, catedrático de la University of New South Wales. El evento, desarrollado el martes 25 de septiembre de 1973 en el Sydney Trades Hall, contó con la asistencia de 300 personas y bosquejó las acciones futuras a realizarse en solidaridad con el pueblo de Chile.

El jueves 15 de octubre de 1973 se establece un Committee for Chilean Democracy en Sydney. Con la asistencia de 25 representantes de sindicatos y dirigentes de partidos políticos y organizaciones contra la guerra, se constituye una dirección ejecutiva integrada por el Dr James Levy y los señores K. J. McLeod, Executive Secretary for International Co-operation and Disarmament, AICD, J. Baird y G. Harrison, de la Amalgamated Metal Workers’ Union, AMWU, L. Steen, de la Seamen’s Union, y J. Baker de la Postal Clerks and Telegraphists Union.

En la ciudad de Canberra, el día 8 de octubre de 1973 se efectúa una reunión pública convocada por el Committee for a Democratic Socialist Chile y la Students’ Association de la National University de Canberra. Bajo la dirección de Warren Snowden, hacen uso de la palabra el Senator John Wheeldon de Western Australia, el Profesor Claudio Véliz, el Dr Ron Witton y el periodista Dale Dowse.

Pero, sin lugar a dudas, una de las reuniones más significativas de los inicios de la solidaridad australiana es la que ocurre el día 10 de octubre de 1973 en las oficinas del Australian Federal Parliament en Canberra, documentada a través de una declaración pública de gran distribución nacional y firmada por el Senator de Queensland, George Georges, por Gordon White de Canberra, Ken McLeod, de Sydney y Joan Lloyd, de Melbourne. Esta fue la primera expresión solidaria coordinada nacionalmente.

Posteriormente todos estos comités de solidaridad, que inicialmente nacen con nombres diversos, empiezan a unificarse bajo la dirección central del comité de Sydney que, con el nombre de Committees for Solidarity with the Chilean People, (Comités de Solidaridad con el Pueblo de Chile) permanecen en funcionamiento activo hasta la derrota electoral de la Junta Militar, el 18 de diciembre de 1989.

A través de los años de trabajo se sucedieron personas y se adoptaron distintas formas orgánicas de funcionamiento. Se designaron presidentes honorarios, de prestigio académico y político, los cuales le imprimieron desde sus comienzos respetabilidad y solidez. El primero de ellos fue el Dr James Levy y luego el Senator del Labor Party por el Estado de New South Wales, Hon. James Anthony Mulvihill.

Las organizaciones de la izquierda política australiana y del movimiento sindical fueron las que aportaron desde sus inicios los recursos humanos y económicos para su desarrollo. De esta forma se pudieron establecer secretarías ejecutivas a nivel nacional y estatal. En el plano nacional, Mavis Robertson, miembro del buró político del Australian Communist Party, ocupó la presidencia de estas funciones hasta 1980. Le sucedió en el cargo Andrew Ferguson, dirigente juvenil del Australian Labor Party y más tarde presidente nacional de la Building Workers’ Industrial Union. Simultáneamente, diversas comisiones operativas fueron constituídas para la implementación de sus actividades, tales como finanzas a cargo del dirigente portuario de la Waterside Workers’ Federation, Patrick Jagers y Lyn Hopkinson, miembros ambos del Socialist Party of Australia; comunicaciones, a cargo de Henry McCarthy, miembro del Australian Communist Party y periodista de la Amalgamated Metal Workers’ Union; cultural a cargo de Steve Cooper, del Labor Party, que se desempeñó originalmente como dirigente sindical en la Miscellaneous Workers’ Union, y más tarde, como investigador en la Amalgamated Metal Workers’ Union. Como secretaria ejecutiva se desempeñó Margaret Hook, del Movimiento por la Paz.

En las ciudades más importantes del país se constituyeron comités locales, los que también estaban en manos de dirigentes políticos y sindicales. En Melbourne, tuvo esta responsabilidad durante todo el período el dirigente comunista Phil Herington junto a Barry Carr, catedrático de La Trobe University, Ron Hearn y John Ryan; en Adelaide, Pamela Rutland y Jon. H. Atkins; en Canberra, Andrew Hodgkin, Lorraine Tilley y Manuel Amsteins; en Perth, Allen Johnson y en Brisbane Dan O’Neill, catedrático de la Queensland University, quien trabajó con Megan Martin, Penny Glass, Sue Monk, Terry Farr, Anthony Torrenberg, Di Zetlin, Julie y Lee Walkington, Ian MacLeod y Hugh Hamilton.

Es imposible incluir aquí una lista completa de los cientos de personas que se vincularon y participaron en la campaña de solidaridad durante los 17 años de dictadura en Chile. Se han documentado sólo algunos nombres como una demostración explícita de la voluntad de ciudadanos australianos por asumir responsabilidades en una situación tan lejana y sensible como la que provocó el “caso chileno”.

Durante este ininterrumpido proceso solidario, la comunidad chilena exiliada jugó también un importante papel. Mantuvo desde su llegada una activa participación y tomó responsabilidades directivas en diversos niveles orgánicos, situación que es analizada más adelante.

A fines de 1974 y comienzos de 1975 existía una amplia red de comunicaciones interestatales con comités formados en todos los estados, más organizaciones de apoyo parlamentarias, sindicales, estudiantiles, de periodistas y de personas individuales que se habían inscrito como miembros activos de la organización. En este mismo período, los chilenos ya habían logrado reconstruir sus organizaciones políticas partidistas en toda Australia. Reestablecieron el funcionamiento de los comités locales de la Unidad Popular y crearon en Sydney una dirección nacional, la cual por varios años mantuvo esa prerrogativa jerárquica, incluyendo las organizaciones chilenas existentes en Nueva Zelandia (Auckland, Wellington y Christchurch). Por su parte el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, se había reorganizado en varias ciudades australianas.

El hecho de que haya sido Sydney el centro motor de la solidaridad obedece a varios factores. Es la ciudad más grande y más cosmopolita de Australia, la más industrializada y la que ejerce en la práctica la mayor gravitación económica en el resto del país. Sin embargo, las razones fundamentales de que la solidaridad con Chile se hubiera establecido en esta ciudad y que desde ella se ejerciera influencia en el resto del país, tienen como causa haber sido la sede central de las direcciones de los partidos políticos de la izquierda australiana, específicamente del Communist, Socialist y Socialist Workers’ Parties, además de contar en la fecha del golpe militar con las figuras más destacadas de la corriente de izquierda del Labor Party, como Tom Uren, Arthur Gietzelt y James Mulvihill, entre otros, los cuales se incorporaron de inmediato al trabajo solidario con Chile. Simultáneamente, los consejos nacionales de los sindicatos de mayor influencia en la vida económica del país están radicados en Sydney, tales como la Amalgamated Metal Workers’ Union, la Waterside Workers’ Federation, la Building Workers’ Industrial Union, la Seamen’s Union of Australia y la Australian Teachers’ Federation, organizaciones que desde el primer momento participaron en la solidaridad y pusieron a disposición del movimiento sus infraestructuras. Por último, los primeros chilenos refugiados se establecieron en esta ciudad. Ellos, junto con reestablecer sus organismos partidarios centrales del exilio en Sydney, se integraron de inmediato al movimiento que ya había empezado a trabajar.

El funcionamiento a través de este período no fue parejo ni en sus actividades ni en sus motivaciones. La vitalidad de los años 1973-79 sufrió una baja considerable como consecuencia del enfriamiento internacional que afectó al “caso chileno”, logrando de nuevo un repunte muy importante a fines del año 82 y comienzos del 83 cuando se inicia en Chile un gran movimiento de protestas sindicales. Los objetivos fueron reajustados y se establece a partir de ese momento un gran contacto con el interior del país que se expresa en una ayuda económica coordinada con las organizaciones sindicales australianas y con la invitación a Australia de diversas personalidades políticas y sindicales.

Durante los años de trabajo hubieron dificultades introducidas tanto por organizaciones australianas como chilenas, siendo el sectarismo político uno de los mayores escollos que oscurecieron las relaciones amistosas que producía el trabajo conjunto y la comunión de propósitos. Entre la vieja y nueva izquierda australiana afloraron amargas discusiones y mútuas recriminaciones, ya sea por condescedencia con el sistema, acusaciones de posiciones estalinistas o utopías extremistas. La actitud de corrientes trostkistas y maoístas, que desvalorizaban la experiencia chilena y cuestionaban la calidad revolucionaria de los que habían tenido responsabilidad en ella, fue otro de los problemas que no pocas veces hubo que enfrentar. Entre los chilenos ocurría un fenómeno similar, sobre todo entre socialistas y comunistas. Estos últimos, muchas veces lograban detener iniciativas nacionales en espera de confirmaciones superiores. Uno de los hechos más desagradables fue, sin lugar a dudas, la liviana e irresponsable actitud de algunos militantes del partido comunista de divulgar la noticia de que dos destacados miembros del Committee for Solidarity with the Chilean People, Steve Cooper de la Amalgamated Metal Workers’ Union y el profesor de la University of New South Wales, Dr James Levy, de origen norteamericano, eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, CIA; cargo que durante un tiempo se imputó tambien al ex-Secretario Regional de la Izquierda Cristiana en la provincia de Cautín y Presidente Nacional de la Unidad Popular en Australia, Gustavo Mártin. Afortunadamente el criterio y madurez de los dirigentes australianos y chilenos se impuso y sus autores debieron retractarse, habiendo sembrado sin embargo una inexplicable duda en algunos sectores de la comunidad chilena.

1.     Los comités de solidaridad con el pueblo de Chile.

El violento desalojo del gobierno de Salvador Allende produjo en importantes sectores de la sociedad australiana una respuesta inmediata de desaprobación y condena, de solidaridad con los vencidos y de preocupación por la violación de los derechos humanos y civiles de la población, según informaban profusamente los medios de comunicación. De esta forma, organizaciones políticas y sociales, más un significativo número de personas decidieron como primera medida organizar los centros de apoyo que contribuyeran a la restitución del estado de derecho en el país y la devolución de la soberanía popular usurpada. Esta actitud se expresó y se mantuvo con fuerza y decisión durante todo el período del gobierno militar encabezado por el general de ejército Agusto Pinochet Ugarte.

Estos centros de apoyo, constituídos por diferentes grupos y en distintas ciudades del país, lograron consolidar un sólido y estable movimiento social y político que, a través de los 16 años, se mantuvo en Australia en muy diferentes y variadas formas de expresión. Aún cuando la intensidad de su trabajo y el número de sus miembros variaban continuamente, se logró, sin embargo, ganar presencia y convertirse en referentes indiscutibles entre organizaciones gubernamentales, agencias privadas e instituciones sociales, estudiantiles, religiosas y laborales. Las causas que motivaban estos períodos de flujo y reflujo obedecían a factores impuestos generalmente desde afuera: hechos internacionales importantes que concitaban la preocupación y atención de la opinión pública nacional (Irán, Nicaragua, El Salvador, etc.), el cuadro político interno de la oposición chilena, que muchas veces permanecía estático y sin apariencias de recobrar el liderazgo político como consecuencia de la severa represión de que era objeto y, por último, los propios factores internos de la situación australiana, tales como la destitución de Whitlam y las elecciones periódicas del parlamento federal y de los estados del país.

El estilo y formas de trabajo que estas organizaciones se impusieron cubrían una variada gama de actividades, las que fueron siendo enriquecidas gracias a sus propias experiencias a través del intercambio de opiniones en congresos nacionales de la solidaridad celebrados en Australia o bien en la incorporación de observaciones obtenidas por dirigentes australianos en sus viajes al exterior cuando participaban en conferencias internacionales relativas a la solidaridad con Chile.

De esta forma, la experiencia fue indicando la necesidad de mantener en funcionamiento los comités de solidaridad y generar a través de ellos una doble responsabilidad: por una parte, que ellos asumieran las tareas burocráticas de administración y, por otro, que estuvieran en condiciones de coordinar actividades y tareas que eran implementadas a través de otras organizaciones o personas de la estructura social o política de Australia. Esto significó modificar la concepción inicial de que estas organizaciones fueran verdaderas asambleas de amigos o simpatizantes del “caso chileno”. Por el contrario, un selecto número de personas en cada estado tomó la responsabilidad de su manejo, elaboró una lista de nombres e instituciones patrocinadoras y creó una red de contactos para desarrollar sus actividades. Dentro de ésta se contaban las organizaciones políticas de izquierda (Communist, Socialist y Socialist Workers’ Parties), miembros del Labor Party, organizaciones sindicales, iglesias cristianas de distintas denominaciones o grupos sociales específicos, tales como University Students’ Associations, Australian Peace Committee, Womens˙ Liberation, Transnational Co-operative, Gay and Lesbian Association, Association for International Co-operation and Disarmament, etc. Además, muchas personalidades de la vida australiana pasaron a formar parte del registro de patrocinadores, tales como Patrick White, Premio Nóbel de Literatura en 1973, el profesor universitario E. Wheelwright y Richard Buckhorn, Secretario Ejecutivo de la Peace and Justice Commission de la Iglesia Católica australiana, entre otros.

En forma paralela y con una coordinación estrecha con estos organismos solidarios, el movimiento sindical australiano desarrolló sus propias actividades, entre ellas la más importante fue, sin lugar a dudas, su acción industrial de embargo a las ventas de trigo al régimen militar de Chile. Los partidos políticos de la izquierda también realizaron actvidades solidarias bajo sus propias iniciativas, las que oportunamente eran comunicadas a los comités de solidaridad y a las organizaciones políticas de los chilenos exilados. Era además frecuente que grupos de distintas orientaciones convocaran a actos solidarios con Chile, donde se requería la presencia de chilenos para que hicieran uso de la palabra y explicaran directamente a esas audiencias la situación que los efectaba.

Así se entró a solidarizar con los vencidos en su lucha por restablecer el sistema democrático. Se promovieron las condenas y declaraciones públicas sobre el régimen militar, la violación de los derechos humanos y civiles, la situación de los presos políticos desaparecidos, la invitación a dirigentes políticos y sindicales chilenos, la realización de conciertos masivos de música popular con grupos de Chile, la publicación de informativos y comunicados de prensa, además de proyecciones cinematográficas, demostraciones callejeras y envío de cartas y telegramas al gobierno militar y a los organismos internacionales. En gran medida estas organizaciones de solidaridad requirieron de su red recursos para financiar determinadas campañas en Australia o bien para ayudar directamente tanto a los organismos laborales o políticos del interior de Chile como a los comités de resistencia establecidos fuera del país.

En el presente capítulo buscamos presentar y corroborar esta argumentación, poniendo el énfasis exclusivamente en el trabajo de esta instancia de coordinación, es decir, el Committee for Solidarity with the Chilean People, dejando para más adelante, el papel asumido por otras organizaciones y grupos sociales y/o políticos que estuvieron estrechamente vinculados en esta actitud de solidaridad con un sector importante del pueblo de Chile.

1. 2.     Los objetivos de los comités de solidaridad.

El propósito y la intención de los comités de solidaridad estuvieron basados en una variedad de objetivos que fueron elaborados inicialmente y que sirvieron como pauta de acción para todas las organizaciones homólogas que se crearon en Australia. Su contenido, de acuerdo a una circular explicativa enviada a todos los estados australianos, se concretizaba en los siguientes aspectos:
1. To build public support in Australia for the restoration of democratic rights and the achievement of a more just and equitable society.

2. To develop and strengthen moral, political and financial support for the people and their organisations inside Chile fighting the military dictatorship.

3. To unite, co-ordinate and be the central representative body of the Chilean exiles in Australia and their organisations working in solidarity with the people of Chile.

4. To promote awareness and opposition among the Australian people to the systematic violation of human rights in Chile by campaigns against the use of torture, and the arbitrary arrest, imprisonment and disappearance of opposition inside Chile to the military government.

5. To assist morally and politically the families and the victims of repression and persecution inside Chile.

6. To build support for the complete diplomatic, economic and political isolation of the Chilean dictatorship inside Australia and internationally until democratic rights are restored.

7. To actively encourage the involvement and participation of Chilean exiles resident in Australia in the work and activities of the Committee.

8. To encourage and assist the return of exiles so as to continue and strengthen the struggle for the achievement of a free and democratic Chile.

9. To support the work of trade unions, peace groups, student and women’s organization in Australia that are fighting for similar aims.

La elaboración de estos objetivos parece haber sido formalizada inmediatamente después de que una delegación, de cuatro australianos, regresó al país desde Helsinki, donde se llevó a cabo la primera Conferencia de Solidaridad Internacional con Chile los días 29 y 30 de septiembre de 1973. Dicho evento estuvo patrocinado por el gobierno finlandés encabezado por el entonces Ministro de Educación. La delegación australiana fue integrada por el Senator George Georges de Queensland, Sam Goldbloom y Bernie Taft de Victoria y Mavis Robertson de New South Wales. El Senator Georges fue designado en esta oportunidad presidente de la Conferencia cuando la hija del ex-Presidente Chileno, Isabel Allende usó de la palabra para denunciar los acontecimientos que vivía su país. Estas personas participaron también en el Congreso Mundial de las Fuerzas de Paz celebrado en Moscú, donde dirigentes chilenos, incluyendo a la señora Hortensia Bussi de Allende, hicieron uso de la palabra para solicitar ayuda solidaria a la comunidad internacional.

A raíz de la Conferencia en Helsinki, – y como consecuencia de las palabras pronunciadas por Isabel Allende en esa ocasión y recogidas por el periódico Tribune, órgano oficial del Australian Communist Party: “We now know that the violence of reaction must be met with the violence of revolution”, – sectores del CPA lograron introducir dentro de los acuerdos de formación y funcionamiento de los comités de solidaridad una disposición para crear un fondo de ayuda a la resistencia, albergando la idea de convertirse en un centro proveedor de dinero para la compra de armas y de apoyo logístico a la resistencia chilena. Este propósito se evaporó rápidamente por la fuerte oposición de miembros del Labor Party y de la dirección del Socialist Party of Australia, quienes no sólo se distanciaban de cualquier intento que significara una confrontación armada, sino que además no correspondía entonces a la estrategia operativa de la Unión Soviética en el proceso de la Guerra Fría. Algunos sindicatos que alcanzaron a ser informados de este propósito, mostraron también su desacuerdo, como consta, por ejemplo, en la carta enviada por la Australian Teachers˙ Federation, bajo la firma de J. R. Williams, Acting General Secretary, a Mr. B. Spencer, “Chilean Fund” en Sydney.

Una de las acciones más importantes producidas inicialmente por estos nacientes organismos de solidaridad, además de protestas, telegramas de condena y distribución de volantes y panfletos fue, sin lugar a dudas, la presentación del opúsculo Revolution and Counter-revolution in Chile, preparado por el Committee for Chilean Democracy en Canberra y distribuído nacionalmente a través de organizaciones políticas y sociales. Esta publicación presentó en una forma seria y elaborada, el contexto político y económico de los acontecimientos chilenos. Sus ejemplares fueron agotados rapidamente, ya que estudiantes, organizaciones políticas y laborales se apresuraron a adquirirlo (80c el ejemplar), produciéndose en torno a su contenido un debate en universidades, colegios y centros laborales. Su presentación, desde el punto de vista de las ciencias sociales, permitió ligar el dramático desenlace de los acontecimientos chilenos con los objetivos planteados por la solidaridad australiana, permitiendo con ello captar una importante receptibilidad en sectores de la opinión pública y sumarlos, de una u otra manera, a las tareas emprendidas por el movimiento creado para estos efectos.

2.     Las tareas de la solidaridad australiana.

Es muy difícil entregar en un espacio breve un análisis completo sobre la enorme actividad desarrollada por la solidaridad australiana con Chile en el espacio de 16 años. Se debe decir, sin embargo, que no toda la información producida durante estos años fue debidamente documentada y que otros valiosos antecedentes fueron involuntariamente incinerados inmediatamente después de la derrota electoral de la junta militar chilena en diciembre de 1989, pensando segurante que ellos habían perdido valor o simplemente que no constituían fuentes informativas para reconstruir la historia. Parte de ellos fueron destruídos a raíz del incendio que afectó las instalaciones de “Casa Chile”, en el Centro Comunitario de Marrickville, en Addison Road, el 14 de noviembre de 1985, según informa el periódico Direct Action.

Pese a estas dificultades, el acopio de información acumulado permite visualizar un intenso trabajo determinado por los objetivos a que se ha hecho mención. De esta forma podríamos considerar que la solidaridad australiana comprendió una acción de vigilancia, denuncia y formación de opinión pública frente al régimen de facto establecido en Chile. En este sentido, sus dirigentes emplearon todos los mecanismos su alcance para aplicar las medidas más adecuadas para ello. En segundo lugar, crearon una relación de contacto con el interior del país y con la resistencia exterior chilena, además del movimiento internacional de solidaridad, situación que les permitió coordinar su trabajo y entregar a través de él su apoyo moral y económico a la lucha contra la dictadura chilena. En tercer lugar, asumieron una responsabilidad muy importante en la preservación y continuidad de las formas y valores culturales del movimiento popular chileno, ganados en largos años de esfuerzo, y cuya amenaza draconiana de destrucción la junta militar no ocultaba. Por último, el despliegue de una gran labor informativa a la opinión pública australiana, ya sea a través de la producción de boletines y opúsculos que antecedían a campañas específicas de solidaridad, tales como: liberación de presos políticos, respuestas sobre los desaparecidos, denuncias de la violación de los derechos humanos, posición frente a la tortura y reproducción de informes de Amnistía Internacional u otros organismos internacionales. Gran parte de esta información fue enviada a los programas de radio, televisión y la prensa escrita. Del mismo modo, las organizaciones envueltas en el trabajo solidario reproducían en sus propios medios de comunicación los antecedentes e informaciones proporcionados por los comités de solidaridad.

Pensamos que es conveniente referirse en forma breve a cada una de estas tareas.

2.1.     Vigilancia, denuncia y formación de opinión pública.

Los comités de solidaridad fueron extremadamente vigilantes de las actitudes asumidas por el gobierno militar en Chile. Una detallada información proveniente de los medios de comunicación escrita era almacenada y procesada por sus direcciones ejecutivas y seleccionada para su reproducción en los boletines producidos por las organizaciones existentes en Australia. Se creó también un intercambio significativo de información a nivel internacional. Varias publicaciones, producidas en diferentes países, incrementaron el acopio de las propias investigaciones y elaboraciones nacionales. Entre ellas cabe destacar algunas como Chile Fights de Londres, Chile Democrático de Nueva York (en inglés), Chile Democrático de Roma, Venceremos de la República Federal Alemana, Chile Informativo, inicialmente proveniente de Cuba y más tarde editado por la Secretaría Ejecutiva para América de Solidaridad con el Pueblo Chileno en Ciudad de México, Venceremos de Nueva Zelandia, más otras publicaciones esporádicas producidas por organismos sindicales de diversos países, incluyendo un abundante material escrito y distribuído por los países del área socialista. A esta profusa literatura sobre la situación chilena habría que agregar los documentos y boletines producidos por la Federación Mundial Sindical, por el Consejo Mundial de la Paz, la Federación Internacional de Mujeres, la Federación Mundial de la Enseñanza y la Educación y los continuos informes producidos por la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar en Chile con sede en Helsinki, además de los documentos emanados de las oficinas de Amnistía Internacional. Todo este abundante material sirvió para crear un banco de información que, no tan sólo fue utilizado por los comités de solidaridad, sino que además nutrió a publicaciones y periódicos de izquierda y a organizaciones estudiantiles y sindicales. Los chilenos, organizados en los diversos estados australianos, utilizaron también estas fuentes informativas para los boletines internos que circulaban dentro de sus comunidades, los cuales eran elaborados en lengua castellana.

Con el acopio y actualidad que proporcionaba este banco informativo se pudo ejercer una continua presión documentada sobre las autoridades chilenas y sobre los representantes diplomáticos acreditados en Australia, denunciando sus procedimientos y reclamando medidas concretas de respeto a los derechos humanos, de liberación de presos políticos, de condena a la tortura y de libertades y garantías constitucionales para personas y organizaciones que eran reprimidas por la dictadura. Por otra parte, el continuo flujo de información actualizada sirvió para hacer presentaciones a organismos internacionales, reclamar su intervención y exigir la condena del régimen militar chileno. Los antecedentes fueron también utilizados para mantener informados a miembros del parlamento, a organizaciones sindicales y grupos de apoyo a la solidaridad chilena, los cuales ejercían una acción de continua denuncia, reclamo y condena hacia el régimen militar.

Pero esta actividad no sólo mantuvo activos a los grupos o personas que formaron parte de este lobby, sino que su influencia trascendió a la opinión pública, permitiendo crear un criterio de consenso generalizado frente a la dictadura con algunas excepciones dentro de los grupos más tradicionales y conservadores de la sociedad que fueron incapaces de revertir este sentimiento nacional creado por una articulada y contundente difusión informativa que muchas veces era corroborada por publicaciones y análisis de agencias norteamericanas incluídos en la prensa comercial. Incluso los representantes diplomáticos de la junta militar no pudieron, pese a la cuantiosa inversión utilizada en propaganda, desdibujar la actitud de condena y rechazo a la política de carácter terrorista asumida por el gobierno de Santiago.

Por último, y pese a los esfuerzos iniciales de la prensa comercial por justificar el golpe militar y exaltar las maravillas del gobierno de facto constituído por las fuerzas armadas chilenas (eco indiscutible de la política norteamericana y de las compañías multinacionales), no se tardó en entrar en una verdadera consternación nacional, golpeada sensiblemente por el caso de la familia Pollitt, de la ciudadana australiana Alexandra Lamas, por la situación de la doctora Sheila Cassidy y los posteriores arrestos de una religiosa australiana y la expulsión de sacerdotes misioneros de la Orden de los Columbanos. A este volumen de material informativo y documental (TV), habría que agregar los testimonios de los chilenos exiliados, los cuales recibieron una importante covertura en la prensa nacional, dando cuenta de los tratamientos degradantes a que habían sido sometidos en su país de origen. Bástenos por ahora concluir esta parte diciendo que la vigilancia y condena de los hechos inhumanos provocados por la junta militar chilena, creó una opinión pública muy sensibilizada, lo que obviamente contribuyó a su aislamiento nacional e internacional. La crudeza y abundancia de noticias y reportajes en los medios de comunicación sobre Chile, en comparación con fenómenos similares vividos en otros países del cono sur de América Latina, privilegió esta sensibilidad y “el caso Chile” fue así quien despertó mayor interés.

2.2.     Relaciones y contactos con Chile, con la resistencia exterior y el movimiento internacional de solidaridad.

Inicialmente el acercamiento de la solidaridad australiana con el interior del país fue escaso y distanciado. Entrar en contacto con dirigentes u organizaciones políticas constituía un riesgo para las personas o para los organismos clandestinos por la ferocidad de la represión impuesta por la dictadura. Bajo estas condiciones la ayuda inicial se canalizó a través de los organismos creados por la resistencia exterior, especialmente la Secretaría Nacional de la Unidad Popular en Berlín, la Oficina de Chile Democrático en Italia y la Secretaría de la Solidaridad para América en México. Sin embargo, hubo contactos directos con el Comité por la Paz, creado por las iglesias chilenas para ayudar a los perseguidos y después de su clausura impuesta por la dictadura, se mantuvieron relaciones con la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, la cual no sólo fue la depositaria de una significativa ayuda económica, sino que además sirvió como nexo importante para liberar a perseguidos y presos políticos que fueron recibidos bajo diversos programas por el gobierno de Australia. Por otra parte, a través de la Vicaría de la Solidaridad, se creó un tipo de ayuda económica para los familiares de los presos políticos, los cuales confeccionaban en los lugares de presidio diversos artefactos artesanales que eran enviados a Australia a través de la Vicaría, vendidos en este país y remitido el valor de su venta a este organismo humanitario.

Además, el Committee for Solidarity with the Chilean People jugó un importante papel en las relaciones entre Australia y la resistencia interior a través del movimiento sindical australiano, inicialmente con el envío de delegaciones al país y posteriormente, a partir de los años 80, con los propios organismos sindicales chilenos, antecedentes que son documentados en la tercera parte de este trabajo.

Sin lugar a dudas, durante el período de la dictadura militar, los organismos solidarios australianos mantuvieron una estrecha relación con las organizaciones de la resistencia exterior chilena y los cuerpos internacionales que contribuyeron a su mantención. Delegaciones australianas formaron parte de las conferencias internacionales de solidaridad con Chile en Helsinki, el 29 y 30 septiembre de 1973; en Moscú en octubre de 1973; en Dipoli, Finlandia, del 21 al 24 de marzo de 1974; en Lisboa, el 11 de septiembre de 1974; en Ciudad de México, del 18 al 21, febrero de 1975; en Atenas del 13 al 16 de noviembre de 1975; en Helsinki los días 28 y 29 de marzo de 1976; en París; el 24 y 25 de abril de 1976; en Argelia, en febrero de 1978; en Madrid en noviembre de 1978; en Helsingor, Dinamarca, del 7 al 9 de diciembre de 1979; en Roma del 28 al 30 de noviembre de 1980 y en Atenas del 24 al 26 de septiembre de 1982. Además, las organizaciones solidarias australianas mantuvieron dos delegados con el carácter de permanentes en la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar de Chile, el dirigente portuario Donald Henderson y el periodista Henry McCarthy.

Tanto con las organizaciones chilenas del exilio como con organismos internacionales se coordinaron actividades y se emprendieron campañas en conjunto a favor de los derechos humanos y civiles y se luchó persistentemente por los presos políticos, por los desaparecidos y por la restauración democrática del país. Sin lugar a dudas, el efecto permitió salvar la vida de cientos de personas, liberar a miles de encarcelados, contribuir a la reorganización de las entidades políticas y sindicales, aislar internacionalmente al régimen militar y entregar un sólido respaldo no sólo al millón de chilenos que debieron abandonar la patria y ubicarse en 42 países, incluyendo Australia, sino también proporcionar a los luchadores del interior del país un apoyo moral y económico si no superior, por lo menos comparable al recibido por el pueblo del Vietnam.

2.3.     La preservación de las formas y valores culturales del movimiento popular chileno.

Sobre la vida cultural chilena cayó una pesada lápida. Sus signos se dieron desde el primer día, con el asalto brutal a la Universidad Técnica del Estado, que fue apenas el comienzo de la militarización del conjunto de la enseñanza superior durante los primeros años de la dictadura. Había pasado apenas una semana cuando la contrarrevolución cultural definía su perfil con un crimen tan horrendo como inexplicable: la muerte de Víctor Jara, asesinado en los subterráneos del Estado Chile. Vinieron en seguida, en forma más o menos inmediata, las prohibiciones innumerables, el sacrificio de áreas enteras del conocimiento, la proscripción del derecho a ciertas ideas, la sumisión del arte y de determinadas ciencias al vacío y la sospecha. Las cámaras cinematográficas recogieron esos días escenas que dieron la vuelta al planeta: grupos de soldados quemando libros. Era, para ojos consternados de millones de seres en el mundo, la imagen clásica del fascismo y su vocación de destrucción del quehacer cultural.

En general, la solidaridad internacional con Chile durante el período de la dictadura militar acogió al éxodo masivo de artistas e intelectuales chilenos y se esforzó no sólo por mantener viva la creatividad en los niveles más altos ya alcanzados en el interior del país al momento del triunfo popular en septiembre de 1970, sino que además contribuyó a que ella pudiera encontrar nuevos espacios para su crecimiento y desarrollo. El llamado “apagón cultural” producido en el interior del país, parece haberse encendido fuera de sus fronteras naturales y haber aumentando su voltaje, abriéndose paso dentro de culturas e idiomas diferentes. La solidaridad entendió que la cultura popular chilena caminaba a la par con las aspiraciones de transformaciones sociales y económicas sentidas por la gran masa del pueblo, con el sueño de sus utopías y con la esperanza de que sus proyectos e iniciativas desembocarían en la construcción de una sociedad diferente. La solidaridad tuvo la percepción de entregar este espacio porque entendió que la cultura, en todas sus formas y manifestaciones, había sido una arma importante para alcanzar el poder político, y que ella debía seguir jugando su papel en el aislamiento de la dictadura y el desalojo del gobierno usurpado.

La solidaridad australiana, con estos antecedentes, se movilizó rápidamente para incorporar a sus tareas elementos de esta cultura, logrando con ello varios objetivos: primero, ofrecer a la opinión pública australiana una visión del marco socio-cultural donde habían ocurrido los hechos que denunciaba; segundo, utilizar la presencia de algunos de sus representantes o de las producciones cinematográficas, teatrales o de sus grupos musicales para motivar e invitar a amplios sectores de opinión pública a sumarse a la campaña de solidaridad con el pueblo de Chile; tercero, recaudar fondos para la resistencia; cuarto, vincular a la comunidad chilena residente —exiliados e inmigrantes— con sus raíces culturales, con la continuidad de su historia y con la mantención de su lucha; quinto, facilitar un acercamiento entre exponentes de la cultura australiana y la chilena, asumiendo una responsabilidad compartida en la lucha y en los objetivos del movimiento de solidaridad, situación alcanzada a través de presentaciones comunes de grupos de la música popular chilena con intérpretes australianos, como Jeannie Lewis y Margaret Roadknight. Si bien estos objetivos están arbitrariamente ordenados, por lo menos responden globalmente al contexto general de las tareas desarrolladas en este sentido. Veamos brevemente a continuación algunas de estas acciones asumidas por la solidaridad australiana. Antes de entrar en su análisis, debemos expresar, como lo dijimos en un comienzo, que no toda la actividad de solidaridad nació en los comités creados para estos efectos, pero que sin embargo dichas organizaciones se convirtieron en promotores y auspiciadores de todas aquellas acciones que apuntaban a los objetivos que ellas se habían propuesto inicialmente sin importar de dónde venían o quién había tenido la iniciativa de darle nacimiento.

2.3.1. El cine desde Chile y del exilio chileno en Australia.

Durante el período de la dictadura militar chilena, diez películas y/o documentales se exhibieron profusamente en cines, salas de diferentes índoles y algunas a través de la televisión australiana. No incluímos aquí la enorme cantidad de documentales, noticias o reportajes entregados a la opinión pública a través de los programas habituales de información de las estaciones de televisión.

Estas películas y/o documentales cumplieron, en nuestra opinión, una misión formativa en el sentido de proyectar una imagen del gobierno militar y de las condiciones represivas impuestas por la dictadura. Por otro lado, la opinión pública internacional pudo captar a través de sus mensajes los sentimientos de lucha de los chilenos, de esperanzas y de convicción por recuperar sus valores tradicionales de libertad y democracia. Sin lugar a dudas que junto a la música popular fue uno de los géneros artísticos de mayor difusión internacional. Si bien es cierto que la temática de estas películas fue diferente, temas de denuncia, del exilio, del golpe militar, de la intervención de las multinacionales, de la incorporación e insurgencia de la mujer, etc., logró cumplir un ciclo que necesariamente los hombres del futuro tendrán que recoger para reconstruir la historia de Chile durante el período del gobierno militar. Jacqueline Mouesca, se refiere a este aspecto como:

Un fenómeno cultural que no tiene precedentes, y que no se dio, por ejemplo, en el caso de otras emigraciones, como la brasileña o la argentina, a pesar que estos países tenían un desarrollo mayor en el campo cinematográfico y que al exilio fueron aventados núcleos de cineastas más numerosos y posiblemente más experimentados que los chilenos.

No todo este abundante material llegó a Australia. Aún cuando los australianos, chilenos y latinoamericanos en general lograron ver una mínima parte de esta torrentosa producción cinematográfica, supieron aprovechar al máximo las escasas películas o documentales disponibles. Reiteradas exhibiciones fueron proyectadas en diversos lugares, pasando ellas a ser una parte importante en el calendario de actividades solidarias con el pueblo de Chile.

El primer film llegado a Australia, Chile Venceremos hizo un gran impacto en la audiencia australiana, que naturalmente sirvió como un elemento dinamizador para incorporarse a la solidaridad y asumir tareas concretas en su funcionamiento. A este corto metraje se sumó, en mayo de 1975, el documental sobre Víctor Jara, Compañero. Con posterioridad se sucedieron Chile: With Poems and Guns,
La batalla de Chile, The Spiral, Siege of Chile,
The Dead Are Not Silent y Ardiente Paciencia.

Uno de las exhibiciones de mayor notoriedad y de gran audiencia fue la película norteamericana Missing de Costa-Gravras y protagonizada por Sissy Spacek y Jack Lemmon. Fue galardonada con La Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1982, y ha pasado a ser la filmación de más alta calidad cinematográfica hecha a nivel de masas para sensibilizar a la opinión pública mundial. Está basada en el libro The Execution of Charles Horman: an American Sacrifice de Thomas Hauser, publicado en Nueva York en 1978.

Una nota especial merecen dos documentales australianos: el primero y más importante Chile hasta cuando, del cineasta David Bradbury, exhibido en Australia a partir de marzo de 1986, el cual tuvo una gran recepción en la audiencia australiana, y Canto a la vida de la chilena Lucía Salinas Briones, que, con menos éxito y modestamente, se presentó en algunas salas de cine-club de Sydney y Melbourne en noviembre de 1990 para un público mayoritariamente latinoamericano y algunas organizaciones radicales del movimiento “Gay and Lesbians”, que habían ayudado a financiar su producción. Con respecto al primero, debemos dejar constancia que fue galardonado por el Australian Film Institute con cuatro nominaciones en las categoría del ‘mejor documental’, ‘la mejor dirección’, ‘la mejor fotografía’ y la ‘mejor música’. Con respecto al segundo documental, elaborado a través de entrevistas a la viuda del ex-presidente, Hortensia de Allende, a Isabel Parra, la escritora Isabel Allende y la pintora Gracia Barrios, se busca dejar constancia de la lucha y participación de la mujer exiliada en la situación que vivía su país, Chile.

Todos estos documentales, con la excepción de los dos últimos, contribuyeron a generar recursos económicos que fueron utilizados en la impresión de materiales destinados a promover determinadas campañas.

2.3.2. La música popular chilena en Australia.

Esta manifestación artística jugó uno de los papeles más importantes en el trabajo de la solidaridad. Es uno de los géneros que logró imponerse con fuerza y mayor rapidez en el campo internacional, fundamentalmente porque esta expresión artística había alcanzado en Chile a principios de la década de los años 70 una madurez incuestionable, si se la compara con otras manifestaciones de la vida cultural del país.

El golpe de estado encontró a dos grupos musicales fuera del país, Quilapayún e Inti-Illimani, negándoseles de inmediato el derecho a regresar a su tierra natal. Otros debieron hacer abandono inmediato del país, como Aparcoa, y otros más tarde, como Illapú. Muchos artistas individuales se vieron forzados a dejar su país e incorporarse al ejército de exiliados. Entre ellos Isabel y Angel Parra, Patricio Mann, y Patricio Castillo, por nombrar sólo a los que fueron conocidos por la audiencia australiana.

La solidaridad australiana recogió con un especial interés esta manifestación cultural del pueblo chileno y abrió sus puertas para que esta expresión tuviera cabida en el compromiso profundo que ligaba a las fuerzas progresistas del país con los grupos o personas que empuñaban sus instrumenos musicales para denunciar la tragedia de su pueblo, sembrar la esperanza del triunfo y compartirlo con todos aquellos que creían en un tipo de sociedad más humana y más justa. Debemos confesar, por las observaciones de que fuímos testigos, que muchas dudas iniciales surgieron sobre la acogida que estos grupos o personas podrían tener en la audiencia australiana; afortunadamente la calidad profesional y humana de todos ellos terminó por disipar las dudas e imponerse dentro de los escenarios, de los comentarios radiales y de la prensa escrita. La respuesta de la opinión pública fue masiva: los lugares de actuación estuvieron completos y el aplauso continuo obligaba a prolongar los conciertos mucho más allá del tiempo programado. No hubo ni un solo comentario de prensa que descalificara las actuaciones o las clasificara de mediocres; por el contrario, el asombro y la admiración cundieron a lo largo y ancho del país, creando una profunda marca que se expresó, entre otras cosas, en que más de 200 emisoras de radio en Australia empezaran a utilizar como características de sus programas la música andina instrumental de los Quilapayún o los Inti-Illimani, sin contar la continua utilización de sus discos en sus programaciones habituales. La generalidad de los medios de comunicación se refirió a ellos con elogiosas palabras. Así por ejemplo, el Sydney Morning Herald, después de la actuación de Inti-Illimani en el Town Hall de Sydney, incorporaba su comentario, en una de cuyas partes sostenía:

They also sing contemporary songs that make strong political points, without resorting to polemic, by describing people’s hopes and fears, their poverty, misery and conflict. Writers of the sensitivity, artistry and commitment of Violeta Parra and Victor Jara could do this, creating great and poetic songs that are totally involving. Several of these were sung at Inti-Illimani’s concert in the Town Hall on Saturday night. Whether you were stirred by their appeal for the return of socialism to Chile, you could not help but be moved by the beauty and power of their material, and the quality and strength of their performance.

Del 3 al 24 de julio de 1975 el primer conjunto chileno que visita Australia, después del golpe militar, fue Quilapayún, el cual lo hizo en compañía de Joan Jara, viuda de Víctor Jara. El conjunto realizó doce conciertos oficiales que produjeron un ingreso total de $A21.770. Mavis Robertson en su informe final deja constancia que como resultado de la visita de Quilapayún, los comités de solidaridad de Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Canberra, Wollongong, Armidale y Newcastle encontraron nuevo respaldo a sus trabajos y vieron incrementado el número de sus participantes.

El conjunto musical Inti-Illimani visitó Australia a partir del 24 de marzo al 1 de april de 1977. Ofreció conciertos en Wollongong, en el Town Hall de Sydney, en el salón de la Australian Teachers’ Federation de Brisbane, en la Macquarie University de Sydney, en el Dallas Brooks Theatre de Melbourne, en el Norwood Town Hall de Adelaide, y en el Octogen Theatre de Perth. Según los cálculos efectuados por el Committee for Solidarity with the Chilean People en Sydney, se estimó que alrededor de $A31.750 se recaudaron con estos conciertos, incluyendo algunas donaciones recibidas para cubrir parte de los gastos que demandaban su presentación.

Los Parras, Isabel y Angel, visitaron Australia en el mes de mayo de 1979. Realizaron conciertos en Sydney, Brisbane, Melbourne, Adelaide y en la Capital Federal, Canberra. El éxito de sus presentaciones fue similar al alcanzado por los grupos que le antecedieron. Su actuación estuvo, al igual que Quilapayún, acompañada por Jeannie Lewis. El ingreso total de sus presentaciones alcanzó la suma de $A60.461, habiéndose vendido un número total de 26.105 entradas.

Por último, en dos oportunidades, en octubre de 1986 y en febrero de 1987, visitó Australia el conjunto Illapú. Sus actuaciones, sin haber alcanzado la resonancia de los grupos anteriores, recibió la acogida principalmente de la comunidad latinoamericana residente en Australia. Presentaciones en Melbourne, Sydney y Brisbane junto con ser las más destacadas en el aspecto artístico fueron las que reunieron una mayor concurrencia.

Por último, Patricio Mann, escritor, compositor y cantante ocupó distintos escenarios en diversas ciudades de Australia en mayo de 1989. Sus baladas y canciones del recuerdo lograron congregar fundamentalmente a la comunidad chilena que siguió con entusiasmo sus actuaciones, recordando la música popular de los años 60 y comienzos del 70.

No es extraño que estas últimas presentaciones no hubieran tenido un éxito importante en la comunidad australiana como aconteció con las visitas de Quilapayún, Inti-Illimani y Los Parras. Pensamos que la razón de ello obedece a que su preparación estuvo, desde un comienzo, en manos de grupos militantes de la izquierda chilena más que en los comités de solidaridad. Fueron en la práctica algunos grupos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Chilean Resistance) y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez los que patrocinaron dichos conciertos, pensando con ello contribuir económicamente a sus organizaciones en el interior del país. Esta situación, por la forma que fue conducida, más que favorecer el robustecimiento de la solidaridad, la debilitó.

Pese a esto, podríamos indicar que esta manifestación de la cultura chilena, promovida y organizada por el movimiento de la solidaridad, fue la que recibió mayor acogida en Australia, y sin lugar a dudas, la que aportó a estas agrupaciones el más significativo impulso de sensibilización masiva frente a los acontecimientos que vivía Chile. Su influencia aún se mantiene y no es extraño escuchar por las radioemisoras del país música andina o adquirir discos o cintas magnetofónicas en lugares comerciales destinados a la venta de estos productos.

2.3.3. El teatro.

El único dramaturgo australiano que incursionó en el teatro con la temática de los acontecimientos chilenos fue Guy Morrison, quien escribió la obra titulada Jara, puesta en escena en septiembre de 1984 en el Perfomance Space en Redfern, Sydney. El autor se propuso hacer un homenaje a la vida del cantante, poeta, compositor y director teatral Víctor Jara. Bajo la dirección de Nigel Rice, Jara fue protagonizada por Hernán Flores, integrante del grupo latinoamericano de música popular Papalote. La obra, preparada con motivo de los diez años de la derrota del movimiento popular en Chile, había tenido dos actuaciones previas: una en La Peña, el 11 de septiembre de 1983, y la otra en una transmisión radial Double Take, Station 2FC el 15 de septiembre de 1983. El montaje de la obra y su producción recibió el subsidio del Community Arts Board of the Australia Council y de la oficina del Ministry for Arts del gobierno de New South Wales.

Esta manifestación artística nunca alcanzó en Australia un significado importante como expresión de un contenido político con Chile pese a la existencia de numerosos grupos teatrales con una clara orientación de clase.

2.3.4. La literatura testimonial.

Este género que tuvo un gran desarrollo en el exilio chileno y que pasó a convertirse en una especie de necesidad de contar y comunicar experiencias personales sobre el golpe militar, se expresó en Australia bajo condiciones distintas a las asumidas en otros países de exilio masivo de los chilenos. En la mayoría de los casos, escritores, políticos, artistas o académicos chilenos, vaciaron sus impresiones, sus vivencias e interpretaciones en una enorme cantidad de libros escritos en español que recibieron gran acogida en el mundo de habla hispana. Con excepción de Isabel Allende y su novela La casa de los espíritus que traducida al inglés logra tener éxito en Australia, no se produce aquí este fenómeno con las características observadas en otros países. Sin embargo, la solidaridad australiana, como fenómeno generalizado y más allá de los intrumentos orgánicos creados para este efecto, estimó importante incluir dentro de los elementos constitutivos para formar opinión pública, el testimonio de chilenos y australianos que debieron vivir o soportar acontecimientos o actitudes irracionales por parte de las autoridades militares chilenas. Es así cómo la radio, la televisión y la prensa, a veces en tono sensacionalista, recogieron a través del período, las declaraciones de personas que habían sido directamente afectadas por este tipo de tratos degradantes. Estos antecedentes han quedado documentados de una u otra forma y constituyen testimonios conmovedores sobre la violación de los derechos humanos en Chile.

Como el objetivo de esta visión histórica es referirnos exclusivamente a la solidaridad australiana, creemos importante privilegiar en nuestra observación algunos testimonios que lograron recibir marcada influencia en la opinión pública y que determinaron, al final de cuentas, provocar actitudes de protesta y condenación oficial por parte de las autoridades políticas del gobierno de Australia. Pensamos en alguna medida que estos testimonios deberán incorporarse más tarde a los de los propios chilenos, ya que muchos ciudadanos extranjeros fueron igualmente sometidos a vejámenes y tratos inhumanos.

2.3.5. La tarea de la difusión e información visual.

Aquí nos interesa destacar el esfuerzo interno de estas organizaciones solidarias por producir sus propios documentos y material visual distribuírlos en forma constante entre las organizaciones y/o personas que se vincularon al movimiento nacional de solidaridad.

La imposibilidad de reunir todas las publicaciones de los comités de solidaridad nos impide precisar con exactitud el número de boletines, circulares, afiches, hojas informativas, insignias, murales, hojas de peticiones de firmas para los organismos internacionales, programas para actividades artísticas y documentos específicos sobre la violación de los derechos humanos, los presos políticos y los desaparecidos. Todo esto se hizo a lo largo del período de la solidaridad con un marcado interés y constancia, con la participación de decenas de personas que emplearon cientos de horas de trabajo restadas a su descanso o recreo.

Como una manera de ilustrar estas afirmaciones hemos decidido tomar como ejemplo el informe final de las actividades del año 1983, preparado por Andrew Ferguson, quien actuó como Secretario Ejecutivo de la organización durante dicho período:

1º Para la campaña de ayuda al Sindicato de la Construcción de Chile se confeccionaron 1.000 afiches con la fotografía de Héctor Cuevas, presidente del sindicato, a quien, expulsado de Chile y enfermo de cáncer, se le negaba su reingreso al país.

2º Se publicaron siete ediciones de la carta informativa Chile Newsletter con 600 copias cada una.

3º A raíz de la visita del embajador chileno al campus de la University of New South Wales, el 17 de septiembre de 1983, se repartieron 5.000 hojas relacionadas con la violación de los derechos humanos en Chile. El periódico Tharunka de la Students’ Association de dicha universidad publicó parte de este material y condenó la visita del Embajador.

4º Con motivo del décimo aniversario del golpe militar en Chile, el 11 de septiembre de 1983, se organizó una marcha para la cual se imprimieron y distribuyeron 20.000 hojas sobre la situación de Chile.

5º Con motivo del Día Nacional de Protestas en Chile se elaboraron hojas informativas sobre la violación de los derechos sindicales; se pintaron afiches y letreros que expresaban un llamado a la restauración de los derechos democráticos en el país.

6º Se imprimieron 1.000 hojas sobre los detenidos desaparecidos y se distribuyeron frente al Consulado chileno en Sydney.

7º Se reprodujeron 1.000 copias sobre el informe de Amnistía Internacional dado a publicidad el 21 de mayo de 1983. Copia de dicho informe se envió a todos los miembros del Senate y de la House of Representatives, a los parlamentarios del estado de New South Wales y a todos los Sindicatos afiliados a la ACTU.

8º Dos hojas de petición circularon en el año: Una sobre el arresto y desaparición de Oscar Rojas y otra por la libertad incondicional de Rodolfo Seguel.

9º 1.000 afiches y 1.000 insignias con el lema ‘CHILE: 1973-1983 TEN YEARS OF RESISTANCE’ fueron impresos y distribuídos en toda Australia.

Faltaríamos a la verdad si sostuviera que este masivo esfuerzo de publicaciones fue similar en cada uno de los años que duró la dictadura militar en Chile. Hay que reconocer que en algunos años estuvo por debajo del año que hemos privilegiado; sin embargo, debemos dejar constancia que hubo otros años, especialmente en 1974-76, que superaron cualitativa y cuantitativamente el volúmen de impresiones y/o publicaciones que se hicieron y que se distribuyeron en toda Australia en 1983.

  1. Ejercer influencia en el gobierno federal.
    Por último habría que manifestar que los comités de solidaridad se propusieron mantener una importante presión e influencia sobre el gobierno federal de Australia. Para ello se coordinaron acciones muy diversas, tales como el envío de cartas y telegramas y audiencias con ministros de estado y altos funcionarios de la administración. Igualmente se mantuvieron reuniones con miembros del parlamento que integraban las comisiones de trabajo de Foreign Affairs, Trade and Immigration. Dirigentes políticos y sindicales del exilio chileno, que visitaron Australia, fueron recibidos por el Primer Minister, como Luis Figueroa, presidente nacional de la Central Unica de Trabajadores, en septiembre de 1975 y el ex-senador del Partido Radical, Hugo Miranda que, en julio de 1977, logró obtener el compromiso del gobierno australiano de patrocinar ese año la declaración de condena en las Naciones Unidas al régimen militar por la violación de los derechos humanos en su país.En muchos casos la presión sobre el gobierno se ejerció a través de la red que los comités de solidaridad mantenían, tales como el movimiento sindical, organizaciones religiosas y el cuerpo parlamentario. Ellos lo hacían a través de cartas y telegramas sobre aspectos específicos, como por ejemplo, solicitar la influencia del gobierno para liberar a presos políticos, requerir información sobre los detenidos-desaparecidos, condenar a la dictadura en organismos internacionales o exigir una mayor cuota de inmigrantes chilenos dentro de los programas anuales de inmigración. Muchos miembros del parlamento usaban del espacio destinado a consultas o preguntas en el Senado o en la Cámara de Diputados (House of Representatives) para referirse a la situación de Chile y recabar de parte del gobierno un mayor compromiso político con los problemas que allí surgían, situación que ha quedado documentada a través de innumerables sesiones parlamentarias en los llamados Daily Hansardsy cuyos antecedentes se pueden examinar en cualquier biblioteca estatal o universitaria bajo la referencia “Chile”.

Todo este cuadro estaría incompleto si no se incluyera en esta crónica histórica la participación que tuvo en el movimiento de solidaridad una gran parte de la comunidad chilena residente. Su presencia pasó a constituir un valioso y significativo aporte, cuyos antecedentes son analizados a continuación.

CAPITULO Nº 3

Los exiliados chilenos en Australia y su participación en la campaña de solidaridad

Es evidente que la participación de muchos chilenos en el movimiento de solidaridad que establecieron los partidos de la izquierda australiana, (incluyendo a un sector del Labor Party) y el movimiento sindical, fueron muy importantes. En efecto, muchos chilenos, que ingresaron al país en distintos períodos y bajo diversas regulaciones inmigratorias de carácter administrativo, no sólo se integraron a estas actividades, sino que además, trabajaron con celo y entusiasmo en una tarea que entendían como un compromiso ineludible con la lucha del movimiento popular de Chile. Con esta disposición empujaban, golpeaban puertas y buscaban incansablemente que la solidaridad no disminuyera, que se mantuviera activa, fuerte y privilegiada. Ellos contribuyeron a imprimirle nuevos impulsos y a impedir que el tiempo, la distancia y el desgaste la marchitaran y que el prolongado camino que tomaba la reconquista del sistema democrático y del estado de derecho, nunca fuera abandonado.

Antes de explicar esta contribución, es importante reflexionar sobre algunos antecedentes que nos ayudarán a entender la presencia y el comportamiento de esta franja de chilenos que encontró hospitalidad en Australia.

1.     El exilio chileno.

El éxodo de chilenos se produce obviamente como consecuencia del golpe de estado. Es un fenómeno general que tiene como telón de fondo la derrota política del movimiento popular en septiembre de 1973.

La historia de Chile habla de un primer exilio masivo en octubre 1814 con motivo de la reconquista española, bajo la dirección de las tropas de Mariano Osorio, que por encargo del virrey del Perú, Fernando de Abascal, logró deponer la llamada “Patria Vieja” establecida en sus orígenes por una junta de notables e intelectuales con el apoyo de una llamada “plebe aristocrática” compuesta en 1810 por una masa popular campesina y urbana. En este perído, donde se sucedieron gobienos nacionales, con distintas personas y orientaciones, se desembocó en 1814 en una cruelta lucha en que España reimpuso su dominio colonial.

El establecimiento de tribunales de vindicación, el arresto indiscriminado de ciudadanos que habían participado en la constitución del nuevo estado, el confinamiento de patriotas en la isla Juan Fernández, la acusación de subversión a numerosas personas, de condición más modesta, la imposición del terror colectivo y el asesinato masivo provocado por el Batallón de Talavera, a cargo de Vicente San Bruno, originan la huída de un numeroso e indeterminado sector de la población.

El orden colonial logró de esta forma reimponerse con un enorme costo social de vidas y de numerosas personas que fueron precipitadas al exilio, arrancadas de sus raíces naturales y obligadas a buscar domilicio fuera de sus fronteras.

El segundo éxodo masivo provine también como consecuencia de la reimposición de otro orden social, esta vez neo-colonial.

Este modelo aborta las esperanzas de un nuevo desarrollo socio-económico y socio-político: el camino chileno al socialismo por la vía electoral. Nacido en 1970 al calor de una prolongada lucha del movimiento obrero y de sectores intelectuales, es violentamente interrumpido. Una insurrección militar con el apoyo económico y logístico externo, al igual que Osorio; no del Perú como en 1814, sino que del norte del río Bravo asume este encargo. Esta rebelión destituye al gobierno constitucional en septiembre de 1973 y reproduce, al igual que antes, los métodos maquiavélicos contra la población que había participado o mostrado simpatía con este proceso de transformación que Chile había empezado a vivir.

La Oficina de Migraciones de la Iglesia Católica de Chile proporcionó la cifra de un millón de chilenos que debieron abandonar el país como consecuencia de la deposición del gobierno constitucional de entonces. Esta cifra está entregada en 1979, ignorándose hasta el presente el número exacto de chilenos que dejaron el país.
Recientemente, algunas publicaciones chilenas, como la revista Qué pasa, han empezado a publicar en sucesivas ediciones reportajes sobre los chilenos en la diáspora y a proporcionar algunos antecedentes complementarios.

Independientemente del volumen total, que puede haber alcanzado fácilmente hasta un quince por ciento de la población, o más, por la proyección de las cantidades globales de 1973-79 a 1980-89, queda claro que el fenómeno que se produce es masivo. Una emigración de esta magnitud constituye un problema nacional que afecta a todo el país. Ella comprometió la vida y el destino de una gran parte de la población chilena, no sólo de los que abandonaron el país sino que también de sus familiares, los que debieron incorporar a su modus vivendi la ausencia de sus seres queridos.

El problema del exilio es complejo y no puede ser tratado superficialmente. El seminario de Milán, primera reunión masiva que congregó a dirigentes políticos exiliados de 16 países y a una delegación chilena de los obispos de la Iglesia Católica, puntualiza que:

… detrás de él hay problemas que sobrepasan el ámbito de cognoscibilidad de la política y que no tienen un vínculo mecánico con la ideología y se sitúa en la esfera de la fisiología, de la psiquiatría, de la sociología y que no acepta fórmulas más o menos estereotipadas, sino que requieren de estudios científicos de la conducta del exilio y de los exilados en sus diversas categorías, en su nuevo ambiente y situación social.

Obviamente no corresponde levantar aquí un estudio pormenorizado de una situación que es materia de especialistas en ciencias biológicas y sociales, sino más bien proporcionar algunos criterios que nos ayuden a entender a este fragmento de la sociedad chilena que terminó por ubicarse en Australia.

En primer lugar, el término de emigrante económico y exiliado político se ha tratado de diferenciar artificialmente para crear un distanciamiento de posiciones ideológicas o compromisos partidistas.

Aún cuando siempre hay una cuota de emigración histórica por motivos ajenos a la situación que vive el país, es decir, gente que deja su nación por ofertas de trabajo en el exterior o simplemente por deseos de conocer otras realidades, la verdad de las cosas es que en este caso, la emigración política y económica posee características comunes y lo único que lo diferencia es la forma de haber salido del país: unos con pasaporte otorgados por la autoridad administrativa y otros con documentos de viaje otorgados por legaciones diplomáticas acreditadas en Santiago o por el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas.

Ambos grupos han debido abandonar el país por las condiciones que allí se establecieron. Es la consecuencia de un drama colectivo, producto de un fracasado proyecto socio-político que es reemplazado por otro que excluye de él a la clase obrera y a los sectores medios del país. En otras palabras, margina de la población chilena a amplios sectores de su estructura social. Es una sociedad que empieza a ser concebida sólo para el privilegio de algunos y precipita al éxodo masivo, ya sea por razones de seguridad o integridad física o bien por el cercenamiento de la libertad que le impide a los ciudadanos tomar decisiones sobre su propia vida. Cuando se les niegan su sobrevivencia y sus derechos (trabajo, salud, educación) se sienten en un país extraño y se ven obligados a buscar en el extranjero lo que no pueden alcanzar en el propio.

Ambos grupos son parte de la expresión visible de una misma tragedia que afecta al país y que los vincula intrínsicamente en el desenlace. Por eso, el éxodo de exiliados políticos y de emigrantes económicos es la consecuencia de un mismo fenómeno.

En segundo lugar, la población en Chile, como en otros países del planeta, no es igual. Es heterogénea. En sus estructuras sociales hay una variedad de posiciones, grados de conciencia política, de vínculos con organizaciones políticas, disposición y sensibilidad para entender los problemas que afectan a la sociedad y naturalmente, abulia, desinterés, frustración o indocumentación.

Cuando se produce un éxodo tan masivo como el chileno, esta realidad interna es trasladada por las olas emigratorias a los países de nuevo asentamiento. Esto significa que las inmigraciones siguen manteniendo estas características aún cuando reflejen superficialmente o se les quiera presentar con niveles superiores de conciencia o justificar su traslado por el posible peligro de desestabilización política que podrían haber constituído en el país que abandonaron.

En esta perspectiva se podrá entender, en parte, las cantidades reducidas de chilenos que participaron en la solidaridad con su país en relación al volumen total que emigró.

En tercer lugar, el problema cultural es también transladado de su país de origen a la nueva sociedad que los recibe. El colonialismo español no sólo creó en sus antiguas colonias de ultramar una estructura social de diferenciaciones económicas, sino que además impuso su lengua y sus propios valores axiológicos (morales, estéticos, religiosos y metafísicos). Aún cuando no es la intención referirse en esta investigación al análisis cultural de la sociedad chilena, es importante hacer notar que la emigración llega revestida con este entorno adquirido en su sociedad de origen.

Esta situación se expresa, entre otras cosas, en el tratar de recrear las condiciones naturales de su país porque así se siente confortable. Procurar vivir dentro de un microclima que no altere su escala de valores y cuyos contactos exteriores lo pueden debilitar en su concepción de la autoridad patriarcal, del machismo, de su concepción religiosa o de la mentalidad ingerida de los grupos dominantes de que su destino personal depende de terceros, ya sea de la voluntad de Dios o de personajes providenciales que tienen que decidir por ellos y a los cuales procura no entorpecer o alterar.

Así en el exilio en general y en Australia en particular (debido a que la gran franja de emigrantes fue de estratos sociales bajos) se creó la imagen de que la solidaridad era cosa de los australianos. Que eran ellos los que debían solidarizarse con Chile porque la presencia de los chilenos era irrelevante. Estos debían ser meros observadores y abstenerse de hacer recomendaciones porque se podrían considerar como una intromisión en la autoridad que los australianos poseían. Había que ser ‘dependiente’ y no ‘colaborador’. Afortunadamente este marco cultural, superado por algunos chilenos antes de llegar o adquirido posteriormente en Australia, permitió constituir equipos de trabajo conjunto y establecer amistades sólidas entre australianos y chilenos. Sin embargo, el bagaje cultural del éxodo chileno limitó, específicamente en este país, una mayor participación de ellos en una tarea que obviamente les correspondía.

Por último, otros se excluyeron por temores no superados. El impacto represivo que recibieron como grupo familiar fue tan intenso que no lograron vencer el miedo con que llegaron. En algunos casos, sus esposas les impusieron la condición de marginarse totalmente de su pasado político y reiniciar una vida absolutamente al márgen de lo que había sido su comportamiento político y partidario en el país que habían dejado atrás.

Estas condiciones tuvieron también influencia en este grupo de chilenos que llegó a Australia.

2.     El exilio en Australia.

En Australia, las estadísticas recientes proporcionadas por el Bureau of Immigration and Population Research documentan un ingreso al país de 21.092 personas entre 1973 a 1990, en comparación con 4.621 que habrían llegado con anterioridad al coup d’eat, concretamente a partir del año financiero 1967-68. De este total, 1.671 personas decidieron regresar al país como consecuencia del cambio político producido allí, es decir, inmediatamente después de la recuperación democrática y del estado de derecho en Chile, proceso que se mantiene en la actualidad sin estar exactamente documentado. Las cifras actuales, en 1993, proporcionan un número de 24.042 chilenos residentes, más una cantidad de 7.137 personas de origen chileno que tienen uno o ambos padres nacidos en esa nación del cono sur de América.

Este éxodo chileno llegado después de la destitución del gobierno constitucional es por lo general bastante homogéneo, en su mayoría constituído por obreros calificados o sin calificación con sus respectivas familias. Los sectores medios exiliados constituyeron una minoría no superior al cinco por ciento y las élites políticas e intelectuales de la izquierda que abandonan Chile, prefirieron ubicarse en Europa occidental, en los países socialistas o en Latinoamérica.

Las cuotas de inmigración chilena en Australia son irregulares a través de los años y ellas son destinadas a radicarse inicialmente en ciudades determinadas por la autoridad administrativa. En muy contados casos los chilenos tienen el privilegio de escoger el lugar de residencia. Sin embargo, cumplido un período de asentamiento (tiempo generalmente dedicado a la tramitación de su documentación, inscripción en los sistemas de salud, empleo, seguridad social, subsidio o beneficio de desempleo y registración bancaria), ellos pueden optar por vivir libremente en cualquier ciudad o localidad que estimen conveniente, sin recibir presión alguna por hacerlo o no hacerlo. Los inmigrantes y sus familiares podían además inscribirse en cursos intensivos del idioma, con profesores especializados en la enseñanza del inglés como segunda lengua.

Cuando esta inmigración poseía familiares ya radicados en Australia, se podía optar inmediatamente por la ciudad de residencia de ellos. El gobierno durante este período proveyó acomodación en hostels o departamentos para aquellos que no poseían familiares en Australia, beneficio que más tarde se limitó a los refugiados. Estas condiciones y beneficios otorgados por el gobierno no eran exclusivamente para los chilenos, sino que, por el contrario, obedecían a normas de su política de inmigración aplicables a cualquier ciudadano del mundo que era seleccionado para residir permanentemente en Australia.

Los chilenos nunca recibieron un tratamiento especial por parte del gobierno que los privilegiara con respecto a otros grupos étnicos. La ayuda que recibieron fue de las organizaciones que solidarizaron con Chile y nunca fue a título personal.

2.1.     El asentamiento.

Los primeros grupos de chilenos, post golpe, empiezan a llegar a partir de enero de 1974. Inicialmente contados casos desde Chile, ya que en su mayoría, por problemas de interpretación en Australia de la Convención de Asilo Político de las Naciones Unidas, se opta por otorgar este derecho a chilenos que habían encontrado santuario transitorio en Argentina y Perú. Sin embargo, en una actitud que comprometía al Australian Government con los sucesos ocurridos en Chile, se había otorgado residencia permanente a 50 chilenos que estaban viviendo en Australia en el momento del coup d’état y sin su documentación regularizada. Una nueva y masiva ola de chilenos empieza a llegar al país a partir de 1983 como consecuencia de las llamadas protestas que se inician en Chile contra el régimen militar y cuya represión alcanzó dimensiones casi similares a la de los años 1973-74. En 1984 una cantidad de mineros del cobre, que habían participado en una huelga contra el régimen militar, perdieron sus trabajos y el gobierno australiano les otorgó residencia bajo prerrogativas de carácter humanitario. Esta cantidad fue de 653 personas, incluyendo a sus familias. De los 21.092 chilenos llegados a Australia en el período de la dictadura, 990 ingresan con normas establecidas para refugiados (Refugee Status) y 805 a través del programa concebido por razones humanitarias (Special Humanitarian Program). El resto lo hizo a través de los procedimientos normales aplicados a la inmigración.

La comunidad chilena pasó a ser así el grupo más numeroso de habla hispana en toda Australia. Estudios del período entregan el siguiente cuadro:

Poblacion de habla hispana en Australia
País de nacimiento Nº de residentes Segunda generación*
CHILE 24.042 7.137
España 14.474 11.280
Argentina 10.575 4.397
Uruguay 9.583 3.542
El Salvador 8.726 740
Perú 3.765 NA
Colombia 2.134 NA
Ecuador 1.085 NA
México 805 NA
Nicaragua 678 NA
  • Ella incluye a personas que tienen uno o dos padres nacidos en los países indicados.
    • Fuente: “BIRP Immigration Update”, March Quarter 1993 in Community Profile, Needs and Issues of Concern, Elske Ravilla De Witte, NSW.Spanish and Latin American Association for Assistance. May, 1994, p. 30.

Desde su llegada, los chilenos se encontraron con un ambiente extremadamente favorable. La sensibilización nacional que había producido la experiencia chilena al socialismo y la forma en que ésta fue desmantelada, había creado una gran simpatía con los sectores vencidos en el coup d’état, situación que se manifestaba en el saludo fraternal y cariñoso cuando era conocida la procedencia de ellos, en la alusión espontánea al presidente Allende o a Pablo Neruda y en la esperanza compartida de que la tragedia que vivía Chile terminaría pronto.

Los primeros chilenos llegaron a la ciudad de Sydney. Una minoría recibió hospedaje en domicilios de familiares y la mayoría fueron conducidos a instalaciones gubernamentales, los llamados hostels. Estas instalaciones estaban distantes del centro de la ciudad, ya que habían sido localizadas en barrios o suburbios de una fuerte presencia inmigratoria y en áreas industriales, situación que permitía incorporarse con relativa facilidad al mercado laboral. De este modo los chilenos encontraron albergue en los hostels de West Bridge en Villawood, Endeavour en Maroubra, East Hills de East Hills, Cabramatta en Cabramatta y otro en la ciudad de Wollongong, en un ex-cuartel del ejército ubicado en Fairy Meadow.

En casos especiales, algunos chilenos fueron ubicados en departamentos de gobierno en el suburbio de Eastlakes, como una manera de prestarles una mayor atención médica por traumas visibles originados a raíz de torturas y tratos degradantes sometidos durante su permanencia en cárceles y campos de concentración de la dictadura.

A partir de 1975, otros chilenos son ubicados en la ciudad de Melbourne, más tarde en Adelaide, Canberra, Brisbane y Perth; la mayoría de ellos, al igual que Sydney, en dependencias del Estado. Una vez cumplido el período, ellos quedaban en libertad para ubicarse independientemente, de acuerdo a sus preferencias o solvencia económica. La mayoría decidió permanecer en las ciudades originales a que fueron destinados y una pequeña cantidad decidió transferirse a otro estado.

La mayoría de la población chilena optó por residir en las capitales de cada estado. Sólo en New South Wales se escogieron algunas otras ciudades como lugar de residencia permanente, especialmente en Wollongong y Newcastle, cuya población no ha superado las 50 familias en cada una de ellas.

En el estado de South Australia, aún cuando la mayoría de los chilenos vive en Adelaide, es frecuente un movimiento temporal hacia Whyalla, ciudad minera que ofrece trabajos temporales en la extracción y procesamiento del hierro. Los campesinos llegados desde Chile se han incorporado a los centros industriales urbanos.

Como una manera de ejemplarizar el volumen de población en las áreas de residencia, incluímos una consolidación de estadísticas del censo de población de 1986, la cual nos proporciona el siguiente cuadro:

Chilenos domiciliados en los estados de Australia
Estado Capital Nº de chilenos
New South Wales: Sydney 10.672
Victoria Melbourne 5.354
Queensland Brisbane 705
South Australia Adelaide 489
Western Australia Perth 906
Tasmania Hobart 55
Northern Territory Darwin 96
A.C.T. Canberra 461
Fuente: Table 2, “Spanish-Speaking Population By State and Territories By Rank at 1986”, Census Australian Immigration Consolidated Statistics Nº 15.

Muchos de estos chilenos llegaron solos. Procedentes de países limítrofes de Chile o bien directamente de campos de concentración, sin que hubieran tenido la oportunidad de volver a sus hogares y recoger parte de su vestuario, enseres o recuerdos familiares. Sin embargo, el gobierno permitió que en tiempos relativamente breves sus esposas e hijos pudieran incorporarse al país, para lo cual los asistió con el valor de los pasajes. A todos ellos se les adelantó un salario mínimo de subsistencia, el cual era religiosamente depositado en las cuentas bancarias que habían abierto al segundo día de su ingreso al país. Este beneficio, que no era exclusivo de los chilenos, se mantenía (y se mantiene) como una asignación de desempleo mientras lograban ubicar un trabajo que les permitiera sobrevivir por sí solos, un compromiso colectivo de la sociedad australiana hacia aquellos que no encontraban trabajo o no podían hacerlo por diferentes causas. Después de permanecer un período mínimo de dos años con residencia permanente y con un conocimiento básico de inglés, los chilenos y los inmigrantes en general podían someterse a un examen sobre los derechos y obligaciones de un ciudadano australiano. Reunidos estos requisitos podían optar a la ciudadanía australiana. Los hijos menores de 16 años pasaban automáticamente a tomar la nacionalidad de sus padres, siempre que éstos así lo desearan.

El siguiente cuadro nos muestra el número de chilenos que han optado por la nacionalidad australiana:

2.2.     Empleo y condiciones de trabajo.

Hasta 1975 Australia mantuvo una política de empleo total. Esta situación creó una continua y exigente demanda de mano de obra. De este modo fue fácil para los chilenos llegados entre 1974-75 incorporarse rápidamente al mundo laboral, situación que se tornó más difícil para las inmigraciones posteriores. Los más favorecidos en estas circunstancias, podríamos decir hasta el año 1980, fueron los obreros chilenos, para los cuales no constituyó ningún problema ubicarse prontamente en sitios estables de trabajo. Los obreros calificados (torneros, carpinteros, mecánicos, hojalateros, impresores, albañiles, gasfiteres y electricistas) fueron requeridos persistentemente y la calidad de sus servicios altamente valorada. El gran problema se originó para los sectores medios de la sociedad chilena (white collar), los que habían sido en Chile empleados públicos, bancarios, profesores, estudiantes o profesionales intermedios del área social. Ellos, al igual que los obreros no calificados, debieron deambular de trabajo en trabajo y ganarse su sustento y el de sus familias en la industria manufacturera o en trabajos por lo regular pesados, sucios y con ingresos inferiores a los obreros calificados, situación que en su país de origen era diametralmente opuesta.

Un fenómeno nuevo para la gran mayoría de la población obrera chilena en Australia fue la incorporación de la mujer al mercado laboral. En Chile la proporción total de mujeres en la fuerza de trabajo siempre constituyó una minoría en relación a los hombres. Según las estadísticas la fuerza laboral femenina nunca superó el 28 por ciento del total. Su presencia se ubicaba fundamentalmente en el área de servicios (educación, salud), finanzas (bancos), comercio y en la burocracia del estado, es decir en el sector de empleados. El sector industrial sólo absorbía un 18 por ciento de la fuerza total de trabajo del país y en cuya proporción las mujeres no superaban el 5 por ciento de este porcentaje. Además existía en Chile, en el sector obrero, el criterio que la mujer no debía trabajar y por lo general era mal vista o estigmatizada si lo hacía. Las condiciones de industrialización de Australia, la obligación impuesta por la estructura social de vivir con dos salarios y la incorporación masiva de las mujeres australianas al mercado laboral, obligaron a estos sectores chilenos a cambiar de actitud. De este modo, las mujeres chilenas se incorporaron rápidamente a la industria manufacturera del país, lo que les permitió como familia, alcanzar en un tiempo relativamente breve, su casa propia, sus artefactos electricodomésticos y su automóvil personal.

Los ingresos familiares les ha permitido también viajar a su país de origen cada tres o cinco años. No ocurrió lo mismo para aquellos chilenos que se encontraban en las listas negras elaboradas por la dictadura. En disposiciones reglamentarias se les impedía viajar a Chile, pudiendo hacerlo a cualquier otro país del mundo. Sus pasaportes fueron marcados con la letra L (Listado Nacional). Esta medida restrictiva, levantada en 1989, generó de inmediato un significativo movimiento temporal de los chilenos hacia su país para visitar a sus familiares.

2.3.     El idioma y la educación.

Por último, la cuestión idiomática ha sido uno de los problemas más serios que ha debido enfrentar esta inmigración chilena. Se llegó sin el conocimiento de la lengua inglesa. Esta situación afectó fundamentalmente a los sectores de empleados que se vieron obstaculizados de obtener perspectivas superiores de trabajo por carecer de este instrumento de comunicación. Para el sector obrero fue más fácil su adaptabilidad ya que en el sector industrial se podían encontrar con ciudadanos de origen español, portugués o italiano que les servían de intérpretes o que bien por las condiciones de mecanización que existían en la industria, la cual no les requería de un gran esfuerzo lingüístico. Para muchos, el aprendizaje les tomó varios años y comúnmente sus hijos les servían de intérpretes y traductores en las consultas médicas, en los colegios, en el comercio y en tramitaciones con funcionarios públicos o bancarios. Una gran parte sigue manteniendo un inglés muy limitado y cuyas causas han sido atribuídas a dos factores: los bajos niveles de educación alcanzados antes de ingresar al país y el excesivo número de horas de trabajo que les impide dedicar tiempo al conocimiento de la lengua. Muchos sectores medios de la población chilena vencieron con cierta facilidad este problema y lograron posiciones de trabajo en la administración pública, en colegios, en empresas privadas y centros universitarios.

Otros chilenos ingresaron a institutos técnicos a estudiar determinadas especialidades y la obtención de estas cualificaciones les ha permitido ocupar puestos de mando medio en la industria y estabilizar su situación laboral. Los hijos e hijas de la población chilena adulta han tenido acceso ilimitado a los centros de enseñanza superior. Una gran mayoría, después de haber completado su educación secundaria, asiste a institutos de tecnología o a universidades ubicadas en distintas ciudades del país. En la actualidad hay un importante número de profesionales chilenos que han pasado a formar parte dentro de la estructura social de Australia.

3.     Las organizaciones políticas que constituyeron los exiliados en Australia.

Dentro del éxodo masivo de chilenos que llegaron a Australia hubo personas que habían tenido en Chile una activa participación en organizaciones del movimiento popular, especialmente en partidos políticos de izquierda, sindicatos, juntas de vecinos y federaciones estudiantiles. Ellas habían participado durante el proceso de la Unidad Popular en los niveles intermedios y sentían una gran responsabilidad y compromiso con los hechos que allí habían ocurrido. A este sector se sumó un reducido número de chilenos que ya residían en Australia y que se habían incorporado al naciente movimiento de solidaridad. Estos chilenos sirvieron de intérpretes al exilio que empezaba a llegar, función que en varias oportunidades cumplieron también ciudadanos de la diáspora española que residían en el país, los cuales estaban vinculados a las Comisiones Obreras del Partido Comunista de España.

Los primeros chilenos en llegar se encontraron con una organización latinoamericana que había sido formada el 26 de julio de 1973 como expresión de solidaridad con la revolución cubana. Esta organización, llamada Antorcha, recibió con entusiasmo y solidaridad a los chilenos, los que se incorporaron a ella a medida que llegaban. Antorcha había nacido con el apoyo de la Federación de Trabajadores Inmigrantes Italianos y del Club Atlas de la comunidad griega, organizaciones que tenían varios años de existencia en Sydney. Ambas entidades estaban relacionadas a los partidos comunistas de sus respectivos países y proporcionaron, al igual que Antorcha, una gran ayuda inicial al exilio chileno. Sus infraestructuras fueron facilitadas para reuniones y actividades culturales y sus miembros entregaron un significativo apoyo emocional a estos nuevos miembros de la sociedad australiana. Era el primer contacto de los chilenos con comunidades de inmigrantes que vivían en el país.

El 2 de octubre de 1974 los chilenos exiliados deciden constituir una organización política amplia, que incluyera a los compatriotas que habían llegado con anterioridad al golpe del estado. Así nace el Comité Chileno de Liberación, cuya tarea central era denunciar los eventos ocurridos en Chile y sumarse orgánicamente al trabajo de solidaridad que habían iniciado las organizaciones australianas.

La actitud y disposición unitaria que mantuvo esta organización fue algo que la caracterizó en su corta existencia. Los chilenos decidieron dejar de lado sus antiguas militancias políticas y sumarse como frente nacional a una tarea que afectaba a todo el movimiento popular en su país de origen. Se efectuaban reuniones de trabajo para destinar a sus miembros a distintas organizaciones australianas que invitaban a los chilenos a disertar sobre la situación de Chile, se preparaban boletines y cartas informativas en castellano para la comunidad chilena residente, se elaboraban pancartas y afiches para fijar durante la noche en lugares de la ciudad y mantenerse informados de los vuelos aéreos que traían chilenos y recibirlos a su llegada. En estas tareas participaban también miembros de la comunidad australiana, los cuales entregaron largas jornadas de trabajo, que los chilenos valoraban debidamente.

Un tipo de organización similar a la de Sydney había iniciado sus actividades en la ciudad de Melbourne con el nombre de Free Chile Committee. Sus objetivos y tareas eran similares y había logrado incorporar alrededor de 50 chilenos que habían sido localizados en esa ciudad por el Department of Immigration and Ethnic Affairs. Esta organización chilena nació en Melbourne antes que se estructurara formalmente el Chile Solidarity Committee de esa ciudad, el cual se constituyó oficialmente el 28 de agosto de 1975, habiendo realizado anteriormente el trabajo de la solidaridad distintas organizaciones sociales y políticas en forma separada.

El 25 de mayo de 1976, Jorge Arrate, secretario interino de la Unidad Popular en el exterior, informaba desde Berlín, que en México se había constituído, en una reunión de la izquierda chilena, la Secretaría Ejecutiva de la Unidad Popular y que había sido designado Clodomiro Almeyda como su secretario. Esta situación determinó que los comités unitarios que se habían constituído en Australia pasaran a transformarse en Comités de Unidad Popular, cuya estructura orgánica determinaba que de ahora en adelante debía estar integrada por partidos y no por personas individuales como había ocurrido anteriormente. Free Chile Committee de Melbourne fué el único que mantuvo el nombre, pero readecuó su estructura de funcionamiento a la representación de los partidos políticos de la izquierda chilena. En Adelaide, Canberra, Brisbane y Wollongong se optó al igual que en Sydney por constituir estas nuevas instancias políticas.

La proporción de militantes de los partidos políticos chilenos en Australia era muy similar a la que existía en Chile en el período de la Unidad Popular. La mayoría estaba constituída por el Partido Socialista, luego el Partido Comunista, El Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, el Partido Radical, la Izquierda Cristiana y el Movimiento de Acción Popular, MAPU. Los Radicales, que poseían algunos militantes dentro del exilio nunca se integraron al trabajo político.

Esta nueva estructura dejó a un lado al MIR y a los independientes que habían tenido una activa participación en las organizaciones chilenas que antecedieron a la formación de la Unidad Popular. Sin embargo estas personas continuaron trabajando dentro de los comités de solidaridad.

Las relaciones de todos los partidos, incluyendo al MIR, continuaron amistosas en el plano personal y los conflictos eran generalmente resueltos internamente. Se buscó que las divergencias no transcendieran a la solidaridad australiana y cuando las hubo, los dirigentes nacionales trataron de detenerlas inmediatamente. Sin embargo, el mayor problema que se suscitaba era la verticalidad del Partido Comunista de Chile, el cual retrasaba muchas iniciativas en espera de confirmaciones superiores. Por otro lado y a través de conductos paralelos dentro de la red de la Unión Soviética, procuraba tomar iniciativas al margen de los organismos regulares de la solidaridad. Esta situación irritaba a los miembros del Partido Socialista de Chile y a otras corrientes de la izquierda chilena. Independientemente de estas situaciones, que afortunadamente no fueron muchas, los militantes comunistas se entregaron con generosidad y entusiasmo a su trabajo.

Se constituyó un Comité Nacional de Unidad Popular con sede en Sydney. En las capitales de cada estado se formaron comités regionales. Simultáneamente, el Comité Exterior de la Central Unica de Trabajadores nombró a un encargado nacional para que la representara, responsabilidad que desempeño celosamente Héctor Pérez hasta el término de la dictadura.

La Unidad Popular existió en Australia hasta la crísis del Partido Socialista en Europa, cuando Clodomiro Almeyda destituyó a su Secretario General, Carlos Altamirano, en abril de 1979. El Partido Comunista hizo causa común con Almeyda y grandes sectores del Partido Socialista decidieron marginarse de la Unidad Popular y seguir colaborando con Altamirano, embrión del llamado Partido por la Democracia, PPD, dirigido posteriormente por Ricardo Lagos, Jorge Arrate y Ricardo Núñez.

El Partido Comunista con la corriente socialista de Almeyda y otros sectores de la izquierda chilena, que excluyeron al Partido Radical, a la Izquierda Cristiana y a un sector del MAPU, decidieron constituir entonces el Movimiendo Democrático Popular, MDP. Esta situación afectó al exilio chileno en Australia, produjo desilusión y los sectores chilenos del Partido Socialista optaron por dividirse en las fracciones que habían surgido, aún cuando su participación en la solidaridad se mantuvo unida.

En 1985, otro hecho político de la izquierda chilena tiene repercusión en Australia. El Partido Comunista de Chile decide alterar radicalmente su postura inicial de los Frentes Anti-fascistas por una privilegización de la insurrección popular, dando especial interés a la constitución de grupos armados en el interior de Chile, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Otros sectores de la izquierda terminan también por separarse de sus posiciones y adherirse a la política del Partido Comunista. Sectores del MAPU constituyen el grupo armado Lautaro y un sector del MIR enfatiza la formación del grupo Chilean Resistance.

En efecto, el Comité Central del Partido Comunista de Chile con sede en Moscú, envía como delegado a Australia, el 7 de noviembre de 1985, al ex-ministro del Trabajo y Economía del gobierno de la Unidad Popular y miembro del buró político del PCCH, José Cademartori (invitación del Socialist Party of Australia) a comunicar a las fuerzas solidarias australianas este cambio de posición adoptado por el partido. En un destacado artículo en el periódico The Guardian, órgano oficial del SPA, se informa que Cademartori :

… spoke of the factors which have forced the Chilean people to take up arms and wage an armed struggle in order to finally resolve the issue. … Mr Cademartori explained that the Popular Democratic Movement (MDP) and many other people share the Communist Party of Chile’s view that armed struggle is necessary. … While he is in Australia, Mr Cademartori is meeting a wide range of organisations and individuals, including members of Federal Parliament, to publicize what is happening in his country and to win support for the anti-Pinochet cause.

A contar de entonces el efecto se dejó sentir. El Movimiento de Acción Popular Unitario y la Izquierda Cristiana se retiraron de las organizaciones unitarias que habían contribuído a formar y las divisiones empezaron corroer las relaciones amistosas que se habían conseguido en el pasado. Las discusiones abiertas afloran y las posiciones divergentes se hacen notar públicamente, fenómeno que no se había dado anteriormente.

La situación que se había producido no era por cierto una cuestión que sólo había afectado al exilio chileno en Australia, sino que sus repercusiones se hicieron extensivas a la gran cantidad de chilenos que vivían fuera de su patria. En efecto, en todas partes se empieza a producir una división de las fuerzas del movimiento popular; lo cual, finalmente, desemboca en la marginación del Partido Comunista de Chile y del Movimiento de Izquierda Revolucionario en el acuerdo de las otras fuerzas políticas de izquierda con la Democracia Chilena para sustituir al gobierno militar a través de un proceso electoral que se inicia con el plebiscito de 1988 y que termina con el triunfo de Patricio Aylwin en 1989.

Todo esto tuvo además un efecto negativo en las corrientes del Australian Labor Party que habían comprometido su adhesión y voluntad en el camino que privilegiaba el frente amplio como salida política para la crísis que afectaba a Chile. Los comités de solidaridad empezaron a languidecer y nunca recuperaron los niveles de participación y entusiasmo alcanzados anteriormente. Las actuaciones poco exitosas de Illapú en los escenarios australianos en 1986 y 1987 y del compositor y cantante Patricio Mann en 1989, fueron pruebas evidentes de este deterioro.

4.     La contribución de los chilenos al movimiento de solidaridad con Chile en Australia.

Había un número significativo de chilenos que se incorporaron en cada estado australiano a sus organizaciones políticas de origen. Ellos decidieron integrarse también al movimiento de la solidaridad y poder así hacer una contribución más directa al trabajo unitario que las organizaciones políticas de la izquierda australiana y del movimiento sindical había iniciado. Los chilenos, que poseían la experiencia de un trabajo político conjunto en las organizaciones del movimiento popular, estimaron que su colaboración a la solidaridad podía ser importante. Tal vez el mayor aporte fue esta disposición de trabajar juntos, de presentarse como una unidad, independientemente de las posiciones ideológicas que cada grupo político poseía. Para el movimiento de solidaridad, especialmente para los partidos de la izquierda australiana, les significó conocer de cerca la experiencia y disposición de un frente amplio que integraba a marxistas, cristianos y laicos en una misma causa. El movimiento australiano de izquierda aún estaba con la herida abierta por la actitud de la Iglesia Católica del país, en la décadas de los 50 y 60, de dividir y separar al Labor Party por sus posiciones de compromiso con el movimiento sindical y por una supuesta influencia del Communist Party dentro de él.

Esta contribución unitaria de los chilenos llamó mucho la atención y facilitó posteriormente el entendimiento del movimiento de la Teología de la Liberación y específicamente la contribución de los cristianos en el proceso y éxito de la Revolución Nicaragüense de 1979 y la lucha del pueblo salvadoreño. Este aporte unitario, con distintas vertientes ideológicas, era la consecuencia de un trabajo conjunto iniciado en Chile dentro de la Unidad Popular y cuya experiencia los chilenos supieron transmitir como una exigencia del movimiento popular hacia sus direcciones políticas.

En segundo lugar, se proporciona un conocimiento directo de la realidad de un país distante a 15 mil millas de Australia. Aún cuando sectores políticos e intelectuales de la solidaridad poseían un conocimiento de la situación de Chile, la gran masa australiana lo desconocía. El testimonio reiterado de los chilenos, el discurso y análisis de la realidad de su país de origen y la experiencia personal en el proceso político que había tenido lugar, fue proporcionando un interés y una preocupación por Chile y por Latinoamérica. Esta situación se expresó, entre otras cosas, por el deseo de documentarse y prestar atención a libros y revistas que destacaban esta experiencia, leer los artículos de la prensa sobre Chile y escribir a sus editores cuando se emitían opiniones erradas o realidades distorsionadas, seguir con atención los documentales entregados por la televisión y asistir regularmente a cualquier proyección cinematográfica que fuera exhibida en el país. Entre los estudiantes creció el interés por los estudios sobre Chile y Latinoamérica y los departamentos especializados de las universidades de La Trobe en Melbourne y New South Wales en Sydney vieron incrementada su nómina de estudiantes.

La presencia de los chilenos en el movimiento de solidaridad y su experiencia personal en la represión, permitió además incluir en el trabajo solidario el rostro humano de esta tragedia. Ya no era la información fría y documental que proporcionaban las agencias informativas y los canales de televisión, sino que a ella se agregaba la vivencia personal de hombres, mujeres y niños que contaban lo que les había ocurrido y el sufrimiento humano que esta situación les había provocado. Los testimonios de tortura física y sicológica, las experiencias en cárceles y campos de concentración, la desaparición de personas y la violación institucionalizada de los derechos humanos y civiles de la población, no sólo conmovían a la opinón pública australiana, sino que además, a muchos de ellos, les proporcionaba la voluntad para incorporarse a este movimiento de solidaridad y hacer causa común con aquellos que luchaban por la libertad y los derechos humanos.

Las visitas de dirigentes políticos y sindicales de la diáspora chilena a Australia contribuyeron a adquirir mayores compromisos políticos de los partidos de izquierda y del movimiento sindical, situación que originó declaraciones de condena al régimen militar, visitas a Chile de dirigentes australianos y un apoyo económico muy importante para el movimiento popular chileno.

Con la actuación de Quilapayún e Inti-Illimani en los escenarios australianos, este rostro humano de la tragedia alcanzó además una nueva dimensión a través del testimonio político del sufrimiento del pueblo de Chile expresado musicalmente. Como se ha indicado anteriormente, para la audiencia australiana constituyó una sorpresa que el dolor, la tristeza, el compromiso político y la esperanza de la libertad, pudieran ser explicitados tan brillantemente en las canciones y en la música que estos grupos de la nueva canción chilena ofrecían. Su impacto se extendió más allá de la solidaridad y penetró en las radioemisoras australianas, donde la música andina y los eventos de Chile eran simultáneamente incorporados.

En tercer y último lugar, habría que destacar la capacidad orgánica y de trabajo mostrada por los exiliados chilenos. Ellos siempre se sintieron parte y responsables de la tragedia que vivía su país y decidieron revertir esta situación desde el lugar donde se encontraban. Pusieron esfuerzo y trabajo en esta tarea. Supieron entender que tenían que ser importantes colaboradores de las organizaciones australianas comprometidas en esta tarea, quienes en ocasiones debían dedicar sus esfuerzos y atenciones a sus propios problemas y responsabilidades.

Con esta disposición se integraron, habiendo hecho una gran contribución laboral. Ella se expresó en preparar reuniones, confeccionar y reproducir documentos, acondicionar materialmente las instalaciones destinadas a encuentros políticos, sociales y culturales, distribuir declaraciones, vender entradas para espectáculos musicales y cinematográficos, y sobre todo, estar siempre informando, golpeando puertas y presentándose ante sindicatos, partidos políticos y organizaciones australianas para decir, aquí estamos y pedimos la ayuda de ustedes porque el movimiento popular de Chile la necesita.

SEGUNDA PARTE

LOS GOBIERNOS DE AUSTRALIA

FRENTE AL REGIMEN MILITAR DE CHILE

CAPITULO Nº 4

El gobierno de Whitlam y su respuesta al

golpe militar en Chile

A las pocas horas de haber ocurrido la insurrección militar, el gobierno de Australia recibía a través de su embajador en Santiago, Mr Noel Deschamps, una relación de los hechos. Frente a la opinión pública nacional e internacional, el gobierno de Australia asumía una posición de condena:

… “the violent overthrow of Chile’s constitutionally elected Government, and the tragic death of President Allende would come as a profound shock to the Australian people”.

Mr Whitlam sent a message to Mr Deschamps asking him to return to Canberra as soon as possible for consultation. He also asked Mr Deschamps, if possible, to pass on the sympathy of the Australian Government to the widow of President Allende of Chile. A spokesman for Mr Whitlam said today the recall was not meant as a break in diplomatic relations between Chile and Australia.

Desde entonces, al más alto nivel de la administración del estado, se iniciaba reuniones para estudiar una posición y una respuesta del gobierno que determinara el tipo de relaciones políticas y económicas que se asumiría a partir de entonces. La condena a la insurrección militar no era bajo ningún punto de vista una visión superficial de los acontecimientos, ni mucho menos una posición oportunista de agregarse a la decisión similar asumida por otras democracias occidentales. Por el contrario, la severidad asumida obedecía a un profundo sentimiento de indignación de sectores importantes del Labor Party, los que desde el interior del gobierno empujaban por una práctica consecuente con los valores políticos y sociales que el partido había diseñado en las conferencias nacionales que antecedieron a la elección de Whitlam, específicamente en Adelaide en 1967 y en Melbourne en 1969.

A este sector se sumaban otros estamentos de la sociedad australiana que habían condenado enfáticamente el golpe militar, requiriendo del gobierno la más enérgica posición de condena y rechazo hacia las nuevas autoridades chilenas. Dentro de estos sectores se encontraban gran parte del movimiento sindical, las organizaciones políticas de izquierda y las federaciones estudiantiles universitarias, las que junto a académicos de distintas universidades y en distintas ciudades del país, habían participado en actos públicos de protesta, tan pronto los cables informativos entregaron la noticia de los acontecimientos ocurridos en Chile.

El proceso chileno y su vía electoral al socialismo no era extraño ni para las autoridades políticas del país ni para las organizaciones laborales o entidades políticas. Por el contrario, mientras un sector del laborismo, de los partidos políticos de izquierda y del movimiento sindical mostraba un especial interés por el éxito de su desarrollo, otros se habían comprometido en una silenciosa conspiración para revertir este proceso, contribuir a su desestabilización y provocar su derrumbe. Dentro de este último grupo, se encontraban aquellos católicos integristas que habían dividido el partido en 1957 para dar formación al Democratic Labor Party y que habían vuelto a él, después de su fracazada experiencia. Sin embargo su influencia interna continuó siendo muy fuerte y con una gran posición de autoridad en el Labor Government que había sido elegido en 1972, situación que debe ser entendida por las características institucionales de su configuración: un partido de masas, heterogéneo, pluriclasista en su composición y con un marcado interés por evitar los conflictos de intereses (especialmente entre clases sociales a nivel interno y en posibles confrontaciones externas con el centro hegemónico de la política internacional de occidente).

En este sentido, el Labor Party ha mantenido posiciones distintas de apreciación ideológica desde sus orígenes. Desde su fundación, a fines del siglo pasado, había buscado ser la expresión del movimiento sindical; mientras para unos esta interpretación consistía sólo en lograr mejores condiciones internas para los asalariados, para otros, el partido debía además vincularse a expresiones políticas que lo comprometieran dentro de un cuadro internacional que privilegiara el socialismo como sistema. Una posición de “socialización democrática” fue definida y adoptada por el partido en 1921, cuyo contenido lo diferenciaba de la concepción marxista-leninista del Australian Communist Party, que había nacido el año anterior. A partir de entonces, las corrientes internas se tornan más complejas y más numerosas, creándose distintas expresiones en su recorrido histórico, que terminan por consolidarse en tres en 1984: la izquierda, el centro y la derecha.

La corriente de izquierda del partido en 1973 era la expresión de dos diferentes grupos que habían terminado por juntarse, la vieja guardia socialista, cuyo análisis marxista de la sociedad los motivaba en el reemplazo del modelo capitalista por la instauración de una sociedad socialista y la otra, de expresión más pragmática, que privilegiaba la incorporación de determinados aspectos del socialismo sin alterar el marco impuesto por la sociedad capitalista.

La derecha del partido ha sido a su vez la expresión de distintas tendencias dentro del partido, en cuyo espectro aparece un grupo que enfatiza la participación del movimiento laboral como responsabilidad del partido sin que esta situación se mezcle con expresiones ideológicas determinadas; la derecha pragmática, identificada en el estado de New South Wales, como un grupo dentro del Labor Party que busca centralmente alcanzar cuotas de poder político que sirvan a los intereses que representa (alta burguesía, monopolios e intereses foráneos); y por último una derecha católica integrista, nacida en 1950 como expresión conservadora de los problemas sociales y de las influencias del campo socialista. Esta expresión surge, entre otras razones, a consecuencia de la influencia ideológica que ejerce la Guerra Fría.

La corriente de centro o centro izquierda, es la expresión reformista de la sociedad que busca compatibilizar los intereses de la clase obrera con los de la alta burguesía, liberal en sus posiciones para los problemas sociales internos y defensora del capitalismo como expresión válida y única de la sociedad. Esta fracción nace formalmente en Adelaide en 1984.

Todas estas corrientes, una vez en el gobierno y manteniendo la ideología del laborismo como expresión retórica, se proyectan con una imagen de clase media, centrista, en la cual readecúa tanto sus políticas como su práctica para presentarse como una corriente social-demócrata que abre espacios de bienestar dentro del sistema capitalista, enfatizando la calidad de vida, la prosperidad individual, el crecimiento económico, la familia y la tolerancia a las ideas de las personas o de los grupos, siempre que éstas no atenten o pongan en peligro los parámetros pre-establecidos y permisibles de los centros de poder que controlan el país o bien de los intereses internacionales trazados por los Estados Unidos de América.

Esta situación general, que obviamente tiene en su génesis distintas ideas o lecturas de la realidad dentro de una organización política tan heterógenea como el Labor Party, ha creado históricamente en su interior una forma de convivencia que le ha permitido al partido vivir sin grandes dificultades institucionales, ya sea buscando el consenso o bien la transacción.

Para algunos de los cientistas sociales de la realidad política australiana, la interpretación más correcta del fraccionalismo del Australian Labor Party hay que observarla sobre una base de distintos aspectos, dentro de los cuales hay que tener en consideración, primariamente, la ideología como problema central, además del regionalismo, del personalismo o de la influencia industrial del movimiento sindical. Aún cuando en último término las fracciones entran en competencia para lograr el control del partido o cuotas de poder dentro de él, lo cierto es que detrás de ellas están siempre presentes determinados modelos sociales que buscan ser implementados.

Estas corrientes actuarán en forma activa frente a los acontecimientos de Chile, primero entre izquierda y derecha (con la excepción del sector que priorizaba la presencia laboral al márgen de la política) durante el proceso de la Unidad Popular, situación que se continuará dando hasta el año 1984, frente al golpe de estado y al gobierno militar instaurado en Chile. Al incorporarse la nueva variante tercerista de centro-izquierda, ésta asumirá una decidida actitud de condena frente al régimen y a la violación de los derechos humanos y privilegiará como solución para el país la salida política y el consenso democrático.

Triunfos parciales de la corriente de izquierda (o del centro, después de 1984), crearán erróneamente una imagen de posición generalizada del partido frente a la situación de Chile. Sin embargo, la práctica se ha encargado de demostrar que la corriente de derecha sólo establecía concesiones sin alterar mayormente el compromiso y la posición de los Estados Unidos en la gestación y sostenimiento del régimen militar chileno. De esta forma, el Labor Party mantendrá, sin problema, una retórica de condena y fustigamiento hacia las autoridades militares instauradas en Chile, pero por otro lado contribuirá a su normalización y estabilidad política. Si algunas medidas de compromiso práctico fue necesario tomar en un determinado momento, éstas se implementaron sólo parcialmente, manteniendo irrevocable la actitud de condena para satisfacer las presiones de la izquierda y/o del movimiento sindical y justificando su política exterior de relaciones diplomáticas y económicas. Así mismo, frente a la inmigración de los vencidos, donde se articulará un discurso sensible y emotivo como consecuencia de una real preocupación de sectores internos del partido y del movimiento sindical, se optará en definitiva por una magra y selectiva cantidad, cuyos volúmenes dentro de la inmigración total del país parecen simplemente insignificantes.

Esta situación, consecuencia de presiones políticas de derecha dentro del partido, de sectores económicos internos y externos, además de los Estados Unidos de América, ofrece una realidad distinta del Australian Labor Party en su supuesto compromiso con los eventos ocurridos en Chile, especialmente cuando se escudriña con objetividad en los antecedentes que proceden de su administración.

Examinemos a continuación esta hipótesis:

El Australian Labor Party había llegado a tomar posesión de la administración del estado el 2 de diciembre de 1972, después de veintitrés años de gobiernos conservadores en Australia, sucediendo a William McMahon de la coalición Liberal-National Country Party. El nuevo Prime Minister pasó a ser E.G. Whitlam. Mientras duró el Gobierno de la Coalición popular en Chile, 1970-1973, se sucedieron tres Prime Ministers en Australia y es durante la administración de Whitlam cuando se produce en Chile el coup d’état.

Whitlam, al asumir la responsabilidad administrativa del Australian Government, fue informado que el gobierno que le antecedió, se había comprometido a tomar parte activa en la conspiración internacional contra Chile, dirigida por algunas corporaciones multinacionales y por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Aún cuando Whitlam refiere en sus memorias que la ayuda australiana fue solamente en términos de facilitar agentes del Australian Secret Intelligence Service, ASIS, para que actuaran en reemplazo de los funcionarios de la Central Intelligence Agency de los Estados Unidos de Norteamérica, CIA, esta participación parece haberse dado también en la tarea de facilitar el drenaje de técnicos y profesionales chilenos antes y durante la administración del Dr Allende en Chile, situación que en definitiva no tuvo el éxito que se esperaba debido a la formación del Frente de Profesionales Patrióticos en Chile y el aislamiento de los sectores golpistas en el proceso de toma de poder del nuevo presidente.

Aún cuando hay antecedentes explícitos de la participación de sus servicios de inteligencia durante el perído del gobierno de la Unidad Popular, no existen aún las fuentes escritas que analicen o justifiquen el alto número de inmigrantes chilenos hacia Australia en el período inmediatamente anterior a la administración de Whitlam y en los meses posteriores a la toma de posesión de su gobierno, cantidad desproporcionada a la luz de los índices históricos de la inmigración chilena hacia Australia. Ello nos permite suponer que para producir este drenaje de técnicos y profesionales, Australia se prestó deliberadamente, teniendo en consideración dos razones: una, que los tres agentes del Australian Secret Intelligence Service, ASIS, instalados en Chile, figuraban como funcionarios del Department of Labor and Immigration, posición que obviamente debían justificar con un número importante de flujo inmigratorio. Segundo, que los Estados Unidos habían implementado con éxito la sangría de profesionales y técnicos en Cuba después de su revolución de 1959. No es de extrañar entonces que a Chile se hubiera querido aplicar la misma medida, teniendo en consideración que los tres agentes de ASIS estaban directamente en colaboración con la US Central Intelligence Agency.

Estos dos hechos que, aunque tuvieron su origen en la administración anterior, fueron mantenidos en forma invariable por el gobierno de Whitlam, por lo menos hasta el violento derrocamiento del gobierno constitucional de Chile. En efecto, pocos días después del primer aniversario del golpe militar, la prensa australiana revelaba ante la opinión pública que:

The Herald reported from Washington yesterday that the Australian Secret Intelligence Service (ASIS) collaborated with the CIA in surveillance and liaison in Chile during the years 1970 to 1972.

It said the American Government had asked Australia to supply this assistance because US representatives in Chile came under close attention and suspicion following the election of the Marxist Allende Government en 1970.

Australia acted as a watch-dog on information from American intelligence operatives in Chile up to the election of the Labor Government, which ordered an immediate halt to the activities.

Esta situación fue confirmada posteriormente por el Senator J. L. Cavanagh del Australian Labor Party, Minister for Works en el Whitlam Government y representante de South Australia en el parlamento federal. El propio Whitlan admite que:

Early in 1973 I asked the current head, William Thomas Robertson [Australian Secret Intelligence Service], where his men were operating. When he informed me that there were two in Chile I asked what they were doing there. He said that in the previous April McMahon had agreed to their assisting the CIA, which feared that it might be exposed and expelled at any moment. McMahon had noted that the arrangement should be reviewed in a year’s time. I told him that I believed they had no business there. A month later I asked him what had been done about them and he told me that they were still there. I then specifically instructed him to tell the Americans to make alternative arrangements as soon as posssible. This time he was able to tell me within a week that our men were no longer working for the Americans and would be returning home.

Sin embargo, esta información es contradictoria y no corresponde a la verdad de acuerdo a los antecedentes que proporciona la Hope Royal Commission on Intelligence, cuyo informe precisa que:

the three agents, were handed back to the CIA on May 1, 1973, when “active operations ceased”. However, the senior ASIS operative stayed in Chile until July, while the operational assistant stayed until October – after the coup.

Clyde Cameron, Federal Minister for Labour and Immigration al momento del coup d’état en Chile, confiesa más tarde que:

ASIO agents were posing as immigration officials. … I was appalled to think that my own department was involved in this sort of work and that our intelligence agents in Chile were acting as the hyphen, if you like, between the CIA which weren’t able to operate in Chile at that time, with the CIA and the Pinochet junta which eventually murdered the democratically elected president and assumed power and have still got power there. Imagine my amazement when subsequently I received a letter from the Prime Minister [Mr Whitlam] saying that I was to take no further action in the matter, that I was not to withdraw ASIO agents even from Santiago in Chile and that nothing was to be done about it at all.

Si nada se podía hacer en materia de revertir la presencia en Chile de los agentes del servicio de inteligencia australiano, parece que tampoco se pudo detener la presión por abrir las puertas del país para recibir a los descontentos del proceso que se iniciaba en Chile. El Department of Immigration and Ethnic Affairs comenta de la existencia de una primera ola masiva de inmigración chilena a Australia producida como consecuencia de la elección presidencial de 1970. Damir Ivkovic, la divide en dos, la cuantifica y la describe:

This group, numbering about 1500 persons, comprised mainly middle class professionals who had left Chile for economic as much as political reasons. They had proficiency in English and did not use migrant hostels nor did they settle in ‘migrant’ areas. The election of Allende in late 1970 precipitated the second wave which, like the first, was composed of educated, middle class people with some capital and knowledge of English. This group numbered about 2000 persons.

Esta cantidad que fue en la práctica de 4.412 personas, como veremos más adelante, supera significativamente la inmigración chilena a Australia durante la administración de Whitlam posterior al golpe militar producido en Chile, la que alcanzó a la cifra de 3.205 personas.

Para corroborar nuestra aseveración, en el sentido de esta ambivalencia al interior del Labor Party y del Australian Government, es necesario tomar en cuenta algunos antecedentes que, a través de su lectura y evaluación, nos proporcionen una confirmación de la actitud. Para ello examinaremos tres aspectos, los cuales ofrecen una vía valedera de aproximación a nuestra reflexión. Creemos que es importante observar su discurso o retórica, su actitud frente al comercio bilateral y la política de la inmigración chilena implementada bajo su administración.

1.     La posición política del gobierno y su discurso frente al gobierno militar en Chile.

El Labor Government aparece inicialmente con una clara posición política frente al gobierno de facto instaurado en Chile. Whitlam no tardó en mostrar su abierta oposición al derrocamiento de Allende, como lo hemos consignado anteriormente. Whitlam, siendo el líder del partido, asume su representación en la Cámara de Diputados (House of Representatives). Similar actitud toma el Labor leader en el Senado, Senator Lionel Murphy, Minister for Justice, quien expresó ante el Parlamento su opinión: “All we can do is hope that democracy is speedily restored.”

La prensa comercial australiana se hacía eco de las distintas reacciones producidas en el partido gobernante, y con destacados titulares informaba, el día 14 de septiembre de 1973, que esta actitud de condena comprometía sólo a una parte del Labor Party:

Almost half the Government MPs in Federal Parliament protested strongly yesterday at the overthrow of the Allende Government in Chile. A telegram signed by 44 members of the Labor Caucus including eight ministers – was sent to the Chilean Amabassador, Mr. Julio H. Rietmuller.

Las distintas actitudes se hacen públicas. Las posiciones sobre la legitimidad o no del golpe militar en Chile, sobre el apoyo a las nuevas autoridades militares o su aislamiento completo e incondicional emergen. De los 81 miembros de Labor Cacus, solamente 44 se expresan por su condena y 31 deciden tácitamente apoyarlo. Se crea así un antecedente que permanece casi invariable durante 17 años.

Las corrientes internas del Labor Party crearon casi de inmediato un conflicto de proporciones. En efecto, el martes 9 de octubre de 1973, el Prime Minister anunció en conferencia de prensa que el jueves 11 el Gobierno de Australia reconocería oficialmente al régimen militar y que el Ambassador Noel Deschamps, llamado para consultas, no regresaría a Santiago, asumiendo dichas funciones en carácter interino el primer secretario de la Embajada. La reacción frente a esta medida fue inmediata. El miércoles 10 se constituyó en la sede del parlamento federal el Committee for Chilean Democracy, en el cual tuvieron representación parlamentarios, dirigentes sindicales, académicos y representantes del movimiento pacifista. El Labor Senator, por Queensland, George Georges, a su regreso de Helsinki, donde había asistido a una conferencia internacional de solidaridad con Chile, llamó, junto al Committee recién formado, a desconocer el régimen militar y a entregar todo el apoyo al movimiento internacional de solidaridad para detener la represión en Chile, obtener la libertad de todos los presos políticos y la pronta restitución democrática del país.

Simultáneamente, el día 9 de octubre:

A revolt developed in Government ranks yesterday over the announcement by the Prime Minister [Mr Whitlam] that Australia would recognise the new military régime in Chile. More than 25 Labor Ministers, MHRs and senators signed a petition urging the Government to withhold diplomatic relations. The petition said that the U.S. Government and the U.S. corporations mounted ‘economic aggression’ against Chile before the recent coup, in which President Allende was killed. … Among those who signed the petition are the Minister for Overseas Trade [Dr Cairns], the Minister for Aboriginal Affairs [Senator Cavanagh], the Minister for Secondary Industry and Supply [Mr Enderby], and the Minister for the Environment [Dr Cass].

El Gobierno se apresuró a sostener al día siguiente (10 de octubre) en la House of Representatives que el reconocimiento no implicaba una aprobación a las políticas del gobierno militar de Chile y que el reconocimiento se hacía después de consultas con gobiernos amigos, incluyendo México, Canada y Nueva Zelandia. Esa misma noche, el Labor Senator, Arthur T. Gietzelt, en una entrevista a través de la radioemisora ABC, con el periodista Richard Carlton en el programa “This Day Tonight”, acusó públicamente al Prime Minister:

Mr. Whitlam probably hasn’t considered the full implications of his actions. … He probably was advised by some of his senior advisors to take this step, the party has not been consulted and I doubt whether he’s properly appreciated the very strong feelings that exist in the Federal Parliamentary party and in the party generally about Chile; for example the New South Wales State Council, last weekend unanimously, 450 delegates decided to ask the Prime Minister not to recognise the military group. … It’s a very important principle that’s involved here, after all, it’s been the overthrow of a constitutional Government, a Government that’s pledged socialist principles, a Government that in every spirit of the law, carried out its constitutional responsibilities, it’s been overthrown, it’s a brother party, it’s a party affiliated to the socialist international, and I think we have some obligations to give them moral support in their hours of trial.

Ante las presiones de los parlamentarios laboristas de izquierda y de centro, el Prime Minister decide llevar “el caso Chile” a votación dentro del Caucus. En este proceso se logró conseguir que “many of the party’s opponents to the Chile régime dropped their stand to save Mr. Whitlam from the embarassment of the Caucus rebuff”. Whitlam ganó el apoyo de su decisión por 45 votos contra 24. Dentro de los miembros del Caucus que mantuvieron su firme posición se encontraban entre otros, el Senator Wheeldon (Labor, WA), chairman of the joint Parliamentary Committee on Foreign Affairs and Defence, además de Mr. Kerin, Member for Werriwa en la House of Representatives, quienes en definitiva negociarían con Mr. Whitlam una serie de aspectos relativos a Chile en que actuaron varios miembros del parlamento y del gabinete, incluyendo al Senator Tony Mulvihill y al Minister for Immigration Albert James Grassby sobre aspectos relativos a inmigración de chilenos y a la situación de los refugiados que quisieran establecerse en Australia.

El Minister for Overseas Trade, Jim Cairns, y el Minister for Labour, Clyde Cameron, tomaron la responsabilidad sobre materias relacionadas con el comercio bilateral; en este último caso, el gobierno aprobó tácitamente las decisiones del movimiento sindical australiano de declarar el embargo comercial a las ventas de trigo a la junta militar de Chile, con la salvedad de continuar normalmente el comercio en otros rubros. Por último, el Senator Donald Willisee, Minister for Foreign Affairs, comunicó a través de su Departamento a las delegaciones diplomáticas australianas la actitud del gobierno de condenar al régimen militar y de poner énfasis en el respeto a los derechos humanos, de acuerdo a la convenciones internacionales llevadas a cabo por las Naciones Unidas.

Esta posición no colmó las expectativas creadas en organizaciones políticas de izquierda, en organismos solidarios creados para prestar ayuda a los vencidos en Chile, ni mucho menos en el movimiento sindical. Se esperaba objetivamente mucho más. Sin embargo, el gobierno se apresuró en comunicar que su posición iba más allá de cualquier compromiso y que su retórica sobrepasaba con creces la mera condena formal que se había hecho. Comprometía al propio Prime Minister en una actitud personal:

You will no doubt recall that on September 13 the Prime Minister said that the overthrow of the constitutionally elected government of Chile would come as a profound shock to the Australian people and that, as a democrat and socialist, he was greatly saddened that men who had sworn to uphold the constitution of their country had betrayed a long and noble Chilean democratic tradition, of which Salvador Allende had been the authentic representative. … The Government’s view, which as you may know has been explicitly endorsed by the Parliamentary Labor Party, is that the decision to recognise any new government does not imply endorsement of the policies or actions of that government or support for its activities.

La lectura atenta de esta carta pareciera indicar que inmediatamente después del coup d’état en Chile, el Prime Minister y el Australian Government, que él dirigía, asumieron una actitud concordante con el contenido que este documento nos ofrece. En otras palabras, que la fuerza del discurso aquí utilizada se tradujo en una acción consecuente con el impacto producido.

¿Cúal es el resultado de la noticia que llega desde Chile? El triunfo de la insurrección militar le produce conmoción al Prime Minister, en su calidad de miembro de la sociedad australiana y en lo personal, como “demócrata y socialista”, gran amargura (greatly saddened) porque la tradición constitucional del país, de la cual Salvador Allende era su auténtico representante, ha sido traicionada. Se olvida que él consintió que tres agentes australianos de los servicios de inteligencia contribuyeran a crear la condición por la cual él siente amargura. Su gobierno reconoce al nuevo régimen, pero con dos condiciones: no aprueba sus políticas o acciones ni apoya sus actividades, pero está dispuesto a mantener relaciones diplomáticas con él y a continuar el comercio tradicional por pequeño que éste sea.

Pero junto con insistir en la posición de condena asumida por el gobierno del Labor Party, se agregan otros elementos. En carta dirigida, del 12 de julio de 1974 a Ken McLeod, Secretario Ejecutivo de la Association for International Co-Operation and Disarmament, se sostiene que:

The attitude of the Australian Government towards the present regime in Chile is well known. Australia was among the last countries to recognise the Chilean Government and Australia has on a number of occasions made known its opposition to the overthrow of the Allende Government and the subsequent treatment of detainees and refugees in Chile.

Every opportunity has been taken by the Australian Embassy in Santiago to register the concern felt in Australia at the plight of opponents of the present regime. The Embassy has also expressed to the Chilean authorities the Government’s concern in several cases where individuals were arrested and imprisoned.

The Embassy has been active in making representations on behalf of refugees, and has also been assisting Chileans wishing to emigrate to Australia. I enclose a paper tabled in the Australian Parliament which gives some details of these aspects.

Australia supported a resolution calling for protection of human rights in Chile at the Fifty-sixth Session of the United Nations Economic and Social Council held from 22 April to 17 May 1974, and the Australian delegation at the current International Labor Organisation Conference in Geneva has been instructed to adopt a similar stance. We shall maintain this and other forms of international pressure on the Government in Santiago to introduce more progressive policies and end the detention of former military and political leaders. As you will appreciate, the object of these measures will be to obtain practical results and this consideration will have to determine their nature.

You may rest assured that we are watching the situation carefully and will continue to press the Chilean authorities to ameliorate the plight of those unfortunate people who have suffered since the coup d’ etat.

Es decir, Australia es uno de los últimos países en reconocer al régimen militar. El predicamento es: si otros lo hicieron porqué no lo podemos hacer nosotros. Se crea preocupación por los vencidos y se les ofrece a algunos la posibilidad de emigrar a Australia. Según datos oficiales del gobierno, 55.591 solicitudes de emigración registra la Embajada Australiana en Santiago. Se apoya las resoluciones de condena por la violación a los derechos humanos y se mantiene una actitud vigilante sobre estas desafortunadas personas que han sufrido las consecuencias del golpe militar. Contradictoriamente, no se condena la ilegitimidad intrínseca del gobierno ni se hace público el conocimiento de que Australia era parte en la acción conspirativa del derrocamiento del gobierno de Allende.

Por esto creemos que el gobierno de Whitlam ofrece un cuadro diferente al que algunos sectores del Labor Party buscaron implementar o al que la opinión pública alcanzó a percibir sin haber conocido los entretelones agitados en esta marea. Si bien es cierto que a partir del 11 de septiembre de 1973 usó de una retórica pública para condenar al régimen militar instaurado en Chile, su actuación y compromiso frente a él estuvo lejos de las palabras utilizadas y de las espectativas creadas en varios círculos de la sociedad australiana, situación que puede observarse tanto en las relaciones comerciales de carácter bilateral, como en la respuesta al requerimiento de miles de chilenos de evitar la persecución y la amenaza de sus vidas encontrando santuario político en Australia.

En otras palabras, esta retórica no tardó en estrellarse contra una realidad diferente.

2. Las Relaciones comerciales con Chile entre 1973-75.

Las vinculaciones económicas entre Chile y Australia se remontan a los años 1853, cuando se produce la fiebre del oro en Australia. Una importante cantidad de trigo importado desde Chile creó hasta 1866 un incipiente comercio bi-lateral que pronto fue superado por los volúmenes alcanzados por la producción local. Este comercio continuó a fines del siglo pasado y comienzos del presente, fundamentalmente con la compra de carbón de piedra, embarcado en el puerto de Valparaíso y traído por naves mercantes hasta el puerto de Newcastle. En un momento, Chile llegó a ocupar el tercer lugar entre los proveedores de Australia, después de Inglaterra y Nueva Zelandia, situación que se vió drásticamente disminuída como consecuencia de la construcción del Canal de Panamá.

A partir de la instalación de la embajada australiana en Santiago en 1947 y cerrada dos años después, hubo una relación muy esporádica en el aspecto comercial. Al reabrirse de nuevo la sede diplomática en Chile en 1968 se fue produciendo un modesto incremento, fundamentalmente en la exportación de trigo, desde Australia hacia Chile (100.000 toneladas al año, subiendo esta cantidad en el período del gobierno del Dr Salvador Allende hasta 400/500.000 toneladas). A raíz del triunfo de la Unidad Popular, el gobierno de Australia organizó una línea de créditos que amortiguara el bloqueo de los Estados Unidos y promoviera más significativamente el comercio entre ambos países, tarea que correspondió a las gestiones personales del Dr Jim Cairns, Minister for Overseas Trade and Secondary Industry.

Por su parte, a Chile le interesaba abrirse a nuevos mercados y descentralizar su comercio exterior para hacer su economía menos dependiente de los Estados Unidos, fundamentalmente hacia Australia, Nueva Zelandia, Latinoamérica y países del área socialista.

Sin embargo, es difícil establecer con claridad los volúmenes exactos que se alcanzaron durante estos años. Los antecedentes sobre el período tabulados por el Banco Central de Chile y por el Australian Bureau of Statistics en Canberra no coinciden, observándose una diferenciación temporal (año calendario en Chile y año financiero en Australia); la estadística chilena lo hace en dólares americanos y la australiana en su moneda nacional; el valor del dólar presenta distintos valores en sus índices históricos; y por último, muchas empresas navieras después del golpe militar, las que se hicieron cargo del comercio entre ambos países, utilizaron el comercio indirecto para sortear con éxito el embargo impuesto por los sindicatos australianos, originando un comercio no contabilizado estadísticamente entre las dos naciones, ya que las partidas de embarque eran consignadas a terceros países, los que a su vez reembarcaban a sus destinatarios finales.

Hay otro elemento que debe ser tomado en cuenta en la documentación estadística de los antecedentes por parte del gobierno militar de Chile. El Banco Central ofrece cifras que están muy por debajo de los índices australianos, especialmente durante el gobierno de la Unidad Popular. No es extraño que ello ocurriera ya que, en varios órdenes de cosas, el gobierno militar falsificó los antecedentes reales para utilizarlos en su campaña de difamación contra el gobierno que le antecedió.

En la gráfica que se incluye más abajo, se puede observar un incremento del intercambio comercial. Partiendo de la administración anterior al gobierno del Labor Party (gobierno de la coalición Liberal-National Country Parties de William McMahon) las exportaciones e importaciones crecen significativamente. En otras palabras, durante la administración de Whitlam el comercio bilateral con Chile aumentó, no sólo durante el período de la Unidad Popular, sino que además siguió su curva ascendente durante el régimen militar. Este vendrá a declinar a partir del año financiero 1975-1976, cuando de nuevo asume el gobierno la coalición Liberal-National Country Parties. Sus índices más bajos tendrán lugar entre los años 1976 a 1978, produciéndose a partir de entonces un lento y estabilizador repunte que superará sus marcas a partir de 1986, cuando de nuevo encontramos a otro gobierno del Labor Party en la administración del estado.

A partir del gobierno de la Unidad Popular, Australia empieza a mostrar un interés notorio en las relaciones comerciales con Chile, pasando a ser este país el tercer socio en América del Sur, después de Brasil y Argentina.

Por otra parte debemos indicar que este intercambio comercial se dio fundamentalmente en la exportación australiana de combustibles, maquinaria y equipos, productos agrícolas, equipos de telecomunicaciones y cebada. Australia por su parte centró sus compras a Chile en harina de pescado, productos del mar, productos químicos, maderas, vinos, papel y cartón.

Al régimen militar le interesaba sobre manera continuar con este mercado, especialmente con la compra de trigo que había iniciado el gobierno de Allende, para lo cual envió sus emisarios a Australia.

El siguiente cuadro, tomado de los antecedentes de la Oficina de Australian Bureau of Statistics es muy indicativo al respecto.

Countries and Country Groups”, 1970-1981, pp. 3-24, Australian Bureau of Statistics, Canberra, Australia.

Con anterioridad al Gobierno del Presidente Allende, el comercio bi-lateral entre ambos países siempre fue muy bajo. Sus índices históricos, según el Banco Central de Chile, nunca superaron un intercambio total más allá de los 3 millones de dólares. En la década 1969-1970, nunca representó para Chile más del 1 por ciento del valor total de su comercio exterior, siendo su promedio del orden del 0.7 por ciento. Durante los años del Gobierno de la Unidad Popular, Chile buscó incrementar este porcentaje, llegando al 5.14 por ciento en 1973, como consecuencia de su política de diversificación económica. De esta forma, de un volumen total de $A 5.884 millones en 1969-70, se pasó rápidamente a $A 44.266 millones a fines del año financiero 1972-73. En el Labor Government se mantuvo esta tasa de crecimiento, cuya razón podría estimarse indistintamente en función de dos hechos: primero, que parte de este volumen hubiera estado en camino a Chile antes del golpe y segundo, que se desestimara la decisión de reducir este comercio. De este modo, inmediatamente después del coup d’état, 1973-74, se produce un intercambio del orden de los $A 43.521. De esta forma en los años financieros 1973-1974 y primer semestre de 1975 se mantiene el volumen de intercambio por la vía tradicional, además de un volúmen no contabilizado, como consecuencia del comercio indirecto al que previamente se ha hecho mención.

Los antecedentes oficiales del Australian Bureau of Statistics durante el período del gobierno de Whitlam y previamente a él, son los siguientes:

Sin embargo, se debe precisar que hubo una actitud asumida oficialmente por el Labor Government. Ello se originó gracias a la presión del movimiento sindical y a la actitud, nuevamente personal, del Minister for Overseas Trade, Dr Jim Cairns. El gabinete Laborista había aprobado a principios de 1973 avalar un préstamo con garantía del gobierno australiano, para que el Australian Wheat Board vendiera a Chile 300.000 toneladas de trigo a un valor de A$ 44 millones de dólares, ya que este organismo había acordado realizar la venta a Chile, siempre y cuando ésta fuera cancelada al contado. Ante la carencia de divisas en las arcas chilenas como consecuencia de las medidas desestabilizadoras de los Estados Unidos, el gabinete acuerda efectuar el préstamo y hacer la cancelación directa a los productores australianos.
En efecto, el 18 de septiembre de 1973, el Labor Government cancela el crédito pendiente y cierra el compromiso contraído con el gobierno de la Unidad Popular.

Mientras tanto y en forma paralela, el movimiento sindical iniciaba su propio hostigamiento económico como consecuencia del golpe militar y de la violación de los derechos humanos y civiles de gran parte del pueblo chileno. Los sindicatos marítimos anuncian el embargo a las embarcaciones de trigo, aún cuando el régimen militar lograra obtener el valor de pago fuera de Australia para hacer efectiva la compra de trigo. Los sindicatos del transporte establecen el boicoteo al Boeing 707 de LAN-CHILE el 10 de febrero de 1974 y el Canberra Labor Council decide impedir el abastecimiento de mercaderías, servicios y materiales a la sede de la embajada chilena en la Capital Federal .

El gobierno no interfiere inicialmente en esta actitud tomada por el movimiento sindical y lo deja actuar libremente a fin de no resentir el resto del comercio bilateral. En alguna medida esta acción industrial de los sindicatos marítimos podría ser observada como un triunfo de los sectores de izquierda y de centro del partido, además de organizaciones políticas y sindicales que presionaban por actitudes más concordantes con la retórica empleada por el Labor Government.

Esta situación de influencia del movimiento sindical en el gobierno parece preocupar al gobierno militar de Chile y decide enviar a Australia “con carácter de urgente” al Vice-presidente Ejecutivo de LAN-CHILE, General Germán Stuardos. Bajo la cobertura de negociar la llegada de los aviones Boing 707 de la empresa a territorio australiano, el General Stuardos, reunido a su llegada con la prensa, expresa:

We would be lucky if union officials from your country come to Chile and see what has happened and how much happier the people are now.

En definitiva, una delegación sindical australiana, sin la participación de los sindicatos marítimos, fue a Chile el 23 de marzo de 1974 y reunida con el Ministro del Interior, General Oscar Bonilla, recibió formalmente la petición de mantener por parte de Australia las ventas de trigo y permitir el ingreso de los aviones LAN-Chile en territorio australiano, situación en la que se venía insistiendo desde diciembre de 1973.
Los dirigentes sindicales, que se habían reunido con dirigentes sindicales y políticos que se encontraban en prisión, recibieron la misión de implementar el boicoteo a través del movimiento sindical internacional, tarea que oficialmente asume el movimiento sindical australiano y presenta ante la Tercera Reunión Internacional de la Comisión que Juzga los Crímenes de la Junta Militar en Chile, celebrada en Ciudad de México del 18 al 21 de febrero de 1975. Estos antecedentes son analizados más detenidamente en la tercera parte, cuando es tratada la solidaridad del movimiento sindical australiano con el pueblo de Chile.

Antes de la reunión de México, el gobierno australiano había recibido por distintos conductos el sentimiento consternado de los sindicatos del país frente a la situación chilena y las intenciones de continuar con el embargo mientras perdurara la violación a los derechos humanos y civiles y se mantuviera el régimen de facto. Es así como, compartiendo este sentimiento, el gobierno decide entrar en contacto con el Australian Wheat Board:

The Federal Government has told the Australian Wheat Board not to go ahead with a $40 millon wheat sale to Chile this year.

The Minister for Agriculture [Senator Kenneth Wriedt] has written to the board saying the Government would prefer it not to accept Chile’s order for 300,000 tonnes because of a union ban on shipping goods to Chile.

The board has accepted Senator Wriedt’s advice – despite concern that it might lose continuity of supply to the important Chilean market.

Chile has been Australia’s fifth or sixth best customer for wheat.

A spokesman for the Foreign Affairs Department said the government decision on wheat sales was “in keeping with its general attitude to Chile”.

Esta actitud, consecuencia de persistentes peticiones, no modificó el trato comercial sobre otros productos, los cuales siguieron saliendo para Chile o ingresando en Australia sin mayores dificultades, ya que el embargo de los portuarios se centró, durante este período, exclusivamente sobre las ventas de trigo.

3.     La política de inmigración.

La implementación de medidas sobre la inmigración chilena a Australia fue desde el comienzo del derrocamiento del gobierno constitucional de Chile una cuestión muy sensible para los sectores de izquierda y centro del Labor Party. Esta preocupación era extensiva también en los sindicatos más importantes del país y en las organizaciones políticas de izquierda (Communist and Socialist Parties). Todos ellos y en distintos momentos, expresaron ante las autoridades administrativas del país su inquietud por implementar un tipo de acción que permitiera rescatar, desde las sedes diplomáticas acreditadas en Santiago o bien de los campos de concentración, a chilenos, cuyas vidas estaban en serio peligro.

Australia había recibido con anterioridad, desde Chile, a los interesados en emigrar dentro de su política ‘normal’, diseñada por padrones pre-establecidos por el Ministry of Labour and Immigration, situación que era aplicada a cualquier ciudadano del mundo que quisiera establecerse en el país y obtener su residencia permanente; con la excepción ‘natural’ de un tratamiento diferente para aquellas personas que se acogían al estatus de refugiados de acuerdo a la definición proporcionada por el Alto Comisionado para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas.

Los chilenos interesados en emigrar, con anterioridad al coup d’état de 1973, debían someterse por lo tanto a las disposiciones pre-existentes. En estos términos se produjo un lento e intermitente proceso inmigratorio que es muy difícil de precisar exactamente por la escasa información estadística disponible.

A partir de la formación de la Federación Australiana se consigna que ese año, 1901, se encontraban viviendo en Australia 90 ciudadanos de origen chileno.
Sólo a partir del año financiero 1969/70 encontramos una mayor exactitud en las cifras, coincidiendo la documentación en precisar que hasta el presente se habrían producido tres olas inmigratorias: una durante la crísis política del gobierno Demócrata-Cristiano, otra como consecuencia de la elección de Allende, y la tercera a raíz del golpe de estado en septiembre de 1973.
Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, el Department of Immigration and Ethnic Affairs ubica las dos primeras olas inmigratorias en una sola, ya que el éxodo masivo se empieza a producir al final del gobierno demócrata-cristiano, cuando parece avecinarse el triunfo electoral de Salvador Allende.

La emigración hacia Australia, anterior a la elección del gobierno popular en Chile, no fue una inmigración masiva en términos generales de la población del país. El número de chilenos emigrados hacia Australia como consecuencia del cambio de gobierno en 1970 no significó una seria sangría para el país y, naturalmente, estuvo lejos de las espectativas promovidas por la conspiración externa.

Chile era por lo general un país que se había caracterizado por una situación inversa, es decir, había creado una política inmigratoria en su propio territorio, abriendo sus puertas para colonizar extensivos tierras en el sur con los colonos alemanes y en el norte chico con italianos. Además había dado cabida a ciudadanos de los países árabes. Después del triunfo de Franco sobre la República Española, el gobierno chileno dispuso de un operativo especial para darle albergue a miles de familias que se radicaron en Chile. Pablo Neruda, Cónsul General en España, coordinó dicho trabajo.

En 1814 se había producido por primera vez en Chile un fenómeno de emigración masiva a raíz de la reconquista española, cuyas cifras no se han cuantificado históricamente. El segundo fenómeno masivo de la emigración se produce a partir del 11 de septiembre de 1973. El 10 por ciento de su población se ve obligada a abandonar el país y a establecer su residencia en 42 países. Entre ellos se incluye Australia.

El siguiente cuadro ilustra, en términos generales, el número de chilenos llegados a Australia durante los años del gobierno militar en Chile. Se incluye además los años inmediatamente anteriores y posteriores, lo que permite formarse una idea lo más exacta posible sobre el número de chilenos que deciden establecerse en Australia.

Fuente: Bureau of Immigration and Population Reseach, 1991-92. Australian Immigration Consolidated Statistics in Spanish-Speaking Community Profile, p. 22. Statistical Report Nº 17, 1991-92. Table 22, p. 59. Consolidated Statistics, Commonwealth of` Australia, Nº 8, 1993, Table 16, p. 33, 1983-1992.

Las presiones hacia el gobierno de Whitlam para tratar a la inmigración chilena en forma diferente se vieron intensificadas. El Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas solicita de las autoridades australianas hacerse presente ante la dramática situación que viven miles de chilenos hacinados en delegaciones diplomáticas en Santiago. Se crea de esta forma, en ciertas esferas del gobierno y del parlamento, una actitud compartida de preocupación por rescatar a los chilenos que son perseguidos o que han debido abandonar su país de origen y buscar santuario transitorio en naciones de Lationamérica. Veamos algunos antecedentes:

El Minister for Foreign Affairs, Donald Willesee, informa el 11 de septiembre de 1974 al Minister for the Environment and Conservation, Moss Cass, que las cifras oficiales que posee el gobierno australiano sobre la inmigración chilena son las siguientes:

Esta inmigración corresponde al período inmediatamente anterior al golpe de estado en Chile, ya que los nuevos residentes, desde septiembre a diciembre de 1973, se encontraban viviendo en Australia con visas temporales de turistas o simplemente en carácter de ilegales. Es decir, aquí podemos observar curiosamente cómo Australia recibe durante el gobierno del Dr Allende a 3.728 chilenos, cantidad que en el censo de población de 1954 era de apenas 265 y en el de 1961 de 487 chilenos. Si a la cifra total de 4.621 descontamos los 813 chilenos llegados en 1969/70, quiere decir, de acuerdo a la estadística del censo población de 1971 (3.760 chilenos) que la inmigración chilena antes de septiembre de 1970 había sido sólo de 861 chilenos. Es decir, un índice histórico continuo que aumenta bruscamente con la cantidad de chilenos llegados a partir de 1970, año de la elección del gobierno de Salvador Allende.

Esta situación provoca algunas dudas. ¿Es que los agentes de inteligencia se habrían prestado también para provocar un éxodo masivo de técnicos y profesionales del país? ¿Cómo se explica este inusitado número de inmigrantes chilenos que llegan a Australia durante el gobierno de la Unidad Popular? ¿Cómo se justifica esta segunda ola inmigratoria a que hace mención Ivkovic cuando sostiene: “the second wave which, like the first, was composed of educated, middle class people with some capital and knowledge of English“? [énfasis añadido]. Es legítimo preguntarse entonces ¿por qué los agentes de inteligencia prestados a la CIA fueron funcionarios del Department of Immigration and Ethnic Affairs y no de otra repartición del estado?

El Minister Willesee agrega en su nota que durante el mes de octubre de 1973 hasta fines de junio de 1974, el número de chilenos que había presentado solicitud a la embajada australiana en Santiago para emigrar a este país, era del orden de 55.591 como lo hemos señalado anteriormente. Sin embargo, la respuesta proporcionada por el Labor Government estuvo muy lejos de satisfacer esta demanda. Durante los años financieros 1973-74 y 1974-75 (Whitlam cesó en sus funciones en noviembre de 1975), el resultado está lejos no sólo de las solicitudes presentadas en la embajada en Santiago, sino también del espacio creado para los chilenos dentro de las cifras totales de inmigración aceptadas por este Labor Government. Antes de analizar estos aspectos, veámos las cifras que nos entregan las estadísticas:

La renuencia australiana para satisfacer el requerimiento de las 55.591 personas que deseaban emigrar se fundamentaba en que Australia no otorgaba asilo político en sus representaciones diplomáticas por una interpretación legal hecha sobre la disposición de la Corte Internacional de Justicia en el sentido que la aplicación de dicha medida involucraba una derogación de la soberanía del país anfitrión. Según esta interpretación, la inmunidad diplomática se perdía y se facultaba a las autoridades chilenas para detener y desalojar a aquellas personas que hubieran ingresado a esa legación diplomática, perdiendo el ofensor (en este caso Australia) la jurisdicción de su estado territorial por la intervención en asuntos que son exclusivamente competentes del estado anfitrión. Al no ser Australia signatario de la Convención, como lo eran muchos países latinoamericanos entre ellos, la embajada australiana no estaba en condiciones de garantizar la seguridad personal de los ocupantes, los cuales podrían permanecer en una virtual encarcelación por tiempo indefinido.

A riesgo de estas preocupaciones australianas, muchas embajadas europeas acreditadas en Santiago corrieron el riesgo de otorgar santuario político a miles de chilenos. Tal es el caso concreto de la embajada de Francia, que sin ser signataria de la Convención con Chile, abrió sus puertas para los chilenos perseguidos, entre los cuales se encontraba al autor de este trabajo.

Los requerimientos del Alto Comisionado para refugiados a las autoridades australianas, más el visible malestar de varias legaciones diplomáticas acreditas en Santiago, determinaron en definitiva que Australia se incorporara en alguna medida a la tarea que habían asumido países occidentales (las embajadas de los países de Europa oriental fueron clausuradas y sus cuerpos diplomáticos expulsados del país. Similar situación tuvo que afrontar la legación de Cuba). Para ello se acudió a una interpretación de la definición contenida en la Convención de Naciones Unidas para el “Estatus de Refugiados” que, en el caso de Chile, según el gobierno australiano, se podía aplicar a dos categorías de personas. En primer lugar para aquellas personas que se encontraban en ese momento en centros de refugiados bajo el amparo y protección del Alto Comisionado de la ONU y segundo, para extranjeros que solicitaban del Alto Comisionado el estatus de refugiados, o que habiéndolo tenido con anterioridad deseaban cambiar de residencia. En este último caso debía considerarse también a chilenos que hubieren alcanzado santuario temporal en países vecinos.

De esta forma y con estos antecedentes se hace pública la declaración:

The Australian Government has not set a limit to the number of refugees to come here from Chile. The Foreign Minister in his reply to the initial appeal from the HCR said that Australia was ready to accept applications without quota restrictions. … Everything possible is being done to facilitate the entry into Australia of refugees who wish to settle here from both the categories mentioned. Our Embassy in Santiago has been instructed to apply our normal migration requirements and procedures sympathetically, and to ensure that no undue obstacles are encountered on the part of the applicants. Assisted passage is being granted to those eligible for it. The same instruction has been given to the Australian posts in neighbouring countries where some refugees are in temporary sanctuary.

La primera medida, de acuerdo a este comunicado público fue otorgar estatus de residentes a 50 chilenos que se encontraban sin visa de permanencia en el país (turistas y/o ilegales), los cuales no vivían en Chile el día 11 de septiembre de 1973, ya que los dos primeros chilenos en llegar a Australia después del golpe, arribaron el 29 de enero de 1974.

La masiva e inusual intención de emigrar a Australia se produce obviamente como consecuencia de los acontecimientos políticos y del S.O.S. enviado por el Alto Comisionado para Refugiados en diciembre de 1973. Las Naciones Unidas había hecho presente al gobierno australiano que las misiones diplomáticas en Chile, signatarias de la Convención para el Asilo Político, habían otorgado hospitalidad a varios cientos de personas y que éstas se encontraban en la actualidad agotadas en su capacidad y no estaban ya en condiciones de extender esta prerrogativa. Con estos antecedentes el propio Primer Minister ordenó a la embajada australiana en Santiago que otorgara asilo a aquellas personas que lo requirieran; situación que el gobierno militar rechazó el 11 de diciembre, haciendo público el anuncio que no respetará el derecho de asilo en aquellas delegaciones que no sean signatarias de la Convención. Esta amenaza, naturalmente no se cumplió, ya que las legaciones europeas de occidente siguieron recibiendo asilados.

Sin embargo las autoridades australianas ofrecieron ayuda a misiones diplomáticas en Santiago, signatarias de la Convención para el Asilo Político, procurando contribuir con su asistencia y apoyo a la solución del problema. Para ello el país otorgó residencia permanente a 110 extranjeros que vivían en Chile y que fueron protegidos por el Alto Comisionado para Refugiados, UNHCR. Estos se encontraban en un campo de refugiados en la localidad de Padre Hurtado. Por otra parte, 275 refugiados chilenos fueron aceptados por Australia, de los cuales 167 se encontraban en el Perú y 108 en la Argentina. Todos estos fueron asistidos con residencia permanente. Con el estatus de inmigrantes, otra categoría denominada en jerga australiana “Chilean Duress Cases”, se aceptó a 207 personas, que sin tener la condición de refugiados de acuerdo a la definición de la ONU, se les otorgó visa de entrada permanente por “the political climate is unfavourable to them”.

A comienzos de septiembre de 1974 los diarios informan que se ha creado una nueva campaña para asistir y traer a Australia a chilenos y chipriotas que deseaban inmigrar por las condiciones políticas existentes en sus países de origen. Efectivamente, el día 3 de septiembre de 1974, el Minister for Immigration, Clyde Cameron, anuncia en conferencia de prensa que una comisión australiana de alto nivel visitará Chile, los países de América del Sur y Chipre para traer refugiados con el estatus de inmigrantes por sobre las cuotas normales programadas para la inmigración del año financiero. Los periodistas sostienen que Mr Cameron habría dicho:

…consideration would be given to the problem of the war refugees in Cyprus and the political refugees from Chile for humanitarian reasons. … Australia has a tradition of helping with refugee problems. When this is completed (the technical mission to South America) consideration will be given to the migration of refugees from the Right-wing Chilean Government. Some had migrated to Australia from Chile already, but others had fled to neighboring [sic] countries and might need help. The Federal Government pledged to do whatever it could to help whatever number it is within our economic capacity to help.

La comisión de alto nivel nombrada por el gobierno australiano estaba integrada por Mr. M. B. Deogh, Assistant Secretary of the Labour Department, Mr J. P. Devereaux, federal president of the Amalgamated Metal Workers’ Union, Mr C. O. Dolan, federal secretary of the Electrical Trades Union and Mr G. W. Walmsley, representante del Employers’ Central Trades Committees. Sin embargo, según informa The West-Australian el día 20 de septiembre de 1974: “The Chilean military régime has told the Federal Government that an Australian technical mission now touring South America would not be welcome in Chile.”

Poco antes de partir esta Comisión, el propio ministro Cameron recomendó a sus integrantes que “he would appreciate it if the mission took into account the humanitarian problems of Chilean refugees wherever they were in South America”.

Estas razones humanitarias expuestas por él eran, sin lugar a dudas, el acuerdo de una posición compartida por la corriente de izquierda del Labor Party. Este sector sostenía que Australia debía ir más allá de su política tradicional de inmigración, en el sentido de no tratar el problema como una mera cuestión utilitaria, concebida en términos de importación de mano de obra desde el extranjero, sino que además el Labor Government debía incorporar otros criterios de selección, incluyendo las razones humanitarias. Era, naturalmente, un posición más amplia y al cual se oponían sectores de derecha del laborismo, para quienes la inmigración debía ser mirada solamente desde un punto de vista económico. El propio ministro Cameron fue una de las personas que en este sentido contribuyó a modificar este criterio tradicional, siendo el autor del denominado “Statement on Australian’s position regarding refugee and migrant applications from Chile” entregado al Parlamento Federal el 21 de marzo de 1974, cuya base servió para que a fines de 1981 se estableciera el Special Humanitarian Program, SHP, cuya vigencia perdura hasta el día de hoy.

El interés personal del Minister for Labour and Immigration por esta nueva visión humanitaria para tratar el problema de la inmigración, les significó una ardua lucha al interior del Labor Party. En este proceso el sector de izquierda del laborismo debieron buscar, dentro del gabinete de Whitlam, mayorías de consenso que les permitieran ampliar y modificar la política pre-establecida para dar cabida a ciudadanos chilenos, cuyas características presentaban condicionamientos distintos: detenidos en campos de concentración, asilados en otras embajadas, santuario transitorio en terceros países y/o ocultos dentro de su país por temor a las represalias. Según el ministro, criterio que al final se impuso, todos ellos debían recibir el tratamiento de refugiados y ser asistidos económicamente por el gobierno o por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que pudieran abandonar el país y ser trasladados a Australia. De esta forma, a muchos inmigrantes, tratados como refugiados propiamente dicho, se les concedió el valor de sus pasajes y se les otorgó el derecho a ocupar provisoriamente instalaciones habitacionales proporcionadas por el gobierno federal (hostels). El propio Cameron deja constancia de las actividades en que se vió envuelto para solucionar el problema de los chilenos:

I have discussed the plight of refugees with the Minister for Foreign Affairs, Senator Willesee. He shares my anguish for their plight and between us we will be doing whatever we can do to help whatever number it is within our economic capacity to help.

Simultáneamente, desde el parlamento, tanto senadores como miembros de la House of Representatives de los sectores de izquierda y centro del laborismo, hacían llegar cartas a los ministros insistiendo en la necesidad de agilizar y resolver el problema de los refugiados y de los posibles inmigrantes chilenos. Esta situación era también presentada por los partidos políticos de izquierda, por varios sindicatos y por las organizaciones de solidaridad, existentes a ese momento en todas las capitales estatales, con la excepción de Hobart, en Tasmania.

Poco antes de la destitución del Labor Government, el 11 de noviembre de 1975, nos encontramos con una política inmigratoria diferente, que además de conservar los criterios anteriores, incluye oficialmente el problema humanitario dentro de ella. Así lo hace saber el secretario privado del Minister for Foreign Affairs al Senator Tony Mulvihill del estado de New South Wales y presidente nacional de los Comités de Solidaridad con Chile. En efecto, Mr. Alan Oxley, proporciona al Senator Mulvihill un resumen de la inmigración chilena en Australia durante el Labor Government e incluye el criterio adoptado de razones humanitarias para solicitar al Gobierno de Chile la libertad de presos políticos individuales, ofreciendo simultáneamente su hospitalidad en Australia, como fue el caso de la señora Angela Bachelet y de su hija Michelle.

De esta forma, el señor Oxley concluye que desde octubre de 1973 hasta mayo de 1975, vale decir, tres meses antes del cambio de gobierno en Australia, se había otorgado, fuera de los casos mencionados anteriormente, residencia permanente a 2.476 chilenos, mientras se procesaba otra lista de peticiones de ingreso, a través del Labour and Immigration Office, en la ciudad de Brisbane. Dicha lista había sido entregada por el Committee for Solidarity with the Chilean People, bajo la firma del Senator George Georges, miembro del Parlamento Federal por el estado de Queensland.

La lista, que fue cursada posteriormente, ubicó a 24 familias chilenas en Brisbane, las cuales recibieron una calurosa recepción por parte del movimiento sindical y del Labor Party en ese estado; no así del gobierno de Queensland, formado por la coalición Liberal-National Country Parties, que no mostró ninguna simpatía para con ellos, como veremos más adelante.

CAPITULO Nº 5

El gobierno de Malcolm Fraser y la coalición Liberal-National

Country Parties (1975-1983)

Con la destitución de Gough Whitlam, el 11 de noviembre de 1975, asumió la dirección del gobierno australiano en forma interina (caretaker), el líder de la coalición Liberal-National Country Parties, Malcolm Fraser, ganando posteriormente las elecciones federales el 13 de diciembre de 1975. Se mantuvo en el poder hasta el 5 de marzo de 1983, cuando fue derrotado electoralmente por el laborista, Bob Hawke.

Durante su período gubernamental en Australia transcurren ocho años de gobierno militar en Chile. ¿Cuál fue su actitud? ¿Hubo cambios significativos en la política exterior sobre Chile conducida anteriormente por el Labor Government? A estas cuestiones trataremos de responder a continuación, tomando en consideración los tres aspectos que hemos analizado en el capítulo anterior: el discurso sobre la situación chilena, el comercio bilateral y la inmigración chilena en Australia.

1.     La posición y actitud política del gobierno.

Se puede constatar que cambios significativos no hubo en relación al manejo de las relaciones con Chile. El discurso de condena a la violación de los derechos humanos se mantuvo, aunque en forma esporádica, ya que la presión internacional del “caso chileno” fue perdiendo actualidad por la emergencia de otros fenómenos políticos y sociales que pasaron a ocupar las primeras páginas de los medios de comunicación. Por otra parte, la junta militar se había consolidado en el poder y su represión era más selectiva y sus métodos más sofisticados. La oposición chilena mostraba desarticulación y debilidad como causa de la intensa represión desatada por el régimen contra ella, la que había sido generalizada en los primeros años de gobierno militar. Desde el interior de Chile la posibilidad de levantar una alternativa era casi nula hasta 1983, cuando nacen las protestas masivas, y sólo la fuerza y pujanza del exilio chileno, en conjunto con las organizaciones solidarias de muy distintos y diversos países, procuraba abrir espacios para la revitalización de la oposición con el énfasis puesto en el respeto a los derechos humanos y civiles de la población. En este sentido la comunidad chilena en Australia jugó también un papel importante en mantener vivo el problema de su país, convocando continuamente a las organizaciones políticas y sociales del país a nuevos y constantes esfuerzos de solidaridad con sus compatriotas. Muchos de ellos se convirtieron en un verdadero nervio motor de la solidaridad, los cuales a su vez eran requerido para hablar y expresar sus experiencias personales en muy distintos medios y estructuras de la sociedad australiana.

Sin embargo, fuera de este cuadro sombrío que cubría al país y de las escasas espectativas por un cambio de administración en Chile, Australia mantuvo una posición en su política internacional comparable en alguna medida con la política de las naciones europeas de occidente.

La imagen del régimen autoritario instalado en Chile servía como estereotipo de acciones anti-populares y la figura de Pinochet era normalmente comparada con las dictaduras de Idi Amin en Uganda y Anastasio Somoza en Nicaragua (por lo menos hasta el triunfo de la revolución sandinista). En Australia también se recurría a usar retóricamente esta semblanza ante medidas impulsadas por el gobierno de Fraser y cuyo efecto provocaba malestar en el movimiento sindical del país. Robert Hawke, President del Australian Council of Trade Unions, ACTU y más tarde Prime Minister, lo decía abiertamente en la demostración contra el presupuesto nacional el 21 de noviembre de 1978 en la entrada del Federal Parliament, delante de 4.000 personas, evaluando el gobierno del Prime Minister Fraser desde el punto de vista de los trabajadores con estas palabras: “In the world labour view, Australia is now rated with Chile and other nations with a reputation for suppression”.

En esta situación generalizada de condena a la violación de los derechos humanos, influía significativamente la política de su aliado más importante, los Estados Unidos de América que, a través de su presidente, Jimmy Carter, promovió una política internacional sobre derechos humanos durante sus cuatro años de administración, 1977-1981. No estaría completo este cuadro si no se incluyera en él la presión y vigilancia constante del movimiento de solidaridad australiano con Chile, más el peso y gravitación en la política australiana del movimiento sindical, especialmente de algunos sindicatos, como los marítimos, metalúrgicos, del transporte y de la construcción, que junto a la Australian Teachers’ Federation, se mantuvieron siempre en una actitud de simpatía y vigilancia con respecto a sus posiciones anteriores. En razón a la verdad, la junta militar nunca dejó de ser observada o vigilada en sus actitudes por un importante sector de la comunidad australiana, situación que obligó en gran medida a que el gobierno no pudiera evadir el problema o silenciarlo; por el contrario, debió entregar una respuesta proporcionada a las presiones que recibía.

Con un mes y seis días en el gobierno, la coalición Liberal-National Country Party, el 17 de diciembre de 1975, entrega su condena al régimen militar de Chile en la Sesión de la Asamblea General de la ONU, cuya votación arrojó el siguiente resultado: 90 votos por la condena, 11 en contra y 23 abstenciones.

El 3 de marzo de 1976, el gobierno australiano deploraba la práctica de la tortura en Chile como consecuencia del tratamiento degradante a que había sido sometida la Dra. Sheila Cassidy, de origen británico y ex-estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sydney, cuyo caso alcanzó una notable publicidad en los medios de comunicación del país. El Minister for Foreign Affairs, Andrew Peacock, daba cuenta a la nación que Australia había apoyado la Resolución las de Naciones Unidas condenando esta práctica y anunciando que el gobierno continuaría apoyando este tipo de resoluciones en el foro internacional si el gobierno de Chile no corregía esta costumbre:

Australia had previously supported United Nations resolutions condemning the use of torture in Chile, he said.

Mr Peacock was answering a question from Mr D. Chipp (Lib Vic) who asked whether he had seen a report dealing with a British surgeon, Dr Sheila Cassidy, and hideous tortures in Chile.

Mr Chipp said the report stated that the utmost brutality had become routine under the present regime.

He asked whether, if the report verified allegations of brutality, Mr Peacock would give an assurance that Australia would condemn and denounce such procedures in the loudest of terms.

Mr Peacock said he and his department would study the report.

“I would point out that the Government deplores the use of torture wherever it may occur, and we are not selective in saying so”, he said.

“The Australian Government has previously supported resolutions in the United Nations condemning the use of torture in Chile, and will continue to support resolutions calling for improvement in the respect for and observance of all human rights in that country”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores no sólo estudió el informe, sino que además, los sindicatos y los comités de solidaridad con Chile proporcionaban nuevos y estremecedores antecedentes. De esta forma, su voz no tardó en expresarse una vez más en el foro internacional más importante. El gobierno de Australia decide patrocinar el 16 de diciembre de 1976, la resolución sobre la “Protección de los Derechos Humanos en Chile” adoptada inicialmente por el Comité Tercero y más tarde por la Asamblea General de la ONU. La junta militar fue condenada por 95 votos contra 12 y 25 abstenciones. El representante de Australia usó de la palabra en el Comité Tercero el 17 de noviembre de 1976, expresando la esperanza que el mandato del grupo ad-hoc designado para investigar las violaciones a los derechos humanos en Chile se mantuviera y que el gobierno militar debía cooperar con él. Comentando el “Informe Allana”, el representante australiano, Chris Lamb, sostuvo:

On all the best evidence available to us we are (further) [sic] unable to conclude that the report is substantially at variance with the facts. It can be expected that a report by a group which has not visited the country will contain inaccuracies, but we do not regard the possibility of some inaccuracy as itself sufficient ground for discounting the principal conclusions.

Parlamentarios del gobierno, entre de los cuales se contaban algunos Ministros de Estado de la Coalición Liberal-National (Country Party), se suman a la condena contra el régimen militar en Chile adoptada por una Resolución, en la Sesión Nº 120, de la Unión Parlamentaria Mundial, celebrada en Canberra el 15 de april de 1977, sobre la base de un informe preparado por un grupo especial designado por dicha Unión el 1 de octubre de 1976 en Madrid, que fue aprobada por 82 votos, 0 en contra y 2 abstenciones.

De nuevo Australia concurre con su voto en la Asamblea General de la ONU, el día 19 de diciembre de 1977. La Resolución para condenar la violación de los derechos humanos en el país por parte de las autoridades chilenas registra una votación de 96 países por la condena, 14 en contra y 25 abstenciones.

La dictadura militar chilena acorralada por la presión internacional y por las condenas que se suceden unas después de otras, intenta infructuosamente romper su aislamiento. Busca formas que le permitan abrir espacios dentro de gobiernos conservadores de otros países o de aliados estratégicos de los Estados Unidos de América. Con esta finalidad una delegación chilena, presidida por la directora de la Oficina de Turismo, Liliana Mahn, llega a Australia el 31 de agosto de 1978 para negociar en nombre del gobierno militar la llega de los aviones LAN-Chile a territorio australiano. Su viaje no tiene éxito, ya que “(Its) application has been frozen by the Australian aviation policy review.”

Por otra parte, no fue ignorada la intención del General Pinochet de hacer escala técnica en Sydney en su malogrado viaje a las Filipinas a fines de marzo de 1980 (entrevistas del autor con dirigentes sindicales australianos así se lo expresaron). Ante la negativa de su requerimiento por parte de las autoridades australianas, debió modificar su itinerario y aterrizar en Fiji, lugar donde fue informado abruptamente de la cancelación de su visita, debiendo regresar casi de inmediato a su país, en medio de una significativa muestra de solidaridad con el pueblo de Chile por parte del gobierno y de la población de Nandi y de Suva, situación que los medios de comunicación en Australia informaron profusamente.

Esta posición persistente del gobierno de Fraser por condenar la violación de derechos humanos en Chile, eco indiscutido de la política de Jimmy Carter en los Estados Unidos y de las presiones locales, provocó también dentro de la coalición gobernante no pocas fisuras en sus estructuras de dirección. Los ‘blandos’ (wets) y los ‘duros’ (drys) se enfrentaron con rigidez en ciertas ocasiones, cuando unos abogaban por mantener esta política vigilante y otros por ignorarla completamente.

Tal es el caso de dos connotados representantes del National Country Party, ubicados dentro de los duros de la coalición, el Premier de Queensland, Joh Bjelke-Petersen y el Deputy Prime Minister, Doug Anthony. El primero había dirigido, entre otras cosas, una carta al Prime Minister Malcolm Fraser el 22 de enero de 1978 comunicándole que un grupo de chilenos que habían llegado como refugiados a Queensland eran “highly dangerous and should be returned to their country”. Fraser, a través del Minister for Immigration and Ethnic Affairs, habría contestado, según la información periodística:

None of the 44 named by the Queenslanders had committed any offence that would justify deportation … so Bjelke-Petersen was fobbed off with a bland letter.

Anthony usaba la tribuna en la House of Representatives el 20 de octubre de 1981 para elogiar al gobierno militar del General Pinochet, “describing it as a ‘sensible regime’ which had the respect of the people and the confidence of investors”. Además de recibir la fuerte protesta de los miembros de la oposición y la réplica documentada de Mick Young, Labor for Port Adelaide con los informes de Amnistía Internacional y otras organizaciones sobre las condiciones de Chile, produjo mofa entre de sus propios colegas. Después de este hecho, la prensa informaba que la intervención de Anthony había provocado irrisión en el parlamento, “Even Mr Fraser was forced to smile at this”.

Es decir, como consecuencia de las presiones, la retórica se mantuvo durante el gobierno de Fraser y los duros debieron en definitiva aceptar un tratamiento condenatorio a la violación de los derechos humanos, cuyas recomendaciones provenían en gran medida de afuera del país. Pese a la dureza del lenguage utilizado, el contacto con el régimen militar se mantuvo y las relaciones económicas, reducidas como consecuencia de las presiones sindicales, continuaron desarrollándose.

2. El comercio bilateral con Chile en la administración de Fraser.

Sin lugar a dudas que el problema del intercambio comercial durante el período del gobierno de la coalición Liberal-National Country Parties fue una de las cuestiones más discutidas. Lo que está meridianamente claro es que el sector empresarial, junto a los duros de la coalición Liberal-National Country Parties, empujaron fuertemente para que las medidas restrictivas impuestas por el movimiento sindical perdieran su efecto.

La insistencia del Australian Wheat Board al presidente de la ACTU, Robert Hawke, ubicado dentro del sector de derecha del Labor Party (sindicalista distanciado de posiciones que involucraran al movimiento sindical con determinadas ideologías de clase), no se detuvieron. Este organismo empresarial requería que el boicot impuesto a Chile e Indonesia fuera desestimado. Hawke llevó al Consejo de la ACTU dicha proposición argumentando que había cuatro razones para levantar el boicot a Chile: primero, que Australia podría perder todo el mercado que tenía con Chile; segundo, que el embargo era inoperante y que no se justificaba ya que fuera de Australia, Nueva Zelandia era el único país que lo mantenía; tercero, que era ridículo que Australia no negociara con un país mientras el resto lo hacía y cuarto, que los efectos de su mantención provocaba en el desempleo de los australianos. Con estos argumentos, el Ejecutivo de la ACTU decidió levantar el embargo el 17 de febrero de 1977 en su reunión ordinaria en la ciudad de Brisbane. Sin embargo, los sindicatos marítimos acordaron continuar con él, pasando por sobre la resolución del consejo de la ACTU.

Las presiones empresariales fueron encontrando nuevos aliados a sus intenciones de revertir esta medida. Dentro de la propia ACTU, jugó un papel muy importante, Mr Kevin Day, Executive Director of ACTU-TNT Travel Pty Ltd, y ex ejecutivo de la International Telephone and Telegraph, ITT. Day no ocultaba su admiración por sus antiguos empleadores. En efecto, el 1 de junio afirmaba en Sydney después de su arribo desde Europa que “As far as I can determine, ITT did the correct thing [in Chile]. … It appealed to its government for help as I feel any American or foreign company should. I worked for a very fine company in ITT and I work for a very nice company now, ACTU-TNT Travel Pty Ltd.” Ivan Hodgson, Assistant Secretary de la Transport Union, manifestó frente a estas declaraciones que Mr Day debía se despedido por sus comentarios: “With his background, Mr. Day is not fit to hold the position as head of the ACTU enterprise. ITT worked with the CIA to help overthrow the Allende Government in Chile. I have no idea of Mr Day’s associations, but what a position for a potential CIA man – right at the centre of the Australian trade union movement.”

El 14 de diciembre de 1977, Mr Hawke apelaba de nuevo a los sindicatos marítimos para que levantaran el embargo. Sin embargo la actitud de dichas organizaciones se mantuvo. Detalles de esta situación son analizados más adelante, en la tercera parte, cuando tratamos la respuesta del movimiento sindical australiano a la solidaridad con el pueblo de Chile.

La situación mantenida prácticamente en un status quo busca ser reactivada por el gobierno australiano a través de Export Finance and Insurance Corp., quien ofrece al gobierno de Chile reasumir las facilidades crediticias para la compra de mercaderías australianas. En una reunión sostenida en Santiago, según informa Financial Review de Sydney, el 1 de febrero de 1979, Mr C. M. Toop, gerente de la EFIC, mantiene conversaciones con el gobierno de Chile “on the terms of the new credit line to operate between Australia and Chile. His trip coincides with moves to finalise Chile’s discharge of trade debt to Australia of $500.000”.

El embargo mantenido por los sindicatos marítimos sobre las ventas de trigo forzó tanto a los importadores como exportadores a buscar caminos alternativos de intercambio, situación que ha sido explicitada anteriormente. Otros, sin embargo, visualizaron en estas operaciones comerciales un riesgo difícil de sortear, pensando que en cualquier momento los sindicatos marítimos podrían extender este embargo a la totalidad del comercio bi-lateral, situación que, en nuestra opinión, viene a justificar el rápido descenso de los volúmenes alcanzados en los años del Labor Government.

El siguiente cuadro, según el Australian Bureau of Statistics, muestra una relación comparativa del comercio bilateral durante la administración de Fraser.

Este escaso volumen de intercambio comercial, más un pequeño incremento que se empieza a desarrollar en los primeros años del Labor Government de Hawke, a partir de 1983, sería usado por el sector de centro izquierda como una herramienta de presión para la defensa de los derechos humanos y civiles en Chile.

La administración Fraser inicia abiertamente una negociación para reasumir la ayuda financiera y crediticia, junto con empezar una propección para las inversiones australianas en Chile, situación que pasará a concretarse en la administración siguiente. Las empresas australianas viajan a Chile con la aprobación tácita del gobierno, sin que éste presente dificultades por la violación a los derechos humanos que allí se cometen.

3. La política australiana de la inmigración chilena en el gobierno de Fraser.

Durante la administración de Fraser, la immigración chilena disminuyó cuantitativamente como consecuencia de una abierta política de bloqueo hacia los “izquierdistas chilenos” que esperan inmigrar hacia Australia. Fue un proceso gradual que se vió obstaculizado inicialmente por la formulación de una política nueva, de carácter humanitaria, impulsada por el ministro Cameron en la administración de Whitlam, además de un compromiso contraído por Australia con el Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas, cuya rápido abandono habría significado en ese momento un serio traspiés para las relaciones internacionales del país.

Hubo personas dentro del gobierno, los duros concretamente, que impusieron la política de revertir estos índices históricos de la inmigración, ofreciendo como alternativa volcar los mayores esfuerzos hacia la inmigración del sureste asiático, especialmente una vez terminadas las guerras en Vietnam, Laos y Cambodia. Con ello se buscaba asegurar una votación conservadora que le proporcionara mayor estabilidad electoral a la coalición Liberal-National Country Party en el supuesto que esta ola inmigratoria proveniente de países con gobiernos de inspiración marxistas no entregaría su apoyo al Labor Party, identificado retóricamente con posiciones más radicales.

Al final este criterio se impuso, habiendo contribuído en él la posición de alianza de Australia con los Estado Unidos, quien impulsó una política de presión hacia sus aliados para abrir las puertas del país a un número indeterminado de víctimas ideológicas de la guerra que ellos habían perdido en la península asiática.

Sin embargo, es legítimo consignar que las autoridades de la coalición Liberal National Country Party, más allá de estas presiones internas y externas, asumieron en dicho período una actitud cuidadosamente honesta y responsable con la inmigración chilena llegada antes o durante su período. Nadie fue molestado, arbitrariamente deportado o humillado por su condición ideológica o compromiso personal con el gobierno de la Unidad Popular de Chile.

En 1975, como consecuencia de los inicios de una crísis económica que el país empezó a vivir, la inmigración en términos generales se vió afectada. Sin embargo, se implementaron algunas medidas que en definitiva transformarían los criterios de selección que hasta ese momento se habían utilizado:

The new Liberal Government maintained Labor initiatives in reducing discrimination in immigration policy. It also accepted more Vietnamese refugees and granted amnesty to about 30,000 illegal immigrants [varios desde Chile]. Only 54.117 [sic] migrants were admitted to Australia, the lowest annual intake since the post-war programmes began. In 1978, immigration was restricted because of high unemployment levels. In 1979, October 7, The Australian Refugee Advisory Council was established. On June 19, 1980 a programme was introduced whereby people who had arrived here either legally or illegally could, up to December, 31, apply to remain permanently.

Aún cuando la cantidad de inmigrantes aceptados por Australia en 1975 no corresponden a las cifras entregadas por el Bureau of Immigration and Population Research, lo cierto es que con estos programas cientos de chilenos fueron beneficiados. El propio Minister of Immigration and Ethnic Affairs, Mr MacKellar, consultado por el Dr Klugman en la House of Representatives el 31 de mayo de 1977, sostiene:

… as of 1 May 1977, 728 Chilean refugees have arrived in Australia and that, in addition 387 Chileans under political duress have been accepted [lo que más tarde pasaría a ser el Programa Humanitario Especial] direct from Chile and other arrivals include some refugees who have been classified for statistical purposes under normal migrant entry categories.

La coalición Liberal-National Country Parties informaba en el Senado el 2 de junio de 1977 a una petición del Senador y Presidente Honorario del Committee for Solidarity with the Chilean People, Hon. Tony Mulvihill, que:

… 1.712 settlers have arrived in Australia in the twelve months ending 31 March 1977 who had described Chile as their last country of residence on passenger cards at their time of arrival, and another 1,108 had arrived who named Argentina as their last country of residence. … Another controversy arose in March this year over the question of Chileans illegally resident in Australia (estimated to be about 130) and the signing of deportation orders against 30 Chileans (it was reported that the Department of Immigration had stated that one had been deported, one was given six months to find an alternative country, another four left Australia voluntarily and the remaining 24 went into hiding before the deportation orders could be served). The actual situation in such cases is extremely difficult to determine. The Minister for Immigration and Ethnic Affairs, Mr MacKellar, said in a radio interview on 29 March 1977 that, in relation to the deportation orders: “Obviously we investigate these cases extremely carefully before we put any deportation order into effect”.

Si algunos chilenos fueron deportados, se debió no a su condición de chilenos, sino a su permanencia ilegal en el país, situación que también fue aplicada, el 27 de diciembre de 1981, a 127 inmigrantes ilegales del Vietnam, de un grupo de 146 que había desembarcado ilegalmente en las costas de Darwin dos meses antes.

El siguiente cuadro ilustra sobre la inmigración chilena en Australia durante el gobierno de la coalición Liberal-National Country Party. En el año financiero 1975-76 hay cuatro meses que corresponden a la administración anterior. Es obvio que los primeros años de la nueva administración reflejan el compromiso contraído por el anterior gobierno con el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas.

A la luz de estos antecedentes, es extremadamente notoria no sólo la disminución de la inmigración chilena en Australia, sino también el porcentaje de chilenos que fueron aceptados en el país en comparación con la inmigración total. Las razones políticas detrás de estas cifras son difíciles de ocultar, aún cuando se hubieren enriquecido e implementado nuevas disposiciones para los criterios de selección.

Si estos nuevos criterios eran precisamente para acudir en ayuda de refugiados y/o perseguidos por gobiernos autoritarios, queda claro que los chilenos fueron excluídos de ellos, dándole preferencia a una inmigración mayoritariamente proveniente de otros países, dónde la mayoría de éstos no sufrían las consecuencias de su quiebra institucional; así por ejemplo, del Reino Unido llegaron 26.275, mientras del oeste y norte de Europa lo hicieron 8.676 personas; de los Estados Unidos de América y del Canadá, 2.769; todos ellos en el año financiero 1982-83.

Por cierto que Australia no tenía ninguna obligación, ni ética ni jurídica, de recibir a chilenos expulsados de su país o de ofrecer santuario político permanente o transitorio a aquellos que habían recibido la oferta de su libertad a cambio de salir del país. El aceptarlos o no era una cuestión de derecho, que sólo le competía a las autoridades administrativas del país. Sin embargo, la observación de la retórica empleada en sus condenas hacia el régimen militar y la concretización de determinadas políticas de acción para incorporar nuevos crieterios en los procedimientos de selección de nuevos residentes no guardan ninguna proporción con el número de chilenos aceptados. Si se tiene en cuenta que el gobierno de la coalición conocía perfectamente la situación de Chile, a través de los informes de las Naciones Unidas, no se actuó en la medida que el caso requería, ni mucho menos se tomaron medidas concretas para impedir que el uso de la práctica de extrañamiento se detuviera. La aversión al gobierno autoritario no estaba en sus políticas ni en su condición intrínseca de ilegitimidad, sino simplemente en los excesos que se cometían con respecto a ciertos derechos humanos. Ello se debía en gran medida al cuadro político que la situación de Chile ofrecía.

Durante el período de la administración de Fraser ya no existía la preocupación generalizada o el interés inicial producido por el coup d˙ état, ni por la represión masiva e indiscriminada usada por el régimen militar en sus comienzos. Pinochet había desarticulado a las organizaciones políticas y sociales del movimiento popular y había logrado estabilizar su gobierno y consolidar su poder. Las presiones creadas por sectores del Labor Party y las políticas que habían logrado introducir en el gobierno de Whitlam no encontraban espacio adecuado para ser implementadas, aún cuando Fraser lo hubiera querido hacer. La izquierda chilena no recupera sus niveles de lucha social hasta las protestas de 1983, fecha en que otro gobierno se hacía cargo de la administración del estado en Australia.

CAPITULO Nº 6

Bob Hawke y el retorno del Labor Party.

Bob Hawke ganó las elecciones federales el 5 de marzo de 1983. El era miembro del Labor Party y ex-presidente del Australian Council of Trade Unions, ACTU. Su gobierno se mantiene hasta diciembre de 1991, fecha en que Paul Keating lo sustituye por decisión interna del partido.

Durante su administración el gobierno militar de Chile permanece por otros 6 años en el gobierno, hasta que es derrotada electoralmente por Patricio Aylwin, quien asume la presidencia del país en marzo de 1990.

¿Cúal fue la actitud y la respuesta que Hawke y su gobierno entregó al gobierno militar de Chile y a los chilenos que luchaban por la restitución democrática de su país? Es el tema que abordaremos en este capítulo.

1. La actitud política del Labor Government en el período 1983-1990.

Dos hechos altamente significativos con respecto al “caso chileno” ocurren en momentos en que el Labor Party reasume la dirección del gobierno después de ocho años de administración por parte de la coalición Liberal-National (ex-Country Party).

En primer lugar, se había iniciado a fines de 1982 en Chile un gran movimiento de revitalización de la oposición interna, naciendo las llamadas “protestas”, que alcanzan a partir de 1983 una significativa gravitación política que pone por primera vez en riesgo la administración del régimen militar. En segundo lugar, a raíz de este generalizado movimiento, se produce la expulsión del sacerdote australiano de la Orden Columbana, Father Brian McMahon, el 12 de marzo de 1983, precisamente en los instantes en que el nuevo gobierno entra a tomar posesión administrativa del país. La reacción frente a este último hecho no tardó en hacerse pública:

The Foreign Minister, Mr Hayden, called in the Chilean Ambassador, Dr Jorge Valdovinos, yesterday to ask the Chilean Government to review its expulsion order against an Australian priest, Father Brian McMahon.

Pese a las gestiones del gobierno australiano, MacMahon fue expulsado y a partir de entonces la actitud de condena y hostigamiento por parte del gobierno australiano irá subiendo de tono. Pareciera ser que la dureza y frecuencia de la condena hacia el régimen militar guarda relación con tres hechos que habría que tomar en cuenta. El nuevo Minister for Foreign Affairs es un laborista ubicado dentro del partido en el llamado sector o fracción de centro; segundo, los Estados Unidos se habían decidido por el recambio de Pinochet y era cuestión de tiempo buscar a alguien que le sucediera; y tercero, el nivel de las protestas obreras obliga al Partido Demócrata Cristiano a buscar un acuerdo con ciertos sectores de la izquierda chilena (excluye al Partido Comunista) antes que el problema se les escapara definitivamente de su influencia. En este último sentido, converge una amplia oposición democrática a la cual los países occidentales deciden prestarle más ayuda.

Sin embargo, el Labor Party que vuelve a recuperar el gobierno perdido con Fraser en 1975 no es el mismo. Las ideas y compromisos que motivaron e ilusionaron a grandes sectores en el año 1972 se fueron perdiendo. Los sectores de izquierda dentro del partido pierden influencia. Se empieza a levantar una tercera posición dentro del Labor Party, el centro, que se consolidará como grupo en 1984 en Adelaide. En él convergerán sectores de la izquierda y de la derecha del partido. El Minister for Foreign Affairs and Trade, Bill Hayden, empieza a ser uno de sus portavoces más destacados. En la política internacional se mantendrá una sólida posición de alianza con los Estados Unidos de América y se buscará en lo interno privilegiar el crecimiento económico para mantener una política social que responda al ethos filosófico del movimiento laboral. El centro logra identificarse más con la fracción de derecha que de izquierda. El período de auge de los movimientos de liberación había empezado a declinar y a mostrar irremediables grietas en su manejo como consecuencia de factores internos y externos. Internamente no se satisfacen las expectativas económicas de grandes sectores que privilegian la libertad y la democracia como elementos importantes dentro de la convivencia social de los pueblos. Externamente, la influencia de los Estados Unidos y la posición de Jimmy Carter con respecto a la guerra civil en Nicaragua y el posterior triunfo de la revolución Sandinista habían creado una actitud de simpatía que logró permeabilizar las viejas posiciones de compromiso con modelos socio-políticos surgidos del movimiento popular. Sin embargo, la posición de Ronald Reagan y su voluntad de desestabilizar el proceso nicaragüense con la creación de un ejército paralelo, los Contras, vuelve a suscitar el silencio en el Labor Government y a distanciarse de los eventos que allí suceden. Sólo un sector minoritario del partido mantiene su actitud y busca infructuosamente modificar esa conducta.

Simultáneamente y como consecuencia de estos factores políticos, la crísis económica golpea dramáticamente a todos aquellos gobiernos que nacen con proyectos de planificación centralizada y que se muestran imposibilitados en la práctica para crear una alternativa al racionalismo económico.

El Labor Party opta por abandonar los principios que originalmente crearon su colectividad. La plataforma política por una aspiración socialista había sido erosionada con el tiempo y termina por desaparecer dentro de su ideología. El Labor Party empieza a ocupar el espacio político de la coalición Liberal-National Parties y desplaza a ésta fuera de los que habían sido sus plataformas políticas históricas. Como dice Maddox:

… in a very short period Bob Hawke
has turned federal Labor orthodoxy on its head. Hawke has made it very clear that his fundamental commitment is to staying in office and, where that objective is threatened by party policy, he will have no compunction about overthrowing those policies The earliest intimation of a change in direction came when some of the commitments of the 1983 election campaign were abandoned. … The party platform (Hawke said) is simply a statement of principles and commitments at a particular time which, as a consequence of changing circumstances, might become redundant.

Sin embargo, la posición conservadora sostenida por el Prime Minister, no prosperó en todos los sectores del Labor Party. Los del sector de izquierda, siendo menos cuantitativamente, continuaron presionando desde el interior del gobierno por un mayor compromiso con una alternativa democrática en Chile. Ellos sostenían una posición de total aislamiento del régimen militar para provocar su caída. La corriente de centro, por otro lado, ponía el énfasis no sólo en la condena, sino además en la intensificación del llamado público a la restitución democrática, mostrándose contrarios a la implementación de otras medidas de carácter coercitivo. De esta forma, el cuadro interno de la política australiana tendrá una significativa repercusión en el cambio de estilo en que serán tratadas en lo sucesivo las relaciones con el régimen militar de Chile.

Bajo la dirección de Bill Hayden, como Minister for Foreign Affairs (ex Minister for Social Security en el gobierno de Whitlam y uno de los ocho ministros que habían firmado la petición de no reconocimiento a la junta militar de Chile), se produce un intenso trabajo diplomático como consecuencia de los informes provenientes de la embajada australiana en Santiago sobre derechos humanos, además de las denuncias de Amnistía Internacional y de los reclamos de parlamentarios del Labor Party, del Committee for Solidarity with the Chilean People y del exilio chileno residente en el país. Esta presión se vio enriquecida desde el Australian Senate, el cual fue incrementado en este período por parlamentarios de otras corrientes políticas y organizaciones del medio ambiente y del desarme, las cuales tuvieron en la Cámara Alta el control del poder final sobre las votaciones originadas allí. Dentro de ellas hay que mencionar al Australian Democrat Party, especialmente al Senator Don Chipp y a la Senator de Western Australia, Jo Vallentine, del Nuclear Disarmament Party. Ellos fueron extremadamente sensibles frente al “caso chileno” y el gobierno debió tomar en cuenta muy seriamente sus posiciones.

Mr. Hayden, desde el Ministry of Foreign Affairs, impusó una política sostenida de hostigamiento y denuncia. Mantuvo inalterable la posición de Australia en el seno de la ONU y patrocinó la declaración de condena en el año 1985. Con anterioridad, en junio de 1983, a los tres meses de haber tomado posesión de su cargo, a través de un comunicado de prensa, sostenía:

Australia believes the Chilean Government should take urgent steps to ensure the country’s early return to democracy and to restore internationally acceptable standards of human rights. We have and will continue to press this view in international forums.

En julio del mismo año, en otro comunicado de prensa, solicitaba la liberación de los dirigentes sindicales chilenos, detenidos como consecuencia de las protestas y se sumaba a otros “democratic Governments as well as Pope John Paul II” para condenar la violación de los derechos humanos en Chile y llamar al diálogo entre el gobierno y la oposición para resolver los problemas del país. Definitivamente, el Australian Government no sólo se ubicaba al lado de los que protestaban en Chile, sino que además exigía un tratamiento distinto hacia la oposición democrática, privilegiando el pronto retorno al estado de derecho. En 1984 emite dos comunicados en que condena el establecimeinto del estado de sitio, cosa que repite con mayor fuerza el 1 de mayo de 1985. Se insiste a través de ellos el 21 de julio, y el 9 de septiembre de 1986, con motivo del atentado al General Pinochet, el cual casi le costó la vida en manos de la organización guerrillera Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En esta oportunidad el Ministry of Foreign Affairs entrega a la opinión pública australiana el siguiente comunicado :

The Minister for Foreign Affairs, Mr Bill Hayden, MP, today described the re-imposition of a state of siege in Chile as a Draconian measure that was more likely to provoke further violence than ease tensions in that country. The armed attack on President Pinochet and the assassination of his guards could not be condoned, but he could not but conclude that it was a case of violence breeding violence. The people of Chile had strong traditions of democracy and the sooner the military regime introduced genuinely democratic processes, and allowed freedom of speech, freedom of assembly and political plurality, the sooner the nation would regain stability and international respectability.

Esta actitud australiana que se repite en 1987 a través de los “comunicados de prensa del Ministro”, alcanza notoriedad cuando Mr Hayden anuncia que Australia ha constituido una fundación para la defensa de los derechos humanos con motivo de la celebración de los 200 años de la colonización inglesa del país y del 40º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dentro de las donaciones a otorgarse por un total de $A 40.000, se decide entregar “$A 5.000 to the social program of the Vicaría de la Solidaridad, the largest and best known non-governmental Chilean human rights organisation in Chile”.

No es de extrañar entonces que el gobierno de Australia hubiere saludado con satisfacción la victoria alcanzada por el pueblo chileno en el plebiscito de octubre de 1988, calificada por él, como una victoria del pueblo de Chile por la democracia. La posición política de condena al régimen militar iniciada el 12 de septiembre de 1973 llegaba a su término. El triunfo de la oposición en Chile en las elecciones del 18 de octubre de 1989 se recibía con alegría y entusiasmo en Australia. El Prime Minister, Bob Hawke, enviaba un mensaje personal de felicitación a Patricio Aylwin, y el Minister for Foreign Affairs, usando de nuevo el conducto de comunicación con la prensa a través de los News Release informa a los periodistas que:

Australia looked forward to working with the Government to be led by President elect Aylwin in strengthening the healthy bilateral relations between Australia and Chile and in cooperation on matters of mutual interest including in the Cairns Group and on Antarctica.

De una simple condena por los excesos sobre violaciones a los derechos humanos y civiles de la administración anterior, se había pasado a entregar un apoyo más directo a las organizaciones políticas que privilegiaban la restitución democrática, cuya garantía la constituía naturalmente la Democracia Cristiana con el apoyo de los socialistas reformados, los cuales terminaron por sepultar su utopía socialista a cambio de una posición social-demócrata.

Sin embargo, la nota de felicitación enviada a Patricio Aylwin comprobaba una vez más que el Labor Government había continuado sus relaciones políticas y económicas con el régimen militar en materias de mutuo interés, a las cuales se había sumado la reunión de Cairns y las reuniones conjuntas sobre la situación en la Antártica. Este aspecto es el que analizaremos a continuación.

2. Las relaciones comerciales con Chile entre 1983-1989.

A los chilenos de izquierda, que habían encontrado santuario político en Australia, les costó mucho entender y aprobar el flujo comercial entre Chile y Australia; que aunque mínimo en términos de volúmenes mercantiles y financieros, aparecía como una cierta claudicación de parte de las autoridades de este país. El boicoteo sobre las ventas de trigo levantado oficialmente por la ACTU el 17 de febrero de 1977 y mantenido indefinidamente por los sindicatos marítimos hasta el término de la dictadura, originó durante dicho período un comercio por la puerta trasera. China, Israel y Argentina recibían las mercaderías y las hacían llegar a sus países destinatarios, sorteando de esta forma la sanción impuesta por los sindicatos australianos al régimen militar chileno.

Los sectores centristas del laborismo siempre se mostraron vacilantes en términos de la eficacia del embargo, más bien lo consideraban como una herramienta útil de presión hacia las autoridades chilenas. Los sectores de derecha se esforzaban por implementarlo y el sector izquierdista lo incorporaba como parte integral de las medidas de hostigamiento hacia el régimen militar. Gareth Evans (del sector centrista del partido), actuando temporalmente como Minister for Foreign Affairs, en mayo de 1985 escribía al parlamentario de Melbourne, Gerry Hand (del sector izquierdista), que:

As you will be aware Mr Hayden has expressed doubts in the past about the efficacy of trade sanctions as an instrument for encouraging restoration of human rights in any countries. In the case of Chile I believe that sanctions are unlikely to produce any change in the human rights situation and would hurt a few Australians more than any Chilean.

Evidentemente el intercambio era reducido y favorecía principalmente a Australia. Sin embargo, la actitud parece haber obedecido al criterio del sector centrista del Labor Party, cuyo compromiso y distanciamiento del sector izquierdista era evidente, sobre todo si se tiene en cuenta que Hayden había sido uno de los ministros del gobierno de Whitlam que mantuvo una posición muy dura contra el golpe de estado, en su calidad de Minister for Social Security. Las relaciones de este sector del laborismo con la política internacional de los Estados Unidos eran evidentes.

Lo que es imposible determinar exactamente es el volumen comercial que se realizó a través de terceros países, ya que al no existir las cifras debemos solamente atenernos a la información oficial.

El escaso intercambio comercial se puede apreciar en el siguiente cuadro:

El aumento que se empieza a percibir a partir de 1988 parece reflejar, además del cambio político que se avecina, la lectura que hace el gobierno australiano en el sentido que las sanciones económicas no constituyen un elemento de presión importante en consideración con los volúmenes del intercambio. Por eso Gareth Evans agrega en su carta a Gerry Hand un comentario adicional: “Furthermore, the value of Chilean exports to Australia in 1983-84 represent less than 0.1% of Chile’s export earnings, so the loss of the Australian market is unlikely to be noticed in Santiago”.

Sin embargo las presiones en contra de este comercio bilateral seguían con numerosas cartas de miembros del parlamento, de los comités de solidaridad y de las organizaciones políticas de los chilenos llegados después del golpe de estado. Era una preocupación que incluía además, el silencio del Labor Government sobre el anuncio de los medios de comunicación acerca de nuevas relaciones económicas que se empezaban a consolidar con el gobierno autoritario de Chile. En efecto, se empezaba a hablar profusamente de inversiones australianas en Chile a cargo de entidades y/o compañias privadas del país.

Ante estas inquietudes, cada vez más generalizadas, el Minister for Foreign Affairs Mr Bill Hayden, decide llamar a una conferencia de prensa el 12 de septiembre de 1986 en el Travelodge de Port Moresby, en Nueva Guinea, donde se encontraba cumpliendo funciones de estado. Allí puntualiza oficialmente la posición de su gobierno:

We have diplomatic links with many countries. Some of them are not countries we care for much and sometimes not at all. But there are practical reasons why we maintain such links. Chile is an excellent example of what I mean. First it does allow us to register our concern about political developments there although we shouldn’t engage ourselves in any fictional beliefs that we have great influence there. Our involvement with Chile is extremely small. Two way trade is about $40m, but it does allow us to maintain a fairly steady flow of people out of that country under the Special Humanitarian Relief Program.

Con estas palabras se buscaba obviamente silenciar las críticas, poniendo de relieve que la actitud asumida por el gobierno permitía dar cabida en el país a un flujo más importante de chilenos, fundamentalmente a través de la aplicación del Special Humanitarian Program. Por cierto que estas medidas que se habían empezado a aplicar como consecuencia de la represión masiva desatada por el régimen militar a raíz de las protestas de 1983, estuvieron muy lejos de cumplirse en la proporción que la situación requería. Ello será analizado más adelante.

Pero los ánimos vuelven a subir de tono cuando Mr Keating (sector derechista del partido), Treasurer del gobierno, decide apoyar en el seno del Banco Mundial, en noviembre de 1986, un préstamo para la dictadura militar de Chile. En efecto, varios miembros del Australian Parliament, el Committee for Solidarity with the Chilean People, algunos sindicatos y las organizaciones chilenas de izquierda protestaron enérgicamente por esta medida. El gobierno recibió el impacto y desde distintas oficinas y departamentos salieron cartas dándo explicaciones. El Prime Minister (Acting) Lionel Bowen se dirigía al Committee for Solidarity with the Chilean People para decirle que la posición del gobierno sobre Chile no había cambiado y que el apoyo al crédito no significaba una pérdida de la preocupación sobre la situación que vivía el país, entrando más adelante a decir que el gobierno había condenado a la junta militar en diciembre de 1985 y lo había hecho también en la 42º Session de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra en marzo de 1986. Keating, por su parte, entrega sus explicaciones a Tom MacDonald, de la Building Workers’ Industrial Union y a Víctor Marillanca del Chile Committee de Canberra, aduciendo razones técnicas (no interferencia política, sólo consideraciones económicas) a las cuales el gobierno se habría visto comprometido por la reglamentación interna del Banco Mundial:

In the light of these considerations, I discussed the matter with the Minister for Foreign Affairs and we instructed the Australian Executive Director to make the following intervention: “My authorities consider that this loan should be considered solely on economic and development criteria, and on these criteria, support the loan. My Australian and New Zealand authorities have requested that it be recorded that support for the loan does not imply any lessening in their concern about the human rights situation in Chile”.

El Minister for Foreign Affairs, Bill Hayden, procura suavizar la molestia de los parlamentarios laboristas de la fracción de izquierda y envía explicaciones por escrito a varios de ellos, entre los cuales se ha logrado documentar a Peter Milton, Member for La Trobe, Peter Duncan, Member for Makin, George Georges, Senator for Queensland, Robert Tickner, Member for Hughes, John Langmore, Member for Fraser y a la Minister for Education, Susan Ryan. Por su parte el Australian Development Assistance Bureau del Foreign Affairs Department emite una circular, bajo la firma de Helen Ware, Assistant Director General, en la cual justifica el voto australiano como una medida al márgen de la preocupación política.

Curiosamente los recursos del Banco Mundial habían sido utilizados como una herramienta política y en tal sentido se restringieron exageradamente al gobierno de la Unidad Popular en 1972. Los estudios posteriores indican que algunas de las causas que provocaron la desestabilización política del régimen fue precisamente el uso arbitrario de estos recursos, situación que el Labor Government desconoció deliberadamente:

Early in 1972 the private banks followed the lead of the international lending organizations (The World Bank). Chile’s short-term credit float plummeted from $US220 millons in 1971 to $US35 millons in 1972. Nonetheless, in 1971 the United States granted a $US5 millon line of credit to the Chilean military for purchase of C-130 four-engine transports and in December, 1972, extended an additional $US10 millon in credit for military activities in 1973.

La Australian Teachers’ Federation, contradiciendo este criterio usado por el Labor Goverment, puntualiza:

In some ways, even more disturbing was the rationale used by Australian Government spokespersons, particularly Foreign Minister Hayden, to justify this decision. Hayden either deliberately or unknowingly told lies to the Australian people about the historic role of the World Bank when he claimed that it made decisions on the basis of economic and not political considerations. Anyone with even a scant knowledge of the activities of the World Bank knows that this is not the case. In relation to Chile, the Bank actually refused loans to the previous Allende Government because it disapproved of its political and economic policies.

Este triste y lamentable episodio de la política exterior australiana fue un triunfo de los sectores de derecha del partido. Dicha actitud encontró inmediato eco y aplauso en los sectores más conservadores de la política australiana; entre ellos, el senador del Liberal Party, Don Jessop, quien pidió a través de un comunicado de prensa que el Labor Government tuviera el mismo principio de tratamiento para las relaciones con el régimen racista de Pretoria.

En términos generales del intercambio comercial (exportaciones e importaciones), se puede constatar que a partir del año 1985 empieza a subir sostenidamente, igualando en 1988 las cantidades alcanzadas de 1973-74. En 1989 y como consecuencia del cambio político que se avecinaba en Chile, se logra por primera vez superar los índices históricos del tiempo del gobierno de la Unidad Popular, es decir, la cantidad de $A44.200 millones, cifra histórica alcanzada en el período 1972-73 con $A44.266.000. A partir de entonces se elevará a $A65.800 millones en 1989 y a $A96.900 millones en 1990. Este incremento más que situarlo como consecuencia del cambio político producido en Chile a partir del plebiscito de 1988 y de la elección de Aylwin el 18 de octubre de 1989, habría que observarlo más bien dentro de la disposición del Labor Government de continuar su política de acercamiento hacia el régimen militar, independientemente del discurso de condena sobre los excesos cometidos en la violación a los derechos humanos y del llamado a la restitución del estado de derecho. Ambas cosas las separa taxativamente y no visualiza en este proceder valores éticos que creen obstáculos a la actitud que asume en estas relaciones bilaterales.

Así quedaba demostrado, una vez más, el 26 y 27 de agosto de 1986, cuando el Labor Government invitaba y se reunía con representantes del gobierno del general Pinochet en el llamado “August Ministerial Meeting of Fair Traders in Agriculture in Cairns”, cuyo anfitrión es el Minister for Trade, Mr Dawkins. Ante las críticas del evento en cuestión, el gobierno responde que aunque se deploran las violaciones a los derechos:

The meeting in Cairns is an important element in current efforts to improve Australian’s international trading position and to promote global fair trade. Chile is one of a number of countries facing a similar threat to its trading position.

Esta actitud de mejorar el comercio australiano con quien sea, sin importar la legitimidad o ilegitimidad del socio, la conducta intachable o el prontuario delictivo, no se puede detener en la exportación de capitales. Los negocios son los negocios. Los principios no importan. El gobierno de Hawke no ve inconvenientes éticos en estas transacciones. Se compromete al país en esta aventura, sin importar lo que piensan sus reservas morales. Los sindicatos, sectores del Labor Party y/o organizaciones políticas de izquierda que llaman a la cordura son simplemente ignoradas. Con este tácito apoyo del gobierno, los apologistas del negocio irrumpen con exhuberante fogosidad:

The Australian connection has developed so quickly it took the Chilean financial world by surprise. … Suddenly Australians have become Chile’s chief foreign investors. … Bearing in mind that total foreign investment in Chile from 1985 to November 1987 amounted to $US1.5 billon, the Australian impact has been overwhelming. … The Australian presence is not yet fully represented in the official figures because much of it has come since November last year, and because some of it replaces US capital. Nevertheless, since October 1985 (when BHP bought the Getty Minerals stake in the Escondida copper deposit), Australian companies have dedicated roughly $US666 millon in capital to Chile. Moreover, with Escondida set for development this year, BHP will be committed for a further $US700 millon stake. At current exchange rates, Australian companies will have commitments amounting to $A1.87 billion by the end of 1988.

Este capital depositado en Chile incluía a compañias como la BHP, Bond Corporation International, Fletcher Challenge, Dallhold Resources, Ansett and Carter Holt Harvey, entre otras. El beneplácito del Labor Government por estas operaciones no se oculta. Específicamente, refiriéndose a la BHP, el Federal Treasurer, Mr Keating, sostenía en New York que:

… the Australian Government would not raise any objections to BHP’s investment plans in Chile despite international concerns about the Pinochet dictatorship. It is not a foreign policy matter.

De esta forma, cuando el cuestionamiento a esta situación había alcanzado un punto álgido a raíz de las inversiones de Alan Bond en Chile y su pública admiración por el general Pinochet, no prosperaron iniciativas como la del miembro federal del Liberal Party en la House of Representatives, (backbencher Ian Macphee), quien proponía un código de conducta para las inversiones australianas en el extranjero, ni del Victorian Trades Hall Council, que solicita del gobierno un consejo especial para investigar la ética de las compañías australianas en sus inversiones en el exterior. De la misma forma fueron ignoradas las peticiones de Peter Holding del Latin American Information Centre en Melbourne y, aunque parezca increíble, el acuerdo de la conferencia nacional del Australian Labor Party de 1988. La resolución presentada por el Foreign Affairs Policy Committee y aprobada por los delegados, decía lo siguiente:

The resolution condemns the Pinochet regime’s abuse of human rights in Chile, and advises those Australian corporations that have, or are considering, investment in that country of: ‘The inadvisability of such investment because of the human rights situation in Chile’. … This resolution recognises the problem that is involved with Australian companies investing in countries such as Chile, but there is a need for mechanisms to be established to regulate overseas investments to ensure that Australian transnationals investing abroad do not make investments which are inconsistent with Australia’s commitment to democracy and respect for human rights.

Estos antecedentes permiten, por sí solos, evaluar la actitud del gobierno de Hawke, cuadro que no estaría completo si no observáramos la actitud de su gobierno frente a la inmigración chilena.

3. La inmigración chilena entre 1983-1990.

A partir de 1983, el Labor Government aplica a la inmigración chilena el Programa Humanitario Especial aprobado por la coalición Liberal-National Parties en 1981 y permite la entrada a Australia de 152 personas bajo este programa. En 1984 incluye a 653 personas, entre los cuales se cuenta un número de obreros del cobre que habían sido despedido de sus ocupaciones como consecuencia del movimiento huelguístico que afectó a la industria cuprera en Chile. En 1985, el 17 de marzo, el Minister for Immigration and Ethnic Affairs, Chris Hurford, comunica a la prensa que a raíz del terremoto que afectó a Chile, ha dado instrucciones para dar prioridad a las familias que desean inmigrar bajo el Programa de Reunión Familiar. El 28 de agosto de 1985, el Ministro comunica al Chile Solidarity Committee de Canberra que:

The original allocation of Special Humanitarian Program (SHP) places to Chile for the program year ended 30 June 1985 was set at 300. However, the allocation was increased to 650 places during the year, following a deterioration in the human rights situation and you will be interested to know that these program places were fully utilised.

En un nuevo comunicado de prensa del Ministro, el 25 de septiembre de 1986, se comunica que el Federal Government asegura a la comunidad chilena que se mantendrá observando de cerca la situación de Chile y que seguirá utlizando el Special Humanitarian Program para responder a las necesidades de las víctimas de la violación a los derechos humanos. Mr Hurford indica en su comunicado que:

To date, some 1240 Chileans have been resettled here under the scheme which was initiated by the Government in 1983. I expect a further 400 will be accepted for resettlement in 1986/87, but more places will be made available if this appears necessary from our monitoring of the situation.

Esta cantidad se mantuvo para el año financiero 1986-87, produciendo a partir del año 1987-88 una declinación paulatina. Esta preocupación del gobierno debe ser confrontada con los volúmenes totales de la inmigración en dicho período y el porcentaje de chilenos en relación a ella. Es, al parecer, la mejor forma de evaluar el resultado del interés mostrado por el Labor Government de Bob Hawke.

Con estas cifras, aparece obvio que esta sentida preocupación estuvo lejos de materializarse. Sobre todo si se tiene en cuenta la carta del Minister for Immigration and Ethnic Affairs del 28 de agosto de 1985, donde sostiene que entre julio de 1984 y abril de 1985 un total de 59.927 personas habían formulado requerimientos para obtener entrada permanente en Australia, cantidad que había aumentado, según el ministro, en un 63 por ciento en comparación con el año financiero anterior. Aún cuando estas solicitudes habían disminuído hacia octubre de 1988 a la cantidad de 4.650 y en diciembre del mismo año a 2.561, la proporción de chilenos aceptados no refleja, en ningún caso, ni un tratamiento especial hacia ellos, ni una correspondencia con la retórica que emplea para justificar las relaciones económicas con Pinochet a cambio de una sensibilidad con el problema de los derechos humanos. Nuevamente: es un derecho que le compete al gobierno aceptar o no inmigrantes de cualquier parte de mundo. Ello no se discute. Lo que sí aparece obvio, es la posicion ambivalente; lo que en jerga política inglesa se denomina ‘double standard’.

TERCERA PARTE

LA SOLIDARIDAD DEL MOVIMIENTO SINDICAL AUSTRALIANO CON LOS TRABAJADORES DE CHILE

CAPITULO Nº 7

Los movimientos sindicales de Australia y Chile.

Raíces de la solidaridad.

Se ha sostenido con razón que, dentro de las sociedades industriales modernas, los individuos en cuanto tales han ido perdiendo su influencia y gravitación en los procesos políticos y que éstos se han ido traspasando cada vez con mayor intensidad a los llamados “grupos de presión”, organizaciones formales que comparten intereses y objetivos que son usados para influenciar en la política global del país y específicamente, en aquellos aspectos que guardan estrecha relación con sus preocupaciones.

La observación de la estructura social y política de ambos países nos indica que dentro de estos grupos de presión hay que incluír necesariamente al movimiento sindical, cuya organización y presencia en los acontecimientos de cada país, a partir de fines del siglo pasado, nos ofrece una sólida confirmación de nuestro predicamento. Esta situación, que no puede ser ignorada, ha permitido a muchos autores referirse a ella en forma destacada, procurando dilucidar y evaluar en cada país y con la mayor precisión posible, los niveles de influencia que el movimiento sindical ha tenido, tanto en los asuntos relativos a la política interna como a la forma de conducir la administración del Estado.

Raymond Bennett caracteriza con esta perspectiva al movimiento sindical australiano:

Trade Unions can be classified as pressure groups in that they try to affect the course of politics through the activities of their representative councils – such as the Australian Council of Trade Union – or by individual action. The pressure exerted by the labour movement includes formal and informal discussions with the government and especially with ALP parliamentarians. Trade union leaders are often on government advisory bodies and, as many unions are affiliated with the ALP, pressure-group activity might take place.

En Chile, Jorge Barría nos ofrece un cuadro similar para referirse a la participación del movimiento sindical como elemento de presión en el ordenamiento político y social del país. En su libro, El movimiento obrero en Chile, concluye con estas palabras:

Un hecho resalta de esta narración: la historia del movimiento obrero nacional está íntimamente ligada a los pasos de la Historia de Chile. En otras palabras, han sido los propios obreros, empleados, campesinos, pobladores, profesionales; en suma, la clase trabajadora la que ha creado las fuerzas sociales que representan sus organizaciones. El movimiento obrero empezó a constituir una de las tendencias fundamentales de la sociedad chilena a partir de los primeros años del siglo que vivimos, ha ido acentuando su actuación como factor dinámico de esta sociedad y adquiere un significado trascendental a partir de los resultados de la elección presidencial de 1970.

Creemos que esta intención, la de convertirse en grupos de presión, es consciente y deliberada y busca naturalmente influenciar más significativamente en el ordenamiento político y social. De esta forma se visualiza claramente una disposición de ubicar simultáneamente al movimiento sindical en una perspectiva adicional, situación que ocurre claramente en ambos países. Se busca entonces comprometer política e ideológicamente al movimiento sindical en estructuras partidarias determinadas que permitan, desde otros frentes, sumar fuerzas a la consecución de sus aspiraciones. Tanto en Chile como en Australia la literatura que existe y que analiza este aspecto de las organizaciones sindicales es prolífera.

En efecto, en Australia, a partir de los años 1890-91 y como consecuencia de enormes frustraciones originadas por la pérdida de continuos conflictos industriales, especialmente de los esquiladores, marítimos y mineros, emerge el Labor Party sobre la base de la ya existente organización llamada “Labor Electoral League” de acuerdo con la recomendación que había establecido previamente el comité parlamentario del Trades and Labor Council de New South Wales. De esta forma como puntualiza Dean Jaensch:

The Labor Party was produced by the trades unions of the 1880s. Not surprisingly, the ethos of unionism was transferred to the new party; equality, solidarity, discipline, together producing democratic centralism, were embedded in the Labor Party from the beginning. But the unions did not merely form a political institution which would act on their behalf: the party was perceived by the union movement from the beginning as a subset of the unions. From the beginning, the authority of the industrial wing of the Labor Party was firmly entrenched within its structure.

Lo cierto es que desde fines del siglo pasado se convierte en una fuerza política nacional inequívoca, cuya presencia le permite convertirse en la formación del primer Parlamento Federal, en 1901, en el equilibrio político entre los partidos Free Trade y Protectionist. A partir de entonces el Labor Party se constituye en un destacamento adyacente al movimiento sindical y ciertamente en un grupo adicional de presión, cuya influencia no puede ser ignorada en la estructura social del país. En su recorrido histórico, durante los gobiernos del Labor Party el movimiento sindical pasa a formar parte del engranaje administrativo del estado, representando el brazo industrial (industrial wing) del partido, pasando de este modo a ser uno de los componentes importantes en la elaboración y desarrollo de la política global de la nación; mientras que en las administraciones posteriores de los gobiernos de la coalición Liberal-National Country Parties pasa a desempeñar el papel de un poderoso grupo de presión en representación de los intereses laborales del país.

Los autores consultados coinciden categóricamente en sostener que la formación del Australian Labor Party se origina como un partido de trabajadores, para representar a la clase trabajadora y al movimiento laboral en los Parlamentos de los estados federados; que sus fundadores produjeron un partido socialista en su compromiso de asumir una ideología social y una plataforma de lucha; que la organización partidaria del movimiento sindical nace con su propio ethos, la cual incluye una ideología, una organización y una estructura establecida para permanecer como fuerza política representativa del movimiento sindical.

Un fenómeno similar se observa en Chile, aún cuando la estabilidad y continuidad de este propósito se ha visto amagada por una serie de fricciones y divisiones históricas surgidas en el interior del movimiento sindical. Sin embargo, el cuadro original se mantiene en el sentido de visualizar la conveniencia de que los trabajadores tuvieran su propio instrumento político que les permitiera ganar presencia y mayor influencia en la sociedad global. Curiosamente esta decisión brota, al igual que en Australia, después de consecutivas derrotas sociales que se ubican también cronológicamente en las décadas anteriores al siglo veinte, tiempo que corresponde a la planificación y formación del Australian Labor Party.

El primer intento de incorporar en Chile a los trabajadores a un frente distinto al meramente laboral y coincidiendo con la perspectiva de un centro adyacente de influencia política en la estructura social del país, se produce el 20 de noviembre de 1887 con la formación del Partido Demócrata, dirigido por Malaquías Concha. El historiador Julio César Jobet expresa que:

Era un partido popular amplio en cuyo seno se formaron algunos de los más destacados líderes del proletariado, entre ellos Luis Emilio Recabarren, quienes más tarde dieron vida a agrupaciones de clase, de carácter revolucionario y de considerable influencia en las masas trabajadoras.

Históricamente tanto en Australia como en Chile se produce este fenómeno. Dirigentes sindicales se reubican en tendencias políticas diversas, creyendo legítimamente encontrar en ellas una mayor identificación con sus aspiraciones y una adhesión más estrecha con sus propias concepciones ideológicas. Así ocurre en Australia en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando los sindicatos y el Labor Party, desgastado por su política sobre la conscripción militar en 1916, se distancian uno de otro, produciéndose un significativo incremento en los sindicatos más radicalizados, los que levantan plataformas laborales más revolucionarias, especialmente a partir de la huelga general de 1917 y gracias a las noticias sobre el éxito de la revolución bolchevique.

Insatisfechos por la vacilación de su partido y la falta de un compromiso más militante con el movimiento obrero, muchos dirigentes sindicales deciden abandonar el partido en 1920 y constituir el Australian Communist Party. Era la forma de buscar posiciones más radicales observando la erosión de los fundamentos con que había nacido el Australian Labor Party. Durante la Segunda Guerra Mundial, habiéndose incrementado el número de asalariados como consecuencia de la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, los sindicatos se ven significativamente influenciados por la ideología comunista, la cual reflecta una posición más respetable después que Moscú ha pasado a formar parte de los Aliados. Esta situación radicaliza también al Labor Party y dirigentes sindicales se inclinan por modelos más radicalizados. El partido es acusado de recibir una influencia desmedida del movimiento sindical y del Communist Party. Era la filosofía de la Guerra Fría que entraba en acción en Australia. En 1954-5, sectores de católicos integristas y algunos dirigentes sindicales reciben la presión y la ayuda económica de la Iglesia Católica para abandonar el Australian Labor Party o desplazarse de él. Se forma entonces el Democratic Labor Party, cuya corta existencia no causó ninguna ventaja, salvo la intención de volver el reloj hacia el pasado. Más tarde se producirá una incisión de proporciones en el Australian Communist Party en 1968 al condenar la invasión soviética a Checoslovaquia; dando origen, en septiembre de 1972, al Australian Socialist Party, en el cual se reubicarán fundamentalmente los dirigentes sindicales marítimos, del transporte y de la construcción, mostrando así una adhesión incondicional al centro hegemónico establecido en Moscú, del cual el Australian Communist Party se había distanciado. Estos sindicatos pasarán a jugar uno de los papeles más importantes en la solidaridad con el movimiento sindical con Chile, como veremos más adelante.

En Chile, desde el Partido Demócrata se desprende en 1906 la Federación Obrera de Chile para constituir un efímero Partido Socialista con sectores de una organización política de carácter socialdemócrata. En 1912, Luis Emilio Recabarren insiste en que la lucha de los trabajadores debe darse simultáneamente en el campo sindical y en el terreno político. Como consecuencia de ello funda el Partido Obrero Socialista que permanece con este nombre hasta el 25 de diciembre de 1920, cuando una asamblea general de la organización en la ciudad de Valparaíso decide adoptar una plataforma marxista-leninista y adherirse a la Internacional Comunista de Moscú. Su nombre fue reemplazado por el de Partido Comunista de Chile. La influencia ideológica inicial fue avasalladora. Tanto el partido como las organizaciones sindicales que lo formaban lograron penetrar en varios estamentos políticos y sociales creando corrientes internas y fracciones en organizaciones políticas, civiles, militares y laborales que recibieron diversas denominaciones. Todas ellas contribuyen más tarde a la formación de la breve República Socialista del 4 de junio de 1932. De la fusión de algunos de estos grupos surgió, en un Congreso de Unidad en abril de 1933, el actual Partido Socialista de Chile.

En efecto, podemos sostener que además de esta similitud histórica y de perspectiva por lograr mayor influencia en la sociedad global, encontrada en los orígenes de ambos movimientos sindicales, se puede apreciar además, en forma notoria, que tanto las funciones y los objetivos han sido similares en sus plataformas de lucha. En ambos casos se ha insistido en la disposición de preservar y mejorar las condiciones socio-económicas de sus miembros, el avance y regulación de las normas sanitarias y la seguridad personal en los lugares de trabajo. Pero también en los dos movimientos sindicales se ha puesto el énfasis en cuestiones que están en relación con aspectos que van más allá de las meras preocupaciones estrictamente laborales, así como por ejemplo, con el establecimiento de una democracia verdadera, con una distribución equitativa de la riqueza nacional y un sistema de tributación más justo que obligue a pagar más a los que tienen más. En Australia basta leer detenidamente la plataforma de 16 puntos elaborada por el Comité Parlamentario del Trades and Labour Council en 1891 y la intervención en Queensland de William Lane, hecha suya más tarde por la Australian Labour Federation. Ambas confirman nuestra observación. En Chile ocurre lo mismo. Malaquías Concha, en 1894, en su libro El Programa de la Democracia extiende las aspiraciones del movimiento sindical y lo hace también Luis Emilio Recabarren en Proyecciones de la acción sindical.

De esta forma, al ocurrir el coup d’état en Chile el 11 de septiembre de 1973, en ambos países, el movimiento sindical se había constituído en un importante contingente de la estructura social y política de la nación. Un alto número de miembros sindicalizados, calidad y solidez de sus organizaciones e influencia social y económica ejercida ante gobiernos de distintas posiciones ideológicas. Así por ejemplo, en Australia cerca de tres millones de obreros y empleados se encontraban organizados en sindicatos, de los cuales la mayoría estaban afiliados a una sola central sindical, The Australian Council of Trade Unions, ACTU. La gran mayoría de sus dirigentes eran también miembros activos del Labor Party y de otras organizaciones políticas de izquierda. Una situación similar ocurría en Chile en relación a la Central Unica de Trabajadores, CUT, organización unitaria del movimiento sindical chileno, con una población organizada hasta 1970 de 551.086 en un número de 4.006 sindicatos,
cuyos dirigentes se encontraban formando parte activa de los partidos políticos de honda raigambre popular, tales como las organizaciones políticas integrantes de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana.

Esta sólida trayectoria y presencia en la vida social de ambos países, introduce primero a los sindicatos de Chile, entre 1970 a 1973, a participar activamente en la administración del estado, en la gerencia de las empresas privadas y mixtas a través de los Comités de Administración y de los Comités de Vigilancia y en la nominación de dirigentes sindicales como ‘Interventores’ en las empresas estatales subsidiarias de la Corporación de Fomento a la Producción, CORFO, o bien de empresas privadas nacionalizadas por el gobierno del Dr Allende. Este proceso de participación laboral se repite más tarde en Australia durante el gobierno de Whitlam a partir de 1972 y se incrementa significativamente bajo el gobierno laborista de Hawke entre 1983 y 1991.

Este caminar juntos en sus objetivos y características, incorpora otros elementos decisivos que gravitarán significativamente en la actitud asumida por el movimiento sindical australiano en relación con los acontecimientos ocurridos en Chile. La solidaridad entregada por los sindicatos australianos a sus homólogos en Chile se inserta también en la valorización que hacen los sindicatos australianos de la Central Unica de Trabajadores. La CUT-Chile es un cuerpo social independiente, vale decir, internacionalmente no afiliada a las grandes centrales ideológicas del movimiento sindical mundial, tales como la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, CISL y la Federación Mundial Sindical, FMS.

Por el hecho de mantener esta independencia, la CUT-Chile atrae las simpatías de ambos sectores y encuentra una actitud amistosa y receptiva frente a los problemas que introduce en los organismos internacionales. Por una parte en el seno de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, CISL, a la cual se encuentra afiliada la Australian Council of Trade Unions, ACTU, se establece una relación de compromiso que permite abrirle las puertas con facilidad hacia todas las organizaciones nacionales que se encuentran incorporadas a ese centro internacional; por otra parte se observa similar actitud en la Federación Mundial Sindical, FMS, que registra entre sus miembros a poderosos sindicatos australianos, tales como los marítimos, de la construcción y del transporte.

Otra importante y significativa raíz de la fuerza y decisión solidaria con el movimiento sindical chileno asumida por los sindicatos australianos hay que ubicarla en la obligación contraída por la Internacional Socialista frente a los acontecimientos de Chile, de la cual el Australian Labor Party es organismo afiliado, siendo una gran parte de los dirigentes sindicales miembros del partido. En efecto, la Internacional Socialista había aprobado en 1972 una resolución por la cual concedía reconocimiento y validez al proceso chileno, bajo el liderazgo por la Unidad Popular, en consideración a las condiciones específicas del país. Había aprobado explícitamente la constitución de los Frentes Nacionales con la inclusión de los Partidos Comunistas y había dado al Partido Radical de Chile, miembro también de la Internacional Socialista e integrante de la Unidad Popular de Chile, la seguridad de respaldar el “camino al socialismo por la vía legal”. Esto había permitido crear una relación de amistad y comprensión en el seno de la Internacional Socialista entre el Australian Labor Party y el Partido Radical de Chile más allá de las tendencias de izquierda o derecha que estos organismos políticos representaban en sus estructuras internas. De esta forma el Australian Labor Party se mantuvo siempre informado y preocupado a través de su Internacional de los acontecimientos que ocurrían en Chile; como por ejemplo que once dirigentes de los cuarenta líderes de la Unidad Popular que habían sido detenidos y trasladados a la inhóspita isla de Dawson a las 24 horas de haberse producido el golpe militar eran miembros del Partido Radical.

En estas circunstancias y dada la presencia de un gobierno laborista en el país, con influencia del movimiento sindical, al producirse el golpe militar en Chile, este sector, más una corriente del Labor Party estuvieron en condiciones de iniciar inmediatamente su campaña de solidaridad con el pueblo de Chile y con los sindicatos chilenos, contando en cierta medida con el beneplácito del gobierno o de algunos de sus sectores influyentes. Organizaciones laborales australianas habían sido invitadas a Chile a la ceremonia del primer aniversario del gobierno en 1971 y otras habían participado en Santiago de Chile, en 1972, en la Conferencia Internacional sobre las Multinacionales y cuyo anfitrión había sido la Central Unica de Trabajadores de Chile. Estas vinculaciones, más las constantes publicaciones en los medios periodísticos de izquierda sobre el proceso chileno, habían creado una actitud de observación y vigilancia que en la práctica, junto a otros factores, se tradujo en una actitud inmediata de respuesta.

Dadas las características orgánicas del movimiento sindical australiano y específicamente el significativo número de publicaciones producidas por los estamentos dirigentes para mantener informadas a sus bases, se creó de inmediato una intensiva red de comunicaciones que, a través de diarios, revistas y boletines se privilegió el caso chileno como preocupación central de su política internacional, produciendo con ello una sostenida campaña de educación hacia sus miembros.

La simpatía y adhesión creada por esta masiva campaña educacional facilitó la recolección de dinero con propósitos solidarios en las reuniones y conferencias desarrolladas en distintos niveles orgánicos, consecuencia de una toma de conciencia de lo que pasaba en Chile y de las arbitrariedades a que eran sometidos los trabajadores chilenos por parte del régimen militar.

Contribuyó a crear esta conciencia la presencia de destacados dirigentes sindicales chilenos, liberados de campos de concentración y centros de detención a raíz de presiones internacionales, los cuales invitados por el movimiento sindical australiano, ocuparon en este país foros y tribunas para referirse a los acontecimientos de Chile, recibiendo una cobertura importante en los medios de comunicación nacional, situación que les permitió solicitar ayuda moral y económica para abrir espacios en Chile que permitieran la reactivación de sus organizaciones sindicales y la restitución democrática del país.

Simultáneamente, chilenos refugiados en Australia reestablecieron sus propias organizaciones políticas y sindicales, contribuyendo a través de ellas a mantener una estrecha relación con dirigentes sindicales, a mantenerlos informados del desarrollo de los acontecimientos en Chile y a levantar campañas específicas de solidaridad sobre detenciones arbitrarias, sobre relegaciones o expulsiones del país de dirigentes sindicales, sobre detenidos-desaparecidos y a transmitir, tanto a dirigentes como a organismos de base, los sentimientos y aspiraciones de su pueblo por recuperar la democracia y el estado de derecho.

¿Cómo se expresó esta solidaridad y qué características tuvo? Esta es la cuestión que nos interesa investigar en los siguientes capítulos, de acuerdo a la síntesis que aquí hemos formulado.Todo ello permitió que el movimiento sindical australiano se mantuviera en una posición fuerte y sostenida de solidaridad durante los años de régimen militar en Chile y que reaccionara con beneplácito con el resultado del plebiscito de octubre de 1988 y el posterior triunfo electoral de Patricio Aylwin, en 1989.

CAPITULO Nº 8

El Australian Council of Trade Unions

y la solidaridad con Chile.

Al producirse el golpe militar en Chile, aproximadamente el 57 por ciento de la fuerza de trabajo en Australia se encontraba registrada en alguno de los 300 sindicatos existentes en el país, de los cuales una minoría funcionaba en solo un estado; pero la casi totalidad de ellos tenían sus bases de representación en varios o todos los estados del país.

Los sindicatos se encontraban organizados en el año 1973 en tres Confederaciones o Centrales Nacionales, que representaban a distintos sectores de la comunidad nacional. Así por ejemplo, el Australian Council of Trade Unions, ACTU, representaba inicialmente a los llamados trabajadores “blue collar” (cuello azul), mientras que el Australian Council of Salaried and Professional Associations, ACSPA, representaba a los “white collar” (cuello blanco) y el Council of Government Employee Organisations, CAGEO, reunía mayormente a los funcionarios de la administración pública.
En el año 1973, la ACTU representaba al 53 por ciento del 57 por ciento de la fuerza de trabajo organizada.

La ACTU como cuerpo nacional había sido significativamente politizada dentro de los parámetros de apoyo hacia las políticas del Labor Party, especialmente en la lucha contra la guerra en el Vietnam, la conscripción obligatoria, la independencia nacional y la intención de abrirse hacia otros mercados, especialmente hacia los países árabes y asiáticos. Por otra parte, la experiencia ganada por varias organizaciones sindicales en la participación de actividades solidaridarias con los trabajadores de Indonesia, Grecia, el pueblo Palestino, Sudáfrica, España y Portugal había logrado crear además un ambiente y una mentalidad de observación positiva hacia los pueblos que luchaban por desprenderse de gobiernos autoritarios, adheriéndose a aquellos movimientos que privilegiaban, en esos países, el llamado “camino propio”. Contribuía a este cuadro general, en forma significativa, el hecho de que varias organizaciones sindicales australianas estuvieran afiliadas internacionalmente a la Federación Sindical Mundial, situación que los comprometía ideológicamente en una lectura diferente de la función de la clase obrera en los procesos de cambio y en la participación de ella en el diseño de un nuevo tipo de sociedad. En otras palabras, el movimiento sindical australiano, o por lo menos sus sindicatos más importantes, se encontraba polarizado dentro de las corrientes ideológicas que dominaban la escena a nivel internacional.

En este contexto es recibido el golpe de estado ocurrido en Chile; es decir, dentro de los parámetros de la Guerra Fría. Los sindicatos más importantes se ubicaban en posiciones más proclives hacia el campo socialista y mantenían vinculaciones con la Federación Mundial Sindical, la Australian Teachers’ Federation, afiliada a la Confederación Mundial de Organizaciones de la Enseñanza, WCOTP, organismo con vinculaciones más sensibles hacia las posiciones estadounidenses. Otros sectores sindicales se mantenían al margen de centrales internacionales y ponían énfasis sólo en sus objetivos internos.

Dentro de este cuadro, los sindicatos más importantes, objetivamente más numerosos, y con mayor gravitación en la economía nacional, fueron los que decidieron, a través de su posición, el carácter de la solidaridad con el pueblo de Chile, absorbiendo en la práctica al resto del movimiento sindical australiano. Por esta razón se debe hablar con propiedad de la “solidaridad del movimiento sindical australiano” con el pueblo y los trabajadores de Chile, porque en definitiva no hubo competidores capaces de obstaculizar o revertir las proposiciones y acuerdos impulsados desde este sector, que era, obviamente el más sólido y fogueado en las cuestiones internacionales.

Dentro de este sector los sindicatos que más se destacaron en el trabajo solidario con el pueblo de Chile fueron los metalúrgicos, los marítimos, los de la construcción, del transporte y la Australian Teachers’ Federation, aún cuando muchos otros estuvieron activos y sensiblemente comprometidos. Hay referencias de 22 organizaciones sindicales por lo menos que tuvieron una clara y definida actitud frente a los acontecimientos chilenos, es decir, de condena y solidaridad con las intenciones y propósitos asumidos por la CUT-Chile en su lucha contra el autoritarismo.

Todas estas organizaciones sindicales expresaron de una u otra manera su compromiso solidario con los trabajadores chilenos al interior de su organismo nacional, la ACTU. Este recibió el impacto y la presión permanente de algunos de sus afiliados para que asumiera una posición clara e inequívoca frente a los eventos ocurridos en Chile.

El Australian Council of Trade Unions no es ni ha sido una institución altamente centralizada en términos de poder, es decir, en su capacidad de imponer a sus miembros determinadas direcciones en el manejo de sus organizaciones internas. El proceso de consolidación de la ACTU se había producido en 1970, cuando se establece una alianza con los llamados “white collar unions”, lo que le permite sostener una voz más autorizada en las relaciones laborales. Sin embargo, siempre había gozado de un prestigio y adhesión que le habían permitido, como cuerpo nacional, sumar a sus resoluciones y/o recomendaciones a muchos sindicatos, que sin estar comprometidos en una dirección política determinada, aceptaban los acuerdos que procedían de los sectores comprometidos con la solidaridad o bien de sus congresos y de los informes de su Dirección Ejecutiva. En términos de su capacidad para vinculaciones internacionales, nadie cuestiona internamente su autoridad, especialmente en la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, CISL, de la cual es miembro y en la Organización Internacional de Trabajo, OIT. Se le reconoce también por parte de sus organizaciones afiliadas la calidad de interlocutor oficial de los intereses laborales frente a las autoridades federales del país, de las organizaciones empresariales y de los Tribunales Laborales o Comisiones de Arbitraje.

Este organismo nacional realiza congresos bienales con la participación de todos sus afiliados, dejando en manos de un Comité Ejecutivo, a veces ampliado con representantes sindicales por ramas de actividad, el manejo administrativo y la toma de resoluciones que deben ser adoptadas en el tiempo que media entre un congreso y otro. En ambos casos sus resoluciones y/o recomendaciones son comunicadas a sus afiliados, las cuales deben considerarlas como política oficial del movimiento sindical.

Para determinar cuál fue la actitud de esta central sindical frente a los acontecimientos chilenos en general y del movimiento sindical en particular, habría que evaluar su actitud a través de todo el gobierno militar, es decir, los 16 años y tres meses de su duración y observar durante el período si en él se produjo algún cambio de actitud y cómo afectó esto al trabajo de solidaridad.

Pensamos que la respuesta sólo se podrá encontrar en el examen histórico que verifique algunos aspectos de su comportamiento. En nuestra opinión, ellos pueden ser tres: primero, de la lectura y análisis que se haga de los documentos oficiales emanados de ella; segundo, en la actitud de su dirección frente a dirigentes o representantes del movimiento popular chileno que visitaron Australia durante el período del régimen militar; y tercero, en la posición adoptada sobre medidas concretas y específicas que dieran respuesta a los requerimientos e intenciones de los organismos sindicales de Chile y de las organizaciones internacionales que se comprometieron en su lucha. En otras palabras, nos interesa analizar su discurso, su hospitalidad y la aplicación de acciones impulsadas para contribuir al restablecimiento del movimiento sindical en Chile y a la restitución democrática del país. Veamos estos tres aspectos separadamente.

1. El discurso sobre la situación chilena.

En el año 1973, la ACTU realizó su congreso bienal del 3 al 7 de septiembre en el Town Hall de Paddington, en Sydney. Días después, conocida la noticia del golpe militar en Chile, su Comité Ejecutivo condena el golpe y apela por el respeto a los derechos sindicales y por la seguridad personal de sus dirigentes. Será el próximo Congreso Nacional, celebrado en el Town Hall del Sur de Melbourne, del 15 al 19 de septiembre de 1975, el que estará dominado por los eventos en Chile. Luis Figueroa, Presidente en el exilio de la CUT, junto a Luis Meneses, Secretario de este organismo, ocupan sus tribunas, en medio de una de las más calurosas recepciones que se le haya brindado a dirigentes extranjeros. La prensa nacional de esos días recoge las imágenes y comentarios del congreso. Periodistas del Herald, The Age y de la ABC de Melbourne, de The Sydney Morning Herald y de The Canberra Times, impactados por este hecho, no sólo incluyen destacados comentarios en la prensa del 16 de septiembre sobre la presencia de estos dirigentes chilenos, sino que además firman junto a los dirigentes sindicales del congreso la resolución de condena al régimen militar y de apoyo a los trabajadores de Chile. Durante estos días se insertan además varios comentarios en que la prensa australiana pone al descubierto la participación de Nixon y Kissinger en el derrocamiento del gobierno constitucional de Chile. Sobre el congreso, el periódico del Australian Socialist Party, hace un resumen con estas palabras:

A call to the ACTU Congress by L. Figueroa and L. Meneses, president and vice president of the National Trade Union Centre of Chile for solidarity support met strong backing.

An immediate reflection was the support given to a petition circulated at Congress by P. Clancy (BWIU), D. Scott (AMWU) and R. Taylor (ARU) calling for solidarity for removal of the junta and release of Luis Corvalan and all political and trade union prisoners.

Among signatories were R. J. Hawke, C. Dolan, J. Devereux and some 150 leading figures of the trade union movement.

The feeling in support of Chile was also reflected by the fact that most of the pressmen covering Congress signed the petition.

La resolución aprobada dentro de los asuntos internacionales quedó documentada en estos términos en el número 4 de las resoluciones de la ACTU:

We join with the ILO (International Labor Organisation) condemnation of the brutality associated with the takeover by the military junta in Chile. (The ILO proposals are included).

Actitud similar de condena se repetirán en el Congreso de 1977, mientras que a partir de 1979, el caso de Chile pasará a ser ubicado dentro del contexto latinoamericano, bajo la localización de “Central and South America”, reflejando con ello un interés más amplio sobre la región por el desarrollo de los acontecimientos que tenían lugar en Nicaragua y El Salvador. Así por ejemplo, el Congreso realizado en Sydney del 7 al 11 de septiembre de 1981 dejará constancia en su informe general de la situación continental, pero destacando en particular la situación de Chile:

Congress reaffirms its condemnation of the totalitarian regimes in Chile and many other Central and South American countries, noting the unrelenting imprisonment and torture of innocent people, the denial of freedom of association, and numerous other acts of oppression.

Congress supports initiatives of the ICFTU directed towards opposing such regimes and assisting workers deprived of basic freedoms by them.

In particular, Congress calls on the Executive to continuously monitor the development in Central America and South America and to support international efforts to assist South American trade unions and workers in their struggles against such regimes. So called “liberalising decrees” in these countries particularly Chile, in fact tend to legalise the restriction of trade union rights and constitute a shabby attempt by such Governments to mislead the international community as to progress being made in this area.

Congress calls on the United States to reverse its program of support for repressive regimes in the Latin American region and to support negotiations with the Farabundo Martí National Liberation Front for the prompt and peaceful solution of the conflict in El Salvador.

Finally, Congress reaffirms its full support for the people of Central and South America living under totalitarian regimes in their struggle for self-determination. [Emphasis added]

La función de “monitor” entregado por el Congreso al Ejecutivo de la ACTU para observar y actuar sobre los acontecimientos chilenos y latinoamericanos ya había sido explicitado anteriormente; más aún, se encuentra reglamentado en sus disposiciones internas. Sin embargo, sus afiliados continuamente ejercían presión sobre su dirección nacional para casos coyunturales en que se requería que ese cuerpo actuara y sacara la voz en representación de todo el movimiento sindical. Tal es el caso de la invitación cursada por la Federación Nacional de Fútbol (Soccer) para que la selección chilena visitara este país y mantuviera varios partidos amistosos en canchas australianas. La reacción no se dejó esperar. El ejecutivo de la ACTU hizo público un comunicado de prensa en mayo de 1980 que, después incluyó en su informe al Congreso Nacional de 1981. Su texto es el siguiente:

That the Australian Soccer Federation be advised that the International Labor Organisation – a tripartite body comprising representatives of government, employers and employee organisations – has expressed its deep concern about the repressive and repugnant nature of the present regime of Chile; and that the ACTU is a party to that expression of concern.

That the Federation be advised that the ACTU adopts the same attitude to Chilean sport as it did to the South African Rugby Tour of the early 1970’s and in the circumstances the Council believes that an invitation should not be issued to the Chilean Soccer Organisations.

El viaje de la representación deportiva fue cancelado y Sir Arthur George, presidente de la Australian Soccer Federation, pidió disculpas a los sindicatos por los inconvenientes causados. Este mismo procedimiento fue usado en distintas ocasiones, tales como el 10 de marzo de 1983, en noviembre de 1984, en que la ACTU se pronuncia sobre la represión de los sindicatos y los derechos democráticos de los chilenos, y de nuevo en noviembre de 1986, sobre el comercio con Chile. En diciembre de 1987, el Ejecutivo, del mismo cuerpo nacional, patrocina una resolución en el Congreso de los Sindicatos del Pacífico en que se opone al régimen de Pinochet e instruye a sus miembros a tomar medidas apropiadas en función de esta resolución. En marzo de 1989 comunica su preocupación por el despido de los trabajadores telefónicos en la empresa adquirida por Alan Bond en Chile y se compomete a un estudio sobre las inversiones de compañias australianas con el régimen de Pinochet, documento que es incorporado como recomendación política y estratégica al Congreso de septiembre de 1989.
Por último, mostrando su discrepancia con las actividades de Sergio Buschmann, miembro del grupo guerrillero Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se encontraba detenido en Australia y con una petición de extradición por el régimen militar, solicita al gobierno australiano que se le proporcione la misma protección que había recibido mientras vivía y trabajaba en la República Federal Alemana y en Suecia.

Estos antecedentes, documentados a través de resoluciones y recomendaciones, permiten visualizar a grandes rasgos el contenido del discurso asumido por este cuerpo nacional. Reflejan, en nuestra opinión, una posición clara de condena hacia el régimen militar, que conlleva además un conocimiento pormenorizado de los eventos históricos ocurridos en Chile y una lealtad de clase hacia el movimiento sindical chileno en su lucha por la libertad, los derechos civiles y la restitución democrática.

Por eso, la ACTU no oculta su alegría y satisfacción por el cambio de gobierno operado en Chile. Sus sindicatos afiliados adoptan, en forma unánime en su Congreso Nacional del 9 al 13 de septiembre de 1991, en Melbourne, la siguiente declaración:

22.     CHILE:

22.1. Congress warmly welcomes the ending of the 17 years of military dictatorship of Augusto Pinochet in Chile and congratulates the new democratic and universally elected government of Mr. Patricio Aylwin, representing a coalition of political parties and having the goal of ‘transition to democracy’.

22.2. Congress is concerned that it is not going to be easy to untie all the knots left in place by the dictatorship in every aspect of society’s life, in the short term.

22.3. Therefore Congress calls for:

(i)    The Federal Government to co-operate in every possible way to ensure that total democracy is restored in Chile.

(ii)    Developed countries to restore and expand economic aid which will assist in ensuring this process will not again be threatened by the use of force.

(iii)    The I.C.F.T.U. to assist the Chilean Trade Union Movement and in particular the C.U.T. (Unitarian Central of Workers of Chile) in playing its role in the restoration of democracy.

22.4. Congress congratulates President Aylwin for the measures taken to free all political prisoners and to re-establish human rights. Congress encourages the Chilean Government to continue the process as the way to achieve total reconciliation amongst Chilean people.

22.5. Congress notes that a number of Australian companies have subsidiaries in Chile and calls on them to negotiate in a proper manner with their employees and refrain from sheltering behind the oppressive legislation left in place by the past Government.

22.6. Congress agrees to lift all sanctions taken by the ACTU against the military dictatorship of Pinochet and will develop close contact with the trade union movement of Chile.

2. La recepción a delegaciones chilenas.

Diversas personalidades del mundo sindical y político de Chile visitaron Australia durante los años del régimen militar. Algunos de ellos procedieron de países donde residían en calidad de refugiados políticos, mientras que otros lo hicieron directamente desde Chile. Todos ellos fueron invitados por períodos breves que normalmente no excedían más allá de una semana. Sus anfitriones fueron organizaciones sindicales que contribuyeron además económicamente para cubrir el costo de sus pasajes, acomodación y comida. Todos ellos cumplieron intensos programas en la sede del Federal Parliament y de los estados, en sindicatos, universidades, organizaciones políticas y, por supuesto, con la comunidad chilena residente.

La primera delegación chilena que visitó Australia fue integrada por Aída Insunza y Luis Muños. Invitados por el llamado “Comité de Mayo” de 1974, el cual estaba constituído fundamentalmente por las organizaciones sindicales afiliadas a la Federación Mundial Sindical y cuyos dirigentes tenían vinculaciones de carácter político con el Socialist Party of Australia. Fueron, por lo tanto, los sindicatos marítimos (Firemen and Deckhands’ Union, Seamen’s Union of Australia y Waterside Workers’ Federation), quienes se hicieron cargo del costo que significó su viaje a Australia. Esta delegación presidió en forma oficial la celebración del Día Internacional del Trabajo en Sydney y posteriormente se trasladó a diferentes ciudades del país. Su visita en la primera quincena de mayo de 1974 fue ampliamente destacada por la prensa nacional y diversas radioemisoras recogieron con prontitud sus declaraciones y observaciones sobre la situación chilena. Ambos fueron recibidos por dirigentes de la ACTU en sus oficinas centrales, localizadas en la ciudad de Melbourne.

En el mes de septiembre de 1975, con motivo del segundo aniversario del golpe militar en Chile, la ACTU invita al país al Presidente Nacional de la CUT, Luis Figueroa, junto a Luis Meneses que actuaba en calidad de Secretario General. Los antecedentes de su encuentro con dirigentes sindicales australianos han sido comentados anteriormente.

Las visitas se suceden con cierto distanciamiento. En julio de 1977 el ex-Senador del Partido Radical de Chile, Hugo Miranda, visita Australia, se reúne con el Minister for Foreign Affairs, Andrew Peacock, visita a parlamentarios del Labor Party y asiste a la sede nacional de la ACTU, donde es recibido afectuosamente.
El 24 de mayo de 1978, el Presidente de la Federación de Profesores de Chile, exiliado por el gobierno militar, Humberto Elgueta, es presentado por la Australian Teachers’ Federation al Consejo Ejecutivo de la ACTU, donde informa de las condiciones educacionales bajo el régimen militar en su país y de la situación que afecta al gremio y a los profesores de Chile.
En mayo del mismo año, Mario Navarro, Presidente de la CUT exterior, en reemplazo del fallecido dirigente Luis Figueroa, es recibido por la central sindical australiana. María Elena Carrera, Senadora del Partido Socialista de Chile, visita también la sede nacional en marzo de 1979, e Isabel Letelier, viuda del ex-Canciller Orlando Letelier asesinado en las calles de Washington, lo hace en junio de 1980. Jaime Durán de la Union de Profesores de Chile visita Australia en abril de 1987, Carmen Gloria Quintana se reúne con Simon Crean, Presidente de la ACTU y con el Encargado Internacional Michael McLeod en abril de 1988. Hugo Arriagada, Presidente del Sindicato de la Compañía de Teléfonos de Chile, SINATE, visita en mayo de 1989 y Diego Olivares, Presidente en ejercicio de la CUT es recibido como invitado especial en la apertura del Congreso Nacional Sindical que celebra la ACTU en septiembre de 1989.

A todos ellos, junto con proporcionarles una calurosa recepción en lo personal, se les transmitió la inquietud e interés del movimiento sindical australiano en relación al desarrollo de los acontecimientos chilenos. Todas estas visitas produjeron, en los períodos en que tuvieron lugar, un impacto muy significativo en la reactivación solidaria con Chile, tanto en las estructuras nacionales como estatales del movimiento sindical australiano, en los comités de solidaridad y en la propia comunidad chilena residente, la cual se vió enriquecida por la presencia de estos dirigentes del movimiento popular chileno.

En este último caso, junto con producir una comunicación más estrecha con el resto de la diáspora chilena y con las organizaciones sindicales del país, crearon las condiciones favorables para que dirigentes locales de la comunidad chilena se sintieran más en casa y transitaran por las organizaciones sindicales australianas como si fueran algo propio.

3. La respuesta a los requerimientos del movimiento sindical chileno.

La ACTU, usó como marco de referencias para sus acciones los acuerdos adoptados fundamentalmente por dos organismos internacionales: la Federación Mundial de Sindicatos Libres, FMSL y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esta última es el brazo industrial de la ONU. Frente a las dos, mostró una posición inequívoca de sólida reafirmación a las resoluciones emanadas de sus direcciones centrales. Con ello entendió cumplir cabalmente la tarea de la solidaridad, de acuerdo a los requerimientos expresados por el movimiento sindical chileno. El peso y el prestigio de ambas instituciones le proporcionaron además una herramienta muy poderosa para hacer sus propias observaciones y presentaciones al gobierno de Australia sobre la situación chilena. En este sentido recurrió a los acuerdos de la OIT para exigir de parte de las autoridades administrativas del país una conducta consecuente con los acuerdos asumidos a este nivel mundial. Ello fue usado constantemente en la práctica para notificar a sus propias autoridades nacionales cuando éstos trataban de abandonar los parámetros fijados internacionalmente por este organismo.

Pero, además, la ACTU como cuerpo nacional del movimiento sindical australiano, fue continuamente exigida por sus sindicatos afiliados a usar de su poder para comprometer al gobierno globalmente en acciones determinadas. Una presión desde los cuerpos intermedios, vale decir de las direcciones nacionales o estatales de los sindicatos, estuvo siempre presente en el período como un factor importante de la actitud asumida por su Ejecutivo. A manera de ejemplo documentamos una carta dirigida el 13 de septiembre de 1988 al Minister for Foreign Affairs, Senador Gareth Evans, por el Presidente de la ACTU, Simon Crean:

I am writing in order to again express the ACTU’s concern in relation to the continuing denial of basic trade union and human rights in Chile. Within the past fortnight Manuel Bustos, President of the recently formed Trade Union Centre (CUT), has been sentenced to 541 days of internal exile for merely carrying out legitimate trade union activities and, further, widespread violence and oppression has occurred following the sham process which led to General Pinochet’s sole nomination for the Presidency.

I have attached correspondence from ACTU affiliates which exhibit the concern felt within the trade union movement.

Accordingly, it is requested that the Australian Government make strong representations to the Chilean authorities and vigorously pursue the issue of human rights in Chile at the United Nations. Yours sincerely, SIMON CREAN.
[Emphasis added]

Dentro de este cuadro general que hemos descrito en el presente capítulo, encontramos antecedentes altamente positivos en términos de la solidaridad con sus homólogos en Chile, situación que corrobora nuestra aserción inicial. Sin embargo, observamos también una intensa fricción y desacuerdo producido entre la dirección nacional del movimiento sindical australiano y sus organizaciones afiliadas.

Una de las cuestiones más controvertidas en el seno de este organismo nacional fue el problema del embargo a las exportaciones de trigo declarado por los sindicatos marítimos con el apoyo decisivo de los metalúrgicos, de la construcción y de la Australian Teachers’ Federation. Dada la importancia de esta acción industrial y del significado y repercusión que tuvo esta medida, pensamos que debe ser tratada separadamente. Sobre todo, teniendo en consideración que sólo Australia y Nueva Zelandia fueron los únicos países que mantuvieron esta medida por el tiempo en que duró la dictadura militar de Chile. Otros, incluyendo a la casi totalidad de países del campo socialista que formaban parte del European Council for Mutual Economic Assistance, CMEA, estuvieron lejos de aplicar medidas restrictivas en sus rubros de importaciones y exportaciones tradicionales. Veamos estos antecedentes del embargo comercial en detalle en el siguiente capítulo.

CAPITULO Nº 9

El embargo comercial a Chile establecido

por los sindicatos australianos.

Una vez producido el golpe militar, los sindicatos marítimos incorporados a la Federación Mundial Sindical se reunieron inmediatamente y acordaron establecer un embargo comercial al régimen militar chileno. Este boicoteo fue establecido inicialmente sobre las exportaciones de trigo, incluyendo más tarde la exportación de ganado. Con anterioridad, la Federación Mundial Sindical y el Consejo Mundial para la Paz habían recomendado a sus afiliados la imposición de embargos a Chile, situación que estos sindicatos acordaron apoyar.

El boicoteo impuesto a los embarques de trigo impactó notoriamente en las nuevas autoridades chilenas, las cuales decidieron enviar como emisario al General Germán Stuardos, Presidente de la Línea Aérea Nacional LAN–CHILE, cuya visita tenía por objeto persuadir a las organizaciones sindicales a levantar las medidas restrictivas sobre este embargo y a invitarlos a viajar a Chile a conocer la realidad del país. Su misión pública fue disfrazada con la tarea de obtener autorización para que los aviones de la línea aérea chilena pudieran aterrizar en tierras australianas.

Sin embargo, los sindicatos marítimos decidieron no aceptar esta invitación, mientras otros, como los metalúrgicos, estimaron oportuno realizar dicho viaje a Chile. Los sindicatos marítimos pusieron en conocimiento de la Federación Mundial Sindical su resolución de rechazo a la invitación del gobierno militar el 15 de febrero de 1974. La FMS, junto con tomar nota de estos antecedentes, agregó algunas consideraciones que, en el fondo, respaldaban tácitamente esta actitud:

We also wish to inform you that according to latest reports the junta has set up its puppet trade unions as well as a trade union centre. The people who are in change of these puppet organisations as, for instance, Eduardo Ríos, are notorious reactionary and pro-imperialist elements. … If the facilities offered by the junta are only to meet the puppet trade union leaders, the whole aim of the mission would be frustrated. For the mission to obtain positive results it must have the unfettered possibility to meet the trade union leaders imprisoned in the concentration camps as well as the CUTCH leaders in asylum in the foreign Embassies.

Los marítimos acudieron con estos antecedentes a sus bases sindicales, programaron detención de faenas en los lugares de trabajo y resolvieron no aceptar la invitación. La revista citada, Seamen’s Journal, recoge las resoluciones de West Australia, Port Kembla, Sydney, Newcastle, Queensland, South Australia y Victoria. Con este respaldo de sus bases, el Australian Maritime Council, no sólo no aceptó la invitación de viajar a Chile sino que tomó la iniciativa de presentar su propia resolución en febrero de 1975 ante la Tercera Sesión de la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar en Chile. El portador de esta iniciativa en Ciudad de México fue Don Henderson, Secretario del sindicato Firemen and Deckhands’ Union, que junto a Henry McCarthy de la Metal Workers’ Union, asistieron a este evento celebrado entre el 18 y el 21 de septiembre.

En la clausura del evento se aprobó la resolución elaborada por los marítimos australianos, la cual expresa:

We therefore respectfully but very strongly suggest that the trade union movement take the following measures in support of the people of Chile:

1. Place a ban on all trade with the military junta of Chile;

2. Urge your respective governments to refrain from all political, economic and diplomatic relations with the junta;

3. Demand that the junta stop the terror and torture, release all political prisoners and close all concentration camps and lift the state of siege; and

4. Demand the return to democratic government.

Esta misma resolución trató de implementarse en el Congreso de la ACTU de 1975, al cual asistía como invitado especial Luis Figueroa, Presidente de la CUT de Chile. Pero en definitiva se optó por aprobar las resoluciones de la OIT de junio de 1975, ya que ésta poseía el respaldo de las distintas centrales sindicales mundiales (World Federation of Trade Unions, the International Confederation of Free Trade Unions, the International Transport Federation, y the Transport Workers’ Trade Union International).

El gobierno de Whitlam no creó problemas con la resolución del embargo de los sindicatos marítimos y la posterior ratificación por parte de la ACTU; por el contrario aceptó esta posición. Sin embargo los agricultores empezaron a presionar antes del Congreso de la ACTU para que los marítimos depusieran su actitud, encontrándose con una resuelta respuesta sindical:

In his reply (on May 5 to wheatfarmers’ representative), Federal Secretary Elliott said that the Seamen’s Union policy was opposition to the fascist regime in Chile, and this was also a policy of respected world organisations. Consequently, ships for Chile would not be handled at Australian ports.

Las presiones continuaron y luego el Consejo Ejecutivo de la ACTU decidió en Brisbane, el 17 de febrero de 1977, levantar el embargo. Reunidos los sindicatos marítimos, el 28 de marzo de 1977, acordaron continuar con él. El Federal Secretary, Waterside Workers’ Federation, Mr C. Fitzgibbon, informaba a la prensa al día siguiente que: “last night his union’s ban on wheat shipment to both countries would remain in force”, noticia que The Sydney Morning Herald y
The Age, en Melbourne, recogían destacadamente el día 30. El 14 de diciembre de 1977, se reúne de nuevo el Ejecutivo de la ACTU para tratar, entre otras materias, el problema del embargo a Chile e Indonesia. Bob Hawke, ACTU National President, informa a la prensa que “his [sic] executive took the view that the bans could no longer be justified, because, with the possible exception of New Zealand, Australia was the only country with a ban on trade with Chile”.
De esta forma, el 29 de diciembre de 1977, el Secretario de la ACTU, P. I. Nolan, envió una circular a los 15 sindicatos relacionados con el transporte marítimo, cuyo texto decía:

The ACTU Executive at its meeting held in the week commencing 12th December, 1977, gave consideration to the current bans imposed on Indonesian and Chilean trade.

The recommendation of the Executive to the Meeting of Unions held at 9.30 a.m. on Wednesday, 14th December, 1977 concerned with bans was as follows:

The ACTU Executive having considered the current bans and their effectiveness on Indonesia and Chile recommends that such bans be lifted with the understanding that the ACTU reaffirms its views of condemnation of the activities of the authorities in those two countries.

Pese al contenido de esta argumentación, los portuarios decidieron seguir adelante y mantener el embargo. Sorpresivamente, el 23 de noviembre de 1978, el ejecutivo de la ACTU comunica a la prensa que esa dirección nacional estaría dispuesto a reimponer el embargo porque “the American Federation of Labor and Congress of Industrial Organisations, AFL-CIO, had condemned the Chile situation and was raising the possibility of boycotts against Chile”. La ACTU prefería de esta manera seguir las recomendaciones de la AFL-CIO y amenazaba en reimponer el embargo más que aceptar la disposición de sus propias organizaciones afiliadas, las que no dudaron en ningún momento en mantenerlo. En definitiva la ACTU no reimpuso el embargo aún cuando la lucha se agudizaba. Los agricultores, a través de su organización el Australian Wheat Board y las compañías especializadas en el transporte marítimo, buscaban todo tipo de subterfugios para torcer la dirección que habían tomado los portuarios.
El boicoteo continuó durante 1978, incluyendo, además del trigo, el transporte de ganado. En el mes de marzo de 1979, Robert Hawke, en su calidad de Presidente de la ACTU presionó una vez más para que esta medida restrictiva fuera abandonada. En efecto, al inagurar la conferencia bienal de la Seamen’s Union, el 12 de marzo, Hawke se expresó en los siguientes términos, de acuerdo a la información que documenta la revista oficial de dicha organización:

The regime in Chile is one of the most despicable and ruthless anywhere in the world. He [Hawke] rejected the manner in which the Allende government was overthrown and the Chilean people, in particular the workers and their representatives, subjected to the tyranny of Pinochet. However, the ACTU had lifted its ban on trade with Chile in the hope that moves at present taking place in North and South America would develop into an international trade ban on Chile within the next few months. He hoped that the Seamen’s Union would act in union with the ACTU, as all that was happening at present was that Australian trade and, to a lesser extent, New Zealand trade with Chile was being diverted to other countries to our economic detriment.

El Committee of Management discutió las proposiciones del Presidente de la ACTU en marzo de 1979 y acordó establecer una mayor flexibilidad en su posición sobre el embargo:

… We further note reports from Chile indicate repression continues including attacks upon the trade union movement and other democratic forces. We welcome any concerted action by sections of the international trade union movement. We are aware of the role played by the WFTU in boycott action on trade with Chile. Should there be firm indications that such concentrated international action will be made to defeat the Pinochet regime and restore democracy in Chile we will consider a pause in our policy if this will be of assistance in enabling concentrated actions to go forward. [Emphasis added]

La razón de la pausa obedecía a las conversaciones con Hawke en el sentido que éste habría manifestado que era más efectivo imponer embargos limitados, cada dos meses, y que en tal sentido algunos países como Canadá y otros de Sudamérica se habrían puesto de acuerdo con la posición de la Central Sindical de la ICFTU en la conveniencia de realizar acciones más esporádicas y en conjunto con todo el movimiento sindical mundial.

En la práctica esta medida de los embargos esporádicos nunca se concretó, y los sindicatos portuarios continuaron con su decisión. En febrero de 1981, la revista Seamen’s Journal así lo pone de manifiesto:

Tom Burdett, the Seamen’s Union representative in the North West, has told delegates at Port Hedland and Port Walcott to be on the lookout for Chilean vessels.

Comrade Burdett alerted the delegates after a Mr Barry King of Louis Dreyfus & Co. Ltd. acting on behalf of the New York owners of the Chilean vessel Viña del Mar, asked if the Union would object to this vessel coming to Dumpier to load iron ore.

Comrade Burdett said the Union’s position had not changed since March 9 last year when seamen refused to supply tugs to a Chilean vessel.

El 6 de julio de 1981 se informó en el National Committee of Management de la Seamen’s Union of Australia que algunos representantes de la Compañía Ultramarine, de reciente formación, se habían aproximado a los oficinas federales del sindicato para solicitar revertir la actitud de dicha organización en el sentido que se permitiera el zarpe de naves con bandera extranjera de 8.000 toneladas para iniciar el comercio entre Chile y Australia, concretamente la nave había sido registrada en Singapur y su dotación era procedente de ese país. Si esto se permitía, la Compañía Ultramarine
se comprometía con el gobierno de Chile a invitar a una delegación de dos o tres personas del sindicato para que viajaran a Chile y a proporcionar una beca de estudios para que dos hijos de obreros portuarios australianos estudiaran en Chile. La proposición de soborno fue prontamente descalificada por los dirigentes sindicales quienes afirmaron categóricamente:

After consideration of all the events which had occurred in Chile the request was rejected by the COM Reps. meeting. This decision was unanimously endorsed by seamen at (the) stopwork meeting.

Patrick Geraghty, Federal Secretary de la Seamen’s Union lo reafirma el 11 de septiembre de 1981 con motivo del octavo aniversario del derrocamiento del gobierno constitucional, expresando que ha habido un masivo intento de vender al General Pinochet y a su gobierno, mientras la represión no ha cesado desde 1973. Geraghty comenta que una reciente información de prensa, que propone el servicio de navegación entre ambos países, la cual considera que la política inicial del embargo, los derechos humanos, es actualmente inapropiada. Por supuesto “the Seamen’s Union and the trade union movement certainly does not agree with such a proposal”, expresó categóricamente.

Estas intensas presiones recibidas por los sindicatos portuarios para abandonar su posición, se estrellaban constantemente contra la férrea y sólida actitud de principios que estas organizaciones sindicales habían venido sosteniendo desde la caída del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. No era por cierto una actitud antojadiza. E. V. Elliott, en su calidad de Federal Secretary de la Seamen’s Union, poco antes de fallecer había dicho que: “The Chile wheat ban is a matter of principle before earnings”, en respuesta a los agricultores australianos con motivo de la celebración, el 8 de mayo de 1975, del treinta aniversario de la victoria sobre el fascismo en Europa. Con esta actitud la dirección del sindicato había logrado crear en sus bases una conciencia muy significativa de apoyo. Sus constantes artículos sobre Chile en su publicación oficial, Seamen’s Journal, habían educado a sus bases sindicales y creado un conocimiento y preocupación de los eventos que ocurrían en ese país. Además, la presencia de chilenos en reuniones de algunos puertos había logrado sensibilizar la actitud de las organizaciones de base del sindicato. Tanto las bases como los delegados de las organizaciones marítimas, no sólo respaldaban las decisiones de su consejo federal, sino que además ejercían presión sobre otros niveles del movimiento sindical australiano:

The ACTU lifted all bans last Congress and have endeavoured to get us to comply. … The preservation of our union is our main concern, in order to uphold our condition and principles both national and international. Signed by L. A. Freeman, Nº 3376 and J. L. Poster, Nº 3405.

En noviembre de 1982, los marítimos continuaban con su posición inalterable, haciendo un llamado a sindicatos fraternales y a las organizaciones de la clase trabajadora para apoyar e incorporarse a todas las actividades de solidaridad con el pueblo de Chile, incluyendo la acción contra el comercio, hasta la restauración de los derechos sindicales y civiles de los chilenos.

En febrero de 1983 la Seamen’s Union tomó conocimiento que el navío Moordrecht había programado embarcar trigo hacia Chile; conocida esta noticia, los sindicatos marítimos dilataron el zarpe por 18 días, hasta que la empresa naviera desistió de su propósito. Los portuarios continúan en su posición, haciendo llegar a los congresos de la ACTU de 1983 y 1985 sus proposiciones para mantener las sanciones al régimen militar.

En diciembre de 1986 la ACTU invitó a una reunión a todos los sindicatos involucrados en la industria del transporte en relación con el comercio con Chile. Como consecuencia de este encuentro entre el organismo nacional y parte de sus afiliados, se adoptó una resolución apoyando el embargo a Chile y la programación de nuevas reuniones sobre la materia. Esta inusitada actitud de la ACTU frente a la persistente posición de los portuarios por mantener el embargo, hay que leerla en el contexto de los acontecimientos ocurridos en el mes de noviembre de 1986, cuando el tesorero del gobierno nacional, Paul Keating, decidió apoyar en la sede del Banco Mundial un préstamo para el gobierno militar de Chile. Esta actitud provocó dentro de amplios sectores del Australian Labor Party una molestia no ocultada. La prensa de esos días recoge opiniones que la posición australiana fue tomada unilateralmente por Keating, sin la consulta al Minister for Foreign Affairs, Bill Hayden.
Lógicamente, Hayden desmintió la afirmación de la prensa, diciendo que la posición de apoyar el préstamo era en función de razones técnicas y no políticas. Los sectores de derecha del Labor Party habían ganado una batalla, razón por lo cual el centro y la izquierda se fueron hacia el movimiento sindical, para advertir desde allí al gobierno que no estaban dispuestos a aceptar medidas como las que se habían adoptado; más aún, teniendo en cuenta: “Australia’s decision had angered a number of other Western governments”, como lo informa el National Times.

El 22 de junio de 1987, enfriados los ánimos con respecto al préstamo aprobado por Australia en el Banco Mundial, el Sydney Daily Telegraph anuncia que el comercio con Chile se abrirá, ya que, a pesar de la preocupación de la ACTU por el problema de los derechos humanos, ésta ha cooperado con el gobierno para llevar adelante el intercambio comercial. La respuesta emerge de nuevo:

The Seamen’s Union of Australia has no knowledge of any arrangements or deal with maritime unions to get around union opposition to closer economic ties with Chile.

Los portuarios no claudicaron en su posición, extendiendo su compromiso con el pueblo chileno en noviembre de 1987, al oponerse a recibir al buque escuela de la armada chilena, La Esmeralda , que había sido invitado a participar con motivo de la celebración del segundo centenario de Australia.

El embargo continuó hasta la toma de posesión del nuevo Presidente de Chile, Patricio Aylwin. Esto no significa que el comercio entre Chile y Australia no se hubiera desarrollado; por el contrario, se mantuvo durante los años del régimen militar, sorteando el destino de las mercaderías por las empresas marítimas hacia otros países como destinatarios, los cuales a su vez reembarcaban dichas cargas con destino directo a Chile o Australia. Don Henderson del sindicato Firemen and Deckhands’ Union manifestó que muchas partidas de trigo australiano y otros productos fueron embarcadas con destino inicial a Singapur, Argentina, China, Israel y otros países, los que a su vez reembarcaban dichas mercaderías con destino a Chile. Igual cosa ocurrió con productos chilenos que llegaron en forma intermitente hacia mercados australianos, tales como harina de pescado, productos del mar, vinos, maderas y cobre. Cuando en algunos puertos los portuarios lograban enterarse del destino final de las embarcaciones, éstas eran marcadas en sus cajas de embalaje, sufriendo la demora prolongada de su reembarque en los puertos intermedios, según manifestó Henderson.

Es obvio que la ACTU sufrió las presiones desde distintos círculos por terminar con el embargo: gobiernos, empresarios, agricultores y comerciantes. ¿Estaba en la agenda de la ACTU negociar el embargo con Chile a cambio de otras prioridades establecidas por este central sindical o fue la presión internacional de los sectores comprometidos con el golpe de estado en Chile los que buscan encontrar en este organismo un aliado?

La respuesta exacta la desconocemos. El argumento usado por el Senator Gareth Evans en su calidad de Acting Minister for Foreign Affairs en 1985 en carta dirigida al miembro de la House of Representatives, Gerry Hand, es contradictorio con el usado más tarde por el propio ministro Hayden. Ni uno ni otro responden a la cuestión central levantada por los sindicatos marítimos: las sanciones impuestas a régimenes autoritarios como disposición de una ética de relaciones internacionales y de solidaridad humana con las víctimas de sus arbitrariedades.

Si pensamos que Australia se incorporó a las sanciones económicas impuestas por la Organización de las Naciones Unidas a la República Sudafricana por la política del apartheid y por el problema de los derechos humanos que también comprometió a ambos bloques hegemónicos, no parece legítimo el argumento usado por estos representantes gubernamentales. Por eso los sindicatos marítimos decidieron continuar con el embargo más por razones de principio que de conveniencia práctica.

Lo cierto es que en definitiva esta dirección central de los sindicatos australianos no tuvo el poder para obligar a los sindicatos marítimos a cambiar de opinión, quedando Bob Hawke y Cliff Dolan, más que la ACTU como cuerpo colegiado, en una posición inconfortable y de dudosa credibilidad sindical dentro del movimiento sindical, de los comités de solidaridad con Chile y muy especialmente dentro de la comunidad chilena residente.

Pero en definitiva, pese a esta actitud, más de personas que de institución, el balance de la solidaridad desarrollado desde este organismo central fue positivo, incluyendo la condena permanente al régimen militar, la hospitalidad calurosa para dirigentes políticos y sindicales de Chile y la aceptación de la autodeterminación de los sindicatos afiliados, los que en definitiva quedaron en libertad para impulsar medidas y acciones que jamás fueron penalizadas. Esta actitud de tolerancia y de respeto mútuo se inscribe en el desarrollo histórico del movimiento sindical australiano que, con distintas ideas y utopías, le ha permitido ganar la batalla de levantar una sola central sindical para todos los trabajadores de Australia y ser parte importante en la estructura social del país.

CAPITULO Nº 10

Los sindicatos australianos y la solidaridad con Chile

Es una tarea difícil documentar exactamente el número de sindicatos australianos que participaron directa o indirectamente en el trabajo de solidaridad con los trabajadores de Chile. La incineración de gran parte de los archivos en el incendio de “Casa Chile” en noviembre de 1985 provocó una pérdida de cuantiosos materiales y documentos que no fue posible recuperar por otros conductos. Sin embargo, la investigación sobre este trabajo nos ha permitido documentar correspondencia de 20 sindicatos y 4 Consejos Laborales Estatales (Labour Councils of Queensland, New South Wales, Victoria y Western Australia).

Sabemos eso sí, que la cantidad fue mayor y que incluso algunos tomaron parte dentro de las visitas sindicales que se hicieron a Chile, como es el caso de Ron Matheus del sindicato de Plumbers’ and Gasfitters’ Union que viajó a Chile en 1974 y de George Crawford, del mismo sindicato, que fue invitado por el movimiento sindical de Chile en el año 1988. De este sindicato no hemos encontrado sus informes. Igual cosa ha ocurrido con el sindicato The Australian Telecomunications Employees, quien junto a la Building Workers’ Industrial Union invitó a Australia al dirigente chileno del Sindicato Nacional Telefónico, SINATE, Hugo Arriagada, en mayo de 1989.

Por lo menos 20 sindicatos tuvieron una participación activa, dentro de los cuales se cuentan los sindicatos más importantes por el número de miembros, como por la influencia que ejercen dentro de la política nacional de Australia. Así por ejemplo, dentro de estos sindicatos más numerosos está The Amalgamated Metal Workers’ and Shipwrights’ Union, con 172.000 miembros y The Miscellaneous Workers’ Union con aproximadamente 127.000 miembros.
Otros, con un número inferior de afiliados, ejercen también una influencia muy significativa en la estructura social y económica del país, tales como los sindicatos de la construcción, los marítimos y del transporte, además de la Teachers’ Federation of Australia. Todos ellos estuvieron estrechamente vinculados al trabajo de la solidaridad con el pueblo de Chile, durante todo el período que permaneció el régimen militar en el gobierno.

No es nuestra intención referirnos a todas ellas. Lo que nos interesa es destacar aquellas organizaciones que llevaron la dirección del movimiento solidario, incorporando a otros sindicatos en ocasiones en que se requería de un mayor esfuerzo colectivo. Antes de referirnos en particular a algunos de ellos en su relación solidaria con los trabajadores chilenos, creemos importante esclarecer, fundamentalmente para los lectores chilenos, las características generales que estas organizaciones tienen en Australia en comparación con sus homólogas en Chile.

En efecto, cuando hablamos de “sindicatos” nos referimos globalmente a las organizaciones de obreros, empleados y estudiantes. En Australia, a diferencia de Chile, las llamadas “asociaciones” forman parte de las “uniones” y pertenecen o están incorporadas a la misma central sindical, ya sea a nivel estatal (The Labour Council) o nivel nacional, ACTU. En otras palabras, la diferenciación existente en Chile entre los “blue collar” (cuello azul) y “white collar” (cuello blanco) sólo se da en Australia a nivel de base, en los sindicatos propiamente dichos; pero estas diferencias son superadas en las organizaciones intermedias o en su nivel nacional, donde convergen indistintamente todos los que viven de un ingreso (income). El obrero recibe un sueldo (wages) y los empleados un salario (salary). Ahora bien, la solidaridad con Chile se expresó a nivel de todos ellos, es decir, obreros, empleados y estudiantes. Por eso es legítimo hablar genéricamente de las uniones y/o sindicatos como las organizaciones de todos aquellos que viven de un sueldo o salario. La excepción la constituyen los sindicatos estudiantiles universitarios, que siendo también “uniones” no están integradas a estos cuerpos intermedios o nacionales, aún cuando poseen sus propias centrales a nivel de los estados, los que a su vez convergen en un cuerpo nacional.

Veamos ahora algunos de ellos:

La Amalgamated Metal Workers’ and Shipwrights’ Union.

El sindicato metalúrgico inicialmente representaba exclusivamente a los trabajadores del metal. En 1972 se amalgamaron tres sindicatos: Amalgamated Engineers’ Union y el Boilermakers’ and Blacksmiths’ Society y la Sheet Metal Workers’ Union, pasando a constituir uno solo. El 1 de diciembre de 1976, la AMWU se fusionó con el sindicato federado de la Shipwrights’ and Ship Constructors’ Association, pasando a ser su sigla actual AMWSU.

Durante todo este proceso interno de fusiones o amalgamaciones, el sindicato mantuvo una posición continuada de solidaridad con el pueblo de Chile, que no fue afectada por la incorporación de las nuevas entidades gremiales. En efecto, el sindicato tomó un interés especial en Chile antes del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, en los instantes que el Gobierno Popular en Chile enfrentaba una acción articulada en su contra por parte de las compañías multinacionales. A principios de abril de 1973, una delegación de la AMWU aceptó una invitación de la CUT Chile para discutir en una conferencia internacional sobre las multinacionales el rol e ingerencia de ellas en los países en vía de desarrollo. Para la AMWU constituía un contacto inicial importante con la CUT-Chile y con otras centrales sindicales, situación que les permitía confrontar la realidad de los países del Tercer Mundo con la lectura propia que ellos estaban levantando sobre la presencia de estas corporaciones en Australia. El material recogido, específicamente el de Chile, fue incorporado a su Centro Nacional de Investigación y sirvió posteriormente, después del golpe, como material de consulta y trabajo para muchas organizaciones sindicales australianas.

El conocimiento adquirido sobre el proceso político chileno, más la documentación procesada por sus equipos especializados de investigación, le proporcionó al sindicato metalúrgico una autoridad sobre la materia, que el resto del movimiento sindical la valoró adecuadamente, dándole en la práctica un liderazgo en la cuestión chilena.

Para el día 12 de septiembre de 1973, la AMWU, con otras organizaciones sociales y políticas, habían programado un acto de solidaridad con el Pueblo y el Gobierno de Chile en el Trades Hall de Sydney, a fin de denunciar la agresión de las multinacionales en la desestabilización del gobierno de la Unidad Popular. Conocida la noticia del coup d’état, el acto se transfirió a las afueras de las oficinas del Consulado de los Estados Unidos de América, donde diversos oradores hicieron uso de la palabra para denunciar y condenar al gobierno de los Estados Unidos y a las corporaciones transnacionales por su participación en él. En dicha ocasión, Laurie Carmichael, Assistant Secretary del sindicato, se refirió a los eventos chilenos y dió lectura a una resolución adoptada en forma unánime por el más alto cuerpo de dicha organización. Su texto es el siguiente:

This Commonwealth Council deplores the destruction of the democratic Allende Government in Chile where the rights of the people to progress to socialism through democratic development was under test.

Without doubt democracy in Chile has been completely undermined and destroyed by a multi-national monopoly conspiracy in conjuction with extreme rightwing and militarist forces inside the country.

The experience is of particular concern to all Australians in that the major proportion of our country’s economy is now in the hands of multi-national corporations operated from foreign centres remote from the interests of the Australian people and ruthlessly motivated by profit and power for those who control these corporations, irrespective of the country where they operate.

Commonwealth Council calls upon the Australian Government to register the strongest possible protest at what has occurred; to demand the restoration of the democratically elected government in Chile, and to seek immediate sanctions through U.N. and other international bodies that can exert economic pressure.

We call upon ACTU Officers to seek action by the International Confederation of Free Trade Unions and further we raise the matter for urgent action by the World Federation of Trade Unions, the International Metal Federation and the Metal Trades Union International.

Producida las primeras acciones contra el régimen militar por el movimiento sindical australiano, como el embargo al trigo por parte de los sindicatos marítimos y la sostenida condenación y repudio al golpe de estado en Chile, la AMWU empezó a jugar desde ese momento un rol vanguardista en las actividades de denuncia y de presión hacia el gobierno por el no reconocimiento del gobierno de facto instaurado en Chile. Sus dirigentes organizaron reuniones en sus bases sindicales, promovieron la recaudación de fondos para ayudar económicamente a las organizaciones de la resistencia chilena e insertaron artículos y comentarios en diarios y revistas, lo que produjo una acción educacional de connotadas proporciones. No había en la práctica ningún organismo de base que no conociera lo que había pasado en Chile y cuál era el desarrollo de los acontecimientos.

En el mes de noviembre de 1973, dentro de una campaña promovida por el régimen militar chileno para justificar internacionalmente el golpe militar y el quiebre democrático del país, visitó Australia el General Germán Stuardos, presidente de la aerolínea LAN-CHILE. En su conferencia de prensa, dirigentes nacionales de la AMWU desafiaron por escrito, a través de un comunicado de prensa, al General Stuardos exigiendo el derecho de visitar el país e investigar las condiciones del movimiento sindical en Chile bajo el régimen militar. Unos días después, cinco sindicatos recibieron una invitación especial para viajar a Chile y cerciorarse en terreno de que la situación era normal y que los derechos sindicales y civiles eran respetados sigilosamente. Los sindicatos invitados formaron de inmediato un “Committee on the delegation to Chile” y se encomendó en noviembre de 1973 a dos funcionarios (Steve Cooper de la Miscellaneous Workers’ Union, quien pasó posteriormente a la AMWU y Henry McCarthy, periodista de la AMWU) estudiar la proposición e informar de sus resultados al Comité creado para tales efectos. La proposición fue aceptada, habiéndose nominado a Henry McCarthy para que estableciera las negociaciones respectivas con LAN-CHILE en torno a las condiciones del viaje. Pocos días antes de viajar, estas garantías fueron rechazadas por el gobierno militar, impulsando a la Transport Union a la más severa protesta, declarando el inmediato boicoteo al Boeing 707 de LAN-CHILE que había aterrizado en el aeropuerto de Mascot, el 10 de febrero de 1974. Esta actitud obligó a la junta a firmar las garantías exigidas por los sindicatos australianos, formalizando el viaje de la misión para el día 23 de marzo de 1974, fecha en que la delegación partió rumbo a Chile.

Las personas designadas para esta misión fueron las siguientes: Jim Baird (AMWU), Ron Masterson (Plumbers’ Union), Brian McMahon (Transport Workers’ Union), Steve Cooper (Miscellaneous’ Workers) and Henry McCarthy (periodista). Como intérprete fue seleccionada para la delegación la señora Carmen Bull, de origen argentino y casada con Tass Bull, dirigente de la Waterside Workers’ Federation. Como responsable general de la delegación fue designado el dirigente metalúrgico Jim Baird.

Los resultados de la visita fueron desde todo punto de vista positivos. Además de conocer de primera mano un cuadro objetivo de la realidad nacional, como las detenciones arbitrarias, la intimidación y el soplonaje, los ajusticiamientos indebidos y la clausura de las organizaciones políticas y gremiales, se usó del viaje para presionar a las autoridades militares. En este sentido se pidió la libertad incondicional de académicos y dirigentes sindicales, obteniendo, gracias a su influencia, la liberación del Profesor Edgardo Henríquez, ex-Rector de la Universidad de Concepción y del dirigente sindical Héctor Olivares. Las gestiones de esta misión permitió también el otorgamiento del salvo-conducto para el presidente de la CUT-Chile, Luis Figueroa, que se encontraba bajo condiciones de asilo político en la sede de la Embajada de Suecia.

Esta visita a Chile marcó fuertemente al sindicato metalúrgico en su actitud frente a los acontecimientos chilenos. Las observaciones directas de Jim Baird, Henry McCarthy y Steve Cooper crearon en el interior del sindicato un “lobby” altamente comprometido que trascendió las fronteras internas de su sindicato. La delegación australiana a Chile había sido la primera delegación sindical del mundo que había visitado el país después del golpe de estado y sus informes llegaron prontamente a diversas centrales sindicales internacionales, y específicamente al Comité Exterior de la CUT-Chile que había establecido su sede en París. La solidez del informe producido motivó a la CUT-Exterior a solicitar a la AMWU que concurriera a la reunión internacional de la OIT, en Ginebra y presentara allí su informe. Jim Baird y Steve Cooper prepararon dicho documento e informaron ante este cuerpo internacional de sus observaciones y conclusiones sobre la visita a Chile. La OIT acogió favorablemente este informe, motivando como resultado una fuerte condena al régimen militar y los agradecimientos de la CUT-Chile, que decidió enviar a Australia una delegación del más alto nivel, visita que se concretó en septiembre de 1975 con la presencia de Luis Figueroa y Luis Meneses, Presidente y Secretario General respectivamente. Los metalúrgicos entregan su primer aporte económico a la CUT-Exterior ($A1.000) y a partir de ese momento se implementó una línea de trabajo solidaridario con el pueblo de Chile que incluyó a otros sindicatos, además de la ACTU. La programación de estas actividades permitió superar dentro de los sindicatos algunas fricciones políticas del pasado, como el distanciamiento de modelos políticos que comprometieran al movimiento sindical dentro de ellos.

Con motivo de la visita a Australia de los dos dirigentes sindicales chilenos, Figueroa y Meneses, la AMWU actua como co-anfitrión de la delegación y se compromete en una serie de tareas, específicamente en el embargo a las mercaderías “de y para Chile”, en la nominación de Henry McCarthy como representante del Sindicato ante la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar de Chile en Estocolmo, en la contribución financiera para su funcionamiento, en la promoción y financiamiento de los grupos de música popular chilena que visitaron Australia,
y en la asistencia de delegados ante las conferencias de solidaridad con el Pueblo de Chile, celebradas en distintas partes del mundo.

Internamente la AMWSU estuvo siempre presionando a las autoridades políticas del país para la traída de refugiados políticos chilenos y haciendo presentaciones para la libertad de prisioneros políticos. En marzo de 1980, el sindicato aceptó una invitación de los sindicatos metalúrgicos de Chile para asistir a su conferencia anual, habiéndose designado a Bill Martin y Percy Johnson como sus representantes en dicho evento. A su regreso, después de haber sostenido diversas entrevistas con altas personalidades de la oposición política, del movimiento sindical y dignatarios de la Iglesia Católica, se dio a publicidad un informe que contiene en detalle las actividades realizadas por la delegación, la cual fue también integrada por Andrew Ferguson de la Building Workers’ Industrial Union of Australia, BWIU. En febrero de 1985, Bill Martin fue nominado por el sindicato para asistir al Tercer Congreso Nacional de la Confederación de Trabajadores del Metal, CONTRAMET, realizado en Santiago del 26 al 28 de abril de ese año.

Por último es necesario documentar en alguna medida el aporte económico de la AMWSU durante estos años de solidaridad con el pueblo de Chile. Aún cuando ha sido imposible determinar el volumen exacto de su contribución, sabemos que éste fue generado desde dos niveles. Por un lado, las bases sindicales estuvieron permanentemente entregando su aporte al Comité de Solidaridad para gastos de su funcionamiento y por otro, la Dirección Federal del Sindicato aprobó en diversas ocasiones remesas de fondos a organizaciones de la resistencia chilena en el exterior, a actividades desarrolladas por la solidaridad australiana o bien a organizaciones sindicales en Chile para las actividades de funcionamiento interno de sus propias organizaciones. En este último aspecto, la ayuda económica se intensificó en la medida en que el movimiento sindical chileno empezaba a emerger con mayor fuerza después de haber vivido varios años en condiciones de inmersión por la represión política desatada contra él. Así por ejemplo, después de las protestas de 1983, la AMWSU empezó a enviar su aporte directo a su organización homóloga en Chile, la Confederación de Trabajadores del Metal, CONSTRAMET. Para la Conferencia realizada en abril de 1985 se hizo un despacho de $US 500. Una donación adicional de otros $US 500 se envió en marzo de 1986. En diciembre de 1986 el Consejo Nacional escuchó un informe de Bill Martin sobre el estado de la situación en Chile y decide hacer una donación de $US2.000 para ayudar al Sindicato Metalúrgico de Chile; en la misma oportunidad se decide donar $US100 a la revista chilena Dialogando.
El 27 de junio de 1988 un nuevo informe sobre los acontecimientos chilenos es presentado por Bill Martin al Consejo Nacional del sindicato, quien acuerda entregar una donación de $US4.000 a la Confederación de Trabajadores del Metal de Chile. En Julio de 1989 la AMWSU decide enviar otra donación al sindicato metalúrgico de Chile por la cantidad de $US2.000. A toda esta contribución económica hay que sumar el aporte entregado por este sindicato al movimiento de solidaridad con el pueblo de Chile en Australia en diferentes ciudades del país, cuyo monto total no puede ser determinado documentariamente.

De esta manera y sobre la base de estos antecedentes presentados, no cabe duda del importante rol jugado por la AMWU. Ella estuvo desde el momento mismo del golpe de estado en la actitud más enérgica para condenar el quiebre democrático producido en Chile, posición que mantuvo invariable durante los años del régimen militar. Fue una de las organizaciones sindicales del país que en 1973 notificó públicamente al Australian Wheat Board para detener la venta de $A40 millones de dólares en trigo que había sido acordada durante la administración del Dr Allende. La OIT hace suyo el primer informe presentado por los metalúrgicos australianos y organismos sindicales, como el Soviet Engineering Workers’ Union, solicita permiso para publicar su contenido y distribuirlo internacionalmente.

La AMWU participó en la International Commission of Enquiry into the Crimes of the Military Junta in Chile, con sede en Helsinki, Finlandia y nombró como delegado oficial a Henry McCarthy en forma permanentemente. Reprodujo sus informes y los distribuyó para el conocimiento de la opinión pública nacional. Apoyó financieramente a su funcionamiento y asumió una posición inclaudicable en relación con los derechos humanos y civiles en Chile y denunció en los foros nacionales e internacionales la violación de ellos. Participó activamente en las campañas de liberación de presos políticos y de detenidos desaparecidos y exigió a las autoridades gubernamentales del país abrir espacios dentro de los programas de inmigración para recibir a chilenos, cuyas vidas habían sido puestas en peligro.

Sus publicaciones, tales como The Metal Worker y otras de carácter esporádico, fueron puestas al servicio de una intensiva campaña educacional hacia sus afiliados, situación que les permitió documentarse sobre los acontecimientos chilenos, tomar conciencia de su gravedad y contribuir económicamente a las tareas de la solidaridad y de reflujo del movimiento sindical en Chile.

Parte del aporte económico proporcionado por la AMWSU permitió el restablecimiento orgánico de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos de Chile y la celebración de sus congresos nacionales en 1988 y 1989, como se ha indicado más arriba en relación con las remesas de dinero enviadas a ese organismo sindical.

Por último, hemos observado también que los dirigentes sindicales metalúrgicos de Australia mostraron una delicada actitud de compresión y estímulo a la comunidad chilena residente, especialmente a los refugiados y dirigentes locales de los partidos de la Unidad Popular y representantes de la CUT-Chile en Australia. La AMWSU proporcionó el espacio físico para el funcionamiento y sede del Committee for Solidarity with the Chilean People y sus medios materiales siempre estuvieron a disposición de los chilenos para reproducir, en su propia lengua, boletines y documentos recibidos de organizaciones de chilenos exilados en distintas partes del mundo. Su propio periódico, The Metal Worker, incorporó artículos en idioma castellano como una forma de mantener informados a los chilenos que tenían dificultades para leer en inglés. Sus instalaciones fueron ocupadas para la celebración de efemérides nacionales, espectáculos artísticos y culturales. El sindicato estuvo siempre dispuesto a recibir las preocupaciones e inquietudes de los chilenos, a los cuales entregaron respeto y credibilidad, sin condicionar la posición ideológica o la organización política que estaba detrás de ellos.

Los sindicatos marítimos.

Como se ha dicho anteriormente, los sindicatos marítimos representaban a tres organizaciones diferentes, que en la actualidad han terminado por amalgamarse. Durante el período de la dictadura militar en Chile funcionaron como entidades separadas, con sus propias direcciones, publicaciones y presupuestos internos. Sin embargo, estas tres organizaciones sindicales (Seamen’s Union, Firemen and Deckhands’ Union y Waterside Workers’ Federation) mantuvieron siempre una coordinación en su trabajo, ya que sus actividades en los puertos australianos los obligaban a una permanente relación laboral. Prácticamente con un número reducido de miembros en su organización, si se compara con el volúmen total de afiliados a la ACTU, siempre ha sido capaz de multiplicar sus actividades solidarias teniendo en cuenta su compromiso internacionalista, la dedicación de sus cuadros dirigentes y la posición estratégica en materia de transporte. Ello ha sido posible en gran medida gracias al trabajo educacional desarrollado entre sus miembros y a la respuesta entregada por sus bases como consecuencia del nivel de formación sindical y de compromiso con una visión del mundo y de la sociedad que se ubica dentro del esquema ideológico del socialismo.

Desde 1967 los sindicatos portuarios tuvieron una activa participación en la lucha contra la “Dictadura de los Coroneles”, declarando el embargo a las compañías navieras de origen griego que mostraban su apoyo al gobierno autoritario instaurado en ese país. Fueron estos sindicatos los que mostraron una tenaz resistencia a la guerra del Vietnam y los primeros en el mundo en tomar el acuerdo de no atender las embarcaciones extranjeras que conducían armas de exterminio contra un pueblo que luchaba por su libertad. Similar actitud tuvieron contra las dictaduras de España y Portugal. Por eso no es de extrañar que frente a los acontecimiento ocurridos en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973 se asumiera la misma actitud que había caracterizado su comportamiento histórico. Chile pasó a ser de este modo un nuevo campo de batalla para los portuarios, quienes, como antes, empuñaron sus armas disponibles para ponerlas al servicio de los luchadores de la libertad y de la democracia en otro escenario del mundo.

Ya hemos analizado con detalle al embargo declarado por los sindicatos marítimos a las exportaciones de trigo; sin embargo, además de esta acción industrial, valorada significativamente por el movimiento popular chileno, los portuarios entregaron también su apoyo político y económico.

En efecto, conocida la noticia del golpe de estado en Chile, los sindicatos emitieron de inmediato sus declaraciones. Una de ellas:

The Federal Council of the Waterside Workers’ Federation of Australia expresses its anger and abhorrence at the tragic events in Chile. A democratically elected government has been overthrown by armed force by a self-appointed military junta which has arrogated to itself the powers of a military dictatorship.

The manner in which the coup was conducted leaves little doubt that a strong co-ordinating influence was at work and has strong similarity to previous work performed by US-CIA agents.

We call on the Australian Government to raise this matter in the United Nations and to make the strongest possible diplomatic protest to the leaders of the military junta and to call upon them to restore democratic government in Chile.

Por su parte la Seamen’s Union, reunida en su Comité Nacional de Dirección entre el 18 y el 21 de Septiembre de 1973, analizó el coup d’état ocurrido en Chile y decidió emitir la siguiente declaración:

Resolved: The Seamen’s Union condemns the military fascist regime’s overthrow by force of arms of the legitimate elected Allende Government of Chile and voices the strongest protest against the régime’s subsequent crimes of violence, the killing and imprisoning of thousands of activists, and the suppression of trade union and other democratic forces.

We will participate in mobilisation of

— protest action against the military junta to arouse public opinion of condemnation;

— support for rejection by Australia of any diplomatic recognition of the junta;

— action to speed the restoration of full trade union and civil liberties to the Chilean people.

Aun cuando estos sindicatos no estuvieron de acuerdo en participar en las delegaciones a Chile en 1974 y 1980, aduciendo que se pondría en peligro la vida de los dirigentes sindicales chilenos, mostraron sin embargo, una sostenida campaña de solidaridad interna, pese al aislamiento a que quedaron sometidos por su actitud de mantener el embargo a Chile. De este modo contribuyeron con su aporte económico al funcionamiento de los comités de solidaridad, a los viajes artísticoculturales de grupos chilenos en el exilio, al financiamiento y distribución de discos y audiocassettes de Víctor Jara, tarea que cumplió específicamente la Firemen and Deckhands’ Union, a la presentación constante de resoluciones en el seno de la ACTU sobre el embargo impuesto al régimen militar, a la cancelación de la invitación al equipo de fútbol de la selección chilena a Australia, el impedimiento para que el buque escuela de la armada chilena, La
Esmeralda, arribara a las costas del país, a la atención cálida y hospitalaria a dirigentes chilenos invitados desde países donde habían establecido su domicilio temporal y en la participación activa en manifestaciones públicas contra el régimen militar.

En el plano externo, los marítimos australianos estuvieron fuertemente envueltos en los eventos internacionales. Don Henderson participó en la Comisión Internacional que juzgaba los crímenes de la junta militar. Tom Supple de la Waterside Workers’ Federation representó a los sindicatos marítimos en la Conferencia Internacional de Solidaridad con Chile en España en 1978. En 1980, tanto la Seamen’s Union como la Firemen and Deckhands’ Union, además de otros sindicatos, apoyaron y contribuyeron a la decisión del Consejo de Sindicatos de Fiji para declarar el boicoteo a la visita de Pinochet a ese país en su interrumpido itinerario hacia las Filipinas. Estos sindicatos en su conjunto nominaron a Pat Jagers de la Waterside Workers’ Federation, como su representante oficial al Committee for Solidarity with the Chilean People, cargo que cumplió con rigurosa dedicación durante un largo tiempo, haciéndose responsable de la Secretaría de Finanzas de dicha organización.

Tass Bull, Federal Secretary de la Waterside Workers’ Federation, al concluir la dictadura militar en Chile y la restauración democrática del país con la elección de Patricio Aylwin, hace un resumen de los años transcurridos, en los cuales los portuarios en general y la WWF en particular habían logrado una estrecha relación de amistad con la CUT-Chile, que él y su esposa habían sido invitados a Chile en el año 1971 a celebrar junto a los trabajores chilenos, en el Estadio Nacional, el primer aniversario de la elección del gobierno popular de Chile; que el golpe les produjo sorpresa e indignación, y que durante todos estos años entregaron sus mejores esfuerzos para que el país recobrara su libertad y su democracia.

A diferencia de los gobiernos australianos estos sindicatos no sólo fueron insistentes en el discurso de condena al régimen militar por la violación a los derechos de los trabajadores, sino que además y pese a la presiones recibidas, optaron por la aplicación de sanciones industriales como una forma eficaz de expresar esta solidaridad más allá de las palabras.

La Building Workers’ Industrial Union.

Dentro de los sindicatos de la construcción, hoy día amalgamados entre ellos, tuvo una significativa participación la Building Workers’ Industrial Union, BWIU, sindicato afiliado a la Federación Mundial Sindical. Producido el golpe militar en Chile en Septiembre de 1973, emitió la siguiente declaración pública:

The Federal Conference of the Building Workers’ Industrial Union meeting in Sydney, stated:

Conference most strongly opposes and condemns the overthrow of the democratically elected Government of Chile by military forces.

The pattern of systematic disruption preceding the final act of the military coup, clearly reveals the blatant interference by CIA agents as revealed by President Allende in his speech to the United Nations Organisation.

We consider the multi-national corporations operating in Chile to be the main source of interference and call on the WFTU and ICFTU to impose industrial sanctions on them.

Further we call on the Australian Government to request the UNO to act to restore the Chilean people’s rights and end the military violence.

La BWIU participó simultáneamente en distintos frentes: al interior de la ACTU promovió declaraciones de condena al régimen militar, presionó contínuamente a los gobiernos de Australia por una posición consecuente de condena y rechazo a la violación de los derechos humanos, escribió a las autoridades chilenas presentando sus reclamos y exigiendo la libertad de presos políticos, el término de la tortura y el ingreso al país de los exilados que quisieran volver a su país de origen.

A fines de los años 70, el sindicato nominó a Andrew Ferguson como representante del sindicato ante el movimiento de solidaridad australiana, pasando a ocupar desde entonces y hasta el término de la dictadura militar chilena, el cargo de Executive Secretary del Committee for Solidarity with the Chilean People. En esta condición, además de su calidad de dirigente sindical, viajó a Chile en 1980 en compañía de Bill Martin de la AMWSU, ambos invitados a participar en reuniones con organizaciones sindicales, especialmente con la Confederación Nacional de la Construcción y al congreso de la Confederación de Trajadores del Metal.

El sindicato de la BWIU, inició en 1983 una campaña en los sitios de trabajo para ayudar a su sindicato homólogo en Chile, habiendo recaudado más de $A1.000, los cuales fueron enviados a Chile a fines de diciembre. Posteriormente, y con motivo de las inversiones de Alan Bond en Chile, el sindicato patrocinó un intenso movimiento de opinión pública en Australia sobre la moralidad de las inversiones australianas, habiendo invitado, en conjunto con la Australian Telecomunications Employees al dirigente chileno del Sindicato Nacional Telefónico, SINATE, Hugo Arriagada.

Del 5 al 18 de diciembre de 1989, los dirigentes del sindicato de la construcción de Canberra, Sam Scott, (BWIU) y Trevor Zelter, (Branch Secretary of the Plasterers’ Union) visitaron Chile. A su regreso y después de haber sostenido varias entrevistas en diferentes ciudades del país, entregaron un documentado informe que fue profusamente distribuído en las organizaciones laborales del país.

La Australian Teachers’ Federation.

Por último, no podemos dejar de mencionar en este recuento histórico de la solidaridad australiana con el pueblo de Chile a la Australian Teachers’ Federation, ATF. Este cuerpo docente fue golpeado profundamente con los acontecimientos ocurridos en Chile y por la forma en que las Fuerzas Armadas se posesionaron del poder político y lo mantuvieron a desprecio de los derechos humanos y civiles de la población; creándose a partir de entonces, una sensibilidad y preocupación que también se expresó a través de distintas formas y usando diversos canales de expresión. De la documentación reunida, podemos precisar las siguientes acciones:

En diciembre de 1974, la ATF (NSW Branch) envió una carta al Committee for Solidarity with the Chilean People indicando que el Senador Jorge Montes, dirigente de la Federación de Profesores de Chile, había sido detenido en la Academia de la Fuerza Aérea; que las condiciones de salud eran críticas por las torturas recibidas, y que en situación similar se encontraban su esposa y dos de sus hijas. Esta misma carta fue enviada al Prime Minister, Gough Whitlam, al Minister for Labour and Immigration, al Secretario General de las Naciones Unidas y a otras personalidades solicitando su intervención para obtener su libertad y la de su familia.

El 26 de marzo de 1975, el órgano oficial de los profesores australianos, Education, publicó en extenso un comunicado de prensa de la Confederación Mundial de Organizaciones de la Enseñanza sobre la situación de Chile, a raíz de la visita realizada al país por el Secretario General de la Organización, John Thompson.

Entre el 30 de julio y el 6 de agosto de 1975, una numerosa delegación australiana asistió a la asamblea anual de la Confederación Mundial de Organizaciones de la Profesión de Profesores, WCOTP, celebrada en la República Federal Alemana. A su regreso al país, el periódico Education publicó el siguiente informe:

A deeply disturbing report was delivered by Humberto Elgueta, a former president of the disbanded Chilean teachers’ organisation. He thanked WCOTP and its members for their solidarity with Chile’s teachers and recorded his gratitude to WCOTP secretary general, John Thompson, for having courageously made two on-the spot investigations of the Chilean situation since the military coup.

Continuando con una labor informativa a sus bases, el mismo periódico incluye un artículo sobre la crísis de las universidades chilenas, además de una investigación realizada en Chile por la Federación Mundial de Organizaciones de la Enseñanza.

En abril de 1978, es invitado a visitar Australia el ex-Presidente de la Federación de Profesores de Chile, Humberto Elgueta. Fue recibido por todas las federaciones estatales y se le dió gran publicidad a todos sus encuentros. Education publicó en forma completa el discurso pronunciado por Elgueta ante el Ejecutivo de la ATF (NSW), además de una emotiva introducción escrita por Adrienne Truelove.

Jennie George, Secretaria General de la ATF viajó a Chile en los primeros meses de 1980, llegando a Santiago el mismo día que la dictadura anunciaba el plebiscito a realizarse el 11 de septiembre de ese año. A su regreso a Australia, después de haberse entrevistado con personalidades políticas y religiosas, convocó a una conferencia de prensa que inició con estas palabras:

I thought it might be opportune to at least let the Australian public know through whatever media outlets we could, of the true situation in Chile. While we are all applauding the moves in Poland for a free and autonomous trade union movement, people have tended to forget what has occurred in Chile in the last seven years; the fact that no kind of political organization is allowed to exist; all political parties were banned after the coup and there are no trade union organizations as we know them. On the seventh anniversary of the coup, it might be an opportune moment to remind people of the real situation in Chile.

Inmediatamente se detuvo en una detallada información de los acontecimientos chilenos, incluyendo conmovedoras narraciones de familiares de detenidos-desaparecidos. Su conferencia de prensa fue incluída posteriormente en el órgano oficial de los profesores, Education, permitiendo que ella llegara a escuelas primarias, liceos y colegios técnicos. El periódico es utilizado en hacer conciencia dentro del magisterio de la situación educacional de Chile y esto permite que profesores se movilicen y emprendan campañas económicas para recaudar fondos para los profesores de Chile. En julio de 1982, Bill Leslie, Assistant Secretary de la ATF informa al Committee for Solidarity with the Chilean People que el sindicato, junto con enviar $A50 para la renovación de su suscripción del Informativo Chile, ha hecho llegar $A15.000 a los profesores chilenos para sus actividades de reorganización gremial. Esta última cantidad refleja la preocupación y la solidaridad con el magisterio chileno. Era un gesto que buscaba ayudar y devolver a los maestros de Chile el derecho a la expresión de sus ideas, al intercambio de opiniones y rescatar el valor de la educación de las posiciones implementadas por el régimen militar, quien sólo buscaba convertirla en un instrumento más de la economía de libre mercado. Dichos recursos fueron utilizados por los profesores chilenos para comprar maquinarias de impresión y poder así producir sus revistas, boletines y cartas informativas.

El 3 de abril de 1985 y con motivo del asesinato de tres dirigentes chilenos, Manuel Guerrero, Presidente de la Asociación de Profesores de Santiago, José Manuel Parada y Santiago Natino,285 los tres degollados por las Fuerzas de Seguridad del régimen, la ATF emitió el siguiente comunicado de prensa:

ATF President Ms Jennie George issued a strongly-worded statement today condeming the murder of three Chilean Teachers’ Union leaders, whose bodies were found last Saturday, and the kidnapping and torture of four other Teachers’ Union leaders including the Union’s General Secretary.

These savage murders and the brutal kidnapping and torture of respected teacher leaders [sic] in the Chilean Teacher Movement require the strongest possible statement of condemnation by our Australian Government, Ms George said.

I cannot stress too strongly the feelings of anger, repugnance and grief that these assassinations and kidnappings arouse in the minds and hearts of teachers and other Trade Unionists in Australia, Ms George said.

My Federation holds long time and supportive links with the Chilean Teachers’ Union – we have offered them direct support in their efforts to rebuild their teacher organisation which was brutally dismantled in 1973 by the Pinochet Régime.

I have requested of our Foreign Minister, Mr Bill Hayden, that he call on the Chilean Ambassador to convey to him directly the feeling of outrage and abhorrence of the Australian Government and people at this latest tragic example of the tyrannical nature of life under the Pinochet Régime, Ms George said.286

La provocación de las continuas violaciones de los derechos humanos y civiles de los chilenos obliga éticamente a la dirección de la ATF a estar vigilante en todo sentido; por una parte a seguir prestando toda su solidaridad al pueblo chileno en su lucha contra la dictadura, y por otro, a urgir a las autoridades de los gobiernos australianos a adoptar posiciones más duras y consecuentes con sus posiciones políticas exteriorizadas públicamente por el Labor Government. Con una actitud de malestar y condena es recibida la noticia de que el Gobierno de Australia ha dado su voto para el otorgamiento de un préstamo al régimen militar de Chile a través del Banco Mundial. La respuesta de los profesores australianos no tarda en llegar. En carta dirigida al Secretario del Committee of Solidarity with the Chilean People, se puntualiza:

You will be pleased to know that our recent Annual Conference carried a resolution condemning the loan and calling on the Australian Government to desist from activities which help prop up the Chilean military junta. This organisation has been particularly active in assisting the besieged teachers’ organisations in Chile and we are well aware of the tremendous suppression of their activities that takes place.

In some ways, even more disturbing was the rationale used by Australian Government spokespersons, particularly Foreign Minister Hayden, to justify this decision. Hayden either deliberately or unknowingly told lies to the Australian people about the historic role of the World Bank when he claimed that it made decisions on the basis of economic and not political considerations. Anyone with even a scant knowledge of the activities of the World Bank knows that this is not the case. In relation to Chile, the Bank actually refused loans to the previous Allende Government because it disapproved of its political and economic policies.287

Los documentos y comentarios incluídos hablan por sí solos de la actitud de la Australian Teachers’ Federation. Las palabras de Jennie George, Presidenta de la organización, reflejan el mejor resumen, cuando escribe al Minister for Foreign Affairs and Trade, Bill Hayden:

My Federation holds long and supportive links with the Chilean Teacher Movement. I myself visited them in Santiago in 1980 as part of an official ATF delegation, to offer direct support for their efforts to rebuild their teacher organisation brutally dismantled by Pinochet in 1973.288

Epílogo

Después de esta presentación y de los comentarios que se han ofrecido, es conveniente analizar brevemente los resultados y determinar, en alguna medida, las conclusiones que se pueden obtener de esta campaña de solidaridad con los sectores democráticos de Chile.

La primera cuestión que emerge de este análisis es que gracias a las condiciones políticas y sociales que existían en Australia en 1973, fue posible que la situación vivida por Chile encontrara en este país una preocupación y un interés importante. En efecto, la guerra contra el Vietnam ayudó para que en Australia se consolidara un movimiento social que había emergido a principios de la década, inpregnándolo de un contenido ideológico donde se privilegia el nacionalismo, la oposición a las leyes de reclutamiento obligatorio, la paz y la soberanía de los pueblos. Esta nueva mentalidad permite además el nacimiento de grupos que empiezan a levantar plataformas de lucha social y política que inciden directamente en la búsqueda de alternativas que modifiquen del marco estructural impuesto por los gobiernos de la coalición Liberal-National Country Parties. Este movimiento generalizado hace posible el triunfo de Whitlam en las elecciones de 1972 y crea además una receptibilidad hacia experiencias exteriores que privilegian el camino propio. En este contexto es valorada la experiencia del movimiento popular de Chile y su derrota provoca por lo tanto una reacción que compromete a estas fuerzas sociales y políticas en una respuesta que se expresa en la constitución de un movimiento de solidaridad con los vencidos. Son estas fuerzas las que emergen con rapidez y las que posibilitan que el caso chileno tenga en Australia un cauce relativamente fácil desde donde despegar.

En segundo lugar debemos reconocer que la experiencia chilena de la vía electoral al socialismo era documentalmente conocida y seguida en detalle por importantes sectores de la sociedad australiana, especialmente por las élites políticas, sindicales y académicas. Las reacciones expresadas por estos círculos, con motivo del fracaso de dicha experiencia, reactivó a importantes sectores de la población, los que se sumaron a esta campaña, dándole un carácter de compromiso colectivo que se hizo extensivo rápidamente a distintas organizaciones y grupos que incorporaron a sus preocupaciones e intereses la situación de un país tan lejano y desconocido como Chile.

En tercer lugar, quienes levantaron este movimiento de solidaridad fueron fundamentalmente los partidos de izquierda, incluyendo a un sector del Labor Party y los sindicatos más importantes del país. Ahora bien, las personas que asumieron esta responsabilidad por encargo de sus organizaciones tuvieron éxito en la estructuración orgánica del movimiento: crearon una cadena que multiplicó este trabajo, designaron a destacadas personalidades de la vida política, académica y cultural del país a cargo de estos organismos y supieron integrar a un sector importante de chilenos, los que contribuyeron a darle al movimiento la visión directa del problema humano de la tragedia, más allá de la mera cuestión ideológica que estaba en juego. No queremos decir con esto que los chilenos fueron utilizados en esta campaña, sino por el contrario, era la afirmación maciza de la preocupación humana del problema.

En efecto, más de 25 sindicatos nacionales y estatales se integraron como miembros de los comités de solidaridad, todos los partidos de la izquierda australiana, decenas de parlamentarios laboristas, organizaciones estudiantiles, femeninas y del medio ambiente, más un significativo número de personas individuales, incluyendo a sacerdotes y ministros de distintas confesiones cristianas. Las personalidades australianas que presidieron los comités lograron imprimirle seriedad y honradez al trabajo y dotarlos de una visión ética que fue transmitida al conjunto de la sociedad, incluso para aquellos que se mostraron favorables al violento desenlace ocurrido en Chile. La autoridad moral, política, profesional y/o académica de estas personas obligó a tratar los problemas de Chile con delicadeza y responsabilidad, creándose un consenso de la gravedad de la situación. Por último, la contribución que hicieron los chilenos permitió además darle continuidad y perseverancia al movimiento solidario, ya que ellos asumieron un compromiso con la lucha de su pueblo y no claudicaron en este largo período que tomó el retorno a la democracia y al estado de derecho.

Este esfuerzo colectivo no sólo permitió sensibilizar a la opinión pública australiana y ubicarla mayoritariamente al lado de las intenciones expresadas por los sectores democráticos de Chile y contra la dictadura encabezada por Pinochet, sino que además ganar una gran influencia en las estructuras políticas y sociales del país. De este modo los gobiernos que se sucedieron durante el período, las iglesias, las organizaciones empresariales y la prensa, reconocieron a los Committee for Solidarity with the Chilean People como un grupo de presión dentro de la estructura democrática del país y lo aceptaron como un instrumento válido y responsable de las preocupaciones que originaba la situación de Chile. El movimiento sindical, comprometido ideológicamente en un proyecto histórico de transformaciones sociales, no sólo contribuyó a su fundación, participación y mantenimiento, sino que además, supo incorporar en el resto de las organizaciones laborales el interés y el compromiso para denunciar la cercenación de los derechos sindicales en Chile y el llamado a la pronta restitución democrática del país.

Las direcciones de partidos políticos de la izquierda australiana impregnaron a sus militantes con una receptibilidad documentaria y analítica que les permitío conocer en profundidad el proceso chileno y participar activamente en su desarrollo. Una de las corrientes internas del Labor Party, activa en el trabajo solidario con Chile, ganó posiciones en el interior de su colectividad y creó condiciones para obtener pronunciamientos políticos que comprometieron al partido y al gobierno. Por esta razón, la opinión pública australiana percibió que los Labor Governments mantenían una posición que los distanciaba de la dictadura y que los ubicaba políticamente al lado de la lucha que tenía el pueblo de Chile. Pero en la práctica, el grueso de la comunidad australiana desconoció los antecedentes que comprometían a los servicios de inteligencia del país en la desestabilización política del gobierno de Allende, en las relaciones económicas que gobiernos australianos mantenían con la dictadura o en la reticencia que presentaban para dar cabida en el país a un mayor número de chilenos que deseaban establecer su residencia en Australia.

El trabajo desplegado por los comités de solidaridad y todas las organizaciones que estuvieron involucradas en esta tarea permitió salvar la vida de miles de personas, obtener su libertad de cárceles y campos de concentración, de conseguir asilo político en Australia para muchos de ellos y de contribuir moral y económicamente a la reorganización política y social del movimiento popular en Chile.

En otro frente de la vida australiana, donde la situación de Chile obligó a tomar una posición, fue en la estructura administrativa de la nación. Durante los tres gobiernos que se sucedieron en Australia existió un discurso público de parte de las autoridades administrativas del país para denunciar y condenar al régimen militar instaurado de Chile desde 1973 a 1989: primero al coup d’état y luego a las violaciones de los derechos humanos y civiles de una gran parte de la población que había participado en el proyecto histórico de construcción al socialismo por la vía electoral y a los disidentes que se sumaron más tarde y entraron a discrepar públicamente con el régimen de facto.

En los tres gobiernos (Whitlam, Fraser y Hawke) se usó de los foros internacionales para expresar esta preocupación, situación que además fue transmitida constantemente a las autoridades chilenas. Sin embargo, en la exhibición de antecedentes posteriores a nuestra hipótesis, se ha podido comprobar que, en esta actitud de preocupación y condena empleada por los distintos gobiernos australianos, hay una serie de cuestiones que habría que tener en consideración

De la condena inicial al golpe militar, producida en la administración de Whitlam, se pasa prontamente a ignorar la legitimidad constitucional del gobierno anterior y la ilegitimidad del gobierno militar. No se insiste sobre ello. En otras palabras, se reconoce al régimen de facto en Chile y solamente se pone el énfasis en los excesos que éste comete de acuerdo a los estándares aceptables sobre derechos humanos por las democracias occidentales. Los tres gobiernos ocultan la participación, por mínima que ésta hubiere sido, de funcionarios australianos de los servicios de inteligencia en la gestación del golpe y Whitlam no explica la razón por la cual nada se puede hacer para retirarlos desde Santiago.

Es obvio entonces que el nivel de compromiso superestructural, de las direcciones de los gobiernos, no es con el sistema democrático per se sino más bien con un modelo político y social que garantice determinados patrones o modelos e influencias de los centros de poder en las sociedades occidentales. Una dictadura no importa, lo que importa es que ella no se exceda en sus arbitrariedades ni en las formas de ejercer la represión.

Cuando el sistema se pone a prueba y surge la posibilidad que éste sea reemplazado, entonces empiezan de nuevo las preocupaciones. Cuando gran parte del pueblo de Chile recupera su espíritu de lucha y desafía masivamente al gobierno de facto, a partir de las protestas de 1983, aparece la preocupación por la restitución democrática. El discurso cambia y se introduce además el deseo o la aspiración de que el general Pinochet se entienda y negocie con las fuerzas democráticas para facilitar la transición y para que no se vayan a repetir los desagradable eventos de la insurrección popular contra Batista en Cuba (1959) o contra Somoza en Nicaragua (1979). Este discurso caracteriza a la administración de Hawke y a su Minister for Foreign Affairs, Bill Hayden.

Dentro de los partidos políticos en el gobierno, tanto del Labor Party como de la coalición Liberal-National, hubo sectores importantes que trataron y buscaron afanosamente comprometer, a veces con éxito y otras no, a la totalidad del aparato estatal en posiciones más consecuentes con principios éticos que regularan sus relaciones internacionales. Muchas veces, estas posiciones sectoriales lograron confundirse con actitudes generalizadas de los gobiernos, los que se vieron obligados, en algunos casos, a aceptar las presiones que provenían de importantes sectores de la sociedad. Entre ellas, las fracciones de izquierda o centro del laborismo, de los blandos de la coalición Liberal-National, de los partidos políticos de izquierda y de las nuevas instituciones políticas que emergían, como el Australian Democrat Party en 1977 y el Nuclear Disarmament Party, en 1980, además de la influencia de los sindicatos más importantes en la vida económica del país, entre ellos, los metalúrgicos, los marítimos, de la construcción, del transporte y de los profesores.

La imagen adquirida por la opinión pública sobre la actitud de sus gobiernos, de la que se ha hecho mención más arriba, se origina por la dureza del discurso empleado en la condena a la violación de los derechos humanos. Sin embargo, los sectores que influyeron en hacer posible esto, no lograron alterar la disposición de los gobiernos en las cuestiones económicas, ni en la política inmigratoria de los chilenos. En ambos casos, terminó por imponerse el criterio de los Prime Ministers y de los sectores más conservadores de la política australiana.

En esta situación, que no puede ser interpretada como una simple posición voluntarista de sus protagonistas, debe ser leída a la luz de los valores sociales y económicos que representan: un compromiso con un modelo de sociedad, promovido y aceptado a nivel de la administración del estado, en conformidad y con el beneplácito de determinados centros del poder político y económico. De esta forma, lo que para algunos sectores de la sociedad es importante, para ellos no. La retórica se puede usar asimétricamente con la práctica. Lo importante es no alterar el modelo. No importa entonces que la palabra se estrelle contra el comportamiento. El discurso no decide, la acción es más importante.

Por último, el tercer frente analizado en esta presentación, el movimiento sindical australiano, se puede precisar que fue una de las instancias estructurales de mayor compromiso con el movimiento popular de Chile y muy específicamente con el sector laboral.

La participación del movimiento sindical en la formación de los comités de solidaridad con Chile y su red de comunicaciones internas y externas, creó una serie de situaciones que es importante documentar. En primer lugar, permitió que exiliados chilenos, de formación y participación en el movimiento popular chileno, pudieran mantener un contacto permanente con la Central Unica de Trabajadores de Chile en el exilio, cuya sede central se estableció en St Denis, Francia. Los sindicatos australianos, junto a los comités de solidaridad, contribuyeron a que destacadas figuras del movimiento sindical y de organizaciones políticas chilenas visitaran Australia. Dentro de ellos, visitó el país el ex-Ministro del Trabajo del gobierno del Dr Allende y presidente de la CUT-Chile Luis Figueroa, además de Humberto Elgueta en su calidad de Presidente de la Federación Nacional de Profesores de Chile hasta 1973.

Tanto la preparación de estas visitas y las evaluaciones posteriores, como los viajes de dirigentes australianos a Chile y sus posteriores reuniones informativas hacia la comunidad chilena residente, permitieron crear una relación muy importante entre los chilenos y el movimiento sindical australiano, situación que, en nuestra opinión, logró sobrepasar con creces los niveles de contacto y relación que otras comunidades étnicas habían tenido en el pasado.

La segunda razón de este compromiso habría que ubicarla en el marco ideológico del movimiento sindical australiano; es decir, en la politización de sus direcciones. Desde sus orígenes, los sindicatos de Australia nacen con una posición de clase y buscan reactivar los organismos laborales en la perspectiva de privilegiar un tipo de compromiso político que les permita ser parte activa de la sociedad, profundizar el carácter democrático del país, usufructuar de derechos y tener acceso importante en la distribución de la renta nacional.

Esta situación constituye un movimiento sindical comprometido, en que la neutralidad no tiene cabida. Los líderes son miembros activos de las organizaciones políticas; pertenecen al Labor Party, en sus corrientes más radicalizadas, al Australian Communist Party y al Socialist Party of Australia. Todos ellos asumen las ideologías partidistas, incluyendo su proyecciones internacionalistas. Otra de las corrientes socialistas, como el Socialist Workers Party, de orientación trostkista, carecen en la práctica de cuadros dirigentes en el movimiento sindical y por lo tanto no ejercen ninguna influencia en sus decisiones.

El triunfo de la contrarrevolución en Chile los golpea y los conmueve. Sus propias utopías son puestas a prueba, porque la independencia y autodeterminación de los pueblos es cercenada abruptamente por influencias de carácter foráneo, las que crearon las condiciones para detener y revertir un proceso democrático en ascenso.

Una tercera razón de esta dedicación australiana al movimiento de solidaridad con los trabajadores chilenos la podemos encontrar en la relación y contacto que los dirigentes del movimiento sindical de Australia tenían con los organismos internacionales, ya sea a través de sus propias centrales laborales o sus internacionales partidistas. A nivel de ellas se crea en sus afiliados una petición de atención hacia los acontecimientos chilenos, situación que los vincula no sólo con el movimiento internacional de solidaridad con Chile, sino además los impulsa a tomar contacto directo con las organizaciones laborales en Chile, de cuya relación emerge un compromiso que los motiva a estar activos y vigilantes con respecto a los acontecimientos que suceden en ese país. De esta manera se explica también el que no haya existido un tratamiento similar con los pueblos de Uruguay y Argentina, los cuales vivían también en este período bajo severos gobiernos autoritarios. Estas centrales internacionales silenciaron deliberadamente el caso de ambos países, específicamente el de Argentina, el cual recibió un apoyo tácito de parte de la Unión Soviética, país que ejercia el control ideológico de la Federación Mundial Sindical y de las organizaciones por la paz, el desarme y la soberanía de los pueblos.

En este contexto y bajo estas circunstancias, el movimiento sindical australiano estuvo en condiciones de iniciar inmediatamente la campaña de solidaridad con el pueblo de Chile, creando influencias importantes en distintos niveles del gobierno y dentro de sus propias estructurales internas. Sus medios de comunicación escrita fueron puestos al servicio de esta campaña, facilitando la educación y conciencia de sus propios miembros, la recolección de recursos económicos en conferencias y lugares de trabajo para propósitos solidarios y la participación activa en las campañas de defensa de los derechos humanos, de la libertad de prisioneros políticos y de la restitución de los derechos laborales y civiles en Chile.

A todo este compromiso político, se sumó una de las acciones más destacadas de todo el movimiento sindical internacional: el embargo a las ventas de trigo y ganado, cuya medida obligó a los gobiernos y empresarios a tratar el intercambio comercial bilateral con extremo cuidado o simplemente a eludir los canales normales de recepción y despacho por rutas alternativas que llevaban dichos productos inicialmente a terceros países. Australia y Nueva Zelandia fueron las dos únicas naciones, incluyendo al campo socialista, que mantuvieron esta medida en forma ininterrumpida por el tiempo que duró la dictadura militar en Chile. Pese a las presiones de toda índole y a la actitud reiterada de oposición a esta medida del presidente del Australian Council of Trade Unions, Bob Hawke, los sindicatos marítimos decidieron seguir adelante en su acción, actitud que reflejaba explicítamente la seria preocupación que la situación de Chile les causaba. En este sentido, las palabras de E. V. Elliott, de la Seamen’s Union, eran la expresión de una voluntad seriamente compartida: “The Chile wheat ban is a matter of principle before earning”, posición que también mantuvo por 16 años el movimiento de solidaridad con Chile en Australia.

Si hubiera que hacer un balance, tendría que decirse que el resultado ha sido positivo. Australia contribuyó y presionó para que la dictadura terminara y Chile volviera a recuperar su libertad. No se ignora en este país que la forma de democracia alcanzada después del régimen militar es una expresión limitada, vigilada, cuya base se sustenta en una constitución aprobada fradulentamente por el régimen militar en 1980. En una ley electoral que divide y organiza el país en circunscripciones antojadizas para impedir el acceso masivo a los cargos de representación pública a las corrientes de opinión que ayer estuvieron junto al proyecto del Presidente Allende; en que existen senadores digitados por el dictador para mantener el balance del poder; en jueces vitalicios en la Corte Suprema de Justicia para asegurarse el control de la justicia y la impunidad de los que cometieron abusos contra los derechos humanos. Por eso no se ignora que en Chile coexisten dos fuerzas que aún se disputan la supremacía del poder, consecuencia de una doctrina de la Seguridad Nacional actualizada. Existe, sin embargo, la confianza de que el pueblo de Chile superara éxitosamente esta ambivalencia.

Por último habría que indicar que los 16 años de trabajo solidario con y por el pueblo de Chile permitieron crear una cultura de vigilancia y de observación. Chile no es ajeno a la opinión pública australiana. Si bien es cierto que con la elección de Patricio Aylwin los comités de solidaridad dieron por terminadas sus actividades y decidieron desmovilizarse en sus acciones, es igualmente valedero que esta cultura de vigilancia permanece. Tanto los cuadros dirigentes y los académicos como la población en general, así se puede observar, leen con prontitud e interés cualquier información sobre Chile en la prensa y dedican su tiempo a los reportajes televisivos que aún ocupan un espacio más distanciado en la televisión nacional. Simultáneamente, se sigue escribiendo y entregando interpretaciones sobre la realidad chilena. Intelectuales y académicos son consultados por los medios de información y sus opiniones son insertadas en diarios y revistas de cobertura nacional. Con motivo de la visita a Australia del Presidente Aylwin, en la primera semana de octubre de 1993, todos los diarios nacionales dedicaron importantes espacios al “caso chileno”. Esta cultura de la vigilancia y de la observación ha quedado de nuevo marcadamente expresa en la petición firmada por 61 miembros del Federal Parliament of Australia, que en carta al Presidente Aylwin condenaron la posibilidad de otorgar ammistía a todos aquellos responsables de las violaciones a los derechos humanos en Chile.

La opinión pública en general y los dirigentes políticos y sindicales en particular, al igual que un gran sector del pueblo chileno, creen que la justicia sólo podrá ser construída sobre la base de la verdad. En tal sentido esperan que los gobiernos que sucedan a la dictadura tengan la responsabilidad de resolver éxitosamente el problema de los derechos humanos y la libertad de todos los presos políticos. Sólo de este modo la sociedad australiana se sentirá satisfecha de que el cambio se ha producido de acuerdo a las expectativas que pusieron en sus largos años de trabajo para que Chile recuperara la libertad y la democracia.

Bibliografía

La base bibliográfica de este trabajo ha sido construida fundamentalmente a través de cartas, telegramas, télex y documentos de las oficinas del Prime Minister, del Treasury, de los ministerios de Foreign Affairs and Trade, Immigration and Ethnic Affairs, Defence, Transport y Education, del Federal Parliament, de los comités de solidaridad con el pueblo de Chile, de las organizaciones políticas australianas y del movimiento sindical; todo lo cual ha sido ordenado y clasificado en 19 volúmenes con el nombre de Australian Solidarity Campaign with the Chilean People 1973-1990, antecedentes que poseo en mi biblioteca personal, en espera de hacerlos llegar a Chile.

También se han tomado en cuenta los criterios y las observaciones surgidos en las entrevistas con dirigentes políticos y sindicales australianos y miembros de la comunidad chilena que participaron activamente en el movimiento de solidaridad con Chile durante los años de la dictadura militar. Entre ellos, Mavis Robertson, Andrew Ferguson, Steve Cooper; los dirigentes sindicales: Bill Martin (AMWSU), Patrick Geraghty (Seamen’s Union), Don Henderson (Fire and Deckhands’ Union) y Tass Bull (Waterside Workers’ Federation). Dentro de la comunidad chilena deben ser mencionados: Alexis Mesa, Patricio Vilches (Sydney), Víctor Marillanca (Canberra), Irma Pérez (Adelaide), Marcial Parada (Brisbane), Robinson Torres (Melbourne) y Leo Gatica (Perth). Estos encuentros se llevaron a cabo en el período 1992-93, durante el cual el autor de esta presentación estuvo abocado a la investigación del tema.

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The Courier-Mail, Brisbane, 1973-1990.

The Dayly Telegraph, Sydney, 1973-1990.

Financial Review, Sydney, 1973-1990.

The Herald, Melbourne, 1973-1979.

The Mercury, Hobart, 1973-1990.

The News, Northern Territory, 1973-1990.

The Sun, Sydney, 1973-1974.

The Sun Pictorial, Melbourne, 1973,1978.

Sunday Mail, Brisbane, 1973-1990.

The Sydney Morning Herald, Sydney, 1973-1990.

The West Australian, Perth, 1973-1990.

The Fiji Times, Suva, March 21, 22, 23, 24 and 25, 1980.

3. Revistas y periódicos:

Araucaria de Chile, Ediciones Michay, Madrid, España, 1978-89.

Australian Women’s Weekly, 1976.

Building Worker, Building Workers’ Industrial Union, 1973-1990.

The Bulletin, 1973-1990.

Business Review Weekly, March 25, 1988.

The Catholic Weekly, 1973-1990.

The Catholic Leader, Brisbane, 1984-1985.

Chile America, Centro de Estudios y Documentación, Vale Trastevere, Roma, Nº 50-51, 1979, pp.7-10.

Direct Action, Socialist Workers Party, 1973-1990.

Education, Australian Teachers’ Federation, 1975-1987.

Free Chile, Newsletter, The Australian Committee for Solidarity with the Chilean People, 1974-1984.

The Guardian, [The Socialist] Socialist Party of Australia, 1973-1990.

Harbour News, Firemen & Deckhands’ Union, 1975-1976.

Honi Soit, Sydney University Student Newspaper, 1975.

Independent Education, Independent Teachers Education, Sydney, 1988.

The Metal Worker, Amalgamated Metal Workers’s Union, 1980-1988.

Modern Unionist, Education and Research Center, January/March, 1975.

Nation Review, September 14, 1973.

Pol, Noviembre, 1979.

Radical. A.L.P. NSW Branch Nº 9 “Unions”, Vol. 10, March, 1979.

Seamens’ Journal, The Seamen’s Union of Australia, 1973-1990.

The Southern Cross, Adelaide, 1975.

Tharunka, NSW University, Student Association, 1975.

Tribune, Australian Communist Party, 1973-1990.

Vistazo. Spanish Magazine in Australia, September 1978-February 1981.

Workers Vanguard, Spartacist League, Septembre, 1973.

4. Monografías y ensayos:

Por el derecho a vivir en la patria, World University Service WUS- United Kingdom, 1979.

First Session on the International Commission of Inquiry into the
Crimes of the Military Junta in Chile, Novosti Press Agency, Moscow, 1974, pp. 82-86.

Socialist Program and Constitution of Socialist Party of Australia. SPA, 1972.

Elske Revilla De Witte, Spanish-Speaking Young People. Community Profile, Needs and Issues of Concern, The NSW Spanish and Latin American Association for Social Assistance, Sydney, May 1994.

Women in Chile. Report, Chile Committee for Human Rights, London, 1979.

Kunzle, D., “Chile’s La Firme versus ITT”, Latin American Perspectives, Culture in the Age of Mass Media, Vol. I (Winter) 1978, pp. 119-133.

Hersh, Seymour M., “The Price of Power Kissinger, Nixon, and Chile”, The Atlantic Monthly, Vol. 250, Nº 6, December 1982, pp. 31-58.

Sinclair, John, “The Banana Republic Interface. Latin America and the News in Australia”, Occassional Papers in Australian Cultural Studies, Nº 3, Australia and Latin America Conference, University of New South Wales, Sydney, August 22-23, 1986.

  1. Documentos de gobierno:

a) Department of Foreign Affairs and Trade.

News Releases, Minister of Foreign Affairs and Trade, Nºs 128, (1974), 42 (1976), M 58, M 72 (1983), M 132, M 168 (1984), M 48, M 68, M 73 (1985), M 121, M 144, M193 (1986), M 83, M 91, M 146 (1987), M 16, M 94 (1988, M 97, M 218 (1989).

Chile, Outline Series, Department of Foreign Affairs and Trade, March, 1987.

b) Department of Immigration and Ethnic Affairs.

Background Paper, The Republic of Chile, Department of Immigration and Ethnic Affairs, Settlement Branch, Canberra, October, 1985.

News Release, September 2, 1974.

Spanish-Speaking Community Profile, (Damir Ivkovic), Statistical Update, GAA, Department of Immigration and Ethnic Affairs, Planing and Community Liaison, Sydney, October, 1989.

Statement on Australia’s Position Regarding Refugee and Migrant Applications from Chile, Department of Immigration and Ethnic Affairs, Canberra, 1974.

Living in Australia. A Guide for New Settlers, Australian Government Publishing Service, Canberra 1984.

Australian Immigration. Consolidated Statistics, Nº 11-17, 1979-92, Bureau of Immigration and Population Research.

c) Federal Parliament.

The Senate, Daily Hansards, “Questions Without Notice”, 1973-1989.

The House of Representatives, Daily Hansards, “Questions Without Notice”, 1973-1989.

Foreign Affairs Group, The situation in Chile, Canberra, August 15, 1977.

Foreign Affairs Group, Political repression and Human Rights in Chile, Canberra, 28 August, 1981.

Foreign Affairs Group, Chile. The Current situation, Canberra, June 1, 1983.

6. Otros:

Foreign Trade Australia. Comparative and Summary Tables, Several ABS Catalogues: from 1967 to 1990, Nºs 5410.0. R. J. Cameron, Australian Bureau of Statistics, Canberra, Australia.

Commonwealth of Australia, Constitution Act, The Government Printer of Australia, 1974.

Intercambio Comercial Chile-Australia, 1960-1988, Banco Central de Chile, A: Sr. Marcelo Salas, Pro-Chile, Fax Nº (61-2) 299-2868, Sydney, Australia, de: Luis Salomó, Jefe Dpto. Estadísticas, 9 de agosto de 1993.

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LA CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD

CON CHILE EN AUSTRALIA

1973 – 1990

Memoria histórica sobre el movimiento de solidaridad australiano con Chile durante la dictadura militar.

Gustavo Mártin Montenegro

Master of Arts (Honours)
In Spanish and Latin American Studies
University of New South Wales Sydney – Australia

“El destierro es redondo: un círculo, un anillo: te dan vueltas tus pies, cruzas la tierra no es tu tierra, te despierta la luz, y no es tu luz, la noche llega: faltan tus estrellas, hallas hermanos: pero no es tu sangre”. Pablo Neruda

Presentación

Este trabajo es una crónica histórica sobre el movimiento de solidaridad con el pueblo de Chile en Australia. El contenido de este documento cubre un período de 16 años y tres meses, es decir, desde el derrocamiento del gobierno constitucional del Dr Salvador Allende Gossens, el 11 de septiembre de 1973, hasta el triunfo electoral del candidato de las fuerzas políticas de oposición, el señor Patricio Aylwin Azócar, el 18 de diciembre de 1989. En otras palabras, se refiere al período de gobierno de las fuerzas armadas chilenas bajo la presidencia del general de ejército Augusto Pinochet Ugarte.

El propósito de esta presentación es documentar e interpretar históricamente los hechos ocurridos en Australia a partir del golpe de estado en Chile, las reacciones y actividades de solidaridad con los vencidos en distintos sectores de la sociedad australiana y las posiciones asumidas por los gobiernos federales y las organizaciones políticas y laborales que, bajo una u otra forma, se expresaron públicamente durante los años del régimen de facto instaurado en esa nación del cono sur de América.

Para la composición de este trabajo el autor ha utilizado diferentes fuentes de información en su investigación histórica. En primer lugar el que escribe fue testigo presencial del movimiento de solidaridad en Australia. Segundo, se ha recogido el relato oral de dirigentes políticos y sindicales que tuvieron una activa participación en esta campaña de solidaridad, a quienes el autor entrevistó para recoger sus opiniones. Por último, se ha consultado y acopiado una cantidad de documentos oficiales del gobierno y del parlamento federal, de las organizaciones políticas y sindicales, documentos de los comités de solidaridad, boletines y cartas informativas, artículos de prensa y transcripciones de programas radiales y televisivos.

Gran parte de esta información se ha incorporado al presente trabajo como documentación anexa, la que ha sido ordenada y clasificada en 19 volúmenes, incluyendo una extensa bibliografía. De esta forma otros investigadores, que deseen estudiar o investigar aspectos que no han sido incluídos en el presente trabajo o bien levantar sus propias interpretaciones sobre el contenido aquí desarrollado, podrán encontrarse con la información reunida y compilada de acuerdo a las áreas o sectores en que se expresó la situación de Chile.

La totalidad de la documentación señalada permanecerá en la Biblioteca Sir Robert Menzies de la Universidad de New South Wales en Sydney.

Agradecimientos:

Deseo expresar mi gratitud a un gran número de personas que de una u otra manera hicieron posible la presentación de este trabajo. En primer lugar, a mis maestros, los Doctores James Levy, Peter Ross y John Brotherton que me sugirieron desarrollara mi tesis sobre esta materia, a fin de documentar históricamente la actitud asumida por distintos sectores de la sociedad australiana en relación con el coup d’état en Chile y sus posteriores efectos en Australia. Ellos me guiaron en la investigación y me entregaron su más decidido apoyo en todo momento.

A los ex-dirigentes del Australian Committee for Solidarity with the Chilean People, Mavis Robertson, Steve Cooper y Andrew Ferguson que en distintas conversaciones fueron proporcionándome antecedentes y materiales mantenidos en sus propios archivos. También a Robert Austin, profesor australiano, quien, junto con proporcionarme la documentación que poseía, me facilitó el acceso a la biblioteca de la Australian Teachers’ Federation.

A los dirigentes sindicales australianos: William Martin del sindicato de la Amalgamated Metal Workers and Shipwrights’ Union, Don Henderson del sindicato de la Firemen and Deckhands’ Union, Tass Bull de la Waterside Workers’ Federation y Patrick Geraghty de la Seamen’s Union. Con todos ellos conversé y gentilmente me dieron acceso a las bibliotecas de sus organizaciones sindicales. Debo incluir y agradecer también las facilidades que se me proporcionaron en las bibliotecas de la Building Workers’ Industrial Union y de la Australian Teachers’ Federation.

Al Australian Labor Party, al Australian Socialist Party y al Australian Socialist Workers Party, por haberme dado la oportunidad de consultar sus archivos y reproducir fotoestáticamente los artículos sobre Chile publicados en sus órganos de prensa. Igualmente a Eric Aarons, ex-secretario general del Australian Communist Party por haberme permitido el acceso a las ediciones del semanario Tribune, periódico oficial del Partido durante su existencia en este país.

A mis amigos chilenos: Víctor Marillanca, de Canberra; Irma Pérez, de Adelaide; Robinson Torres, de Melbourne; Marcial Parada, de Brisbane y Alexis Meza y Patricio Vilches, de Sydney. Todos ellos pusieron a mi disposición sus archivos personales sobre Chile, a los efectos de ser utilizados en la preparación de este trabajo e incorporados a los anexos que reúnen la documentación sobre la campaña de solidaridad con Chile en Australia. A María Oujo por su lectura, correcciones técnicas y formatización del texto. También para Lidija y Agnieszka que se incorporaron a nuestra familia durante el tiempo de esta investigación, ayudándome con su interés y preocupación en esta tarea.

A todas estas personas e instituciones mi más sincera gratitud y reconocimiento.

INDICE

Introducción 7

Primera Parte: El movimiento de solidaridad con el pueblo de Chile en Australia.

Segunda Parte: Los gobiernos de Australia frente a la solidaridad y al régimen militar de Chile.

Tercera Parte: La solidaridad del movimiento sindical australiano con los trabajadores de Chile.

Los sindicatos australianos y la solidaridad con Chile       

Epílogo.

Bibliografía.               

Introducción

El 11 de septiembre de 1973, el Gobierno Constitucional de la República de Chile fue derrocado por un golpe militar. En el alzamiento contra el régimen elegido por voluntad popular muere el Presidente de la Nación, se deja a un lado la Constitución del Estado y todos los códigos legales que garantizaban los derechos y conquistas de los trabajadores y se comienza a gobernar mediante el sistema de Bandos Militares en tiempos de guerra. Se clausura el Congreso Nacional. Se aniquila la libertad de prensa y son clausurados la casi totalidad de los diarios, revistas y radioemisoras y sobre las estaciones de televisión se establece un directo control militar. Los partidos políticos de orientación popular son declarados fuera de la ley, mientras al resto se le impone un receso obligatorio. Todas las organizaciones sindicales y vecinales son disueltas sin excepción. Sobre el pueblo, sobre la masa de trabajadores, sobre todo aquel sospechoso de haber simpatizado con el régimen caído, sin importar edad, sexo o condición, se descarga una de las más brutales y enconadas persecuciones que haya conocido Chile en particular y América Latina en general. Se habilitan campos de concentración, se institucionaliza la tortura y se hacen desaparecer a ciudadanos, hombres y mujeres, sin que dejen rastro. El amedrentamiento físico y psicológico, el terror masivo y la violación de los más elementales derechos humanos pasan a ser, a partir de entonces, elementos nuevos en el diario acontecer de una sociedad acostumbrada al disfrute de todas las libertades sociales y políticas. Las artes, la ciencia y la cultura nacional son declaradas enemigas de la ideología que sustentan los nuevos gobernantes. Se produce el asalto armado a las universidades del país y las cámaras cinematográficas, que recorren el mundo, muestran a soldados quemando libros y destruyendo obras de arte, cuyo patrimonio el país guardaba con celo y orgullo. Las sedes diplomáticas acreditadas en Santiago son abarrotadas con la presencia de miles de personas que buscaban escapar y ponerse a salvo de una locura no registrada en una sociedad civilizada. A los pocos meses, más de un millón de chilenos dejan el país y se establecen en el extranjero. Según los antecedentes de la Comisión de Inmigraciones de la Iglesia Católica chilena, un 10% de la población se vio obligada a dejar el país al negársele la seguridad personal o el derecho a mantener a sus familias.

Por un espacio de 16 años y tres meses se sostiene en Chile una dictadura militar que gobierna el país a su arbitrio. Los métodos usados para mantener a la población sometida a los intereses que representaba, provocaban preocupación y molestia en países de muy diferentes posiciones ideológicas y con distintos modelos de organización socio-política.

Este impacto producido en una nación pequeña y casi desconocida para millones de seres humanos en el mundo, ocupaba las primeras páginas de los diarios, revistas y un gran espacio informativo en radioemisoras y canales televisivos. Chile pasaba a ser desde ese momento un país al cual se le había cercenado en forma ilegítima y violenta el derecho a su independencia económica y a su autodeterminación política. Con esta lectura, los pueblos del mundo reaccionaron y sus fuerzas políticas y sociales más avanzadas se dispusieron a entregar su contribución a una lucha liberadora que pusiera término a la dictadura militar y restituyera, a la brevedad posible, la democracia y el estado de derecho.

A 15.000 kilómetros de distancia del escenario de estos violentos sucesos, aquí en Australia, la repercusión no tardó en llegar y la reacción no se hizo esperar.

Efectivamente, los eventos producidos en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973 encontraron en Australia un inusitado eco y las actitudes iniciales de condena al golpe militar y la continua observación posterior del régimen fueron creando en el país una cultura política que se expresó en muy diferentes y variadas formas.

La rigurosidad asumida por sectores de la sociedad australiana contra al régimen militar de Chile era el resultado de una nueva mentalidad política y social que se había creado en gran parte de la estructura civil a partir de la década de los años 60, cuya consolidación se produce como consecuencia de la guerra contra el Vietnam, tiempo en que se robustecen grupos y organizaciones políticas y laborales, muchas de los cuales deciden incorporar a sus preocupaciones la lucha por la restitución democrática y el regreso al estado de derecho de esa nación del cono sur de América. Aún cuando con anterioridad a los eventos ocurrido en Chile se habían realizado acciones industriales contra otros países de parte de los sindicatos australianos (en 1937-38 hacia el Japón cuando invadió China y en 1948-49 contra Holanda que rehusaba conceder la independencia política a Indonesia), éstas nunca alcanzaron la sensibilidad demostrada frente el “caso chileno”. No se mostró interés por entregar santuario político a las víctimas de estos hechos (la política de “White Australia” termina oficialmente en 1974 durante la administración de Whitlam), ni se estimuló la influencia cultural que estos pueblos podrían haber aportado a la sociedad australiana, como aconteció con los exiliados chilenos.

La solidaridad con Chile se expresó más allá de las restricciones comerciales e incorporó en sus tareas a varios grupos y organizaciones, los que junto a las organizaciones políticas y sindicales de Australia, crearon desde sus inicios un movimiento de solidaridad que trascendió hacia sectores sociales que no habían mostrado anteriormente un interés por situaciones ocurridas en otros países. Ellos se dedicaron a constituir comités de solidaridad, a crear en torno a ellos una red de adherentes que pudiera amplificar su trabajo y mantener así una actitud de vigilancia, de denuncia contra la violación de los derechos humanos y de formación de opinión pública para exigir la restitución democrática del país. Estas organizaciones unitarias del movimiento social y político de Australia establecieron, además, contactos y relaciones con las fuerzas democráticas de Chile y con los organismos internacionales que se constituyeron en distintos países del mundo para ayudar a los chilenos a revertir la situación política creada por la contrarrevolución triunfante.

Sus preocupaciones estuvieron también relacionadas directamente con la atención a las víctimas del golpe de estado, en especial a los miles de chilenos que debieron dejar su patria y establecer su nuevo domicilio en Australia. Para ello, ejercieron presión sobre las autoridades administrativas del país para recibir a exiliados políticos con sus familiares, abrir nuevos criterios dentro de la política de inmigración para dar cabida a miles de chilenos que fueron marginados del modelo socio-político y socio-económico impuesto por el nuevo régimen militar. Con estas olas inmigratorias mostraron una preocupación distinta a la entregada a otros grupos étnicos: políticamente buscaron preservar los valores y formas culturales del exilio chileno, aminorando de este modo el choque cultural que les significaba establecerse en otro país, cursando invitaciones a dirigentes sindicales y políticos de la diáspora chilena para vincularlos a esta franja de exiliados, coordinando la exhibición de películas y documentales sobre Chile, convidando a conjuntos de música popular de su país de origen, realizando representaciones teatrales, veladas sociales y artísticas; tareas que fueron incorporadas a la sociedad australiana y cuyos efectos permitieron robustecer este movimiento solidario y ganar nuevos adeptos para los organismos constituídos en cada estado del país.

A través de estas organizaciones se acumuló una extensa información acerca de los acontecimientos en Chile y se ejerció una presión constante sobre las autoridades gubernamentales del país para obtener de parte de ellas, apoyo a sus objetivos y un mayor compromiso político con las espiraciones del movimiento popular chileno, derrotado el 11 de septiembre de 1973. Estas organizaciones de solidaridad con Chile crearon, como consecuencia de su trabajo, una sensibilidad social compartida, en que cualquier alusión favorable a la dictadura militar era ridiculizada o motejada de irrisoria. A esta actitud contribuyeron los propios chilenos que se integraron a estos organismos y cuyos testimonios sobre la situación de Chile ayudaron a facilitar la imagen draconiana que adquirió el régimen; no eran sólo los medios de comunicación de masas los que entregaban las informaciones frías y documentadas sobre la realidad que vivía el país, sino que además, los chilenos proporcionaban directamente el rostro humano de esta tragedia.

A consecuencia de estas presiones los distintos gobiernos de Australia se vieron constantemente asediados por los requerimientos que ejercieron las organizaciones que se integraron al trabajo de solidaridad. Ellos se vieron obligados a no eludir el problema, a dar respuestas y a adoptar posiciones políticas frente a estas preocupaciones. De este modo, los Prime Ministers, Whitlam, Fraser y Hawke, debieron asumir públicamente una actitud frente al golpe y a la dictadura militar. En este sentido, los gobiernos australianos del período fueron incorporados al problema y presionados para pronunciarse y actuar con respecto a la violación de los derechos humanos y civiles de la población, a la restitución democrática que exigía el movimiento popular chileno y las fuerzas internacionales que habían hecho causa común con sus intenciones, a las relaciones bilaterales en materia de comercio y por último en aspectos concernientes al santuario político y a la inmigración chilena.

La solidaridad provino principalmente del movimiento sindical australiano, cuyas raíces en la lucha social y política lo identifican en gran medida con el movimiento laboral surgido en Chile a fines del siglo pasado. A través de él fue posible hacer que las acciones de denuncia y de solidaridad con los trabajadores y los sindicatos chilenos ejercieran influencia en los gobiernos y en la sociedad australiana. Sus observaciones y acciones industriales obligaron en gran medida a reajustar las normas de comportamiento que gobiernos y empresarios deseaban mantener con la dictadura militar. En este compromiso se destacaron las organizaciones sindicales australianas más importantes del país, cuyo peso en la vida económica de Australia ha sido decisivo en su proceso de industrialización, transporte, educación y comercio exterior. La influencia de estos sindicatos se extendió también a su central sindical, el Australian Council of Trade Unions, ACTU, quien debió asumir una posición sobre “el caso chileno” introducida por ellos, pese a la oposición o vacilación de algunos de sus más altos dirigentes.

La exploración de estas reacciones y de las acciones asumidas por distintos sectores de la sociedad australiana es el objeto del presente trabajo.

Para desarrollar este análisis, el autor ha optado por presentar una crónica histórica, una narración cronológica que recoge en tres sectores distintos de la sociedad australiana la respuesta a los eventos ocurridos en Chile.

En la primera parte, dividida en tres capítulos, se ofrece un cuadro general sobre la situación política australiana hacia 1973, la que nos induce en su contexto histórico a justificar la prontitud y fuerza con que nacen en el país las organizaciones de solidaridad con los sectores democráticos vencidos por el golpe militar en Chile y las acciones emprendidas por ellos, movimiento enriquecido posteriormente por el exilio chileno que se integra a trabajar en estas instancias de solidaridad.

La segunda parte constituye un recuento histórico de la posición de tres gobiernos australianos, el cual cubre el período de los 16 años y tres meses de duración del gobierno militar en Chile. En tres capítulos diferentes son documentadas y analizadas: sus actitudes políticas, sus relaciones comerciales con el gobierno del general Pinochet y las disposición para permitir el ingreso al país de chilenos que deseaban establecer su residencia en Australia.

Por último, la tercera parte está dedicada a la solidaridad del movimiento sindical de Australia con los trabajadores de Chile. A través de cuatro capítulos, se documentan las similitudes con que nacen ambas fuerzas laborales, la posición de la ACTU, el embargo impuesto por los sindicatos marítimos y la actitud asumida por los sindicatos más importantes del país.

De la lectura de este trabajo se podrá evaluar el efecto que produjo en Australia el fenómeno de la contrarrevolución en Chile: las repercusiones que tuvo el golpe de estado y los posteriores procedimientos utilizados por el régimen militar, las posiciones que fueron asumidas, las acciones que se implementaron como respuesta a la situación creada y por último, el papel jugado por las fuerzas sociales y políticas de Australia en el movimiento internacional de solidaridad creado con los sectores vencidos en el golpe de Estado.

PRIMERA PARTE

EL MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE CHILE EN AUSTRALIA

CAPITULO Nº 1

El marco socio-político de Australia en 1973

Para entender y evaluar las condiciones y características que asumió en Australia el movimiento de solidaridad con el pueblo de Chile, a partir del 11 del septiembre de 1973, fecha del derrocamiento del gobierno constitucional del Dr. Salvador Allende, hasta el 18 de octubre de 1989, elección del candidato de oposición, el señor Patricio Aylwin, creemos que es necesario investigar previamente en qué contexto histórico esta campaña emergió, en otras palabras, el marco socio-político que existía en Australia en 1973.

Hacer esto no significa incorporar, en forma gratuita, elementos aparentemente irrelevantes; por el contrario, su referencia surge como cosa necesaria. En la investigación se ha observado que el nacimiento y las formas de expresión que alcanzó la solidaridad están vinculados a una serie de factores internos producidos en Australia, dentro de los cuales habría que hacer mención a dos: por un lado, la nueva estructura socio-política que emerge en el país a partir de la década de los años 60 y que se consolida en los inicios de 1970. Por el otro, el contenido ideológico que asumen diversos grupos de presión que nacen en el período u organizaciones existentes con anterioridad a los años 60 que modifican o reformulan sus plataformas programáticas. Ambos contribuyen significativamente a facilitar la respuesta solidaria con los vencidos en Chile y a crear las condiciones para que el nacimiento del movimiento solidario fuera rápido y generalizado, en la casi totalidad de las capitales estatales del país. La mayoría de estos grupos continuaban existiendo en 1973 y su presencia social fue importante en el movimiento de solidaridad con Chile durante el tiempo del régimen militar, además de la contribución de chilenos, a quienes se les había otorgado santuario político o visas de inmigración permanente por razones humanitarias.

Es cierto que no se pueden disociar los intereses, objetivos o preocupaciones de las personas con las organizaciones formales o grupos de presión que se constituyeron durante este período. Ellos están creados precisamente con un determinado contenido ideológico para influenciar en la cosa pública. Sin embargo, más allá del contenido o preocupaciones específicas que estos grupos tenían (defensa del medio ambiente, liberación de la mujer, la paz, el desarme, etc.), sus dirigentes tenían un nivel de compromiso político con un modelo diferente de sociedad. Este convencimiento lo extendieron a situaciones políticas de otros países, entre los cuales se encontraba Chile.

En el espacio dedicado a este comentario no corresponde entrar en un análisis exhaustivo sobre estos grupos, ya que sólo nos interesa referirnos a ello como parte de la hipótesis que justifica el postulado que se busca presentar: que la nueva estructura social de Australia y la incorporación y participación de estos grupos en la solidaridad con los vencidos en el golpe de estado en Chile fueron decisivas y que, gracias a ellos, este movimiento pudo permanecer activo por largo tiempo. Matthews, Maddox y Jaensch, entre otros, dedican interesantes estudios a los lobby groups de la sociedad australiana, los que han sido tomados en consideración para desarrollar esta tesis.

En la observación de estos hechos están, sin lugar a dudas, los antecedentes que permiten justificar el inusitado eco de la situación en que se veía envuelto un país tan distante y desconocido como Chile. En otras palabras, una serie de hechos políticos y sociales ocurridos en Australia habían logrado influir en la opinión pública nacional y creado las condiciones favorables para que Chile encontrara preocupación e interés, primero en su proyecto histórico de construcción del socialismo y luego, en su dramático y violento desenlace.

1. La emergencia de nuevos grupos de presión política:

La sociedad australiana, como todas las naciones occidentales industrializadas, contaba en su haber con importantes organizaciones comunitarias que de una u otra manera influían en la política doméstica del país, situación que los gobiernos aceptaban como parte consubstancial del sistema democrático y cuyas estructuras habían sido articuladas dentro de organismos existentes o bien creadas fuera de ellos con carácter permanente o transitorio. Como Matthews sostiene estas asociaciones tratan de influir en la administración del aparato público sin ser ellas, directa o indirectamente, parte del poder formal que poseen los gobiernos, sin asumir responsabilidad en su implementación, situación que es transferida a los partidos políticos o a la burocracia del estado.

Independientemente de las asociaciones, clubes o sociedades que Australia vio nacer como parte de su proceso histórico dentro de una estructura socio-política no cuestionada, emergen a partir de los años 60 una cantidad de grupos de presión que no sólo tratan de influir en la elaboración de políticas sectoriales o en la adquisición de determinadas prerrogativas parciales o locales que sólo beneficien a quienes se ven involucrados en ellos, sino también modificar la estructura social y producir efectos que se extiendan al conjunto de la población. Son posiciones más radicalizadas y cuyos fundamentos se encuentran en una visión distinta del mundo y de la sociedad. En otras palabras, agentes y portadores de una nueva ideología que busca alterar el status quo.

Esta situación de la década, independientemente de la vuelta a posiciones conservadoras en 1975 y 1977, como indica Altman, creó una marca de valores y actitudes en la sociedad australiana distinta a la de las décadas precedentes. Sus resultados se expresaron en direcciones muy diversas y dentro de ellas se dio cabida a posiciones y actitudes radicales, dentro de cuyos aspectos incorporó la discusión de la sexualidad, la limitación a la censura, el reconocimiento de los aborígenes como ciudadanos australianos y su derecho al sufragio y a la tierra, el asentimiento sobre la igualdad de la mujer, la tolerancia de distintas expresiones religiosas, la aceptación de una sociedad de diversidad cultural y la opinión casi generalizada de los problemas relativos a la conservación y al medio ambiente.

Simultáneamente, estos grupos de los 60 y comienzos del 70, habían logrado establecer una vinculación internacional importante. Por una parte, habían incorporado a su patrimonio ideológico la visión de marxistas franceses que privilegiaban la incorporación de los estudiantes como agentes de cambio y de una nueva clase trabajadora, junto a las críticas de la civilización industrial de Herbert Marcuse, además de la filosofía de destrucción del orden social existente y el reemplazo de la dictadura del proletariado por los consejos laborales promovidos por Antonio Gramsci. Por otro lado, estas posiciones les permiten relacionarse con organizaciones y movimientos que se levantan en otros países, especialmente con aquellos grupos que asumen posiciones de liberación nacional, de independencia política y que buscan la construcción de un nuevo tipo de sociedad.

El proceso se inicia en Australia con las luchas universitarias de Sydney en 1960 y Melbourne en 1961 las que pasan a constituír el preámbulo de un movimiento que empieza a forjarse y tomar forma a través de ideas que tienen cabida en publicaciones estudiantiles y revistas de la llamada nueva y vieja izquierda, como así mismo en la emergencia de demostraciones masivas que apuntan en forma insistente al cuestionamiento del sistema, como es el caso de las manifestaciones públicas del grupo Student Action, de Melbourne, que en 1961 se opone al acuerdo conjunto de los Labor and Liberal Parties por una Australia blanca (White Australia policy). El eslogan “student power”, acuñado en 1967, era la culminación de una mentalidad estudiantil-universitaria que los hacía verse a sí mismos como la conciencia de la sociedad, según las palabras de Gordon y Osmond.

Nuevas plataformas de luchas empiezan a ser incorporadas: la situación de los aborígenes, el apoyo al movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, la oposición al Anzac Day, las campañas antirracistas y la situación en Sudáfrica. Algunas materias del universo de la vieja izquierda son también incluídas por la nueva izquierda, tales como la campaña por el desarme nuclear, la paz y la soberanía de los pueblos.

A mediados de la década, otros grupos empiezan a nacer y cobrar importancia como consecuencia de una preocupación por el acelerado proceso de urbanización, por la contaminación de los residuos de la industria secundaria y de la perforación indiscriminada de yacimientos mineros. Los grupos ecologistas alcanzan notoriedad y constituyen más de quinientas asociaciones voluntarias en toda Australia. Las organizaciones de mujeres, que habían iniciado a principios de siglo su lucha por el sufragio femenino, adquieren nueva presencia como consecuencia del desarrollo económico de los años 60 y de su consecuente incorporación al mercado laboral. Como sostiene Maddox, esta segunda ola de feminismo empieza a ser mucho más locuaz e impregnada de una visión más ideológica que la primera.

Este fenómeno de nueva estructuración social, cuya dimensión ideológica rebasa a la de los grupos u organizaciones que la crearon, encuentra también expresión en el movimiento laboral y en las iglesias. En efecto, los sindicatos inician un proceso de fusiones que les permite alcanzar una mayor influencia industrial en la vida económica del país y negociar con los sectores patronales en mejores condiciones; tal es el caso de las sociedades de Boilermakers y Blacksmiths que se amalgaman en 1965 para luego constituir en 1972 la Amalgamated Metal Workers’ Union. Similar actitud asume en el año 1966 la Printing and Kindred Industries’ Union, formada por dos sindicatos que le sirven de base. Aún cuando esto no significaba terminar con la estructura de poder existente en Australia, Altman la llama división de clases, la contribución al movimiento social era significativa como consecuencia de la radicalización de sus posiciones, situación que también asume la NSW Builders Labourers’ Federation en su apoyo al movimiento ecológico.

En otros estamentos sociales se busca también la unificación y la incorporación a este movimiento social emergente. En febrero de 1960 se celebra la primera conferencia nacional del Australian Council of Churches y las disposiciones del Concilio Vaticano II, 1962-65, no sólo incluyen a los laicos en ciertas actividades reservadas hasta entonces a los clérigos, sino que, además, radicalizan a muchos eclesiásticos quienes, incorporándose a los frentes sociales, participan activamente en su desarrollo.

Curiosamente, la irrupción articulada y masiva de este proceso social se producirá como consecuencia de un fenómeno externo: la guerra del Vietnam. En este período se consolidan posiciones y se establecen inter-relaciones entre diversos grupos y organizaciones. El anuncio inicial, de noviembre de 1964, de que Australia introducirá el servicio militar y la decisión, de abril de 1965, de enviar tropas a la guerra de agresión, desencadenan el más amplio y extensivo movimiento de masas que Australia haya presenciado en toda su historia.

Antes de ver las consecuencias que esta situación origina y específicamente la relación que hay con la situación chilena de los años 70 y posteriores, es necesario investigar qué ocurría en el frente político tradicional, concretamente en el Australian Labor Party y en otras organizaciones de la vida política australiana.

2. Las organizaciones políticas en Australia a partir de la década de los años 60.

En mayo de 1960 el Labor Caucus del Australian Labor Party había designado a su nuevo líder, Arthur Calwell. Como segundo hombre, vice-líder, fue nominado Gough Whitlam. Era política del Labor Party, hasta entonces, mantener en manos del Labor Caucus la dirección y conducción del partido, siendo sus líderes figuras más bien decorativas cuya movilidad quedaba extremadamente sujeta a las decisiones de un cuerpo colectivo. El Labor Caucus estaba integrado por la totalidad de los miembros laboristas del parlamento, es decir del Senate y de la House of Representatives, situación que aún se mantiene inalterable.

El primer conflicto interno lo constituye el problema del poder. Mientras el Labor Caucus insistía en mantener esta prerrogativa, los nuevos dirigentes reclamaban para sí este privilegio. En la lucha interna termina por imponerse el criterio de los dirigentes designados y privilegiar la conducción del partido a través de ellos. Ambos con posiciones más radicales dentro del laborismo, pierden las elecciones federales de 1961 por solamente dos miembros en la House of Representatives, diferencia que en la elección anterior (1958) había sido de 32. Esta situación, más que ser una derrota, es observada como un triunfo que abre dentro del Labor Party la posibilidad cierta de ganar las próximas elecciones. Las posiciones más radicales de los nuevos líderes, junto con producir una aparente inmersión de los sectores más tradicionales del partido, incorporan a las filas del laborismo al emergente movimiento estudiantil, creando una enorme tensión interna como consecuencia del esfuerzo de hacer compatibles los conflictos de intereses entre una burguesía nacional, las espectativas de las compañías multinacionales y la clase obrera australiana. De esta situación nacen las tendencias o fracciones del Labor Party que se mantienen hasta el día de hoy.

Sin embargo, llegada la fecha de las nuevas elecciones federales de noviembre de 1963, la coalición Liberal-Country Parties logra imponerse de nuevo por una diferencia de 10 asientos. La aspiración del Labor Party de ganar el gobierno no se materializa hasta las elecciones de 1972.

Durante este período, otros grupos juveniles deciden incorporarse a los llamados Labor Clubs que eran en su mayoría organismos formados por el Australian Communist Party, los que pronto empiezan a recibir una influencia de orientación trostkista, tanto de pequeños grupos existentes en Australia desde los años 30 como del Socialist Workers’ Party of the United States, el que había invitado a una delegación de estas organizaciones australianas a participar en su convención de Minneapolis en 1969. Estos grupos australianos deciden así constituírse en partido en agosto de 1970 y adoptar el mismo nombre que su homólogo norteamericano. Otros sectores estudiantes radicalizados en Melbourne y en Adelaide deciden identificarse con el contenido ideológico de la Revolución Cultural de Mao Tse-Tung y constituyen las ligas maoístas. De paso, digamos aquí que estos grupos que asumen variantes del pensamiento marxistas (trostkistas, maoístas) y ciertos sectores de la izquierda del Labor Party no le perdonan a Salvador Allende el desenlace de los acontecimientos en Chile.

Entretanto, las sucesivas derrotas electorales de Calwell-Whitlam, especialmente la de 1966, precipitan el movimiento de radicalización entre los estudiantes, agravado por una desmedida represión policial ejercida en las manifestaciones de la guerra contra el Vietnam. La llamada nueva izquierda entra en conflicto serio de apreciación con la vieja izquierda y como resultado el sólido y unitario movimiento por la paz termina por dividirse. Gordon describe la situación en los siguientes términos:

The frustration of the electoral experience split the youth away from the more ‘established’ peace movement. … This ‘generational’ split in the anti-war and anti-conscription movement expressed itself in many ways and on numerous occasions.

Calwell, líder del Labor Party había sido herido de bala el 21 de junio de 1966 durante una demostración pública contra la guerra efectuada en el suburbio de Mosman, en Sydney, y después de su tercera derrota electoral, 1966, decide renunciar. Whitlam asume la dirección del partido. Los mismos hechos siguen polarizando a la opinión pública australiana: el servicio militar y la participaron de Australia en la guerra del Vietnam como aliado de los EEUU. La política australiana está centrada en la cuestión internacional.

La polarización que había caracterizado a la política del país, inicialmente entre gobierno y oposición, se extiende incluso al interior de los partidos de la coalición Liberal-Country Parties. Con el Liberal Party, en el gobierno, se ve surgir la formación del Liberal Reform Group cuyos objetivos eran revertir la posición política del partido sobre la guerra del Vietnam. En el interior del Labor Party emergen también corrientes más radicalizadas que buscan posiciones más duras, una de ellas encabezada por el Dr Jim Cairns quien desafía sin éxito al líder del ALP, el 30 de abril de 1968.

Sin embargo, todos estos hechos que habían producido en el interior del Labor Party un verdadero huracán, fueron hábilmente sorteados con éxito por Whitlam, quien supo adoptar una retórica que no sólo satisfacía a estos sectores en pugna, sino que además, su elocuente influencia volcó la opinión pública nacional de su lado. El triunfo del Australia Labor Party en las elecciones de 1972 era consecuencia de esta nueva mentalidad nacida al fragor de la lucha social y del impacto de la guerra en el Vietnam. Era la disposición creciente del camino propio, cuya similitud, aunque en distintos escenarios, en muchos aspectos coincidía con el diseñado por el gobierno popular de Chile en 1970.

En efecto, la plataforma programática del Labor Party había logrado entusiasmar e incorporar a grandes sectores de la población, los que empezaron a sentirse interpretados dentro de una nueva dimensión política que les ofrecía una fisonomía distinta del país, no sólo a nivel de sus aspiraciones internas, sino también en la independencia que debía darse a las relaciones internacionales. Este fenómeno logra hacerse camino y alcanzar el triunfo como consecuencia de tres factores que, si bien es cierto se interrelacionan dialécticamente, pueden ser separados en su discusión analítica: en primer lugar, el cambio de actitud del Labor Party para enfrentar las elecciones de 1972, el que crea una novedosa plataforma programática y con una cohesión interna en torno a su carismático líder; en segundo lugar, una actitud del movimiento sindical, el cual asume una función educativa muy significativa en la gran masa de trabajadores a través de sus medios de comunicación, específicamente en términos de la independencia nacional y de desenmascarar el papel e influencia de las compañías multinacionales; y, en tercer lugar, el haber sabido interpretar e incorporar al vigoroso movimiento por la paz nacido en Australia como consecuencia de la guerra en el Vietnam.

En estos hechos de la década de los años 60, el cuadro político australiano empieza su transformación. Opiniones que son introducidas a partir de la Conferencia en Adelaide del Labor Party en 1967, las que logran su consolidación en la Conferencia de Melbourne en 1969. Se inicia así el camino a la obtención del poder que culminará en el año 1972 con la elección del laborista Gough Whitlam quien, bajo el lema “It’s Time”, captura la mayoría del electorado, convirtiéndose en el nuevo Prime Minister, después de 23 años consecutivos de gobiernos conservadores.

Es el resultado de un proceso de revitalización e influencia de corrientes más radicalizadas políticamente que, junto con iniciar a través de su discurso un nuevo estilo de hacer política, proclama el término de una supuesta mentalidad conservadora y la sepultura definitiva del legado político de Robert Menzies. Ofrecía de esta forma una nueva lectura del país abriendo con ello un camino propio de proyectos e intenciones, que ubicaría al país dentro de un clima internacional de reformas sociales y económicas. Maddox describe la víspera de la ascensión al poder de los laboristas con estas palabras:

The programme embraced nationalism, anti-conscription, anti-federalism, and welfare. The initiatives wore a new garb, lent by the technocratic style of the government. No programme had ever been more carefully prepared, or more widely canvassed before the public.

Se vivía un clima de euforia y de optimismo por las reformas estructurales. Las intenciones y propósitos estaban marcados por una nueva concepción del nacionalismo, el que recibía una respuesta positiva en la opinión pública por el auge de independencia dentro de sus tradicionales alianzas internacionales.

Los cuadros dirigentes, tanto del partido como de las organizaciones sindicales, bases constitutivas del aparato político del Labor Party, buscaban romper el marco tradicional de comportamiento histórico, el enclaustramiento nacional a que se ven sometidos como consecuencia de la excesiva dependencia del Reino Unido y de los Estados Unidos de América. Es decir, se empezaba a concebir un proyecto de iniciativas propias para modificar el tipo tradicional de sus relaciones internacionales: abrirse a otros países y diversificar sus relaciones económicas, transformar las internas en una perspectiva más social y buscar en el foro internacional una comprensión y respaldo a las ideas que se empezaban a bosquejar como preámbulo de su ascenso al aparato público del estado.

En esta nueva realidad, algunos sectores del laborismo empujaban, con las reservas de otras corrientes internas, el creciente avance de los movimientos nacionales de liberación y la disposición de sectores de su cuerpo internacional (Socialist International) de entrar a apoyar sin reservas la autodeterminación de los pueblos y privilegiar las intenciones internas de cambios estructurales dentro de los países como consecuencia de un compromiso ideológico. Sin embargo, los sectores más conservadores se resistían a este nacionalismo al que identificaban como expresiones de clase y cuya finalidad podría esconder la instauración de un sistema socialista.

Gracias a la influencia de los sectores más radicalizados y con una significativa base social como consecuencia de un ambiente nacional e internacional casi generalizado, se hace posible crear una nueva imagen, en la que el partido pareciera levantar y ofrecer una lectura diferente de los fenómenos sociales y políticos y sugerir como consecuencia de ello, un nuevo estilo de hacer política y de expresarlo públicamente en los foros nacionales e internacionales. De esta forma se establecen vínculos más sólidos con los partidos miembros de la Internacional Socialista y muchos se muestran complacidos con las resoluciones que ella adopta como cuerpo central.

Una de ellas, transformada en instrucción y compromiso para los miembros de la Internacional Socialista, es adoptada el 27 de mayo de 1971 en Helsinki:

As such an appropiate aspiration of the popular movement of the region. – (Latin America) – The Socialist International support the Radical Party of Chile and the Government of Popular Unity, led by Dr. Salvador Allende, in its successfull efforts to work for socialism within the frame work of democracy.

Esta resolución de la Internacional Socialista le entregó un respaldo al gobierno de la Unidad Popular de Chile al tiempo que buscaba comprometer a sus miembros en una actitud similar, situación que fue implementada con el compromiso de trasladarse al terreno de los hechos para apoyar con su presencia física el proceso político que allí se iniciaba. Así pues: “The Bureau decided to accept an invitation from the Radical Party of Chile to hold the next meeting of the Bureau in Santiago, Chile in the first week of February”. Efectivamente, en marzo de 1973 tenía lugar en Santiago la Conferencia Internacional del Comité Ejecutivo de la Internacional Socialista. En dicha ocasión se produce uno de los hechos políticos más significativos dentro de las corrientes social demócratas: la aprobación de los “Frentes Populares” con la inclusión en ellos de los partidos comunistas. Esta actitud pasaba directamente a comprometer al Australian Labor Party en una posición de aprobación a dicho modelo.

Casi simultáneamente, en abril de 1973, el movimiento sindical australiano envía a Chile una delegación no oficial a participar en la conferencia internacional sobre las actividades de las compañías multinacionales en los países del Tercer Mundo. En ambos eventos se marca una línea clara y definitiva de apoyo a los procesos socio-políticos y socio-económicos como los que vivía Chile concretamente ya que ciertamente se había iniciado en ese país del cono sur de América uno de los procesos políticos más peculiares y significativos: la construcción del socialismo por la vía electoral.

Con esta actitud regresan al país ambas delegaciones. Sus documentados informes son puestos en conocimiento de las estructuras orgánicas de sus instituciones, y contribuyen a sumar elementos y juicios aglutinantes dentro de las fuerzas políticas más radicalizadas de la vida australiana, incluyendo, naturalmente, a los partidos de la izquierda australiana (Communist y Socialist Parties) y al propio movimiento sindical. Chile pasaba desde ese momento a ser un caso destacado dentro de importantes sectores de las fuerzas políticas y sociales de Australia, y su causa en alguna medida era incorporada tácitamente a sus respectivas plataformas de lucha.

El lenguaje utilizado empieza a ser similar y las intenciones por los cambios, al igual que Chile, no se ocultan. Mientras la Unidad Popular buscaba la transformación al socialismo por la vía democrática, el Australian Labor Party quería imprimirle a su sistema capitalista una mayor dimensión social. Allende calificaba su proyecto nacional y popular de “justicia e igualdad de oportunidades para todos”, Whitlam le daba el calificativo de “doctrine of positive equality”. Robert Hawke, al inagurar el Congreso Nacional del Australian Council of Trade Unions, ACTU, en Sydney el 3 de septiembre de 1973, decía:

Our Government [the Labor Government] has enabled Australians once again to hold their heads high as citizens of a country prepared to take an independent position and initiatives in the international arena.

El propio Congreso de la ACTU, que reunía en 1973 el 53 por ciento del 57 por ciento de la fuerza laboral del país organizada en sindicatos (no se habían incorporado aún a la ACTU el Australian Council of Salaried and Professional Association, ACSPA, ni el Council of Government Employee Organisations, CAGEO), exterioriza su posición interna, no distinta a las intenciones del movimiento popular chileno:

Congress is concerned that foreign companies are now dominating some of the key sectors of the Australian economy. The Australian Government should actively discourage foreign ownership in Australia. Foreign investment should only be permitted if the ‘social’ benefits to Australia are in excess of the ‘social cost’.

En el escenario político australiano de los años 60 se mantiene activo un Communist Party nacido en 1920 bajo la influencia de la Revolución Bolchevique de 1917 y de las crecientes desilusiones que provocaban la actitud reformista del Labor Party. Era un partido que, sin tener un gran número de miembros, había logrado una importancia muy significativa en los acontecimientos del país, especialmente en la depresión de los años 30 y a partir de 1944, cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica se constituyeron en aliados para enfrentar al fascismo alemán. El partido había sido puesto fuera de la ley por el gobierno del Prime Minister Sir Robert Menzies en 1940 y había retornado robustecido al estado de derecho en 1941.

Durante la Segunda Guerra Mundial logra establecer una poderosa influencia en la clase obrera y pasa a controlar un significativo número de organizaciones sindicales. Menzies y sus amigos, internos y externos, se ven alarmados por esta influencia y crecimiento (23,000 miembros en 1944) y deciden castigar de nuevo sus deslealtades. En efecto, en los inicios de la Guerra Fría de los años 50 aprueban una ley que proscribe al partido, la cual fue rechazada por la Supreme Court de Australia.

En los inicios efervescentes del movimiento social de 1960, el partido había iniciado un proceso decreciente. Las denuncias de Khrushchev sobre el estalinismo, las hostilidades entre la Unión Soviética y China y la invasión a Hungría en 1956, habían logrado separar a un gran número de intelectuales y hacer zigzaguear sus posiciones entre Moscú y Pekín. Con motivo de los sucesos de Checoslovaquia en 1968 decide romper su vinculación con Moscú y constituirse en entidad política independiente y no alineada. Aún cuando muchos sectores pro-soviéticos se mantienen en el partido, éstos terminan por ser expulsados en 1970. Un tercio del partido se va y forma el Socialist Party of Australia, constituído oficialmente en septiembre de 1972 y con el acuerdo de volver explícitamente a ser parte ideológica de la Gran Revolución Socialista de Octubre.

El peso e importancia en las cuestiones políticas internas y su influencia en el movimiento social se mantuvo a través de los años 70. La presencia de dirigentes comunistas o socialistas en muchas organizaciones sindicales y las relaciones amistosas establecidas con el sector de la izquierda del Labor Party, a través de los cuales se ejercían influencia en el gobierno, determinaron seguir ocupando un importante espacio político.

Pese a las divergencias internas, al desgaste ideológico y a las mútuas recriminaciones que se hacían públicas, ambos sectores mantuvieron una actitud similar e inalterable frente a la política interna y una adhesión incondicional de apoyo a los movimientos de liberación y a las experiencias socio-políticas que otros países buscaban implementar. Estos procesos fueron seguidos de cerca y en gran medida alimentaron sus propias esperanzas. Así encontró simpatía y admiración la vía chilena al socialismo.

Al llegar la noticia a Australia del coup d’état y la muerte del Presidente Allende, este movimiento político y social de enormes espectativas y grandes intenciones, se ve golpedado profundamente. El golpe de estado significaba un atentado a sus utopías y cercenaba seriamente las posibilidades de su éxito. De ahí nace la reacción indignada de condena y la esperanza por revertir el golpe de la contrarrevolución en Chile para asegurar y darle continuidad a su propio diseño programático. El coup d’état es un detonante que obliga a las fuerzas progresistas australianas a estar alerta, a reacondicionar sus métodos y a considerar seriamente que los factores internos no son suficientes para llevar adelante sus reformas. Que el peso y la influencia que poseen los poderes externos y puestos de manifiesto en Chile, tienen la capacidad y la habilidad para que estas intenciones puedan ser abruptamente truncadas si ellas se distancian del beneplácito de los centros económicos de carácter multinacional.

Este movimiento australiano sensibilizado política y socialmente, en medio de grandes desafíos y contradicciones, se vuelca hacia los acontecimientos chilenos, facilita su infraestructura orgánica y se propone así mismo incorporarse al trabajo de la restitución democrática de Chile. Para ello decide, en reuniones, encuentros y conversaciones, institucionalizar la solidaridad con los vencidos en Chile y crear organismos de apoyo estables y permanentes. De esta forma toma la iniciativa de formar los comités de solidaridad con Chile, habiendo encontrado en su camino un cauce relativamente fácil para organizarlos, ya que existían organizaciones y personas, que motivadas y comprometidas con los eventos políticos de la década de los años 60 y comienzos del 70, no tardaron en incorporarse a esta tarea, cuyos antecedentes eran conocidos.

De este análisis podemos concluir y justificar que la razón del rápido y extensivo movimiento de solidaridad con Chile se inserta en los factores y antecedentes que han sido presentados en el presente capítulo. ¿Cómo se expresó esta solidaridad y qué tareas se emprendieron? Este es el tema que será tratado a continuación.

CAPITULO Nº 2

La respuesta social y política en Australia frente al golpe y la actitud sobre al régimen militar de Chile.

Para el 12 de septiembre de 1973 las organizaciones laborales australianas habían convocado a una reunión pública en el auditorio del Sydney Trades Hall, ubicado en la calle Goulburn, en solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Chile frente a la agresión de que era objeto por parte de las compañías multinacionales. Era una de las respuestas a los acuerdos adoptados en Santiago en la reunión de dirigentes sindicales celebrada en abril del mismo año. En la preparación de esta reunión los sorprende el cable anunciando el golpe de estado en Chile. El contenido inicial de su programación se transformó inmediatamente en un acto público de solidaridad con el pueblo de Chile y de denuncia y condena al coup d’état. Frente al Consulado General de los Estados Unidos, en Sydney, se reunieron cientos de personas que se congregaron para escuchar a representantes de la izquierda australiana en todas sus tendencias y a los dirigentes sindicales que se dieron cita para denunciar el golpe de estado en solidaridad con el pueblo de Chile. El National Secretary del Australian Communist Party, Laurie Aaron, presidió el acto, en el cual usaron de la palabra Laurie Carmichael, en representación de la Amalgamated Metal Workers’ Union, Leo Lenane, de la Waterside Workers’ Union, Jack Cambourn, State Secretary de la Engine Drivers and Firemen Union, Joe Owens, de la Builders Labourers Union y Frank O’Sullivan de la Building Workers’ Industrial Union. En dicha oportunidad se dio lectura a la primera declaración adoptada por los organismos federales de los sindicatos australianos. En el acto intervinieron además dirigentes políticos del Australian Communist Party y del Socialist Party of Australia y el Secretary of the Social Workers˙ Party of Papua-New Guinea, el señor Peter Kavo, quien se encontraba de visita en Sydney.

Dentro de las 24 horas se produce además la condena de parte de un importante sector de dirigentes del Labor Party, incluyendo a ocho miembros del gabinete, como se documenta con más detalles en el capítulo 4.

El mismo día 12 de septiembre de 1973, día 11 en Chile, empieza a circular una convocatoria hecha pública por la organización australiana Association for International Co-operation and Disarmament, AICD. Bajo la firma de K. J. McLeod se invita a la opinión pública a escuchar al Profesor E. Wheelwright de la University of Sydney, al dirigente de la Waterside Workers’ Federation, Tass Bull y al Dr James Levy, catedrático de la University of New South Wales. El evento, desarrollado el martes 25 de septiembre de 1973 en el Sydney Trades Hall, contó con la asistencia de 300 personas y bosquejó las acciones futuras a realizarse en solidaridad con el pueblo de Chile.

El jueves 15 de octubre de 1973 se establece un Committee for Chilean Democracy en Sydney. Con la asistencia de 25 representantes de sindicatos y dirigentes de partidos políticos y organizaciones contra la guerra, se constituye una dirección ejecutiva integrada por el Dr James Levy y los señores K. J. McLeod, Executive Secretary for International Co-operation and Disarmament, AICD, J. Baird y G. Harrison, de la Amalgamated Metal Workers’ Union, AMWU, L. Steen, de la Seamen’s Union, y J. Baker de la Postal Clerks and Telegraphists Union.

En la ciudad de Canberra, el día 8 de octubre de 1973 se efectúa una reunión pública convocada por el Committee for a Democratic Socialist Chile y la Students’ Association de la National University de Canberra. Bajo la dirección de Warren Snowden, hacen uso de la palabra el Senator John Wheeldon de Western Australia, el Profesor Claudio Véliz, el Dr Ron Witton y el periodista Dale Dowse.

Pero, sin lugar a dudas, una de las reuniones más significativas de los inicios de la solidaridad australiana es la que ocurre el día 10 de octubre de 1973 en las oficinas del Australian Federal Parliament en Canberra, documentada a través de una declaración pública de gran distribución nacional y firmada por el Senator de Queensland, George Georges, por Gordon White de Canberra, Ken McLeod, de Sydney y Joan Lloyd, de Melbourne. Esta fue la primera expresión solidaria coordinada nacionalmente.

Posteriormente todos estos comités de solidaridad, que inicialmente nacen con nombres diversos, empiezan a unificarse bajo la dirección central del comité de Sydney que, con el nombre de Committees for Solidarity with the Chilean People, (Comités de Solidaridad con el Pueblo de Chile) permanecen en funcionamiento activo hasta la derrota electoral de la Junta Militar, el 18 de diciembre de 1989.

A través de los años de trabajo se sucedieron personas y se adoptaron distintas formas orgánicas de funcionamiento. Se designaron presidentes honorarios, de prestigio académico y político, los cuales le imprimieron desde sus comienzos respetabilidad y solidez. El primero de ellos fue el Dr James Levy y luego el Senator del Labor Party por el Estado de New South Wales, Hon. James Anthony Mulvihill.

Las organizaciones de la izquierda política australiana y del movimiento sindical fueron las que aportaron desde sus inicios los recursos humanos y económicos para su desarrollo. De esta forma se pudieron establecer secretarías ejecutivas a nivel nacional y estatal. En el plano nacional, Mavis Robertson, miembro del buró político del Australian Communist Party, ocupó la presidencia de estas funciones hasta 1980. Le sucedió en el cargo Andrew Ferguson, dirigente juvenil del Australian Labor Party y más tarde presidente nacional de la Building Workers’ Industrial Union. Simultáneamente, diversas comisiones operativas fueron constituídas para la implementación de sus actividades, tales como finanzas a cargo del dirigente portuario de la Waterside Workers’ Federation, Patrick Jagers y Lyn Hopkinson, miembros ambos del Socialist Party of Australia; comunicaciones, a cargo de Henry McCarthy, miembro del Australian Communist Party y periodista de la Amalgamated Metal Workers’ Union; cultural a cargo de Steve Cooper, del Labor Party, que se desempeñó originalmente como dirigente sindical en la Miscellaneous Workers’ Union, y más tarde, como investigador en la Amalgamated Metal Workers’ Union. Como secretaria ejecutiva se desempeñó Margaret Hook, del Movimiento por la Paz.

En las ciudades más importantes del país se constituyeron comités locales, los que también estaban en manos de dirigentes políticos y sindicales. En Melbourne, tuvo esta responsabilidad durante todo el período el dirigente comunista Phil Herington junto a Barry Carr, catedrático de La Trobe University, Ron Hearn y John Ryan; en Adelaide, Pamela Rutland y Jon. H. Atkins; en Canberra, Andrew Hodgkin, Lorraine Tilley y Manuel Amsteins; en Perth, Allen Johnson y en Brisbane Dan O’Neill, catedrático de la Queensland University, quien trabajó con Megan Martin, Penny Glass, Sue Monk, Terry Farr, Anthony Torrenberg, Di Zetlin, Julie y Lee Walkington, Ian MacLeod y Hugh Hamilton.

Es imposible incluir aquí una lista completa de los cientos de personas que se vincularon y participaron en la campaña de solidaridad durante los 17 años de dictadura en Chile. Se han documentado sólo algunos nombres como una demostración explícita de la voluntad de ciudadanos australianos por asumir responsabilidades en una situación tan lejana y sensible como la que provocó el “caso chileno”.

Durante este ininterrumpido proceso solidario, la comunidad chilena exiliada jugó también un importante papel. Mantuvo desde su llegada una activa participación y tomó responsabilidades directivas en diversos niveles orgánicos, situación que es analizada más adelante.

A fines de 1974 y comienzos de 1975 existía una amplia red de comunicaciones interestatales con comités formados en todos los estados, más organizaciones de apoyo parlamentarias, sindicales, estudiantiles, de periodistas y de personas individuales que se habían inscrito como miembros activos de la organización. En este mismo período, los chilenos ya habían logrado reconstruir sus organizaciones políticas partidistas en toda Australia. Reestablecieron el funcionamiento de los comités locales de la Unidad Popular y crearon en Sydney una dirección nacional, la cual por varios años mantuvo esa prerrogativa jerárquica, incluyendo las organizaciones chilenas existentes en Nueva Zelandia (Auckland, Wellington y Christchurch). Por su parte el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, se había reorganizado en varias ciudades australianas.

El hecho de que haya sido Sydney el centro motor de la solidaridad obedece a varios factores. Es la ciudad más grande y más cosmopolita de Australia, la más industrializada y la que ejerce en la práctica la mayor gravitación económica en el resto del país. Sin embargo, las razones fundamentales de que la solidaridad con Chile se hubiera establecido en esta ciudad y que desde ella se ejerciera influencia en el resto del país, tienen como causa haber sido la sede central de las direcciones de los partidos políticos de la izquierda australiana, específicamente del Communist, Socialist y Socialist Workers’ Parties, además de contar en la fecha del golpe militar con las figuras más destacadas de la corriente de izquierda del Labor Party, como Tom Uren, Arthur Gietzelt y James Mulvihill, entre otros, los cuales se incorporaron de inmediato al trabajo solidario con Chile. Simultáneamente, los consejos nacionales de los sindicatos de mayor influencia en la vida económica del país están radicados en Sydney, tales como la Amalgamated Metal Workers’ Union, la Waterside Workers’ Federation, la Building Workers’ Industrial Union, la Seamen’s Union of Australia y la Australian Teachers’ Federation, organizaciones que desde el primer momento participaron en la solidaridad y pusieron a disposición del movimiento sus infraestructuras. Por último, los primeros chilenos refugiados se establecieron en esta ciudad. Ellos, junto con reestablecer sus organismos partidarios centrales del exilio en Sydney, se integraron de inmediato al movimiento que ya había empezado a trabajar.

El funcionamiento a través de este período no fue parejo ni en sus actividades ni en sus motivaciones. La vitalidad de los años 1973-79 sufrió una baja considerable como consecuencia del enfriamiento internacional que afectó al “caso chileno”, logrando de nuevo un repunte muy importante a fines del año 82 y comienzos del 83 cuando se inicia en Chile un gran movimiento de protestas sindicales. Los objetivos fueron reajustados y se establece a partir de ese momento un gran contacto con el interior del país que se expresa en una ayuda económica coordinada con las organizaciones sindicales australianas y con la invitación a Australia de diversas personalidades políticas y sindicales.

Durante los años de trabajo hubieron dificultades introducidas tanto por organizaciones australianas como chilenas, siendo el sectarismo político uno de los mayores escollos que oscurecieron las relaciones amistosas que producía el trabajo conjunto y la comunión de propósitos. Entre la vieja y nueva izquierda australiana afloraron amargas discusiones y mútuas recriminaciones, ya sea por condescedencia con el sistema, acusaciones de posiciones estalinistas o utopías extremistas. La actitud de corrientes trostkistas y maoístas, que desvalorizaban la experiencia chilena y cuestionaban la calidad revolucionaria de los que habían tenido responsabilidad en ella, fue otro de los problemas que no pocas veces hubo que enfrentar. Entre los chilenos ocurría un fenómeno similar, sobre todo entre socialistas y comunistas. Estos últimos, muchas veces lograban detener iniciativas nacionales en espera de confirmaciones superiores. Uno de los hechos más desagradables fue, sin lugar a dudas, la liviana e irresponsable actitud de algunos militantes del partido comunista de divulgar la noticia de que dos destacados miembros del Committee for Solidarity with the Chilean People, Steve Cooper de la Amalgamated Metal Workers’ Union y el profesor de la University of New South Wales, Dr James Levy, de origen norteamericano, eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, CIA; cargo que durante un tiempo se imputó tambien al ex-Secretario Regional de la Izquierda Cristiana en la provincia de Cautín y Presidente Nacional de la Unidad Popular en Australia, Gustavo Mártin. Afortunadamente el criterio y madurez de los dirigentes australianos y chilenos se impuso y sus autores debieron retractarse, habiendo sembrado sin embargo una inexplicable duda en algunos sectores de la comunidad chilena.

1.     Los comités de solidaridad con el pueblo de Chile.

El violento desalojo del gobierno de Salvador Allende produjo en importantes sectores de la sociedad australiana una respuesta inmediata de desaprobación y condena, de solidaridad con los vencidos y de preocupación por la violación de los derechos humanos y civiles de la población, según informaban profusamente los medios de comunicación. De esta forma, organizaciones políticas y sociales, más un significativo número de personas decidieron como primera medida organizar los centros de apoyo que contribuyeran a la restitución del estado de derecho en el país y la devolución de la soberanía popular usurpada. Esta actitud se expresó y se mantuvo con fuerza y decisión durante todo el período del gobierno militar encabezado por el general de ejército Agusto Pinochet Ugarte.

Estos centros de apoyo, constituídos por diferentes grupos y en distintas ciudades del país, lograron consolidar un sólido y estable movimiento social y político que, a través de los 16 años, se mantuvo en Australia en muy diferentes y variadas formas de expresión. Aún cuando la intensidad de su trabajo y el número de sus miembros variaban continuamente, se logró, sin embargo, ganar presencia y convertirse en referentes indiscutibles entre organizaciones gubernamentales, agencias privadas e instituciones sociales, estudiantiles, religiosas y laborales. Las causas que motivaban estos períodos de flujo y reflujo obedecían a factores impuestos generalmente desde afuera: hechos internacionales importantes que concitaban la preocupación y atención de la opinión pública nacional (Irán, Nicaragua, El Salvador, etc.), el cuadro político interno de la oposición chilena, que muchas veces permanecía estático y sin apariencias de recobrar el liderazgo político como consecuencia de la severa represión de que era objeto y, por último, los propios factores internos de la situación australiana, tales como la destitución de Whitlam y las elecciones periódicas del parlamento federal y de los estados del país.

El estilo y formas de trabajo que estas organizaciones se impusieron cubrían una variada gama de actividades, las que fueron siendo enriquecidas gracias a sus propias experiencias a través del intercambio de opiniones en congresos nacionales de la solidaridad celebrados en Australia o bien en la incorporación de observaciones obtenidas por dirigentes australianos en sus viajes al exterior cuando participaban en conferencias internacionales relativas a la solidaridad con Chile.

De esta forma, la experiencia fue indicando la necesidad de mantener en funcionamiento los comités de solidaridad y generar a través de ellos una doble responsabilidad: por una parte, que ellos asumieran las tareas burocráticas de administración y, por otro, que estuvieran en condiciones de coordinar actividades y tareas que eran implementadas a través de otras organizaciones o personas de la estructura social o política de Australia. Esto significó modificar la concepción inicial de que estas organizaciones fueran verdaderas asambleas de amigos o simpatizantes del “caso chileno”. Por el contrario, un selecto número de personas en cada estado tomó la responsabilidad de su manejo, elaboró una lista de nombres e instituciones patrocinadoras y creó una red de contactos para desarrollar sus actividades. Dentro de ésta se contaban las organizaciones políticas de izquierda (Communist, Socialist y Socialist Workers’ Parties), miembros del Labor Party, organizaciones sindicales, iglesias cristianas de distintas denominaciones o grupos sociales específicos, tales como University Students’ Associations, Australian Peace Committee, Womens˙ Liberation, Transnational Co-operative, Gay and Lesbian Association, Association for International Co-operation and Disarmament, etc. Además, muchas personalidades de la vida australiana pasaron a formar parte del registro de patrocinadores, tales como Patrick White, Premio Nóbel de Literatura en 1973, el profesor universitario E. Wheelwright y Richard Buckhorn, Secretario Ejecutivo de la Peace and Justice Commission de la Iglesia Católica australiana, entre otros.

En forma paralela y con una coordinación estrecha con estos organismos solidarios, el movimiento sindical australiano desarrolló sus propias actividades, entre ellas la más importante fue, sin lugar a dudas, su acción industrial de embargo a las ventas de trigo al régimen militar de Chile. Los partidos políticos de la izquierda también realizaron actvidades solidarias bajo sus propias iniciativas, las que oportunamente eran comunicadas a los comités de solidaridad y a las organizaciones políticas de los chilenos exilados. Era además frecuente que grupos de distintas orientaciones convocaran a actos solidarios con Chile, donde se requería la presencia de chilenos para que hicieran uso de la palabra y explicaran directamente a esas audiencias la situación que los efectaba.

Así se entró a solidarizar con los vencidos en su lucha por restablecer el sistema democrático. Se promovieron las condenas y declaraciones públicas sobre el régimen militar, la violación de los derechos humanos y civiles, la situación de los presos políticos desaparecidos, la invitación a dirigentes políticos y sindicales chilenos, la realización de conciertos masivos de música popular con grupos de Chile, la publicación de informativos y comunicados de prensa, además de proyecciones cinematográficas, demostraciones callejeras y envío de cartas y telegramas al gobierno militar y a los organismos internacionales. En gran medida estas organizaciones de solidaridad requirieron de su red recursos para financiar determinadas campañas en Australia o bien para ayudar directamente tanto a los organismos laborales o políticos del interior de Chile como a los comités de resistencia establecidos fuera del país.

En el presente capítulo buscamos presentar y corroborar esta argumentación, poniendo el énfasis exclusivamente en el trabajo de esta instancia de coordinación, es decir, el Committee for Solidarity with the Chilean People, dejando para más adelante, el papel asumido por otras organizaciones y grupos sociales y/o políticos que estuvieron estrechamente vinculados en esta actitud de solidaridad con un sector importante del pueblo de Chile.

1. 2.     Los objetivos de los comités de solidaridad.

El propósito y la intención de los comités de solidaridad estuvieron basados en una variedad de objetivos que fueron elaborados inicialmente y que sirvieron como pauta de acción para todas las organizaciones homólogas que se crearon en Australia. Su contenido, de acuerdo a una circular explicativa enviada a todos los estados australianos, se concretizaba en los siguientes aspectos:
1. To build public support in Australia for the restoration of democratic rights and the achievement of a more just and equitable society.

2. To develop and strengthen moral, political and financial support for the people and their organisations inside Chile fighting the military dictatorship.

3. To unite, co-ordinate and be the central representative body of the Chilean exiles in Australia and their organisations working in solidarity with the people of Chile.

4. To promote awareness and opposition among the Australian people to the systematic violation of human rights in Chile by campaigns against the use of torture, and the arbitrary arrest, imprisonment and disappearance of opposition inside Chile to the military government.

5. To assist morally and politically the families and the victims of repression and persecution inside Chile.

6. To build support for the complete diplomatic, economic and political isolation of the Chilean dictatorship inside Australia and internationally until democratic rights are restored.

7. To actively encourage the involvement and participation of Chilean exiles resident in Australia in the work and activities of the Committee.

8. To encourage and assist the return of exiles so as to continue and strengthen the struggle for the achievement of a free and democratic Chile.

9. To support the work of trade unions, peace groups, student and women’s organization in Australia that are fighting for similar aims.

La elaboración de estos objetivos parece haber sido formalizada inmediatamente después de que una delegación, de cuatro australianos, regresó al país desde Helsinki, donde se llevó a cabo la primera Conferencia de Solidaridad Internacional con Chile los días 29 y 30 de septiembre de 1973. Dicho evento estuvo patrocinado por el gobierno finlandés encabezado por el entonces Ministro de Educación. La delegación australiana fue integrada por el Senator George Georges de Queensland, Sam Goldbloom y Bernie Taft de Victoria y Mavis Robertson de New South Wales. El Senator Georges fue designado en esta oportunidad presidente de la Conferencia cuando la hija del ex-Presidente Chileno, Isabel Allende usó de la palabra para denunciar los acontecimientos que vivía su país. Estas personas participaron también en el Congreso Mundial de las Fuerzas de Paz celebrado en Moscú, donde dirigentes chilenos, incluyendo a la señora Hortensia Bussi de Allende, hicieron uso de la palabra para solicitar ayuda solidaria a la comunidad internacional.

A raíz de la Conferencia en Helsinki, – y como consecuencia de las palabras pronunciadas por Isabel Allende en esa ocasión y recogidas por el periódico Tribune, órgano oficial del Australian Communist Party: “We now know that the violence of reaction must be met with the violence of revolution”, – sectores del CPA lograron introducir dentro de los acuerdos de formación y funcionamiento de los comités de solidaridad una disposición para crear un fondo de ayuda a la resistencia, albergando la idea de convertirse en un centro proveedor de dinero para la compra de armas y de apoyo logístico a la resistencia chilena. Este propósito se evaporó rápidamente por la fuerte oposición de miembros del Labor Party y de la dirección del Socialist Party of Australia, quienes no sólo se distanciaban de cualquier intento que significara una confrontación armada, sino que además no correspondía entonces a la estrategia operativa de la Unión Soviética en el proceso de la Guerra Fría. Algunos sindicatos que alcanzaron a ser informados de este propósito, mostraron también su desacuerdo, como consta, por ejemplo, en la carta enviada por la Australian Teachers˙ Federation, bajo la firma de J. R. Williams, Acting General Secretary, a Mr. B. Spencer, “Chilean Fund” en Sydney.

Una de las acciones más importantes producidas inicialmente por estos nacientes organismos de solidaridad, además de protestas, telegramas de condena y distribución de volantes y panfletos fue, sin lugar a dudas, la presentación del opúsculo Revolution and Counter-revolution in Chile, preparado por el Committee for Chilean Democracy en Canberra y distribuído nacionalmente a través de organizaciones políticas y sociales. Esta publicación presentó en una forma seria y elaborada, el contexto político y económico de los acontecimientos chilenos. Sus ejemplares fueron agotados rapidamente, ya que estudiantes, organizaciones políticas y laborales se apresuraron a adquirirlo (80c el ejemplar), produciéndose en torno a su contenido un debate en universidades, colegios y centros laborales. Su presentación, desde el punto de vista de las ciencias sociales, permitió ligar el dramático desenlace de los acontecimientos chilenos con los objetivos planteados por la solidaridad australiana, permitiendo con ello captar una importante receptibilidad en sectores de la opinión pública y sumarlos, de una u otra manera, a las tareas emprendidas por el movimiento creado para estos efectos.

2.     Las tareas de la solidaridad australiana.

Es muy difícil entregar en un espacio breve un análisis completo sobre la enorme actividad desarrollada por la solidaridad australiana con Chile en el espacio de 16 años. Se debe decir, sin embargo, que no toda la información producida durante estos años fue debidamente documentada y que otros valiosos antecedentes fueron involuntariamente incinerados inmediatamente después de la derrota electoral de la junta militar chilena en diciembre de 1989, pensando segurante que ellos habían perdido valor o simplemente que no constituían fuentes informativas para reconstruir la historia. Parte de ellos fueron destruídos a raíz del incendio que afectó las instalaciones de “Casa Chile”, en el Centro Comunitario de Marrickville, en Addison Road, el 14 de noviembre de 1985, según informa el periódico Direct Action.

Pese a estas dificultades, el acopio de información acumulado permite visualizar un intenso trabajo determinado por los objetivos a que se ha hecho mención. De esta forma podríamos considerar que la solidaridad australiana comprendió una acción de vigilancia, denuncia y formación de opinión pública frente al régimen de facto establecido en Chile. En este sentido, sus dirigentes emplearon todos los mecanismos su alcance para aplicar las medidas más adecuadas para ello. En segundo lugar, crearon una relación de contacto con el interior del país y con la resistencia exterior chilena, además del movimiento internacional de solidaridad, situación que les permitió coordinar su trabajo y entregar a través de él su apoyo moral y económico a la lucha contra la dictadura chilena. En tercer lugar, asumieron una responsabilidad muy importante en la preservación y continuidad de las formas y valores culturales del movimiento popular chileno, ganados en largos años de esfuerzo, y cuya amenaza draconiana de destrucción la junta militar no ocultaba. Por último, el despliegue de una gran labor informativa a la opinión pública australiana, ya sea a través de la producción de boletines y opúsculos que antecedían a campañas específicas de solidaridad, tales como: liberación de presos políticos, respuestas sobre los desaparecidos, denuncias de la violación de los derechos humanos, posición frente a la tortura y reproducción de informes de Amnistía Internacional u otros organismos internacionales. Gran parte de esta información fue enviada a los programas de radio, televisión y la prensa escrita. Del mismo modo, las organizaciones envueltas en el trabajo solidario reproducían en sus propios medios de comunicación los antecedentes e informaciones proporcionados por los comités de solidaridad.

Pensamos que es conveniente referirse en forma breve a cada una de estas tareas.

2.1.     Vigilancia, denuncia y formación de opinión pública.

Los comités de solidaridad fueron extremadamente vigilantes de las actitudes asumidas por el gobierno militar en Chile. Una detallada información proveniente de los medios de comunicación escrita era almacenada y procesada por sus direcciones ejecutivas y seleccionada para su reproducción en los boletines producidos por las organizaciones existentes en Australia. Se creó también un intercambio significativo de información a nivel internacional. Varias publicaciones, producidas en diferentes países, incrementaron el acopio de las propias investigaciones y elaboraciones nacionales. Entre ellas cabe destacar algunas como Chile Fights de Londres, Chile Democrático de Nueva York (en inglés), Chile Democrático de Roma, Venceremos de la República Federal Alemana, Chile Informativo, inicialmente proveniente de Cuba y más tarde editado por la Secretaría Ejecutiva para América de Solidaridad con el Pueblo Chileno en Ciudad de México, Venceremos de Nueva Zelandia, más otras publicaciones esporádicas producidas por organismos sindicales de diversos países, incluyendo un abundante material escrito y distribuído por los países del área socialista. A esta profusa literatura sobre la situación chilena habría que agregar los documentos y boletines producidos por la Federación Mundial Sindical, por el Consejo Mundial de la Paz, la Federación Internacional de Mujeres, la Federación Mundial de la Enseñanza y la Educación y los continuos informes producidos por la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar en Chile con sede en Helsinki, además de los documentos emanados de las oficinas de Amnistía Internacional. Todo este abundante material sirvió para crear un banco de información que, no tan sólo fue utilizado por los comités de solidaridad, sino que además nutrió a publicaciones y periódicos de izquierda y a organizaciones estudiantiles y sindicales. Los chilenos, organizados en los diversos estados australianos, utilizaron también estas fuentes informativas para los boletines internos que circulaban dentro de sus comunidades, los cuales eran elaborados en lengua castellana.

Con el acopio y actualidad que proporcionaba este banco informativo se pudo ejercer una continua presión documentada sobre las autoridades chilenas y sobre los representantes diplomáticos acreditados en Australia, denunciando sus procedimientos y reclamando medidas concretas de respeto a los derechos humanos, de liberación de presos políticos, de condena a la tortura y de libertades y garantías constitucionales para personas y organizaciones que eran reprimidas por la dictadura. Por otra parte, el continuo flujo de información actualizada sirvió para hacer presentaciones a organismos internacionales, reclamar su intervención y exigir la condena del régimen militar chileno. Los antecedentes fueron también utilizados para mantener informados a miembros del parlamento, a organizaciones sindicales y grupos de apoyo a la solidaridad chilena, los cuales ejercían una acción de continua denuncia, reclamo y condena hacia el régimen militar.

Pero esta actividad no sólo mantuvo activos a los grupos o personas que formaron parte de este lobby, sino que su influencia trascendió a la opinión pública, permitiendo crear un criterio de consenso generalizado frente a la dictadura con algunas excepciones dentro de los grupos más tradicionales y conservadores de la sociedad que fueron incapaces de revertir este sentimiento nacional creado por una articulada y contundente difusión informativa que muchas veces era corroborada por publicaciones y análisis de agencias norteamericanas incluídos en la prensa comercial. Incluso los representantes diplomáticos de la junta militar no pudieron, pese a la cuantiosa inversión utilizada en propaganda, desdibujar la actitud de condena y rechazo a la política de carácter terrorista asumida por el gobierno de Santiago.

Por último, y pese a los esfuerzos iniciales de la prensa comercial por justificar el golpe militar y exaltar las maravillas del gobierno de facto constituído por las fuerzas armadas chilenas (eco indiscutible de la política norteamericana y de las compañías multinacionales), no se tardó en entrar en una verdadera consternación nacional, golpeada sensiblemente por el caso de la familia Pollitt, de la ciudadana australiana Alexandra Lamas, por la situación de la doctora Sheila Cassidy y los posteriores arrestos de una religiosa australiana y la expulsión de sacerdotes misioneros de la Orden de los Columbanos. A este volumen de material informativo y documental (TV), habría que agregar los testimonios de los chilenos exiliados, los cuales recibieron una importante covertura en la prensa nacional, dando cuenta de los tratamientos degradantes a que habían sido sometidos en su país de origen. Bástenos por ahora concluir esta parte diciendo que la vigilancia y condena de los hechos inhumanos provocados por la junta militar chilena, creó una opinión pública muy sensibilizada, lo que obviamente contribuyó a su aislamiento nacional e internacional. La crudeza y abundancia de noticias y reportajes en los medios de comunicación sobre Chile, en comparación con fenómenos similares vividos en otros países del cono sur de América Latina, privilegió esta sensibilidad y “el caso Chile” fue así quien despertó mayor interés.

2.2.     Relaciones y contactos con Chile, con la resistencia exterior y el movimiento internacional de solidaridad.

Inicialmente el acercamiento de la solidaridad australiana con el interior del país fue escaso y distanciado. Entrar en contacto con dirigentes u organizaciones políticas constituía un riesgo para las personas o para los organismos clandestinos por la ferocidad de la represión impuesta por la dictadura. Bajo estas condiciones la ayuda inicial se canalizó a través de los organismos creados por la resistencia exterior, especialmente la Secretaría Nacional de la Unidad Popular en Berlín, la Oficina de Chile Democrático en Italia y la Secretaría de la Solidaridad para América en México. Sin embargo, hubo contactos directos con el Comité por la Paz, creado por las iglesias chilenas para ayudar a los perseguidos y después de su clausura impuesta por la dictadura, se mantuvieron relaciones con la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, la cual no sólo fue la depositaria de una significativa ayuda económica, sino que además sirvió como nexo importante para liberar a perseguidos y presos políticos que fueron recibidos bajo diversos programas por el gobierno de Australia. Por otra parte, a través de la Vicaría de la Solidaridad, se creó un tipo de ayuda económica para los familiares de los presos políticos, los cuales confeccionaban en los lugares de presidio diversos artefactos artesanales que eran enviados a Australia a través de la Vicaría, vendidos en este país y remitido el valor de su venta a este organismo humanitario.

Además, el Committee for Solidarity with the Chilean People jugó un importante papel en las relaciones entre Australia y la resistencia interior a través del movimiento sindical australiano, inicialmente con el envío de delegaciones al país y posteriormente, a partir de los años 80, con los propios organismos sindicales chilenos, antecedentes que son documentados en la tercera parte de este trabajo.

Sin lugar a dudas, durante el período de la dictadura militar, los organismos solidarios australianos mantuvieron una estrecha relación con las organizaciones de la resistencia exterior chilena y los cuerpos internacionales que contribuyeron a su mantención. Delegaciones australianas formaron parte de las conferencias internacionales de solidaridad con Chile en Helsinki, el 29 y 30 septiembre de 1973; en Moscú en octubre de 1973; en Dipoli, Finlandia, del 21 al 24 de marzo de 1974; en Lisboa, el 11 de septiembre de 1974; en Ciudad de México, del 18 al 21, febrero de 1975; en Atenas del 13 al 16 de noviembre de 1975; en Helsinki los días 28 y 29 de marzo de 1976; en París; el 24 y 25 de abril de 1976; en Argelia, en febrero de 1978; en Madrid en noviembre de 1978; en Helsingor, Dinamarca, del 7 al 9 de diciembre de 1979; en Roma del 28 al 30 de noviembre de 1980 y en Atenas del 24 al 26 de septiembre de 1982. Además, las organizaciones solidarias australianas mantuvieron dos delegados con el carácter de permanentes en la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar de Chile, el dirigente portuario Donald Henderson y el periodista Henry McCarthy.

Tanto con las organizaciones chilenas del exilio como con organismos internacionales se coordinaron actividades y se emprendieron campañas en conjunto a favor de los derechos humanos y civiles y se luchó persistentemente por los presos políticos, por los desaparecidos y por la restauración democrática del país. Sin lugar a dudas, el efecto permitió salvar la vida de cientos de personas, liberar a miles de encarcelados, contribuir a la reorganización de las entidades políticas y sindicales, aislar internacionalmente al régimen militar y entregar un sólido respaldo no sólo al millón de chilenos que debieron abandonar la patria y ubicarse en 42 países, incluyendo Australia, sino también proporcionar a los luchadores del interior del país un apoyo moral y económico si no superior, por lo menos comparable al recibido por el pueblo del Vietnam.

2.3.     La preservación de las formas y valores culturales del movimiento popular chileno.

Sobre la vida cultural chilena cayó una pesada lápida. Sus signos se dieron desde el primer día, con el asalto brutal a la Universidad Técnica del Estado, que fue apenas el comienzo de la militarización del conjunto de la enseñanza superior durante los primeros años de la dictadura. Había pasado apenas una semana cuando la contrarrevolución cultural definía su perfil con un crimen tan horrendo como inexplicable: la muerte de Víctor Jara, asesinado en los subterráneos del Estado Chile. Vinieron en seguida, en forma más o menos inmediata, las prohibiciones innumerables, el sacrificio de áreas enteras del conocimiento, la proscripción del derecho a ciertas ideas, la sumisión del arte y de determinadas ciencias al vacío y la sospecha. Las cámaras cinematográficas recogieron esos días escenas que dieron la vuelta al planeta: grupos de soldados quemando libros. Era, para ojos consternados de millones de seres en el mundo, la imagen clásica del fascismo y su vocación de destrucción del quehacer cultural.

En general, la solidaridad internacional con Chile durante el período de la dictadura militar acogió al éxodo masivo de artistas e intelectuales chilenos y se esforzó no sólo por mantener viva la creatividad en los niveles más altos ya alcanzados en el interior del país al momento del triunfo popular en septiembre de 1970, sino que además contribuyó a que ella pudiera encontrar nuevos espacios para su crecimiento y desarrollo. El llamado “apagón cultural” producido en el interior del país, parece haberse encendido fuera de sus fronteras naturales y haber aumentando su voltaje, abriéndose paso dentro de culturas e idiomas diferentes. La solidaridad entendió que la cultura popular chilena caminaba a la par con las aspiraciones de transformaciones sociales y económicas sentidas por la gran masa del pueblo, con el sueño de sus utopías y con la esperanza de que sus proyectos e iniciativas desembocarían en la construcción de una sociedad diferente. La solidaridad tuvo la percepción de entregar este espacio porque entendió que la cultura, en todas sus formas y manifestaciones, había sido una arma importante para alcanzar el poder político, y que ella debía seguir jugando su papel en el aislamiento de la dictadura y el desalojo del gobierno usurpado.

La solidaridad australiana, con estos antecedentes, se movilizó rápidamente para incorporar a sus tareas elementos de esta cultura, logrando con ello varios objetivos: primero, ofrecer a la opinión pública australiana una visión del marco socio-cultural donde habían ocurrido los hechos que denunciaba; segundo, utilizar la presencia de algunos de sus representantes o de las producciones cinematográficas, teatrales o de sus grupos musicales para motivar e invitar a amplios sectores de opinión pública a sumarse a la campaña de solidaridad con el pueblo de Chile; tercero, recaudar fondos para la resistencia; cuarto, vincular a la comunidad chilena residente —exiliados e inmigrantes— con sus raíces culturales, con la continuidad de su historia y con la mantención de su lucha; quinto, facilitar un acercamiento entre exponentes de la cultura australiana y la chilena, asumiendo una responsabilidad compartida en la lucha y en los objetivos del movimiento de solidaridad, situación alcanzada a través de presentaciones comunes de grupos de la música popular chilena con intérpretes australianos, como Jeannie Lewis y Margaret Roadknight. Si bien estos objetivos están arbitrariamente ordenados, por lo menos responden globalmente al contexto general de las tareas desarrolladas en este sentido. Veamos brevemente a continuación algunas de estas acciones asumidas por la solidaridad australiana. Antes de entrar en su análisis, debemos expresar, como lo dijimos en un comienzo, que no toda la actividad de solidaridad nació en los comités creados para estos efectos, pero que sin embargo dichas organizaciones se convirtieron en promotores y auspiciadores de todas aquellas acciones que apuntaban a los objetivos que ellas se habían propuesto inicialmente sin importar de dónde venían o quién había tenido la iniciativa de darle nacimiento.

2.3.1. El cine desde Chile y del exilio chileno en Australia.

Durante el período de la dictadura militar chilena, diez películas y/o documentales se exhibieron profusamente en cines, salas de diferentes índoles y algunas a través de la televisión australiana. No incluímos aquí la enorme cantidad de documentales, noticias o reportajes entregados a la opinión pública a través de los programas habituales de información de las estaciones de televisión.

Estas películas y/o documentales cumplieron, en nuestra opinión, una misión formativa en el sentido de proyectar una imagen del gobierno militar y de las condiciones represivas impuestas por la dictadura. Por otro lado, la opinión pública internacional pudo captar a través de sus mensajes los sentimientos de lucha de los chilenos, de esperanzas y de convicción por recuperar sus valores tradicionales de libertad y democracia. Sin lugar a dudas que junto a la música popular fue uno de los géneros artísticos de mayor difusión internacional. Si bien es cierto que la temática de estas películas fue diferente, temas de denuncia, del exilio, del golpe militar, de la intervención de las multinacionales, de la incorporación e insurgencia de la mujer, etc., logró cumplir un ciclo que necesariamente los hombres del futuro tendrán que recoger para reconstruir la historia de Chile durante el período del gobierno militar. Jacqueline Mouesca, se refiere a este aspecto como:

Un fenómeno cultural que no tiene precedentes, y que no se dio, por ejemplo, en el caso de otras emigraciones, como la brasileña o la argentina, a pesar que estos países tenían un desarrollo mayor en el campo cinematográfico y que al exilio fueron aventados núcleos de cineastas más numerosos y posiblemente más experimentados que los chilenos.

No todo este abundante material llegó a Australia. Aún cuando los australianos, chilenos y latinoamericanos en general lograron ver una mínima parte de esta torrentosa producción cinematográfica, supieron aprovechar al máximo las escasas películas o documentales disponibles. Reiteradas exhibiciones fueron proyectadas en diversos lugares, pasando ellas a ser una parte importante en el calendario de actividades solidarias con el pueblo de Chile.

El primer film llegado a Australia, Chile Venceremos hizo un gran impacto en la audiencia australiana, que naturalmente sirvió como un elemento dinamizador para incorporarse a la solidaridad y asumir tareas concretas en su funcionamiento. A este corto metraje se sumó, en mayo de 1975, el documental sobre Víctor Jara, Compañero. Con posterioridad se sucedieron Chile: With Poems and Guns,
La batalla de Chile, The Spiral, Siege of Chile,
The Dead Are Not Silent y Ardiente Paciencia.

Uno de las exhibiciones de mayor notoriedad y de gran audiencia fue la película norteamericana Missing de Costa-Gravras y protagonizada por Sissy Spacek y Jack Lemmon. Fue galardonada con La Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1982, y ha pasado a ser la filmación de más alta calidad cinematográfica hecha a nivel de masas para sensibilizar a la opinión pública mundial. Está basada en el libro The Execution of Charles Horman: an American Sacrifice de Thomas Hauser, publicado en Nueva York en 1978.

Una nota especial merecen dos documentales australianos: el primero y más importante Chile hasta cuando, del cineasta David Bradbury, exhibido en Australia a partir de marzo de 1986, el cual tuvo una gran recepción en la audiencia australiana, y Canto a la vida de la chilena Lucía Salinas Briones, que, con menos éxito y modestamente, se presentó en algunas salas de cine-club de Sydney y Melbourne en noviembre de 1990 para un público mayoritariamente latinoamericano y algunas organizaciones radicales del movimiento “Gay and Lesbians”, que habían ayudado a financiar su producción. Con respecto al primero, debemos dejar constancia que fue galardonado por el Australian Film Institute con cuatro nominaciones en las categoría del ‘mejor documental’, ‘la mejor dirección’, ‘la mejor fotografía’ y la ‘mejor música’. Con respecto al segundo documental, elaborado a través de entrevistas a la viuda del ex-presidente, Hortensia de Allende, a Isabel Parra, la escritora Isabel Allende y la pintora Gracia Barrios, se busca dejar constancia de la lucha y participación de la mujer exiliada en la situación que vivía su país, Chile.

Todos estos documentales, con la excepción de los dos últimos, contribuyeron a generar recursos económicos que fueron utilizados en la impresión de materiales destinados a promover determinadas campañas.

2.3.2. La música popular chilena en Australia.

Esta manifestación artística jugó uno de los papeles más importantes en el trabajo de la solidaridad. Es uno de los géneros que logró imponerse con fuerza y mayor rapidez en el campo internacional, fundamentalmente porque esta expresión artística había alcanzado en Chile a principios de la década de los años 70 una madurez incuestionable, si se la compara con otras manifestaciones de la vida cultural del país.

El golpe de estado encontró a dos grupos musicales fuera del país, Quilapayún e Inti-Illimani, negándoseles de inmediato el derecho a regresar a su tierra natal. Otros debieron hacer abandono inmediato del país, como Aparcoa, y otros más tarde, como Illapú. Muchos artistas individuales se vieron forzados a dejar su país e incorporarse al ejército de exiliados. Entre ellos Isabel y Angel Parra, Patricio Mann, y Patricio Castillo, por nombrar sólo a los que fueron conocidos por la audiencia australiana.

La solidaridad australiana recogió con un especial interés esta manifestación cultural del pueblo chileno y abrió sus puertas para que esta expresión tuviera cabida en el compromiso profundo que ligaba a las fuerzas progresistas del país con los grupos o personas que empuñaban sus instrumenos musicales para denunciar la tragedia de su pueblo, sembrar la esperanza del triunfo y compartirlo con todos aquellos que creían en un tipo de sociedad más humana y más justa. Debemos confesar, por las observaciones de que fuímos testigos, que muchas dudas iniciales surgieron sobre la acogida que estos grupos o personas podrían tener en la audiencia australiana; afortunadamente la calidad profesional y humana de todos ellos terminó por disipar las dudas e imponerse dentro de los escenarios, de los comentarios radiales y de la prensa escrita. La respuesta de la opinión pública fue masiva: los lugares de actuación estuvieron completos y el aplauso continuo obligaba a prolongar los conciertos mucho más allá del tiempo programado. No hubo ni un solo comentario de prensa que descalificara las actuaciones o las clasificara de mediocres; por el contrario, el asombro y la admiración cundieron a lo largo y ancho del país, creando una profunda marca que se expresó, entre otras cosas, en que más de 200 emisoras de radio en Australia empezaran a utilizar como características de sus programas la música andina instrumental de los Quilapayún o los Inti-Illimani, sin contar la continua utilización de sus discos en sus programaciones habituales. La generalidad de los medios de comunicación se refirió a ellos con elogiosas palabras. Así por ejemplo, el Sydney Morning Herald, después de la actuación de Inti-Illimani en el Town Hall de Sydney, incorporaba su comentario, en una de cuyas partes sostenía:

They also sing contemporary songs that make strong political points, without resorting to polemic, by describing people’s hopes and fears, their poverty, misery and conflict. Writers of the sensitivity, artistry and commitment of Violeta Parra and Victor Jara could do this, creating great and poetic songs that are totally involving. Several of these were sung at Inti-Illimani’s concert in the Town Hall on Saturday night. Whether you were stirred by their appeal for the return of socialism to Chile, you could not help but be moved by the beauty and power of their material, and the quality and strength of their performance.

Del 3 al 24 de julio de 1975 el primer conjunto chileno que visita Australia, después del golpe militar, fue Quilapayún, el cual lo hizo en compañía de Joan Jara, viuda de Víctor Jara. El conjunto realizó doce conciertos oficiales que produjeron un ingreso total de $A21.770. Mavis Robertson en su informe final deja constancia que como resultado de la visita de Quilapayún, los comités de solidaridad de Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Canberra, Wollongong, Armidale y Newcastle encontraron nuevo respaldo a sus trabajos y vieron incrementado el número de sus participantes.

El conjunto musical Inti-Illimani visitó Australia a partir del 24 de marzo al 1 de april de 1977. Ofreció conciertos en Wollongong, en el Town Hall de Sydney, en el salón de la Australian Teachers’ Federation de Brisbane, en la Macquarie University de Sydney, en el Dallas Brooks Theatre de Melbourne, en el Norwood Town Hall de Adelaide, y en el Octogen Theatre de Perth. Según los cálculos efectuados por el Committee for Solidarity with the Chilean People en Sydney, se estimó que alrededor de $A31.750 se recaudaron con estos conciertos, incluyendo algunas donaciones recibidas para cubrir parte de los gastos que demandaban su presentación.

Los Parras, Isabel y Angel, visitaron Australia en el mes de mayo de 1979. Realizaron conciertos en Sydney, Brisbane, Melbourne, Adelaide y en la Capital Federal, Canberra. El éxito de sus presentaciones fue similar al alcanzado por los grupos que le antecedieron. Su actuación estuvo, al igual que Quilapayún, acompañada por Jeannie Lewis. El ingreso total de sus presentaciones alcanzó la suma de $A60.461, habiéndose vendido un número total de 26.105 entradas.

Por último, en dos oportunidades, en octubre de 1986 y en febrero de 1987, visitó Australia el conjunto Illapú. Sus actuaciones, sin haber alcanzado la resonancia de los grupos anteriores, recibió la acogida principalmente de la comunidad latinoamericana residente en Australia. Presentaciones en Melbourne, Sydney y Brisbane junto con ser las más destacadas en el aspecto artístico fueron las que reunieron una mayor concurrencia.

Por último, Patricio Mann, escritor, compositor y cantante ocupó distintos escenarios en diversas ciudades de Australia en mayo de 1989. Sus baladas y canciones del recuerdo lograron congregar fundamentalmente a la comunidad chilena que siguió con entusiasmo sus actuaciones, recordando la música popular de los años 60 y comienzos del 70.

No es extraño que estas últimas presentaciones no hubieran tenido un éxito importante en la comunidad australiana como aconteció con las visitas de Quilapayún, Inti-Illimani y Los Parras. Pensamos que la razón de ello obedece a que su preparación estuvo, desde un comienzo, en manos de grupos militantes de la izquierda chilena más que en los comités de solidaridad. Fueron en la práctica algunos grupos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Chilean Resistance) y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez los que patrocinaron dichos conciertos, pensando con ello contribuir económicamente a sus organizaciones en el interior del país. Esta situación, por la forma que fue conducida, más que favorecer el robustecimiento de la solidaridad, la debilitó.

Pese a esto, podríamos indicar que esta manifestación de la cultura chilena, promovida y organizada por el movimiento de la solidaridad, fue la que recibió mayor acogida en Australia, y sin lugar a dudas, la que aportó a estas agrupaciones el más significativo impulso de sensibilización masiva frente a los acontecimientos que vivía Chile. Su influencia aún se mantiene y no es extraño escuchar por las radioemisoras del país música andina o adquirir discos o cintas magnetofónicas en lugares comerciales destinados a la venta de estos productos.

2.3.3. El teatro.

El único dramaturgo australiano que incursionó en el teatro con la temática de los acontecimientos chilenos fue Guy Morrison, quien escribió la obra titulada Jara, puesta en escena en septiembre de 1984 en el Perfomance Space en Redfern, Sydney. El autor se propuso hacer un homenaje a la vida del cantante, poeta, compositor y director teatral Víctor Jara. Bajo la dirección de Nigel Rice, Jara fue protagonizada por Hernán Flores, integrante del grupo latinoamericano de música popular Papalote. La obra, preparada con motivo de los diez años de la derrota del movimiento popular en Chile, había tenido dos actuaciones previas: una en La Peña, el 11 de septiembre de 1983, y la otra en una transmisión radial Double Take, Station 2FC el 15 de septiembre de 1983. El montaje de la obra y su producción recibió el subsidio del Community Arts Board of the Australia Council y de la oficina del Ministry for Arts del gobierno de New South Wales.

Esta manifestación artística nunca alcanzó en Australia un significado importante como expresión de un contenido político con Chile pese a la existencia de numerosos grupos teatrales con una clara orientación de clase.

2.3.4. La literatura testimonial.

Este género que tuvo un gran desarrollo en el exilio chileno y que pasó a convertirse en una especie de necesidad de contar y comunicar experiencias personales sobre el golpe militar, se expresó en Australia bajo condiciones distintas a las asumidas en otros países de exilio masivo de los chilenos. En la mayoría de los casos, escritores, políticos, artistas o académicos chilenos, vaciaron sus impresiones, sus vivencias e interpretaciones en una enorme cantidad de libros escritos en español que recibieron gran acogida en el mundo de habla hispana. Con excepción de Isabel Allende y su novela La casa de los espíritus que traducida al inglés logra tener éxito en Australia, no se produce aquí este fenómeno con las características observadas en otros países. Sin embargo, la solidaridad australiana, como fenómeno generalizado y más allá de los intrumentos orgánicos creados para este efecto, estimó importante incluir dentro de los elementos constitutivos para formar opinión pública, el testimonio de chilenos y australianos que debieron vivir o soportar acontecimientos o actitudes irracionales por parte de las autoridades militares chilenas. Es así cómo la radio, la televisión y la prensa, a veces en tono sensacionalista, recogieron a través del período, las declaraciones de personas que habían sido directamente afectadas por este tipo de tratos degradantes. Estos antecedentes han quedado documentados de una u otra forma y constituyen testimonios conmovedores sobre la violación de los derechos humanos en Chile.

Como el objetivo de esta visión histórica es referirnos exclusivamente a la solidaridad australiana, creemos importante privilegiar en nuestra observación algunos testimonios que lograron recibir marcada influencia en la opinión pública y que determinaron, al final de cuentas, provocar actitudes de protesta y condenación oficial por parte de las autoridades políticas del gobierno de Australia. Pensamos en alguna medida que estos testimonios deberán incorporarse más tarde a los de los propios chilenos, ya que muchos ciudadanos extranjeros fueron igualmente sometidos a vejámenes y tratos inhumanos.

2.3.5. La tarea de la difusión e información visual.

Aquí nos interesa destacar el esfuerzo interno de estas organizaciones solidarias por producir sus propios documentos y material visual distribuírlos en forma constante entre las organizaciones y/o personas que se vincularon al movimiento nacional de solidaridad.

La imposibilidad de reunir todas las publicaciones de los comités de solidaridad nos impide precisar con exactitud el número de boletines, circulares, afiches, hojas informativas, insignias, murales, hojas de peticiones de firmas para los organismos internacionales, programas para actividades artísticas y documentos específicos sobre la violación de los derechos humanos, los presos políticos y los desaparecidos. Todo esto se hizo a lo largo del período de la solidaridad con un marcado interés y constancia, con la participación de decenas de personas que emplearon cientos de horas de trabajo restadas a su descanso o recreo.

Como una manera de ilustrar estas afirmaciones hemos decidido tomar como ejemplo el informe final de las actividades del año 1983, preparado por Andrew Ferguson, quien actuó como Secretario Ejecutivo de la organización durante dicho período:

1º Para la campaña de ayuda al Sindicato de la Construcción de Chile se confeccionaron 1.000 afiches con la fotografía de Héctor Cuevas, presidente del sindicato, a quien, expulsado de Chile y enfermo de cáncer, se le negaba su reingreso al país.

2º Se publicaron siete ediciones de la carta informativa Chile Newsletter con 600 copias cada una.

3º A raíz de la visita del embajador chileno al campus de la University of New South Wales, el 17 de septiembre de 1983, se repartieron 5.000 hojas relacionadas con la violación de los derechos humanos en Chile. El periódico Tharunka de la Students’ Association de dicha universidad publicó parte de este material y condenó la visita del Embajador.

4º Con motivo del décimo aniversario del golpe militar en Chile, el 11 de septiembre de 1983, se organizó una marcha para la cual se imprimieron y distribuyeron 20.000 hojas sobre la situación de Chile.

5º Con motivo del Día Nacional de Protestas en Chile se elaboraron hojas informativas sobre la violación de los derechos sindicales; se pintaron afiches y letreros que expresaban un llamado a la restauración de los derechos democráticos en el país.

6º Se imprimieron 1.000 hojas sobre los detenidos desaparecidos y se distribuyeron frente al Consulado chileno en Sydney.

7º Se reprodujeron 1.000 copias sobre el informe de Amnistía Internacional dado a publicidad el 21 de mayo de 1983. Copia de dicho informe se envió a todos los miembros del Senate y de la House of Representatives, a los parlamentarios del estado de New South Wales y a todos los Sindicatos afiliados a la ACTU.

8º Dos hojas de petición circularon en el año: Una sobre el arresto y desaparición de Oscar Rojas y otra por la libertad incondicional de Rodolfo Seguel.

9º 1.000 afiches y 1.000 insignias con el lema ‘CHILE: 1973-1983 TEN YEARS OF RESISTANCE’ fueron impresos y distribuídos en toda Australia.

Faltaríamos a la verdad si sostuviera que este masivo esfuerzo de publicaciones fue similar en cada uno de los años que duró la dictadura militar en Chile. Hay que reconocer que en algunos años estuvo por debajo del año que hemos privilegiado; sin embargo, debemos dejar constancia que hubo otros años, especialmente en 1974-76, que superaron cualitativa y cuantitativamente el volúmen de impresiones y/o publicaciones que se hicieron y que se distribuyeron en toda Australia en 1983.

  1. Ejercer influencia en el gobierno federal.
    Por último habría que manifestar que los comités de solidaridad se propusieron mantener una importante presión e influencia sobre el gobierno federal de Australia. Para ello se coordinaron acciones muy diversas, tales como el envío de cartas y telegramas y audiencias con ministros de estado y altos funcionarios de la administración. Igualmente se mantuvieron reuniones con miembros del parlamento que integraban las comisiones de trabajo de Foreign Affairs, Trade and Immigration. Dirigentes políticos y sindicales del exilio chileno, que visitaron Australia, fueron recibidos por el Primer Minister, como Luis Figueroa, presidente nacional de la Central Unica de Trabajadores, en septiembre de 1975 y el ex-senador del Partido Radical, Hugo Miranda que, en julio de 1977, logró obtener el compromiso del gobierno australiano de patrocinar ese año la declaración de condena en las Naciones Unidas al régimen militar por la violación de los derechos humanos en su país.En muchos casos la presión sobre el gobierno se ejerció a través de la red que los comités de solidaridad mantenían, tales como el movimiento sindical, organizaciones religiosas y el cuerpo parlamentario. Ellos lo hacían a través de cartas y telegramas sobre aspectos específicos, como por ejemplo, solicitar la influencia del gobierno para liberar a presos políticos, requerir información sobre los detenidos-desaparecidos, condenar a la dictadura en organismos internacionales o exigir una mayor cuota de inmigrantes chilenos dentro de los programas anuales de inmigración. Muchos miembros del parlamento usaban del espacio destinado a consultas o preguntas en el Senado o en la Cámara de Diputados (House of Representatives) para referirse a la situación de Chile y recabar de parte del gobierno un mayor compromiso político con los problemas que allí surgían, situación que ha quedado documentada a través de innumerables sesiones parlamentarias en los llamados Daily Hansardsy cuyos antecedentes se pueden examinar en cualquier biblioteca estatal o universitaria bajo la referencia “Chile”.

Todo este cuadro estaría incompleto si no se incluyera en esta crónica histórica la participación que tuvo en el movimiento de solidaridad una gran parte de la comunidad chilena residente. Su presencia pasó a constituir un valioso y significativo aporte, cuyos antecedentes son analizados a continuación.

CAPITULO Nº 3

Los exiliados chilenos en Australia y su participación en la campaña de solidaridad

Es evidente que la participación de muchos chilenos en el movimiento de solidaridad que establecieron los partidos de la izquierda australiana, (incluyendo a un sector del Labor Party) y el movimiento sindical, fueron muy importantes. En efecto, muchos chilenos, que ingresaron al país en distintos períodos y bajo diversas regulaciones inmigratorias de carácter administrativo, no sólo se integraron a estas actividades, sino que además, trabajaron con celo y entusiasmo en una tarea que entendían como un compromiso ineludible con la lucha del movimiento popular de Chile. Con esta disposición empujaban, golpeaban puertas y buscaban incansablemente que la solidaridad no disminuyera, que se mantuviera activa, fuerte y privilegiada. Ellos contribuyeron a imprimirle nuevos impulsos y a impedir que el tiempo, la distancia y el desgaste la marchitaran y que el prolongado camino que tomaba la reconquista del sistema democrático y del estado de derecho, nunca fuera abandonado.

Antes de explicar esta contribución, es importante reflexionar sobre algunos antecedentes que nos ayudarán a entender la presencia y el comportamiento de esta franja de chilenos que encontró hospitalidad en Australia.

1.     El exilio chileno.

El éxodo de chilenos se produce obviamente como consecuencia del golpe de estado. Es un fenómeno general que tiene como telón de fondo la derrota política del movimiento popular en septiembre de 1973.

La historia de Chile habla de un primer exilio masivo en octubre 1814 con motivo de la reconquista española, bajo la dirección de las tropas de Mariano Osorio, que por encargo del virrey del Perú, Fernando de Abascal, logró deponer la llamada “Patria Vieja” establecida en sus orígenes por una junta de notables e intelectuales con el apoyo de una llamada “plebe aristocrática” compuesta en 1810 por una masa popular campesina y urbana. En este perído, donde se sucedieron gobienos nacionales, con distintas personas y orientaciones, se desembocó en 1814 en una cruelta lucha en que España reimpuso su dominio colonial.

El establecimiento de tribunales de vindicación, el arresto indiscriminado de ciudadanos que habían participado en la constitución del nuevo estado, el confinamiento de patriotas en la isla Juan Fernández, la acusación de subversión a numerosas personas, de condición más modesta, la imposición del terror colectivo y el asesinato masivo provocado por el Batallón de Talavera, a cargo de Vicente San Bruno, originan la huída de un numeroso e indeterminado sector de la población.

El orden colonial logró de esta forma reimponerse con un enorme costo social de vidas y de numerosas personas que fueron precipitadas al exilio, arrancadas de sus raíces naturales y obligadas a buscar domilicio fuera de sus fronteras.

El segundo éxodo masivo provine también como consecuencia de la reimposición de otro orden social, esta vez neo-colonial.

Este modelo aborta las esperanzas de un nuevo desarrollo socio-económico y socio-político: el camino chileno al socialismo por la vía electoral. Nacido en 1970 al calor de una prolongada lucha del movimiento obrero y de sectores intelectuales, es violentamente interrumpido. Una insurrección militar con el apoyo económico y logístico externo, al igual que Osorio; no del Perú como en 1814, sino que del norte del río Bravo asume este encargo. Esta rebelión destituye al gobierno constitucional en septiembre de 1973 y reproduce, al igual que antes, los métodos maquiavélicos contra la población que había participado o mostrado simpatía con este proceso de transformación que Chile había empezado a vivir.

La Oficina de Migraciones de la Iglesia Católica de Chile proporcionó la cifra de un millón de chilenos que debieron abandonar el país como consecuencia de la deposición del gobierno constitucional de entonces. Esta cifra está entregada en 1979, ignorándose hasta el presente el número exacto de chilenos que dejaron el país.
Recientemente, algunas publicaciones chilenas, como la revista Qué pasa, han empezado a publicar en sucesivas ediciones reportajes sobre los chilenos en la diáspora y a proporcionar algunos antecedentes complementarios.

Independientemente del volumen total, que puede haber alcanzado fácilmente hasta un quince por ciento de la población, o más, por la proyección de las cantidades globales de 1973-79 a 1980-89, queda claro que el fenómeno que se produce es masivo. Una emigración de esta magnitud constituye un problema nacional que afecta a todo el país. Ella comprometió la vida y el destino de una gran parte de la población chilena, no sólo de los que abandonaron el país sino que también de sus familiares, los que debieron incorporar a su modus vivendi la ausencia de sus seres queridos.

El problema del exilio es complejo y no puede ser tratado superficialmente. El seminario de Milán, primera reunión masiva que congregó a dirigentes políticos exiliados de 16 países y a una delegación chilena de los obispos de la Iglesia Católica, puntualiza que:

… detrás de él hay problemas que sobrepasan el ámbito de cognoscibilidad de la política y que no tienen un vínculo mecánico con la ideología y se sitúa en la esfera de la fisiología, de la psiquiatría, de la sociología y que no acepta fórmulas más o menos estereotipadas, sino que requieren de estudios científicos de la conducta del exilio y de los exilados en sus diversas categorías, en su nuevo ambiente y situación social.

Obviamente no corresponde levantar aquí un estudio pormenorizado de una situación que es materia de especialistas en ciencias biológicas y sociales, sino más bien proporcionar algunos criterios que nos ayuden a entender a este fragmento de la sociedad chilena que terminó por ubicarse en Australia.

En primer lugar, el término de emigrante económico y exiliado político se ha tratado de diferenciar artificialmente para crear un distanciamiento de posiciones ideológicas o compromisos partidistas.

Aún cuando siempre hay una cuota de emigración histórica por motivos ajenos a la situación que vive el país, es decir, gente que deja su nación por ofertas de trabajo en el exterior o simplemente por deseos de conocer otras realidades, la verdad de las cosas es que en este caso, la emigración política y económica posee características comunes y lo único que lo diferencia es la forma de haber salido del país: unos con pasaporte otorgados por la autoridad administrativa y otros con documentos de viaje otorgados por legaciones diplomáticas acreditadas en Santiago o por el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas.

Ambos grupos han debido abandonar el país por las condiciones que allí se establecieron. Es la consecuencia de un drama colectivo, producto de un fracasado proyecto socio-político que es reemplazado por otro que excluye de él a la clase obrera y a los sectores medios del país. En otras palabras, margina de la población chilena a amplios sectores de su estructura social. Es una sociedad que empieza a ser concebida sólo para el privilegio de algunos y precipita al éxodo masivo, ya sea por razones de seguridad o integridad física o bien por el cercenamiento de la libertad que le impide a los ciudadanos tomar decisiones sobre su propia vida. Cuando se les niegan su sobrevivencia y sus derechos (trabajo, salud, educación) se sienten en un país extraño y se ven obligados a buscar en el extranjero lo que no pueden alcanzar en el propio.

Ambos grupos son parte de la expresión visible de una misma tragedia que afecta al país y que los vincula intrínsicamente en el desenlace. Por eso, el éxodo de exiliados políticos y de emigrantes económicos es la consecuencia de un mismo fenómeno.

En segundo lugar, la población en Chile, como en otros países del planeta, no es igual. Es heterogénea. En sus estructuras sociales hay una variedad de posiciones, grados de conciencia política, de vínculos con organizaciones políticas, disposición y sensibilidad para entender los problemas que afectan a la sociedad y naturalmente, abulia, desinterés, frustración o indocumentación.

Cuando se produce un éxodo tan masivo como el chileno, esta realidad interna es trasladada por las olas emigratorias a los países de nuevo asentamiento. Esto significa que las inmigraciones siguen manteniendo estas características aún cuando reflejen superficialmente o se les quiera presentar con niveles superiores de conciencia o justificar su traslado por el posible peligro de desestabilización política que podrían haber constituído en el país que abandonaron.

En esta perspectiva se podrá entender, en parte, las cantidades reducidas de chilenos que participaron en la solidaridad con su país en relación al volumen total que emigró.

En tercer lugar, el problema cultural es también transladado de su país de origen a la nueva sociedad que los recibe. El colonialismo español no sólo creó en sus antiguas colonias de ultramar una estructura social de diferenciaciones económicas, sino que además impuso su lengua y sus propios valores axiológicos (morales, estéticos, religiosos y metafísicos). Aún cuando no es la intención referirse en esta investigación al análisis cultural de la sociedad chilena, es importante hacer notar que la emigración llega revestida con este entorno adquirido en su sociedad de origen.

Esta situación se expresa, entre otras cosas, en el tratar de recrear las condiciones naturales de su país porque así se siente confortable. Procurar vivir dentro de un microclima que no altere su escala de valores y cuyos contactos exteriores lo pueden debilitar en su concepción de la autoridad patriarcal, del machismo, de su concepción religiosa o de la mentalidad ingerida de los grupos dominantes de que su destino personal depende de terceros, ya sea de la voluntad de Dios o de personajes providenciales que tienen que decidir por ellos y a los cuales procura no entorpecer o alterar.

Así en el exilio en general y en Australia en particular (debido a que la gran franja de emigrantes fue de estratos sociales bajos) se creó la imagen de que la solidaridad era cosa de los australianos. Que eran ellos los que debían solidarizarse con Chile porque la presencia de los chilenos era irrelevante. Estos debían ser meros observadores y abstenerse de hacer recomendaciones porque se podrían considerar como una intromisión en la autoridad que los australianos poseían. Había que ser ‘dependiente’ y no ‘colaborador’. Afortunadamente este marco cultural, superado por algunos chilenos antes de llegar o adquirido posteriormente en Australia, permitió constituir equipos de trabajo conjunto y establecer amistades sólidas entre australianos y chilenos. Sin embargo, el bagaje cultural del éxodo chileno limitó, específicamente en este país, una mayor participación de ellos en una tarea que obviamente les correspondía.

Por último, otros se excluyeron por temores no superados. El impacto represivo que recibieron como grupo familiar fue tan intenso que no lograron vencer el miedo con que llegaron. En algunos casos, sus esposas les impusieron la condición de marginarse totalmente de su pasado político y reiniciar una vida absolutamente al márgen de lo que había sido su comportamiento político y partidario en el país que habían dejado atrás.

Estas condiciones tuvieron también influencia en este grupo de chilenos que llegó a Australia.

2.     El exilio en Australia.

En Australia, las estadísticas recientes proporcionadas por el Bureau of Immigration and Population Research documentan un ingreso al país de 21.092 personas entre 1973 a 1990, en comparación con 4.621 que habrían llegado con anterioridad al coup d’eat, concretamente a partir del año financiero 1967-68. De este total, 1.671 personas decidieron regresar al país como consecuencia del cambio político producido allí, es decir, inmediatamente después de la recuperación democrática y del estado de derecho en Chile, proceso que se mantiene en la actualidad sin estar exactamente documentado. Las cifras actuales, en 1993, proporcionan un número de 24.042 chilenos residentes, más una cantidad de 7.137 personas de origen chileno que tienen uno o ambos padres nacidos en esa nación del cono sur de América.

Este éxodo chileno llegado después de la destitución del gobierno constitucional es por lo general bastante homogéneo, en su mayoría constituído por obreros calificados o sin calificación con sus respectivas familias. Los sectores medios exiliados constituyeron una minoría no superior al cinco por ciento y las élites políticas e intelectuales de la izquierda que abandonan Chile, prefirieron ubicarse en Europa occidental, en los países socialistas o en Latinoamérica.

Las cuotas de inmigración chilena en Australia son irregulares a través de los años y ellas son destinadas a radicarse inicialmente en ciudades determinadas por la autoridad administrativa. En muy contados casos los chilenos tienen el privilegio de escoger el lugar de residencia. Sin embargo, cumplido un período de asentamiento (tiempo generalmente dedicado a la tramitación de su documentación, inscripción en los sistemas de salud, empleo, seguridad social, subsidio o beneficio de desempleo y registración bancaria), ellos pueden optar por vivir libremente en cualquier ciudad o localidad que estimen conveniente, sin recibir presión alguna por hacerlo o no hacerlo. Los inmigrantes y sus familiares podían además inscribirse en cursos intensivos del idioma, con profesores especializados en la enseñanza del inglés como segunda lengua.

Cuando esta inmigración poseía familiares ya radicados en Australia, se podía optar inmediatamente por la ciudad de residencia de ellos. El gobierno durante este período proveyó acomodación en hostels o departamentos para aquellos que no poseían familiares en Australia, beneficio que más tarde se limitó a los refugiados. Estas condiciones y beneficios otorgados por el gobierno no eran exclusivamente para los chilenos, sino que, por el contrario, obedecían a normas de su política de inmigración aplicables a cualquier ciudadano del mundo que era seleccionado para residir permanentemente en Australia.

Los chilenos nunca recibieron un tratamiento especial por parte del gobierno que los privilegiara con respecto a otros grupos étnicos. La ayuda que recibieron fue de las organizaciones que solidarizaron con Chile y nunca fue a título personal.

2.1.     El asentamiento.

Los primeros grupos de chilenos, post golpe, empiezan a llegar a partir de enero de 1974. Inicialmente contados casos desde Chile, ya que en su mayoría, por problemas de interpretación en Australia de la Convención de Asilo Político de las Naciones Unidas, se opta por otorgar este derecho a chilenos que habían encontrado santuario transitorio en Argentina y Perú. Sin embargo, en una actitud que comprometía al Australian Government con los sucesos ocurridos en Chile, se había otorgado residencia permanente a 50 chilenos que estaban viviendo en Australia en el momento del coup d’état y sin su documentación regularizada. Una nueva y masiva ola de chilenos empieza a llegar al país a partir de 1983 como consecuencia de las llamadas protestas que se inician en Chile contra el régimen militar y cuya represión alcanzó dimensiones casi similares a la de los años 1973-74. En 1984 una cantidad de mineros del cobre, que habían participado en una huelga contra el régimen militar, perdieron sus trabajos y el gobierno australiano les otorgó residencia bajo prerrogativas de carácter humanitario. Esta cantidad fue de 653 personas, incluyendo a sus familias. De los 21.092 chilenos llegados a Australia en el período de la dictadura, 990 ingresan con normas establecidas para refugiados (Refugee Status) y 805 a través del programa concebido por razones humanitarias (Special Humanitarian Program). El resto lo hizo a través de los procedimientos normales aplicados a la inmigración.

La comunidad chilena pasó a ser así el grupo más numeroso de habla hispana en toda Australia. Estudios del período entregan el siguiente cuadro:

Poblacion de habla hispana en Australia

País de nacimiento

Nº de residentes

Segunda generación*

CHILE

24.042

7.137

España

14.474

11.280

Argentina

10.575

4.397

Uruguay

9.583

3.542

El Salvador

8.726

740

Perú

3.765

NA

Colombia

2.134

NA

Ecuador

1.085

NA

México

805

NA

Nicaragua

678

NA

  • Ella incluye a personas que tienen uno o dos padres nacidos en los países indicados.
    • Fuente: “BIRP Immigration Update”, March Quarter 1993 in Community Profile, Needs and Issues of Concern, Elske Ravilla De Witte, NSW.Spanish and Latin American Association for Assistance. May, 1994, p. 30.

Desde su llegada, los chilenos se encontraron con un ambiente extremadamente favorable. La sensibilización nacional que había producido la experiencia chilena al socialismo y la forma en que ésta fue desmantelada, había creado una gran simpatía con los sectores vencidos en el coup d’état, situación que se manifestaba en el saludo fraternal y cariñoso cuando era conocida la procedencia de ellos, en la alusión espontánea al presidente Allende o a Pablo Neruda y en la esperanza compartida de que la tragedia que vivía Chile terminaría pronto.

Los primeros chilenos llegaron a la ciudad de Sydney. Una minoría recibió hospedaje en domicilios de familiares y la mayoría fueron conducidos a instalaciones gubernamentales, los llamados hostels. Estas instalaciones estaban distantes del centro de la ciudad, ya que habían sido localizadas en barrios o suburbios de una fuerte presencia inmigratoria y en áreas industriales, situación que permitía incorporarse con relativa facilidad al mercado laboral. De este modo los chilenos encontraron albergue en los hostels de West Bridge en Villawood, Endeavour en Maroubra, East Hills de East Hills, Cabramatta en Cabramatta y otro en la ciudad de Wollongong, en un ex-cuartel del ejército ubicado en Fairy Meadow.

En casos especiales, algunos chilenos fueron ubicados en departamentos de gobierno en el suburbio de Eastlakes, como una manera de prestarles una mayor atención médica por traumas visibles originados a raíz de torturas y tratos degradantes sometidos durante su permanencia en cárceles y campos de concentración de la dictadura.

A partir de 1975, otros chilenos son ubicados en la ciudad de Melbourne, más tarde en Adelaide, Canberra, Brisbane y Perth; la mayoría de ellos, al igual que Sydney, en dependencias del Estado. Una vez cumplido el período, ellos quedaban en libertad para ubicarse independientemente, de acuerdo a sus preferencias o solvencia económica. La mayoría decidió permanecer en las ciudades originales a que fueron destinados y una pequeña cantidad decidió transferirse a otro estado.

La mayoría de la población chilena optó por residir en las capitales de cada estado. Sólo en New South Wales se escogieron algunas otras ciudades como lugar de residencia permanente, especialmente en Wollongong y Newcastle, cuya población no ha superado las 50 familias en cada una de ellas.

En el estado de South Australia, aún cuando la mayoría de los chilenos vive en Adelaide, es frecuente un movimiento temporal hacia Whyalla, ciudad minera que ofrece trabajos temporales en la extracción y procesamiento del hierro. Los campesinos llegados desde Chile se han incorporado a los centros industriales urbanos.

Como una manera de ejemplarizar el volumen de población en las áreas de residencia, incluímos una consolidación de estadísticas del censo de población de 1986, la cual nos proporciona el siguiente cuadro:

Chilenos domiciliados en los estados de Australia

Estado

Capital

Nº de chilenos

New South Wales:

Sydney

10.672

Victoria

Melbourne

5.354

Queensland

Brisbane

705

South Australia

Adelaide

489

Western Australia

Perth

906

Tasmania

Hobart

55

Northern Territory

Darwin

96

A.C.T.

Canberra

461

Fuente: Table 2, “Spanish-Speaking Population By State and Territories By Rank at 1986”, Census Australian Immigration Consolidated Statistics Nº 15.

Muchos de estos chilenos llegaron solos. Procedentes de países limítrofes de Chile o bien directamente de campos de concentración, sin que hubieran tenido la oportunidad de volver a sus hogares y recoger parte de su vestuario, enseres o recuerdos familiares. Sin embargo, el gobierno permitió que en tiempos relativamente breves sus esposas e hijos pudieran incorporarse al país, para lo cual los asistió con el valor de los pasajes. A todos ellos se les adelantó un salario mínimo de subsistencia, el cual era religiosamente depositado en las cuentas bancarias que habían abierto al segundo día de su ingreso al país. Este beneficio, que no era exclusivo de los chilenos, se mantenía (y se mantiene) como una asignación de desempleo mientras lograban ubicar un trabajo que les permitiera sobrevivir por sí solos, un compromiso colectivo de la sociedad australiana hacia aquellos que no encontraban trabajo o no podían hacerlo por diferentes causas. Después de permanecer un período mínimo de dos años con residencia permanente y con un conocimiento básico de inglés, los chilenos y los inmigrantes en general podían someterse a un examen sobre los derechos y obligaciones de un ciudadano australiano. Reunidos estos requisitos podían optar a la ciudadanía australiana. Los hijos menores de 16 años pasaban automáticamente a tomar la nacionalidad de sus padres, siempre que éstos así lo desearan.

El siguiente cuadro nos muestra el número de chilenos que han optado por la nacionalidad australiana:

2.2.     Empleo y condiciones de trabajo.

Hasta 1975 Australia mantuvo una política de empleo total. Esta situación creó una continua y exigente demanda de mano de obra. De este modo fue fácil para los chilenos llegados entre 1974-75 incorporarse rápidamente al mundo laboral, situación que se tornó más difícil para las inmigraciones posteriores. Los más favorecidos en estas circunstancias, podríamos decir hasta el año 1980, fueron los obreros chilenos, para los cuales no constituyó ningún problema ubicarse prontamente en sitios estables de trabajo. Los obreros calificados (torneros, carpinteros, mecánicos, hojalateros, impresores, albañiles, gasfiteres y electricistas) fueron requeridos persistentemente y la calidad de sus servicios altamente valorada. El gran problema se originó para los sectores medios de la sociedad chilena (white collar), los que habían sido en Chile empleados públicos, bancarios, profesores, estudiantes o profesionales intermedios del área social. Ellos, al igual que los obreros no calificados, debieron deambular de trabajo en trabajo y ganarse su sustento y el de sus familias en la industria manufacturera o en trabajos por lo regular pesados, sucios y con ingresos inferiores a los obreros calificados, situación que en su país de origen era diametralmente opuesta.

Un fenómeno nuevo para la gran mayoría de la población obrera chilena en Australia fue la incorporación de la mujer al mercado laboral. En Chile la proporción total de mujeres en la fuerza de trabajo siempre constituyó una minoría en relación a los hombres. Según las estadísticas la fuerza laboral femenina nunca superó el 28 por ciento del total. Su presencia se ubicaba fundamentalmente en el área de servicios (educación, salud), finanzas (bancos), comercio y en la burocracia del estado, es decir en el sector de empleados. El sector industrial sólo absorbía un 18 por ciento de la fuerza total de trabajo del país y en cuya proporción las mujeres no superaban el 5 por ciento de este porcentaje. Además existía en Chile, en el sector obrero, el criterio que la mujer no debía trabajar y por lo general era mal vista o estigmatizada si lo hacía. Las condiciones de industrialización de Australia, la obligación impuesta por la estructura social de vivir con dos salarios y la incorporación masiva de las mujeres australianas al mercado laboral, obligaron a estos sectores chilenos a cambiar de actitud. De este modo, las mujeres chilenas se incorporaron rápidamente a la industria manufacturera del país, lo que les permitió como familia, alcanzar en un tiempo relativamente breve, su casa propia, sus artefactos electricodomésticos y su automóvil personal.

Los ingresos familiares les ha permitido también viajar a su país de origen cada tres o cinco años. No ocurrió lo mismo para aquellos chilenos que se encontraban en las listas negras elaboradas por la dictadura. En disposiciones reglamentarias se les impedía viajar a Chile, pudiendo hacerlo a cualquier otro país del mundo. Sus pasaportes fueron marcados con la letra L (Listado Nacional). Esta medida restrictiva, levantada en 1989, generó de inmediato un significativo movimiento temporal de los chilenos hacia su país para visitar a sus familiares.

2.3.     El idioma y la educación.

Por último, la cuestión idiomática ha sido uno de los problemas más serios que ha debido enfrentar esta inmigración chilena. Se llegó sin el conocimiento de la lengua inglesa. Esta situación afectó fundamentalmente a los sectores de empleados que se vieron obstaculizados de obtener perspectivas superiores de trabajo por carecer de este instrumento de comunicación. Para el sector obrero fue más fácil su adaptabilidad ya que en el sector industrial se podían encontrar con ciudadanos de origen español, portugués o italiano que les servían de intérpretes o que bien por las condiciones de mecanización que existían en la industria, la cual no les requería de un gran esfuerzo lingüístico. Para muchos, el aprendizaje les tomó varios años y comúnmente sus hijos les servían de intérpretes y traductores en las consultas médicas, en los colegios, en el comercio y en tramitaciones con funcionarios públicos o bancarios. Una gran parte sigue manteniendo un inglés muy limitado y cuyas causas han sido atribuídas a dos factores: los bajos niveles de educación alcanzados antes de ingresar al país y el excesivo número de horas de trabajo que les impide dedicar tiempo al conocimiento de la lengua. Muchos sectores medios de la población chilena vencieron con cierta facilidad este problema y lograron posiciones de trabajo en la administración pública, en colegios, en empresas privadas y centros universitarios.

Otros chilenos ingresaron a institutos técnicos a estudiar determinadas especialidades y la obtención de estas cualificaciones les ha permitido ocupar puestos de mando medio en la industria y estabilizar su situación laboral. Los hijos e hijas de la población chilena adulta han tenido acceso ilimitado a los centros de enseñanza superior. Una gran mayoría, después de haber completado su educación secundaria, asiste a institutos de tecnología o a universidades ubicadas en distintas ciudades del país. En la actualidad hay un importante número de profesionales chilenos que han pasado a formar parte dentro de la estructura social de Australia.

3.     Las organizaciones políticas que constituyeron los exiliados en Australia.

Dentro del éxodo masivo de chilenos que llegaron a Australia hubo personas que habían tenido en Chile una activa participación en organizaciones del movimiento popular, especialmente en partidos políticos de izquierda, sindicatos, juntas de vecinos y federaciones estudiantiles. Ellas habían participado durante el proceso de la Unidad Popular en los niveles intermedios y sentían una gran responsabilidad y compromiso con los hechos que allí habían ocurrido. A este sector se sumó un reducido número de chilenos que ya residían en Australia y que se habían incorporado al naciente movimiento de solidaridad. Estos chilenos sirvieron de intérpretes al exilio que empezaba a llegar, función que en varias oportunidades cumplieron también ciudadanos de la diáspora española que residían en el país, los cuales estaban vinculados a las Comisiones Obreras del Partido Comunista de España.

Los primeros chilenos en llegar se encontraron con una organización latinoamericana que había sido formada el 26 de julio de 1973 como expresión de solidaridad con la revolución cubana. Esta organización, llamada Antorcha, recibió con entusiasmo y solidaridad a los chilenos, los que se incorporaron a ella a medida que llegaban. Antorcha había nacido con el apoyo de la Federación de Trabajadores Inmigrantes Italianos y del Club Atlas de la comunidad griega, organizaciones que tenían varios años de existencia en Sydney. Ambas entidades estaban relacionadas a los partidos comunistas de sus respectivos países y proporcionaron, al igual que Antorcha, una gran ayuda inicial al exilio chileno. Sus infraestructuras fueron facilitadas para reuniones y actividades culturales y sus miembros entregaron un significativo apoyo emocional a estos nuevos miembros de la sociedad australiana. Era el primer contacto de los chilenos con comunidades de inmigrantes que vivían en el país.

El 2 de octubre de 1974 los chilenos exiliados deciden constituir una organización política amplia, que incluyera a los compatriotas que habían llegado con anterioridad al golpe del estado. Así nace el Comité Chileno de Liberación, cuya tarea central era denunciar los eventos ocurridos en Chile y sumarse orgánicamente al trabajo de solidaridad que habían iniciado las organizaciones australianas.

La actitud y disposición unitaria que mantuvo esta organización fue algo que la caracterizó en su corta existencia. Los chilenos decidieron dejar de lado sus antiguas militancias políticas y sumarse como frente nacional a una tarea que afectaba a todo el movimiento popular en su país de origen. Se efectuaban reuniones de trabajo para destinar a sus miembros a distintas organizaciones australianas que invitaban a los chilenos a disertar sobre la situación de Chile, se preparaban boletines y cartas informativas en castellano para la comunidad chilena residente, se elaboraban pancartas y afiches para fijar durante la noche en lugares de la ciudad y mantenerse informados de los vuelos aéreos que traían chilenos y recibirlos a su llegada. En estas tareas participaban también miembros de la comunidad australiana, los cuales entregaron largas jornadas de trabajo, que los chilenos valoraban debidamente.

Un tipo de organización similar a la de Sydney había iniciado sus actividades en la ciudad de Melbourne con el nombre de Free Chile Committee. Sus objetivos y tareas eran similares y había logrado incorporar alrededor de 50 chilenos que habían sido localizados en esa ciudad por el Department of Immigration and Ethnic Affairs. Esta organización chilena nació en Melbourne antes que se estructurara formalmente el Chile Solidarity Committee de esa ciudad, el cual se constituyó oficialmente el 28 de agosto de 1975, habiendo realizado anteriormente el trabajo de la solidaridad distintas organizaciones sociales y políticas en forma separada.

El 25 de mayo de 1976, Jorge Arrate, secretario interino de la Unidad Popular en el exterior, informaba desde Berlín, que en México se había constituído, en una reunión de la izquierda chilena, la Secretaría Ejecutiva de la Unidad Popular y que había sido designado Clodomiro Almeyda como su secretario. Esta situación determinó que los comités unitarios que se habían constituído en Australia pasaran a transformarse en Comités de Unidad Popular, cuya estructura orgánica determinaba que de ahora en adelante debía estar integrada por partidos y no por personas individuales como había ocurrido anteriormente. Free Chile Committee de Melbourne fué el único que mantuvo el nombre, pero readecuó su estructura de funcionamiento a la representación de los partidos políticos de la izquierda chilena. En Adelaide, Canberra, Brisbane y Wollongong se optó al igual que en Sydney por constituir estas nuevas instancias políticas.

La proporción de militantes de los partidos políticos chilenos en Australia era muy similar a la que existía en Chile en el período de la Unidad Popular. La mayoría estaba constituída por el Partido Socialista, luego el Partido Comunista, El Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, el Partido Radical, la Izquierda Cristiana y el Movimiento de Acción Popular, MAPU. Los Radicales, que poseían algunos militantes dentro del exilio nunca se integraron al trabajo político.

Esta nueva estructura dejó a un lado al MIR y a los independientes que habían tenido una activa participación en las organizaciones chilenas que antecedieron a la formación de la Unidad Popular. Sin embargo estas personas continuaron trabajando dentro de los comités de solidaridad.

Las relaciones de todos los partidos, incluyendo al MIR, continuaron amistosas en el plano personal y los conflictos eran generalmente resueltos internamente. Se buscó que las divergencias no transcendieran a la solidaridad australiana y cuando las hubo, los dirigentes nacionales trataron de detenerlas inmediatamente. Sin embargo, el mayor problema que se suscitaba era la verticalidad del Partido Comunista de Chile, el cual retrasaba muchas iniciativas en espera de confirmaciones superiores. Por otro lado y a través de conductos paralelos dentro de la red de la Unión Soviética, procuraba tomar iniciativas al margen de los organismos regulares de la solidaridad. Esta situación irritaba a los miembros del Partido Socialista de Chile y a otras corrientes de la izquierda chilena. Independientemente de estas situaciones, que afortunadamente no fueron muchas, los militantes comunistas se entregaron con generosidad y entusiasmo a su trabajo.

Se constituyó un Comité Nacional de Unidad Popular con sede en Sydney. En las capitales de cada estado se formaron comités regionales. Simultáneamente, el Comité Exterior de la Central Unica de Trabajadores nombró a un encargado nacional para que la representara, responsabilidad que desempeño celosamente Héctor Pérez hasta el término de la dictadura.

La Unidad Popular existió en Australia hasta la crísis del Partido Socialista en Europa, cuando Clodomiro Almeyda destituyó a su Secretario General, Carlos Altamirano, en abril de 1979. El Partido Comunista hizo causa común con Almeyda y grandes sectores del Partido Socialista decidieron marginarse de la Unidad Popular y seguir colaborando con Altamirano, embrión del llamado Partido por la Democracia, PPD, dirigido posteriormente por Ricardo Lagos, Jorge Arrate y Ricardo Núñez.

El Partido Comunista con la corriente socialista de Almeyda y otros sectores de la izquierda chilena, que excluyeron al Partido Radical, a la Izquierda Cristiana y a un sector del MAPU, decidieron constituir entonces el Movimiendo Democrático Popular, MDP. Esta situación afectó al exilio chileno en Australia, produjo desilusión y los sectores chilenos del Partido Socialista optaron por dividirse en las fracciones que habían surgido, aún cuando su participación en la solidaridad se mantuvo unida.

En 1985, otro hecho político de la izquierda chilena tiene repercusión en Australia. El Partido Comunista de Chile decide alterar radicalmente su postura inicial de los Frentes Anti-fascistas por una privilegización de la insurrección popular, dando especial interés a la constitución de grupos armados en el interior de Chile, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Otros sectores de la izquierda terminan también por separarse de sus posiciones y adherirse a la política del Partido Comunista. Sectores del MAPU constituyen el grupo armado Lautaro y un sector del MIR enfatiza la formación del grupo Chilean Resistance.

En efecto, el Comité Central del Partido Comunista de Chile con sede en Moscú, envía como delegado a Australia, el 7 de noviembre de 1985, al ex-ministro del Trabajo y Economía del gobierno de la Unidad Popular y miembro del buró político del PCCH, José Cademartori (invitación del Socialist Party of Australia) a comunicar a las fuerzas solidarias australianas este cambio de posición adoptado por el partido. En un destacado artículo en el periódico The Guardian, órgano oficial del SPA, se informa que Cademartori :

… spoke of the factors which have forced the Chilean people to take up arms and wage an armed struggle in order to finally resolve the issue. … Mr Cademartori explained that the Popular Democratic Movement (MDP) and many other people share the Communist Party of Chile’s view that armed struggle is necessary. … While he is in Australia, Mr Cademartori is meeting a wide range of organisations and individuals, including members of Federal Parliament, to publicize what is happening in his country and to win support for the anti-Pinochet cause.

A contar de entonces el efecto se dejó sentir. El Movimiento de Acción Popular Unitario y la Izquierda Cristiana se retiraron de las organizaciones unitarias que habían contribuído a formar y las divisiones empezaron corroer las relaciones amistosas que se habían conseguido en el pasado. Las discusiones abiertas afloran y las posiciones divergentes se hacen notar públicamente, fenómeno que no se había dado anteriormente.

La situación que se había producido no era por cierto una cuestión que sólo había afectado al exilio chileno en Australia, sino que sus repercusiones se hicieron extensivas a la gran cantidad de chilenos que vivían fuera de su patria. En efecto, en todas partes se empieza a producir una división de las fuerzas del movimiento popular; lo cual, finalmente, desemboca en la marginación del Partido Comunista de Chile y del Movimiento de Izquierda Revolucionario en el acuerdo de las otras fuerzas políticas de izquierda con la Democracia Chilena para sustituir al gobierno militar a través de un proceso electoral que se inicia con el plebiscito de 1988 y que termina con el triunfo de Patricio Aylwin en 1989.

Todo esto tuvo además un efecto negativo en las corrientes del Australian Labor Party que habían comprometido su adhesión y voluntad en el camino que privilegiaba el frente amplio como salida política para la crísis que afectaba a Chile. Los comités de solidaridad empezaron a languidecer y nunca recuperaron los niveles de participación y entusiasmo alcanzados anteriormente. Las actuaciones poco exitosas de Illapú en los escenarios australianos en 1986 y 1987 y del compositor y cantante Patricio Mann en 1989, fueron pruebas evidentes de este deterioro.

4.     La contribución de los chilenos al movimiento de solidaridad con Chile en Australia.

Había un número significativo de chilenos que se incorporaron en cada estado australiano a sus organizaciones políticas de origen. Ellos decidieron integrarse también al movimiento de la solidaridad y poder así hacer una contribución más directa al trabajo unitario que las organizaciones políticas de la izquierda australiana y del movimiento sindical había iniciado. Los chilenos, que poseían la experiencia de un trabajo político conjunto en las organizaciones del movimiento popular, estimaron que su colaboración a la solidaridad podía ser importante. Tal vez el mayor aporte fue esta disposición de trabajar juntos, de presentarse como una unidad, independientemente de las posiciones ideológicas que cada grupo político poseía. Para el movimiento de solidaridad, especialmente para los partidos de la izquierda australiana, les significó conocer de cerca la experiencia y disposición de un frente amplio que integraba a marxistas, cristianos y laicos en una misma causa. El movimiento australiano de izquierda aún estaba con la herida abierta por la actitud de la Iglesia Católica del país, en la décadas de los 50 y 60, de dividir y separar al Labor Party por sus posiciones de compromiso con el movimiento sindical y por una supuesta influencia del Communist Party dentro de él.

Esta contribución unitaria de los chilenos llamó mucho la atención y facilitó posteriormente el entendimiento del movimiento de la Teología de la Liberación y específicamente la contribución de los cristianos en el proceso y éxito de la Revolución Nicaragüense de 1979 y la lucha del pueblo salvadoreño. Este aporte unitario, con distintas vertientes ideológicas, era la consecuencia de un trabajo conjunto iniciado en Chile dentro de la Unidad Popular y cuya experiencia los chilenos supieron transmitir como una exigencia del movimiento popular hacia sus direcciones políticas.

En segundo lugar, se proporciona un conocimiento directo de la realidad de un país distante a 15 mil millas de Australia. Aún cuando sectores políticos e intelectuales de la solidaridad poseían un conocimiento de la situación de Chile, la gran masa australiana lo desconocía. El testimonio reiterado de los chilenos, el discurso y análisis de la realidad de su país de origen y la experiencia personal en el proceso político que había tenido lugar, fue proporcionando un interés y una preocupación por Chile y por Latinoamérica. Esta situación se expresó, entre otras cosas, por el deseo de documentarse y prestar atención a libros y revistas que destacaban esta experiencia, leer los artículos de la prensa sobre Chile y escribir a sus editores cuando se emitían opiniones erradas o realidades distorsionadas, seguir con atención los documentales entregados por la televisión y asistir regularmente a cualquier proyección cinematográfica que fuera exhibida en el país. Entre los estudiantes creció el interés por los estudios sobre Chile y Latinoamérica y los departamentos especializados de las universidades de La Trobe en Melbourne y New South Wales en Sydney vieron incrementada su nómina de estudiantes.

La presencia de los chilenos en el movimiento de solidaridad y su experiencia personal en la represión, permitió además incluir en el trabajo solidario el rostro humano de esta tragedia. Ya no era la información fría y documental que proporcionaban las agencias informativas y los canales de televisión, sino que a ella se agregaba la vivencia personal de hombres, mujeres y niños que contaban lo que les había ocurrido y el sufrimiento humano que esta situación les había provocado. Los testimonios de tortura física y sicológica, las experiencias en cárceles y campos de concentración, la desaparición de personas y la violación institucionalizada de los derechos humanos y civiles de la población, no sólo conmovían a la opinón pública australiana, sino que además, a muchos de ellos, les proporcionaba la voluntad para incorporarse a este movimiento de solidaridad y hacer causa común con aquellos que luchaban por la libertad y los derechos humanos.

Las visitas de dirigentes políticos y sindicales de la diáspora chilena a Australia contribuyeron a adquirir mayores compromisos políticos de los partidos de izquierda y del movimiento sindical, situación que originó declaraciones de condena al régimen militar, visitas a Chile de dirigentes australianos y un apoyo económico muy importante para el movimiento popular chileno.

Con la actuación de Quilapayún e Inti-Illimani en los escenarios australianos, este rostro humano de la tragedia alcanzó además una nueva dimensión a través del testimonio político del sufrimiento del pueblo de Chile expresado musicalmente. Como se ha indicado anteriormente, para la audiencia australiana constituyó una sorpresa que el dolor, la tristeza, el compromiso político y la esperanza de la libertad, pudieran ser explicitados tan brillantemente en las canciones y en la música que estos grupos de la nueva canción chilena ofrecían. Su impacto se extendió más allá de la solidaridad y penetró en las radioemisoras australianas, donde la música andina y los eventos de Chile eran simultáneamente incorporados.

En tercer y último lugar, habría que destacar la capacidad orgánica y de trabajo mostrada por los exiliados chilenos. Ellos siempre se sintieron parte y responsables de la tragedia que vivía su país y decidieron revertir esta situación desde el lugar donde se encontraban. Pusieron esfuerzo y trabajo en esta tarea. Supieron entender que tenían que ser importantes colaboradores de las organizaciones australianas comprometidas en esta tarea, quienes en ocasiones debían dedicar sus esfuerzos y atenciones a sus propios problemas y responsabilidades.

Con esta disposición se integraron, habiendo hecho una gran contribución laboral. Ella se expresó en preparar reuniones, confeccionar y reproducir documentos, acondicionar materialmente las instalaciones destinadas a encuentros políticos, sociales y culturales, distribuir declaraciones, vender entradas para espectáculos musicales y cinematográficos, y sobre todo, estar siempre informando, golpeando puertas y presentándose ante sindicatos, partidos políticos y organizaciones australianas para decir, aquí estamos y pedimos la ayuda de ustedes porque el movimiento popular de Chile la necesita.

SEGUNDA PARTE

LOS GOBIERNOS DE AUSTRALIA

FRENTE AL REGIMEN MILITAR DE CHILE

CAPITULO Nº 4

El gobierno de Whitlam y su respuesta al

golpe militar en Chile

A las pocas horas de haber ocurrido la insurrección militar, el gobierno de Australia recibía a través de su embajador en Santiago, Mr Noel Deschamps, una relación de los hechos. Frente a la opinión pública nacional e internacional, el gobierno de Australia asumía una posición de condena:

… “the violent overthrow of Chile’s constitutionally elected Government, and the tragic death of President Allende would come as a profound shock to the Australian people”.

Mr Whitlam sent a message to Mr Deschamps asking him to return to Canberra as soon as possible for consultation. He also asked Mr Deschamps, if possible, to pass on the sympathy of the Australian Government to the widow of President Allende of Chile. A spokesman for Mr Whitlam said today the recall was not meant as a break in diplomatic relations between Chile and Australia.

Desde entonces, al más alto nivel de la administración del estado, se iniciaba reuniones para estudiar una posición y una respuesta del gobierno que determinara el tipo de relaciones políticas y económicas que se asumiría a partir de entonces. La condena a la insurrección militar no era bajo ningún punto de vista una visión superficial de los acontecimientos, ni mucho menos una posición oportunista de agregarse a la decisión similar asumida por otras democracias occidentales. Por el contrario, la severidad asumida obedecía a un profundo sentimiento de indignación de sectores importantes del Labor Party, los que desde el interior del gobierno empujaban por una práctica consecuente con los valores políticos y sociales que el partido había diseñado en las conferencias nacionales que antecedieron a la elección de Whitlam, específicamente en Adelaide en 1967 y en Melbourne en 1969.

A este sector se sumaban otros estamentos de la sociedad australiana que habían condenado enfáticamente el golpe militar, requiriendo del gobierno la más enérgica posición de condena y rechazo hacia las nuevas autoridades chilenas. Dentro de estos sectores se encontraban gran parte del movimiento sindical, las organizaciones políticas de izquierda y las federaciones estudiantiles universitarias, las que junto a académicos de distintas universidades y en distintas ciudades del país, habían participado en actos públicos de protesta, tan pronto los cables informativos entregaron la noticia de los acontecimientos ocurridos en Chile.

El proceso chileno y su vía electoral al socialismo no era extraño ni para las autoridades políticas del país ni para las organizaciones laborales o entidades políticas. Por el contrario, mientras un sector del laborismo, de los partidos políticos de izquierda y del movimiento sindical mostraba un especial interés por el éxito de su desarrollo, otros se habían comprometido en una silenciosa conspiración para revertir este proceso, contribuir a su desestabilización y provocar su derrumbe. Dentro de este último grupo, se encontraban aquellos católicos integristas que habían dividido el partido en 1957 para dar formación al Democratic Labor Party y que habían vuelto a él, después de su fracazada experiencia. Sin embargo su influencia interna continuó siendo muy fuerte y con una gran posición de autoridad en el Labor Government que había sido elegido en 1972, situación que debe ser entendida por las características institucionales de su configuración: un partido de masas, heterogéneo, pluriclasista en su composición y con un marcado interés por evitar los conflictos de intereses (especialmente entre clases sociales a nivel interno y en posibles confrontaciones externas con el centro hegemónico de la política internacional de occidente).

En este sentido, el Labor Party ha mantenido posiciones distintas de apreciación ideológica desde sus orígenes. Desde su fundación, a fines del siglo pasado, había buscado ser la expresión del movimiento sindical; mientras para unos esta interpretación consistía sólo en lograr mejores condiciones internas para los asalariados, para otros, el partido debía además vincularse a expresiones políticas que lo comprometieran dentro de un cuadro internacional que privilegiara el socialismo como sistema. Una posición de “socialización democrática” fue definida y adoptada por el partido en 1921, cuyo contenido lo diferenciaba de la concepción marxista-leninista del Australian Communist Party, que había nacido el año anterior. A partir de entonces, las corrientes internas se tornan más complejas y más numerosas, creándose distintas expresiones en su recorrido histórico, que terminan por consolidarse en tres en 1984: la izquierda, el centro y la derecha.

La corriente de izquierda del partido en 1973 era la expresión de dos diferentes grupos que habían terminado por juntarse, la vieja guardia socialista, cuyo análisis marxista de la sociedad los motivaba en el reemplazo del modelo capitalista por la instauración de una sociedad socialista y la otra, de expresión más pragmática, que privilegiaba la incorporación de determinados aspectos del socialismo sin alterar el marco impuesto por la sociedad capitalista.

La derecha del partido ha sido a su vez la expresión de distintas tendencias dentro del partido, en cuyo espectro aparece un grupo que enfatiza la participación del movimiento laboral como responsabilidad del partido sin que esta situación se mezcle con expresiones ideológicas determinadas; la derecha pragmática, identificada en el estado de New South Wales, como un grupo dentro del Labor Party que busca centralmente alcanzar cuotas de poder político que sirvan a los intereses que representa (alta burguesía, monopolios e intereses foráneos); y por último una derecha católica integrista, nacida en 1950 como expresión conservadora de los problemas sociales y de las influencias del campo socialista. Esta expresión surge, entre otras razones, a consecuencia de la influencia ideológica que ejerce la Guerra Fría.

La corriente de centro o centro izquierda, es la expresión reformista de la sociedad que busca compatibilizar los intereses de la clase obrera con los de la alta burguesía, liberal en sus posiciones para los problemas sociales internos y defensora del capitalismo como expresión válida y única de la sociedad. Esta fracción nace formalmente en Adelaide en 1984.

Todas estas corrientes, una vez en el gobierno y manteniendo la ideología del laborismo como expresión retórica, se proyectan con una imagen de clase media, centrista, en la cual readecúa tanto sus políticas como su práctica para presentarse como una corriente social-demócrata que abre espacios de bienestar dentro del sistema capitalista, enfatizando la calidad de vida, la prosperidad individual, el crecimiento económico, la familia y la tolerancia a las ideas de las personas o de los grupos, siempre que éstas no atenten o pongan en peligro los parámetros pre-establecidos y permisibles de los centros de poder que controlan el país o bien de los intereses internacionales trazados por los Estados Unidos de América.

Esta situación general, que obviamente tiene en su génesis distintas ideas o lecturas de la realidad dentro de una organización política tan heterógenea como el Labor Party, ha creado históricamente en su interior una forma de convivencia que le ha permitido al partido vivir sin grandes dificultades institucionales, ya sea buscando el consenso o bien la transacción.

Para algunos de los cientistas sociales de la realidad política australiana, la interpretación más correcta del fraccionalismo del Australian Labor Party hay que observarla sobre una base de distintos aspectos, dentro de los cuales hay que tener en consideración, primariamente, la ideología como problema central, además del regionalismo, del personalismo o de la influencia industrial del movimiento sindical. Aún cuando en último término las fracciones entran en competencia para lograr el control del partido o cuotas de poder dentro de él, lo cierto es que detrás de ellas están siempre presentes determinados modelos sociales que buscan ser implementados.

Estas corrientes actuarán en forma activa frente a los acontecimientos de Chile, primero entre izquierda y derecha (con la excepción del sector que priorizaba la presencia laboral al márgen de la política) durante el proceso de la Unidad Popular, situación que se continuará dando hasta el año 1984, frente al golpe de estado y al gobierno militar instaurado en Chile. Al incorporarse la nueva variante tercerista de centro-izquierda, ésta asumirá una decidida actitud de condena frente al régimen y a la violación de los derechos humanos y privilegiará como solución para el país la salida política y el consenso democrático.

Triunfos parciales de la corriente de izquierda (o del centro, después de 1984), crearán erróneamente una imagen de posición generalizada del partido frente a la situación de Chile. Sin embargo, la práctica se ha encargado de demostrar que la corriente de derecha sólo establecía concesiones sin alterar mayormente el compromiso y la posición de los Estados Unidos en la gestación y sostenimiento del régimen militar chileno. De esta forma, el Labor Party mantendrá, sin problema, una retórica de condena y fustigamiento hacia las autoridades militares instauradas en Chile, pero por otro lado contribuirá a su normalización y estabilidad política. Si algunas medidas de compromiso práctico fue necesario tomar en un determinado momento, éstas se implementaron sólo parcialmente, manteniendo irrevocable la actitud de condena para satisfacer las presiones de la izquierda y/o del movimiento sindical y justificando su política exterior de relaciones diplomáticas y económicas. Así mismo, frente a la inmigración de los vencidos, donde se articulará un discurso sensible y emotivo como consecuencia de una real preocupación de sectores internos del partido y del movimiento sindical, se optará en definitiva por una magra y selectiva cantidad, cuyos volúmenes dentro de la inmigración total del país parecen simplemente insignificantes.

Esta situación, consecuencia de presiones políticas de derecha dentro del partido, de sectores económicos internos y externos, además de los Estados Unidos de América, ofrece una realidad distinta del Australian Labor Party en su supuesto compromiso con los eventos ocurridos en Chile, especialmente cuando se escudriña con objetividad en los antecedentes que proceden de su administración.

Examinemos a continuación esta hipótesis:

El Australian Labor Party había llegado a tomar posesión de la administración del estado el 2 de diciembre de 1972, después de veintitrés años de gobiernos conservadores en Australia, sucediendo a William McMahon de la coalición Liberal-National Country Party. El nuevo Prime Minister pasó a ser E.G. Whitlam. Mientras duró el Gobierno de la Coalición popular en Chile, 1970-1973, se sucedieron tres Prime Ministers en Australia y es durante la administración de Whitlam cuando se produce en Chile el coup d’état.

Whitlam, al asumir la responsabilidad administrativa del Australian Government, fue informado que el gobierno que le antecedió, se había comprometido a tomar parte activa en la conspiración internacional contra Chile, dirigida por algunas corporaciones multinacionales y por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Aún cuando Whitlam refiere en sus memorias que la ayuda australiana fue solamente en términos de facilitar agentes del Australian Secret Intelligence Service, ASIS, para que actuaran en reemplazo de los funcionarios de la Central Intelligence Agency de los Estados Unidos de Norteamérica, CIA, esta participación parece haberse dado también en la tarea de facilitar el drenaje de técnicos y profesionales chilenos antes y durante la administración del Dr Allende en Chile, situación que en definitiva no tuvo el éxito que se esperaba debido a la formación del Frente de Profesionales Patrióticos en Chile y el aislamiento de los sectores golpistas en el proceso de toma de poder del nuevo presidente.

Aún cuando hay antecedentes explícitos de la participación de sus servicios de inteligencia durante el perído del gobierno de la Unidad Popular, no existen aún las fuentes escritas que analicen o justifiquen el alto número de inmigrantes chilenos hacia Australia en el período inmediatamente anterior a la administración de Whitlam y en los meses posteriores a la toma de posesión de su gobierno, cantidad desproporcionada a la luz de los índices históricos de la inmigración chilena hacia Australia. Ello nos permite suponer que para producir este drenaje de técnicos y profesionales, Australia se prestó deliberadamente, teniendo en consideración dos razones: una, que los tres agentes del Australian Secret Intelligence Service, ASIS, instalados en Chile, figuraban como funcionarios del Department of Labor and Immigration, posición que obviamente debían justificar con un número importante de flujo inmigratorio. Segundo, que los Estados Unidos habían implementado con éxito la sangría de profesionales y técnicos en Cuba después de su revolución de 1959. No es de extrañar entonces que a Chile se hubiera querido aplicar la misma medida, teniendo en consideración que los tres agentes de ASIS estaban directamente en colaboración con la US Central Intelligence Agency.

Estos dos hechos que, aunque tuvieron su origen en la administración anterior, fueron mantenidos en forma invariable por el gobierno de Whitlam, por lo menos hasta el violento derrocamiento del gobierno constitucional de Chile. En efecto, pocos días después del primer aniversario del golpe militar, la prensa australiana revelaba ante la opinión pública que:

The Herald reported from Washington yesterday that the Australian Secret Intelligence Service (ASIS) collaborated with the CIA in surveillance and liaison in Chile during the years 1970 to 1972.

It said the American Government had asked Australia to supply this assistance because US representatives in Chile came under close attention and suspicion following the election of the Marxist Allende Government en 1970.

Australia acted as a watch-dog on information from American intelligence operatives in Chile up to the election of the Labor Government, which ordered an immediate halt to the activities.

Esta situación fue confirmada posteriormente por el Senator J. L. Cavanagh del Australian Labor Party, Minister for Works en el Whitlam Government y representante de South Australia en el parlamento federal. El propio Whitlan admite que:

Early in 1973 I asked the current head, William Thomas Robertson [Australian Secret Intelligence Service], where his men were operating. When he informed me that there were two in Chile I asked what they were doing there. He said that in the previous April McMahon had agreed to their assisting the CIA, which feared that it might be exposed and expelled at any moment. McMahon had noted that the arrangement should be reviewed in a year’s time. I told him that I believed they had no business there. A month later I asked him what had been done about them and he told me that they were still there. I then specifically instructed him to tell the Americans to make alternative arrangements as soon as posssible. This time he was able to tell me within a week that our men were no longer working for the Americans and would be returning home.

Sin embargo, esta información es contradictoria y no corresponde a la verdad de acuerdo a los antecedentes que proporciona la Hope Royal Commission on Intelligence, cuyo informe precisa que:

the three agents, were handed back to the CIA on May 1, 1973, when “active operations ceased”. However, the senior ASIS operative stayed in Chile until July, while the operational assistant stayed until October – after the coup.

Clyde Cameron, Federal Minister for Labour and Immigration al momento del coup d’état en Chile, confiesa más tarde que:

ASIO agents were posing as immigration officials. … I was appalled to think that my own department was involved in this sort of work and that our intelligence agents in Chile were acting as the hyphen, if you like, between the CIA which weren’t able to operate in Chile at that time, with the CIA and the Pinochet junta which eventually murdered the democratically elected president and assumed power and have still got power there. Imagine my amazement when subsequently I received a letter from the Prime Minister [Mr Whitlam] saying that I was to take no further action in the matter, that I was not to withdraw ASIO agents even from Santiago in Chile and that nothing was to be done about it at all.

Si nada se podía hacer en materia de revertir la presencia en Chile de los agentes del servicio de inteligencia australiano, parece que tampoco se pudo detener la presión por abrir las puertas del país para recibir a los descontentos del proceso que se iniciaba en Chile. El Department of Immigration and Ethnic Affairs comenta de la existencia de una primera ola masiva de inmigración chilena a Australia producida como consecuencia de la elección presidencial de 1970. Damir Ivkovic, la divide en dos, la cuantifica y la describe:

This group, numbering about 1500 persons, comprised mainly middle class professionals who had left Chile for economic as much as political reasons. They had proficiency in English and did not use migrant hostels nor did they settle in ‘migrant’ areas. The election of Allende in late 1970 precipitated the second wave which, like the first, was composed of educated, middle class people with some capital and knowledge of English. This group numbered about 2000 persons.

Esta cantidad que fue en la práctica de 4.412 personas, como veremos más adelante, supera significativamente la inmigración chilena a Australia durante la administración de Whitlam posterior al golpe militar producido en Chile, la que alcanzó a la cifra de 3.205 personas.

Para corroborar nuestra aseveración, en el sentido de esta ambivalencia al interior del Labor Party y del Australian Government, es necesario tomar en cuenta algunos antecedentes que, a través de su lectura y evaluación, nos proporcionen una confirmación de la actitud. Para ello examinaremos tres aspectos, los cuales ofrecen una vía valedera de aproximación a nuestra reflexión. Creemos que es importante observar su discurso o retórica, su actitud frente al comercio bilateral y la política de la inmigración chilena implementada bajo su administración.

1.     La posición política del gobierno y su discurso frente al gobierno militar en Chile.

El Labor Government aparece inicialmente con una clara posición política frente al gobierno de facto instaurado en Chile. Whitlam no tardó en mostrar su abierta oposición al derrocamiento de Allende, como lo hemos consignado anteriormente. Whitlam, siendo el líder del partido, asume su representación en la Cámara de Diputados (House of Representatives). Similar actitud toma el Labor leader en el Senado, Senator Lionel Murphy, Minister for Justice, quien expresó ante el Parlamento su opinión: “All we can do is hope that democracy is speedily restored.”

La prensa comercial australiana se hacía eco de las distintas reacciones producidas en el partido gobernante, y con destacados titulares informaba, el día 14 de septiembre de 1973, que esta actitud de condena comprometía sólo a una parte del Labor Party:

Almost half the Government MPs in Federal Parliament protested strongly yesterday at the overthrow of the Allende Government in Chile. A telegram signed by 44 members of the Labor Caucus including eight ministers – was sent to the Chilean Amabassador, Mr. Julio H. Rietmuller.

Las distintas actitudes se hacen públicas. Las posiciones sobre la legitimidad o no del golpe militar en Chile, sobre el apoyo a las nuevas autoridades militares o su aislamiento completo e incondicional emergen. De los 81 miembros de Labor Cacus, solamente 44 se expresan por su condena y 31 deciden tácitamente apoyarlo. Se crea así un antecedente que permanece casi invariable durante 17 años.

Las corrientes internas del Labor Party crearon casi de inmediato un conflicto de proporciones. En efecto, el martes 9 de octubre de 1973, el Prime Minister anunció en conferencia de prensa que el jueves 11 el Gobierno de Australia reconocería oficialmente al régimen militar y que el Ambassador Noel Deschamps, llamado para consultas, no regresaría a Santiago, asumiendo dichas funciones en carácter interino el primer secretario de la Embajada. La reacción frente a esta medida fue inmediata. El miércoles 10 se constituyó en la sede del parlamento federal el Committee for Chilean Democracy, en el cual tuvieron representación parlamentarios, dirigentes sindicales, académicos y representantes del movimiento pacifista. El Labor Senator, por Queensland, George Georges, a su regreso de Helsinki, donde había asistido a una conferencia internacional de solidaridad con Chile, llamó, junto al Committee recién formado, a desconocer el régimen militar y a entregar todo el apoyo al movimiento internacional de solidaridad para detener la represión en Chile, obtener la libertad de todos los presos políticos y la pronta restitución democrática del país.

Simultáneamente, el día 9 de octubre:

A revolt developed in Government ranks yesterday over the announcement by the Prime Minister [Mr Whitlam] that Australia would recognise the new military régime in Chile. More than 25 Labor Ministers, MHRs and senators signed a petition urging the Government to withhold diplomatic relations. The petition said that the U.S. Government and the U.S. corporations mounted ‘economic aggression’ against Chile before the recent coup, in which President Allende was killed. … Among those who signed the petition are the Minister for Overseas Trade [Dr Cairns], the Minister for Aboriginal Affairs [Senator Cavanagh], the Minister for Secondary Industry and Supply [Mr Enderby], and the Minister for the Environment [Dr Cass].

El Gobierno se apresuró a sostener al día siguiente (10 de octubre) en la House of Representatives que el reconocimiento no implicaba una aprobación a las políticas del gobierno militar de Chile y que el reconocimiento se hacía después de consultas con gobiernos amigos, incluyendo México, Canada y Nueva Zelandia. Esa misma noche, el Labor Senator, Arthur T. Gietzelt, en una entrevista a través de la radioemisora ABC, con el periodista Richard Carlton en el programa “This Day Tonight”, acusó públicamente al Prime Minister:

Mr. Whitlam probably hasn’t considered the full implications of his actions. … He probably was advised by some of his senior advisors to take this step, the party has not been consulted and I doubt whether he’s properly appreciated the very strong feelings that exist in the Federal Parliamentary party and in the party generally about Chile; for example the New South Wales State Council, last weekend unanimously, 450 delegates decided to ask the Prime Minister not to recognise the military group. … It’s a very important principle that’s involved here, after all, it’s been the overthrow of a constitutional Government, a Government that’s pledged socialist principles, a Government that in every spirit of the law, carried out its constitutional responsibilities, it’s been overthrown, it’s a brother party, it’s a party affiliated to the socialist international, and I think we have some obligations to give them moral support in their hours of trial.

Ante las presiones de los parlamentarios laboristas de izquierda y de centro, el Prime Minister decide llevar “el caso Chile” a votación dentro del Caucus. En este proceso se logró conseguir que “many of the party’s opponents to the Chile régime dropped their stand to save Mr. Whitlam from the embarassment of the Caucus rebuff”. Whitlam ganó el apoyo de su decisión por 45 votos contra 24. Dentro de los miembros del Caucus que mantuvieron su firme posición se encontraban entre otros, el Senator Wheeldon (Labor, WA), chairman of the joint Parliamentary Committee on Foreign Affairs and Defence, además de Mr. Kerin, Member for Werriwa en la House of Representatives, quienes en definitiva negociarían con Mr. Whitlam una serie de aspectos relativos a Chile en que actuaron varios miembros del parlamento y del gabinete, incluyendo al Senator Tony Mulvihill y al Minister for Immigration Albert James Grassby sobre aspectos relativos a inmigración de chilenos y a la situación de los refugiados que quisieran establecerse en Australia.

El Minister for Overseas Trade, Jim Cairns, y el Minister for Labour, Clyde Cameron, tomaron la responsabilidad sobre materias relacionadas con el comercio bilateral; en este último caso, el gobierno aprobó tácitamente las decisiones del movimiento sindical australiano de declarar el embargo comercial a las ventas de trigo a la junta militar de Chile, con la salvedad de continuar normalmente el comercio en otros rubros. Por último, el Senator Donald Willisee, Minister for Foreign Affairs, comunicó a través de su Departamento a las delegaciones diplomáticas australianas la actitud del gobierno de condenar al régimen militar y de poner énfasis en el respeto a los derechos humanos, de acuerdo a la convenciones internacionales llevadas a cabo por las Naciones Unidas.

Esta posición no colmó las expectativas creadas en organizaciones políticas de izquierda, en organismos solidarios creados para prestar ayuda a los vencidos en Chile, ni mucho menos en el movimiento sindical. Se esperaba objetivamente mucho más. Sin embargo, el gobierno se apresuró en comunicar que su posición iba más allá de cualquier compromiso y que su retórica sobrepasaba con creces la mera condena formal que se había hecho. Comprometía al propio Prime Minister en una actitud personal:

You will no doubt recall that on September 13 the Prime Minister said that the overthrow of the constitutionally elected government of Chile would come as a profound shock to the Australian people and that, as a democrat and socialist, he was greatly saddened that men who had sworn to uphold the constitution of their country had betrayed a long and noble Chilean democratic tradition, of which Salvador Allende had been the authentic representative. … The Government’s view, which as you may know has been explicitly endorsed by the Parliamentary Labor Party, is that the decision to recognise any new government does not imply endorsement of the policies or actions of that government or support for its activities.

La lectura atenta de esta carta pareciera indicar que inmediatamente después del coup d’état en Chile, el Prime Minister y el Australian Government, que él dirigía, asumieron una actitud concordante con el contenido que este documento nos ofrece. En otras palabras, que la fuerza del discurso aquí utilizada se tradujo en una acción consecuente con el impacto producido.

¿Cúal es el resultado de la noticia que llega desde Chile? El triunfo de la insurrección militar le produce conmoción al Prime Minister, en su calidad de miembro de la sociedad australiana y en lo personal, como “demócrata y socialista”, gran amargura (greatly saddened) porque la tradición constitucional del país, de la cual Salvador Allende era su auténtico representante, ha sido traicionada. Se olvida que él consintió que tres agentes australianos de los servicios de inteligencia contribuyeran a crear la condición por la cual él siente amargura. Su gobierno reconoce al nuevo régimen, pero con dos condiciones: no aprueba sus políticas o acciones ni apoya sus actividades, pero está dispuesto a mantener relaciones diplomáticas con él y a continuar el comercio tradicional por pequeño que éste sea.

Pero junto con insistir en la posición de condena asumida por el gobierno del Labor Party, se agregan otros elementos. En carta dirigida, del 12 de julio de 1974 a Ken McLeod, Secretario Ejecutivo de la Association for International Co-Operation and Disarmament, se sostiene que:

The attitude of the Australian Government towards the present regime in Chile is well known. Australia was among the last countries to recognise the Chilean Government and Australia has on a number of occasions made known its opposition to the overthrow of the Allende Government and the subsequent treatment of detainees and refugees in Chile.

Every opportunity has been taken by the Australian Embassy in Santiago to register the concern felt in Australia at the plight of opponents of the present regime. The Embassy has also expressed to the Chilean authorities the Government’s concern in several cases where individuals were arrested and imprisoned.

The Embassy has been active in making representations on behalf of refugees, and has also been assisting Chileans wishing to emigrate to Australia. I enclose a paper tabled in the Australian Parliament which gives some details of these aspects.

Australia supported a resolution calling for protection of human rights in Chile at the Fifty-sixth Session of the United Nations Economic and Social Council held from 22 April to 17 May 1974, and the Australian delegation at the current International Labor Organisation Conference in Geneva has been instructed to adopt a similar stance. We shall maintain this and other forms of international pressure on the Government in Santiago to introduce more progressive policies and end the detention of former military and political leaders. As you will appreciate, the object of these measures will be to obtain practical results and this consideration will have to determine their nature.

You may rest assured that we are watching the situation carefully and will continue to press the Chilean authorities to ameliorate the plight of those unfortunate people who have suffered since the coup d’ etat.

Es decir, Australia es uno de los últimos países en reconocer al régimen militar. El predicamento es: si otros lo hicieron porqué no lo podemos hacer nosotros. Se crea preocupación por los vencidos y se les ofrece a algunos la posibilidad de emigrar a Australia. Según datos oficiales del gobierno, 55.591 solicitudes de emigración registra la Embajada Australiana en Santiago. Se apoya las resoluciones de condena por la violación a los derechos humanos y se mantiene una actitud vigilante sobre estas desafortunadas personas que han sufrido las consecuencias del golpe militar. Contradictoriamente, no se condena la ilegitimidad intrínseca del gobierno ni se hace público el conocimiento de que Australia era parte en la acción conspirativa del derrocamiento del gobierno de Allende.

Por esto creemos que el gobierno de Whitlam ofrece un cuadro diferente al que algunos sectores del Labor Party buscaron implementar o al que la opinión pública alcanzó a percibir sin haber conocido los entretelones agitados en esta marea. Si bien es cierto que a partir del 11 de septiembre de 1973 usó de una retórica pública para condenar al régimen militar instaurado en Chile, su actuación y compromiso frente a él estuvo lejos de las palabras utilizadas y de las espectativas creadas en varios círculos de la sociedad australiana, situación que puede observarse tanto en las relaciones comerciales de carácter bilateral, como en la respuesta al requerimiento de miles de chilenos de evitar la persecución y la amenaza de sus vidas encontrando santuario político en Australia.

En otras palabras, esta retórica no tardó en estrellarse contra una realidad diferente.

2. Las Relaciones comerciales con Chile entre 1973-75.

Las vinculaciones económicas entre Chile y Australia se remontan a los años 1853, cuando se produce la fiebre del oro en Australia. Una importante cantidad de trigo importado desde Chile creó hasta 1866 un incipiente comercio bi-lateral que pronto fue superado por los volúmenes alcanzados por la producción local. Este comercio continuó a fines del siglo pasado y comienzos del presente, fundamentalmente con la compra de carbón de piedra, embarcado en el puerto de Valparaíso y traído por naves mercantes hasta el puerto de Newcastle. En un momento, Chile llegó a ocupar el tercer lugar entre los proveedores de Australia, después de Inglaterra y Nueva Zelandia, situación que se vió drásticamente disminuída como consecuencia de la construcción del Canal de Panamá.

A partir de la instalación de la embajada australiana en Santiago en 1947 y cerrada dos años después, hubo una relación muy esporádica en el aspecto comercial. Al reabrirse de nuevo la sede diplomática en Chile en 1968 se fue produciendo un modesto incremento, fundamentalmente en la exportación de trigo, desde Australia hacia Chile (100.000 toneladas al año, subiendo esta cantidad en el período del gobierno del Dr Salvador Allende hasta 400/500.000 toneladas). A raíz del triunfo de la Unidad Popular, el gobierno de Australia organizó una línea de créditos que amortiguara el bloqueo de los Estados Unidos y promoviera más significativamente el comercio entre ambos países, tarea que correspondió a las gestiones personales del Dr Jim Cairns, Minister for Overseas Trade and Secondary Industry.

Por su parte, a Chile le interesaba abrirse a nuevos mercados y descentralizar su comercio exterior para hacer su economía menos dependiente de los Estados Unidos, fundamentalmente hacia Australia, Nueva Zelandia, Latinoamérica y países del área socialista.

Sin embargo, es difícil establecer con claridad los volúmenes exactos que se alcanzaron durante estos años. Los antecedentes sobre el período tabulados por el Banco Central de Chile y por el Australian Bureau of Statistics en Canberra no coinciden, observándose una diferenciación temporal (año calendario en Chile y año financiero en Australia); la estadística chilena lo hace en dólares americanos y la australiana en su moneda nacional; el valor del dólar presenta distintos valores en sus índices históricos; y por último, muchas empresas navieras después del golpe militar, las que se hicieron cargo del comercio entre ambos países, utilizaron el comercio indirecto para sortear con éxito el embargo impuesto por los sindicatos australianos, originando un comercio no contabilizado estadísticamente entre las dos naciones, ya que las partidas de embarque eran consignadas a terceros países, los que a su vez reembarcaban a sus destinatarios finales.

Hay otro elemento que debe ser tomado en cuenta en la documentación estadística de los antecedentes por parte del gobierno militar de Chile. El Banco Central ofrece cifras que están muy por debajo de los índices australianos, especialmente durante el gobierno de la Unidad Popular. No es extraño que ello ocurriera ya que, en varios órdenes de cosas, el gobierno militar falsificó los antecedentes reales para utilizarlos en su campaña de difamación contra el gobierno que le antecedió.

En la gráfica que se incluye más abajo, se puede observar un incremento del intercambio comercial. Partiendo de la administración anterior al gobierno del Labor Party (gobierno de la coalición Liberal-National Country Parties de William McMahon) las exportaciones e importaciones crecen significativamente. En otras palabras, durante la administración de Whitlam el comercio bilateral con Chile aumentó, no sólo durante el período de la Unidad Popular, sino que además siguió su curva ascendente durante el régimen militar. Este vendrá a declinar a partir del año financiero 1975-1976, cuando de nuevo asume el gobierno la coalición Liberal-National Country Parties. Sus índices más bajos tendrán lugar entre los años 1976 a 1978, produciéndose a partir de entonces un lento y estabilizador repunte que superará sus marcas a partir de 1986, cuando de nuevo encontramos a otro gobierno del Labor Party en la administración del estado.

A partir del gobierno de la Unidad Popular, Australia empieza a mostrar un interés notorio en las relaciones comerciales con Chile, pasando a ser este país el tercer socio en América del Sur, después de Brasil y Argentina.

Por otra parte debemos indicar que este intercambio comercial se dio fundamentalmente en la exportación australiana de combustibles, maquinaria y equipos, productos agrícolas, equipos de telecomunicaciones y cebada. Australia por su parte centró sus compras a Chile en harina de pescado, productos del mar, productos químicos, maderas, vinos, papel y cartón.

Al régimen militar le interesaba sobre manera continuar con este mercado, especialmente con la compra de trigo que había iniciado el gobierno de Allende, para lo cual envió sus emisarios a Australia.

El siguiente cuadro, tomado de los antecedentes de la Oficina de Australian Bureau of Statistics es muy indicativo al respecto.

Countries and Country Groups”, 1970-1981, pp. 3-24, Australian Bureau of Statistics, Canberra, Australia.

Con anterioridad al Gobierno del Presidente Allende, el comercio bi-lateral entre ambos países siempre fue muy bajo. Sus índices históricos, según el Banco Central de Chile, nunca superaron un intercambio total más allá de los 3 millones de dólares. En la década 1969-1970, nunca representó para Chile más del 1 por ciento del valor total de su comercio exterior, siendo su promedio del orden del 0.7 por ciento. Durante los años del Gobierno de la Unidad Popular, Chile buscó incrementar este porcentaje, llegando al 5.14 por ciento en 1973, como consecuencia de su política de diversificación económica. De esta forma, de un volumen total de $A 5.884 millones en 1969-70, se pasó rápidamente a $A 44.266 millones a fines del año financiero 1972-73. En el Labor Government se mantuvo esta tasa de crecimiento, cuya razón podría estimarse indistintamente en función de dos hechos: primero, que parte de este volumen hubiera estado en camino a Chile antes del golpe y segundo, que se desestimara la decisión de reducir este comercio. De este modo, inmediatamente después del coup d’état, 1973-74, se produce un intercambio del orden de los $A 43.521. De esta forma en los años financieros 1973-1974 y primer semestre de 1975 se mantiene el volumen de intercambio por la vía tradicional, además de un volúmen no contabilizado, como consecuencia del comercio indirecto al que previamente se ha hecho mención.

Los antecedentes oficiales del Australian Bureau of Statistics durante el período del gobierno de Whitlam y previamente a él, son los siguientes:

Sin embargo, se debe precisar que hubo una actitud asumida oficialmente por el Labor Government. Ello se originó gracias a la presión del movimiento sindical y a la actitud, nuevamente personal, del Minister for Overseas Trade, Dr Jim Cairns. El gabinete Laborista había aprobado a principios de 1973 avalar un préstamo con garantía del gobierno australiano, para que el Australian Wheat Board vendiera a Chile 300.000 toneladas de trigo a un valor de A$ 44 millones de dólares, ya que este organismo había acordado realizar la venta a Chile, siempre y cuando ésta fuera cancelada al contado. Ante la carencia de divisas en las arcas chilenas como consecuencia de las medidas desestabilizadoras de los Estados Unidos, el gabinete acuerda efectuar el préstamo y hacer la cancelación directa a los productores australianos.
En efecto, el 18 de septiembre de 1973, el Labor Government cancela el crédito pendiente y cierra el compromiso contraído con el gobierno de la Unidad Popular.

Mientras tanto y en forma paralela, el movimiento sindical iniciaba su propio hostigamiento económico como consecuencia del golpe militar y de la violación de los derechos humanos y civiles de gran parte del pueblo chileno. Los sindicatos marítimos anuncian el embargo a las embarcaciones de trigo, aún cuando el régimen militar lograra obtener el valor de pago fuera de Australia para hacer efectiva la compra de trigo. Los sindicatos del transporte establecen el boicoteo al Boeing 707 de LAN-CHILE el 10 de febrero de 1974 y el Canberra Labor Council decide impedir el abastecimiento de mercaderías, servicios y materiales a la sede de la embajada chilena en la Capital Federal .

El gobierno no interfiere inicialmente en esta actitud tomada por el movimiento sindical y lo deja actuar libremente a fin de no resentir el resto del comercio bilateral. En alguna medida esta acción industrial de los sindicatos marítimos podría ser observada como un triunfo de los sectores de izquierda y de centro del partido, además de organizaciones políticas y sindicales que presionaban por actitudes más concordantes con la retórica empleada por el Labor Government.

Esta situación de influencia del movimiento sindical en el gobierno parece preocupar al gobierno militar de Chile y decide enviar a Australia “con carácter de urgente” al Vice-presidente Ejecutivo de LAN-CHILE, General Germán Stuardos. Bajo la cobertura de negociar la llegada de los aviones Boing 707 de la empresa a territorio australiano, el General Stuardos, reunido a su llegada con la prensa, expresa:

We would be lucky if union officials from your country come to Chile and see what has happened and how much happier the people are now.

En definitiva, una delegación sindical australiana, sin la participación de los sindicatos marítimos, fue a Chile el 23 de marzo de 1974 y reunida con el Ministro del Interior, General Oscar Bonilla, recibió formalmente la petición de mantener por parte de Australia las ventas de trigo y permitir el ingreso de los aviones LAN-Chile en territorio australiano, situación en la que se venía insistiendo desde diciembre de 1973.
Los dirigentes sindicales, que se habían reunido con dirigentes sindicales y políticos que se encontraban en prisión, recibieron la misión de implementar el boicoteo a través del movimiento sindical internacional, tarea que oficialmente asume el movimiento sindical australiano y presenta ante la Tercera Reunión Internacional de la Comisión que Juzga los Crímenes de la Junta Militar en Chile, celebrada en Ciudad de México del 18 al 21 de febrero de 1975. Estos antecedentes son analizados más detenidamente en la tercera parte, cuando es tratada la solidaridad del movimiento sindical australiano con el pueblo de Chile.

Antes de la reunión de México, el gobierno australiano había recibido por distintos conductos el sentimiento consternado de los sindicatos del país frente a la situación chilena y las intenciones de continuar con el embargo mientras perdurara la violación a los derechos humanos y civiles y se mantuviera el régimen de facto. Es así como, compartiendo este sentimiento, el gobierno decide entrar en contacto con el Australian Wheat Board:

The Federal Government has told the Australian Wheat Board not to go ahead with a $40 millon wheat sale to Chile this year.

The Minister for Agriculture [Senator Kenneth Wriedt] has written to the board saying the Government would prefer it not to accept Chile’s order for 300,000 tonnes because of a union ban on shipping goods to Chile.

The board has accepted Senator Wriedt’s advice – despite concern that it might lose continuity of supply to the important Chilean market.

Chile has been Australia’s fifth or sixth best customer for wheat.

A spokesman for the Foreign Affairs Department said the government decision on wheat sales was “in keeping with its general attitude to Chile”.

Esta actitud, consecuencia de persistentes peticiones, no modificó el trato comercial sobre otros productos, los cuales siguieron saliendo para Chile o ingresando en Australia sin mayores dificultades, ya que el embargo de los portuarios se centró, durante este período, exclusivamente sobre las ventas de trigo.

3.     La política de inmigración.

La implementación de medidas sobre la inmigración chilena a Australia fue desde el comienzo del derrocamiento del gobierno constitucional de Chile una cuestión muy sensible para los sectores de izquierda y centro del Labor Party. Esta preocupación era extensiva también en los sindicatos más importantes del país y en las organizaciones políticas de izquierda (Communist and Socialist Parties). Todos ellos y en distintos momentos, expresaron ante las autoridades administrativas del país su inquietud por implementar un tipo de acción que permitiera rescatar, desde las sedes diplomáticas acreditadas en Santiago o bien de los campos de concentración, a chilenos, cuyas vidas estaban en serio peligro.

Australia había recibido con anterioridad, desde Chile, a los interesados en emigrar dentro de su política ‘normal’, diseñada por padrones pre-establecidos por el Ministry of Labour and Immigration, situación que era aplicada a cualquier ciudadano del mundo que quisiera establecerse en el país y obtener su residencia permanente; con la excepción ‘natural’ de un tratamiento diferente para aquellas personas que se acogían al estatus de refugiados de acuerdo a la definición proporcionada por el Alto Comisionado para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas.

Los chilenos interesados en emigrar, con anterioridad al coup d’état de 1973, debían someterse por lo tanto a las disposiciones pre-existentes. En estos términos se produjo un lento e intermitente proceso inmigratorio que es muy difícil de precisar exactamente por la escasa información estadística disponible.

A partir de la formación de la Federación Australiana se consigna que ese año, 1901, se encontraban viviendo en Australia 90 ciudadanos de origen chileno.
Sólo a partir del año financiero 1969/70 encontramos una mayor exactitud en las cifras, coincidiendo la documentación en precisar que hasta el presente se habrían producido tres olas inmigratorias: una durante la crísis política del gobierno Demócrata-Cristiano, otra como consecuencia de la elección de Allende, y la tercera a raíz del golpe de estado en septiembre de 1973.
Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, el Department of Immigration and Ethnic Affairs ubica las dos primeras olas inmigratorias en una sola, ya que el éxodo masivo se empieza a producir al final del gobierno demócrata-cristiano, cuando parece avecinarse el triunfo electoral de Salvador Allende.

La emigración hacia Australia, anterior a la elección del gobierno popular en Chile, no fue una inmigración masiva en términos generales de la población del país. El número de chilenos emigrados hacia Australia como consecuencia del cambio de gobierno en 1970 no significó una seria sangría para el país y, naturalmente, estuvo lejos de las espectativas promovidas por la conspiración externa.

Chile era por lo general un país que se había caracterizado por una situación inversa, es decir, había creado una política inmigratoria en su propio territorio, abriendo sus puertas para colonizar extensivos tierras en el sur con los colonos alemanes y en el norte chico con italianos. Además había dado cabida a ciudadanos de los países árabes. Después del triunfo de Franco sobre la República Española, el gobierno chileno dispuso de un operativo especial para darle albergue a miles de familias que se radicaron en Chile. Pablo Neruda, Cónsul General en España, coordinó dicho trabajo.

En 1814 se había producido por primera vez en Chile un fenómeno de emigración masiva a raíz de la reconquista española, cuyas cifras no se han cuantificado históricamente. El segundo fenómeno masivo de la emigración se produce a partir del 11 de septiembre de 1973. El 10 por ciento de su población se ve obligada a abandonar el país y a establecer su residencia en 42 países. Entre ellos se incluye Australia.

El siguiente cuadro ilustra, en términos generales, el número de chilenos llegados a Australia durante los años del gobierno militar en Chile. Se incluye además los años inmediatamente anteriores y posteriores, lo que permite formarse una idea lo más exacta posible sobre el número de chilenos que deciden establecerse en Australia.

Fuente: Bureau of Immigration and Population Reseach, 1991-92. Australian Immigration Consolidated Statistics in Spanish-Speaking Community Profile, p. 22. Statistical Report Nº 17, 1991-92. Table 22, p. 59. Consolidated Statistics, Commonwealth of` Australia, Nº 8, 1993, Table 16, p. 33, 1983-1992.

Las presiones hacia el gobierno de Whitlam para tratar a la inmigración chilena en forma diferente se vieron intensificadas. El Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas solicita de las autoridades australianas hacerse presente ante la dramática situación que viven miles de chilenos hacinados en delegaciones diplomáticas en Santiago. Se crea de esta forma, en ciertas esferas del gobierno y del parlamento, una actitud compartida de preocupación por rescatar a los chilenos que son perseguidos o que han debido abandonar su país de origen y buscar santuario transitorio en naciones de Lationamérica. Veamos algunos antecedentes:

El Minister for Foreign Affairs, Donald Willesee, informa el 11 de septiembre de 1974 al Minister for the Environment and Conservation, Moss Cass, que las cifras oficiales que posee el gobierno australiano sobre la inmigración chilena son las siguientes:

Esta inmigración corresponde al período inmediatamente anterior al golpe de estado en Chile, ya que los nuevos residentes, desde septiembre a diciembre de 1973, se encontraban viviendo en Australia con visas temporales de turistas o simplemente en carácter de ilegales. Es decir, aquí podemos observar curiosamente cómo Australia recibe durante el gobierno del Dr Allende a 3.728 chilenos, cantidad que en el censo de población de 1954 era de apenas 265 y en el de 1961 de 487 chilenos. Si a la cifra total de 4.621 descontamos los 813 chilenos llegados en 1969/70, quiere decir, de acuerdo a la estadística del censo población de 1971 (3.760 chilenos) que la inmigración chilena antes de septiembre de 1970 había sido sólo de 861 chilenos. Es decir, un índice histórico continuo que aumenta bruscamente con la cantidad de chilenos llegados a partir de 1970, año de la elección del gobierno de Salvador Allende.

Esta situación provoca algunas dudas. ¿Es que los agentes de inteligencia se habrían prestado también para provocar un éxodo masivo de técnicos y profesionales del país? ¿Cómo se explica este inusitado número de inmigrantes chilenos que llegan a Australia durante el gobierno de la Unidad Popular? ¿Cómo se justifica esta segunda ola inmigratoria a que hace mención Ivkovic cuando sostiene: “the second wave which, like the first, was composed of educated, middle class people with some capital and knowledge of English“? [énfasis añadido]. Es legítimo preguntarse entonces ¿por qué los agentes de inteligencia prestados a la CIA fueron funcionarios del Department of Immigration and Ethnic Affairs y no de otra repartición del estado?

El Minister Willesee agrega en su nota que durante el mes de octubre de 1973 hasta fines de junio de 1974, el número de chilenos que había presentado solicitud a la embajada australiana en Santiago para emigrar a este país, era del orden de 55.591 como lo hemos señalado anteriormente. Sin embargo, la respuesta proporcionada por el Labor Government estuvo muy lejos de satisfacer esta demanda. Durante los años financieros 1973-74 y 1974-75 (Whitlam cesó en sus funciones en noviembre de 1975), el resultado está lejos no sólo de las solicitudes presentadas en la embajada en Santiago, sino también del espacio creado para los chilenos dentro de las cifras totales de inmigración aceptadas por este Labor Government. Antes de analizar estos aspectos, veámos las cifras que nos entregan las estadísticas:

La renuencia australiana para satisfacer el requerimiento de las 55.591 personas que deseaban emigrar se fundamentaba en que Australia no otorgaba asilo político en sus representaciones diplomáticas por una interpretación legal hecha sobre la disposición de la Corte Internacional de Justicia en el sentido que la aplicación de dicha medida involucraba una derogación de la soberanía del país anfitrión. Según esta interpretación, la inmunidad diplomática se perdía y se facultaba a las autoridades chilenas para detener y desalojar a aquellas personas que hubieran ingresado a esa legación diplomática, perdiendo el ofensor (en este caso Australia) la jurisdicción de su estado territorial por la intervención en asuntos que son exclusivamente competentes del estado anfitrión. Al no ser Australia signatario de la Convención, como lo eran muchos países latinoamericanos entre ellos, la embajada australiana no estaba en condiciones de garantizar la seguridad personal de los ocupantes, los cuales podrían permanecer en una virtual encarcelación por tiempo indefinido.

A riesgo de estas preocupaciones australianas, muchas embajadas europeas acreditadas en Santiago corrieron el riesgo de otorgar santuario político a miles de chilenos. Tal es el caso concreto de la embajada de Francia, que sin ser signataria de la Convención con Chile, abrió sus puertas para los chilenos perseguidos, entre los cuales se encontraba al autor de este trabajo.

Los requerimientos del Alto Comisionado para refugiados a las autoridades australianas, más el visible malestar de varias legaciones diplomáticas acreditas en Santiago, determinaron en definitiva que Australia se incorporara en alguna medida a la tarea que habían asumido países occidentales (las embajadas de los países de Europa oriental fueron clausuradas y sus cuerpos diplomáticos expulsados del país. Similar situación tuvo que afrontar la legación de Cuba). Para ello se acudió a una interpretación de la definición contenida en la Convención de Naciones Unidas para el “Estatus de Refugiados” que, en el caso de Chile, según el gobierno australiano, se podía aplicar a dos categorías de personas. En primer lugar para aquellas personas que se encontraban en ese momento en centros de refugiados bajo el amparo y protección del Alto Comisionado de la ONU y segundo, para extranjeros que solicitaban del Alto Comisionado el estatus de refugiados, o que habiéndolo tenido con anterioridad deseaban cambiar de residencia. En este último caso debía considerarse también a chilenos que hubieren alcanzado santuario temporal en países vecinos.

De esta forma y con estos antecedentes se hace pública la declaración:

The Australian Government has not set a limit to the number of refugees to come here from Chile. The Foreign Minister in his reply to the initial appeal from the HCR said that Australia was ready to accept applications without quota restrictions. … Everything possible is being done to facilitate the entry into Australia of refugees who wish to settle here from both the categories mentioned. Our Embassy in Santiago has been instructed to apply our normal migration requirements and procedures sympathetically, and to ensure that no undue obstacles are encountered on the part of the applicants. Assisted passage is being granted to those eligible for it. The same instruction has been given to the Australian posts in neighbouring countries where some refugees are in temporary sanctuary.

La primera medida, de acuerdo a este comunicado público fue otorgar estatus de residentes a 50 chilenos que se encontraban sin visa de permanencia en el país (turistas y/o ilegales), los cuales no vivían en Chile el día 11 de septiembre de 1973, ya que los dos primeros chilenos en llegar a Australia después del golpe, arribaron el 29 de enero de 1974.

La masiva e inusual intención de emigrar a Australia se produce obviamente como consecuencia de los acontecimientos políticos y del S.O.S. enviado por el Alto Comisionado para Refugiados en diciembre de 1973. Las Naciones Unidas había hecho presente al gobierno australiano que las misiones diplomáticas en Chile, signatarias de la Convención para el Asilo Político, habían otorgado hospitalidad a varios cientos de personas y que éstas se encontraban en la actualidad agotadas en su capacidad y no estaban ya en condiciones de extender esta prerrogativa. Con estos antecedentes el propio Primer Minister ordenó a la embajada australiana en Santiago que otorgara asilo a aquellas personas que lo requirieran; situación que el gobierno militar rechazó el 11 de diciembre, haciendo público el anuncio que no respetará el derecho de asilo en aquellas delegaciones que no sean signatarias de la Convención. Esta amenaza, naturalmente no se cumplió, ya que las legaciones europeas de occidente siguieron recibiendo asilados.

Sin embargo las autoridades australianas ofrecieron ayuda a misiones diplomáticas en Santiago, signatarias de la Convención para el Asilo Político, procurando contribuir con su asistencia y apoyo a la solución del problema. Para ello el país otorgó residencia permanente a 110 extranjeros que vivían en Chile y que fueron protegidos por el Alto Comisionado para Refugiados, UNHCR. Estos se encontraban en un campo de refugiados en la localidad de Padre Hurtado. Por otra parte, 275 refugiados chilenos fueron aceptados por Australia, de los cuales 167 se encontraban en el Perú y 108 en la Argentina. Todos estos fueron asistidos con residencia permanente. Con el estatus de inmigrantes, otra categoría denominada en jerga australiana “Chilean Duress Cases”, se aceptó a 207 personas, que sin tener la condición de refugiados de acuerdo a la definición de la ONU, se les otorgó visa de entrada permanente por “the political climate is unfavourable to them”.

A comienzos de septiembre de 1974 los diarios informan que se ha creado una nueva campaña para asistir y traer a Australia a chilenos y chipriotas que deseaban inmigrar por las condiciones políticas existentes en sus países de origen. Efectivamente, el día 3 de septiembre de 1974, el Minister for Immigration, Clyde Cameron, anuncia en conferencia de prensa que una comisión australiana de alto nivel visitará Chile, los países de América del Sur y Chipre para traer refugiados con el estatus de inmigrantes por sobre las cuotas normales programadas para la inmigración del año financiero. Los periodistas sostienen que Mr Cameron habría dicho:

…consideration would be given to the problem of the war refugees in Cyprus and the political refugees from Chile for humanitarian reasons. … Australia has a tradition of helping with refugee problems. When this is completed (the technical mission to South America) consideration will be given to the migration of refugees from the Right-wing Chilean Government. Some had migrated to Australia from Chile already, but others had fled to neighboring [sic] countries and might need help. The Federal Government pledged to do whatever it could to help whatever number it is within our economic capacity to help.

La comisión de alto nivel nombrada por el gobierno australiano estaba integrada por Mr. M. B. Deogh, Assistant Secretary of the Labour Department, Mr J. P. Devereaux, federal president of the Amalgamated Metal Workers’ Union, Mr C. O. Dolan, federal secretary of the Electrical Trades Union and Mr G. W. Walmsley, representante del Employers’ Central Trades Committees. Sin embargo, según informa The West-Australian el día 20 de septiembre de 1974: “The Chilean military régime has told the Federal Government that an Australian technical mission now touring South America would not be welcome in Chile.”

Poco antes de partir esta Comisión, el propio ministro Cameron recomendó a sus integrantes que “he would appreciate it if the mission took into account the humanitarian problems of Chilean refugees wherever they were in South America”.

Estas razones humanitarias expuestas por él eran, sin lugar a dudas, el acuerdo de una posición compartida por la corriente de izquierda del Labor Party. Este sector sostenía que Australia debía ir más allá de su política tradicional de inmigración, en el sentido de no tratar el problema como una mera cuestión utilitaria, concebida en términos de importación de mano de obra desde el extranjero, sino que además el Labor Government debía incorporar otros criterios de selección, incluyendo las razones humanitarias. Era, naturalmente, un posición más amplia y al cual se oponían sectores de derecha del laborismo, para quienes la inmigración debía ser mirada solamente desde un punto de vista económico. El propio ministro Cameron fue una de las personas que en este sentido contribuyó a modificar este criterio tradicional, siendo el autor del denominado “Statement on Australian’s position regarding refugee and migrant applications from Chile” entregado al Parlamento Federal el 21 de marzo de 1974, cuya base servió para que a fines de 1981 se estableciera el Special Humanitarian Program, SHP, cuya vigencia perdura hasta el día de hoy.

El interés personal del Minister for Labour and Immigration por esta nueva visión humanitaria para tratar el problema de la inmigración, les significó una ardua lucha al interior del Labor Party. En este proceso el sector de izquierda del laborismo debieron buscar, dentro del gabinete de Whitlam, mayorías de consenso que les permitieran ampliar y modificar la política pre-establecida para dar cabida a ciudadanos chilenos, cuyas características presentaban condicionamientos distintos: detenidos en campos de concentración, asilados en otras embajadas, santuario transitorio en terceros países y/o ocultos dentro de su país por temor a las represalias. Según el ministro, criterio que al final se impuso, todos ellos debían recibir el tratamiento de refugiados y ser asistidos económicamente por el gobierno o por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que pudieran abandonar el país y ser trasladados a Australia. De esta forma, a muchos inmigrantes, tratados como refugiados propiamente dicho, se les concedió el valor de sus pasajes y se les otorgó el derecho a ocupar provisoriamente instalaciones habitacionales proporcionadas por el gobierno federal (hostels). El propio Cameron deja constancia de las actividades en que se vió envuelto para solucionar el problema de los chilenos:

I have discussed the plight of refugees with the Minister for Foreign Affairs, Senator Willesee. He shares my anguish for their plight and between us we will be doing whatever we can do to help whatever number it is within our economic capacity to help.

Simultáneamente, desde el parlamento, tanto senadores como miembros de la House of Representatives de los sectores de izquierda y centro del laborismo, hacían llegar cartas a los ministros insistiendo en la necesidad de agilizar y resolver el problema de los refugiados y de los posibles inmigrantes chilenos. Esta situación era también presentada por los partidos políticos de izquierda, por varios sindicatos y por las organizaciones de solidaridad, existentes a ese momento en todas las capitales estatales, con la excepción de Hobart, en Tasmania.

Poco antes de la destitución del Labor Government, el 11 de noviembre de 1975, nos encontramos con una política inmigratoria diferente, que además de conservar los criterios anteriores, incluye oficialmente el problema humanitario dentro de ella. Así lo hace saber el secretario privado del Minister for Foreign Affairs al Senator Tony Mulvihill del estado de New South Wales y presidente nacional de los Comités de Solidaridad con Chile. En efecto, Mr. Alan Oxley, proporciona al Senator Mulvihill un resumen de la inmigración chilena en Australia durante el Labor Government e incluye el criterio adoptado de razones humanitarias para solicitar al Gobierno de Chile la libertad de presos políticos individuales, ofreciendo simultáneamente su hospitalidad en Australia, como fue el caso de la señora Angela Bachelet y de su hija Michelle.

De esta forma, el señor Oxley concluye que desde octubre de 1973 hasta mayo de 1975, vale decir, tres meses antes del cambio de gobierno en Australia, se había otorgado, fuera de los casos mencionados anteriormente, residencia permanente a 2.476 chilenos, mientras se procesaba otra lista de peticiones de ingreso, a través del Labour and Immigration Office, en la ciudad de Brisbane. Dicha lista había sido entregada por el Committee for Solidarity with the Chilean People, bajo la firma del Senator George Georges, miembro del Parlamento Federal por el estado de Queensland.

La lista, que fue cursada posteriormente, ubicó a 24 familias chilenas en Brisbane, las cuales recibieron una calurosa recepción por parte del movimiento sindical y del Labor Party en ese estado; no así del gobierno de Queensland, formado por la coalición Liberal-National Country Parties, que no mostró ninguna simpatía para con ellos, como veremos más adelante.

CAPITULO Nº 5

El gobierno de Malcolm Fraser y la coalición Liberal-National

Country Parties (1975-1983)

Con la destitución de Gough Whitlam, el 11 de noviembre de 1975, asumió la dirección del gobierno australiano en forma interina (caretaker), el líder de la coalición Liberal-National Country Parties, Malcolm Fraser, ganando posteriormente las elecciones federales el 13 de diciembre de 1975. Se mantuvo en el poder hasta el 5 de marzo de 1983, cuando fue derrotado electoralmente por el laborista, Bob Hawke.

Durante su período gubernamental en Australia transcurren ocho años de gobierno militar en Chile. ¿Cuál fue su actitud? ¿Hubo cambios significativos en la política exterior sobre Chile conducida anteriormente por el Labor Government? A estas cuestiones trataremos de responder a continuación, tomando en consideración los tres aspectos que hemos analizado en el capítulo anterior: el discurso sobre la situación chilena, el comercio bilateral y la inmigración chilena en Australia.

1.     La posición y actitud política del gobierno.

Se puede constatar que cambios significativos no hubo en relación al manejo de las relaciones con Chile. El discurso de condena a la violación de los derechos humanos se mantuvo, aunque en forma esporádica, ya que la presión internacional del “caso chileno” fue perdiendo actualidad por la emergencia de otros fenómenos políticos y sociales que pasaron a ocupar las primeras páginas de los medios de comunicación. Por otra parte, la junta militar se había consolidado en el poder y su represión era más selectiva y sus métodos más sofisticados. La oposición chilena mostraba desarticulación y debilidad como causa de la intensa represión desatada por el régimen contra ella, la que había sido generalizada en los primeros años de gobierno militar. Desde el interior de Chile la posibilidad de levantar una alternativa era casi nula hasta 1983, cuando nacen las protestas masivas, y sólo la fuerza y pujanza del exilio chileno, en conjunto con las organizaciones solidarias de muy distintos y diversos países, procuraba abrir espacios para la revitalización de la oposición con el énfasis puesto en el respeto a los derechos humanos y civiles de la población. En este sentido la comunidad chilena en Australia jugó también un papel importante en mantener vivo el problema de su país, convocando continuamente a las organizaciones políticas y sociales del país a nuevos y constantes esfuerzos de solidaridad con sus compatriotas. Muchos de ellos se convirtieron en un verdadero nervio motor de la solidaridad, los cuales a su vez eran requerido para hablar y expresar sus experiencias personales en muy distintos medios y estructuras de la sociedad australiana.

Sin embargo, fuera de este cuadro sombrío que cubría al país y de las escasas espectativas por un cambio de administración en Chile, Australia mantuvo una posición en su política internacional comparable en alguna medida con la política de las naciones europeas de occidente.

La imagen del régimen autoritario instalado en Chile servía como estereotipo de acciones anti-populares y la figura de Pinochet era normalmente comparada con las dictaduras de Idi Amin en Uganda y Anastasio Somoza en Nicaragua (por lo menos hasta el triunfo de la revolución sandinista). En Australia también se recurría a usar retóricamente esta semblanza ante medidas impulsadas por el gobierno de Fraser y cuyo efecto provocaba malestar en el movimiento sindical del país. Robert Hawke, President del Australian Council of Trade Unions, ACTU y más tarde Prime Minister, lo decía abiertamente en la demostración contra el presupuesto nacional el 21 de noviembre de 1978 en la entrada del Federal Parliament, delante de 4.000 personas, evaluando el gobierno del Prime Minister Fraser desde el punto de vista de los trabajadores con estas palabras: “In the world labour view, Australia is now rated with Chile and other nations with a reputation for suppression”.

En esta situación generalizada de condena a la violación de los derechos humanos, influía significativamente la política de su aliado más importante, los Estados Unidos de América que, a través de su presidente, Jimmy Carter, promovió una política internacional sobre derechos humanos durante sus cuatro años de administración, 1977-1981. No estaría completo este cuadro si no se incluyera en él la presión y vigilancia constante del movimiento de solidaridad australiano con Chile, más el peso y gravitación en la política australiana del movimiento sindical, especialmente de algunos sindicatos, como los marítimos, metalúrgicos, del transporte y de la construcción, que junto a la Australian Teachers’ Federation, se mantuvieron siempre en una actitud de simpatía y vigilancia con respecto a sus posiciones anteriores. En razón a la verdad, la junta militar nunca dejó de ser observada o vigilada en sus actitudes por un importante sector de la comunidad australiana, situación que obligó en gran medida a que el gobierno no pudiera evadir el problema o silenciarlo; por el contrario, debió entregar una respuesta proporcionada a las presiones que recibía.

Con un mes y seis días en el gobierno, la coalición Liberal-National Country Party, el 17 de diciembre de 1975, entrega su condena al régimen militar de Chile en la Sesión de la Asamblea General de la ONU, cuya votación arrojó el siguiente resultado: 90 votos por la condena, 11 en contra y 23 abstenciones.

El 3 de marzo de 1976, el gobierno australiano deploraba la práctica de la tortura en Chile como consecuencia del tratamiento degradante a que había sido sometida la Dra. Sheila Cassidy, de origen británico y ex-estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sydney, cuyo caso alcanzó una notable publicidad en los medios de comunicación del país. El Minister for Foreign Affairs, Andrew Peacock, daba cuenta a la nación que Australia había apoyado la Resolución las de Naciones Unidas condenando esta práctica y anunciando que el gobierno continuaría apoyando este tipo de resoluciones en el foro internacional si el gobierno de Chile no corregía esta costumbre:

Australia had previously supported United Nations resolutions condemning the use of torture in Chile, he said.

Mr Peacock was answering a question from Mr D. Chipp (Lib Vic) who asked whether he had seen a report dealing with a British surgeon, Dr Sheila Cassidy, and hideous tortures in Chile.

Mr Chipp said the report stated that the utmost brutality had become routine under the present regime.

He asked whether, if the report verified allegations of brutality, Mr Peacock would give an assurance that Australia would condemn and denounce such procedures in the loudest of terms.

Mr Peacock said he and his department would study the report.

“I would point out that the Government deplores the use of torture wherever it may occur, and we are not selective in saying so”, he said.

“The Australian Government has previously supported resolutions in the United Nations condemning the use of torture in Chile, and will continue to support resolutions calling for improvement in the respect for and observance of all human rights in that country”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores no sólo estudió el informe, sino que además, los sindicatos y los comités de solidaridad con Chile proporcionaban nuevos y estremecedores antecedentes. De esta forma, su voz no tardó en expresarse una vez más en el foro internacional más importante. El gobierno de Australia decide patrocinar el 16 de diciembre de 1976, la resolución sobre la “Protección de los Derechos Humanos en Chile” adoptada inicialmente por el Comité Tercero y más tarde por la Asamblea General de la ONU. La junta militar fue condenada por 95 votos contra 12 y 25 abstenciones. El representante de Australia usó de la palabra en el Comité Tercero el 17 de noviembre de 1976, expresando la esperanza que el mandato del grupo ad-hoc designado para investigar las violaciones a los derechos humanos en Chile se mantuviera y que el gobierno militar debía cooperar con él. Comentando el “Informe Allana”, el representante australiano, Chris Lamb, sostuvo:

On all the best evidence available to us we are (further) [sic] unable to conclude that the report is substantially at variance with the facts. It can be expected that a report by a group which has not visited the country will contain inaccuracies, but we do not regard the possibility of some inaccuracy as itself sufficient ground for discounting the principal conclusions.

Parlamentarios del gobierno, entre de los cuales se contaban algunos Ministros de Estado de la Coalición Liberal-National (Country Party), se suman a la condena contra el régimen militar en Chile adoptada por una Resolución, en la Sesión Nº 120, de la Unión Parlamentaria Mundial, celebrada en Canberra el 15 de april de 1977, sobre la base de un informe preparado por un grupo especial designado por dicha Unión el 1 de octubre de 1976 en Madrid, que fue aprobada por 82 votos, 0 en contra y 2 abstenciones.

De nuevo Australia concurre con su voto en la Asamblea General de la ONU, el día 19 de diciembre de 1977. La Resolución para condenar la violación de los derechos humanos en el país por parte de las autoridades chilenas registra una votación de 96 países por la condena, 14 en contra y 25 abstenciones.

La dictadura militar chilena acorralada por la presión internacional y por las condenas que se suceden unas después de otras, intenta infructuosamente romper su aislamiento. Busca formas que le permitan abrir espacios dentro de gobiernos conservadores de otros países o de aliados estratégicos de los Estados Unidos de América. Con esta finalidad una delegación chilena, presidida por la directora de la Oficina de Turismo, Liliana Mahn, llega a Australia el 31 de agosto de 1978 para negociar en nombre del gobierno militar la llega de los aviones LAN-Chile a territorio australiano. Su viaje no tiene éxito, ya que “(Its) application has been frozen by the Australian aviation policy review.”

Por otra parte, no fue ignorada la intención del General Pinochet de hacer escala técnica en Sydney en su malogrado viaje a las Filipinas a fines de marzo de 1980 (entrevistas del autor con dirigentes sindicales australianos así se lo expresaron). Ante la negativa de su requerimiento por parte de las autoridades australianas, debió modificar su itinerario y aterrizar en Fiji, lugar donde fue informado abruptamente de la cancelación de su visita, debiendo regresar casi de inmediato a su país, en medio de una significativa muestra de solidaridad con el pueblo de Chile por parte del gobierno y de la población de Nandi y de Suva, situación que los medios de comunicación en Australia informaron profusamente.

Esta posición persistente del gobierno de Fraser por condenar la violación de derechos humanos en Chile, eco indiscutido de la política de Jimmy Carter en los Estados Unidos y de las presiones locales, provocó también dentro de la coalición gobernante no pocas fisuras en sus estructuras de dirección. Los ‘blandos’ (wets) y los ‘duros’ (drys) se enfrentaron con rigidez en ciertas ocasiones, cuando unos abogaban por mantener esta política vigilante y otros por ignorarla completamente.

Tal es el caso de dos connotados representantes del National Country Party, ubicados dentro de los duros de la coalición, el Premier de Queensland, Joh Bjelke-Petersen y el Deputy Prime Minister, Doug Anthony. El primero había dirigido, entre otras cosas, una carta al Prime Minister Malcolm Fraser el 22 de enero de 1978 comunicándole que un grupo de chilenos que habían llegado como refugiados a Queensland eran “highly dangerous and should be returned to their country”. Fraser, a través del Minister for Immigration and Ethnic Affairs, habría contestado, según la información periodística:

None of the 44 named by the Queenslanders had committed any offence that would justify deportation … so Bjelke-Petersen was fobbed off with a bland letter.

Anthony usaba la tribuna en la House of Representatives el 20 de octubre de 1981 para elogiar al gobierno militar del General Pinochet, “describing it as a ‘sensible regime’ which had the respect of the people and the confidence of investors”. Además de recibir la fuerte protesta de los miembros de la oposición y la réplica documentada de Mick Young, Labor for Port Adelaide con los informes de Amnistía Internacional y otras organizaciones sobre las condiciones de Chile, produjo mofa entre de sus propios colegas. Después de este hecho, la prensa informaba que la intervención de Anthony había provocado irrisión en el parlamento, “Even Mr Fraser was forced to smile at this”.

Es decir, como consecuencia de las presiones, la retórica se mantuvo durante el gobierno de Fraser y los duros debieron en definitiva aceptar un tratamiento condenatorio a la violación de los derechos humanos, cuyas recomendaciones provenían en gran medida de afuera del país. Pese a la dureza del lenguage utilizado, el contacto con el régimen militar se mantuvo y las relaciones económicas, reducidas como consecuencia de las presiones sindicales, continuaron desarrollándose.

2. El comercio bilateral con Chile en la administración de Fraser.

Sin lugar a dudas que el problema del intercambio comercial durante el período del gobierno de la coalición Liberal-National Country Parties fue una de las cuestiones más discutidas. Lo que está meridianamente claro es que el sector empresarial, junto a los duros de la coalición Liberal-National Country Parties, empujaron fuertemente para que las medidas restrictivas impuestas por el movimiento sindical perdieran su efecto.

La insistencia del Australian Wheat Board al presidente de la ACTU, Robert Hawke, ubicado dentro del sector de derecha del Labor Party (sindicalista distanciado de posiciones que involucraran al movimiento sindical con determinadas ideologías de clase), no se detuvieron. Este organismo empresarial requería que el boicot impuesto a Chile e Indonesia fuera desestimado. Hawke llevó al Consejo de la ACTU dicha proposición argumentando que había cuatro razones para levantar el boicot a Chile: primero, que Australia podría perder todo el mercado que tenía con Chile; segundo, que el embargo era inoperante y que no se justificaba ya que fuera de Australia, Nueva Zelandia era el único país que lo mantenía; tercero, que era ridículo que Australia no negociara con un país mientras el resto lo hacía y cuarto, que los efectos de su mantención provocaba en el desempleo de los australianos. Con estos argumentos, el Ejecutivo de la ACTU decidió levantar el embargo el 17 de febrero de 1977 en su reunión ordinaria en la ciudad de Brisbane. Sin embargo, los sindicatos marítimos acordaron continuar con él, pasando por sobre la resolución del consejo de la ACTU.

Las presiones empresariales fueron encontrando nuevos aliados a sus intenciones de revertir esta medida. Dentro de la propia ACTU, jugó un papel muy importante, Mr Kevin Day, Executive Director of ACTU-TNT Travel Pty Ltd, y ex ejecutivo de la International Telephone and Telegraph, ITT. Day no ocultaba su admiración por sus antiguos empleadores. En efecto, el 1 de junio afirmaba en Sydney después de su arribo desde Europa que “As far as I can determine, ITT did the correct thing [in Chile]. … It appealed to its government for help as I feel any American or foreign company should. I worked for a very fine company in ITT and I work for a very nice company now, ACTU-TNT Travel Pty Ltd.” Ivan Hodgson, Assistant Secretary de la Transport Union, manifestó frente a estas declaraciones que Mr Day debía se despedido por sus comentarios: “With his background, Mr. Day is not fit to hold the position as head of the ACTU enterprise. ITT worked with the CIA to help overthrow the Allende Government in Chile. I have no idea of Mr Day’s associations, but what a position for a potential CIA man – right at the centre of the Australian trade union movement.”

El 14 de diciembre de 1977, Mr Hawke apelaba de nuevo a los sindicatos marítimos para que levantaran el embargo. Sin embargo la actitud de dichas organizaciones se mantuvo. Detalles de esta situación son analizados más adelante, en la tercera parte, cuando tratamos la respuesta del movimiento sindical australiano a la solidaridad con el pueblo de Chile.

La situación mantenida prácticamente en un status quo busca ser reactivada por el gobierno australiano a través de Export Finance and Insurance Corp., quien ofrece al gobierno de Chile reasumir las facilidades crediticias para la compra de mercaderías australianas. En una reunión sostenida en Santiago, según informa Financial Review de Sydney, el 1 de febrero de 1979, Mr C. M. Toop, gerente de la EFIC, mantiene conversaciones con el gobierno de Chile “on the terms of the new credit line to operate between Australia and Chile. His trip coincides with moves to finalise Chile’s discharge of trade debt to Australia of $500.000”.

El embargo mantenido por los sindicatos marítimos sobre las ventas de trigo forzó tanto a los importadores como exportadores a buscar caminos alternativos de intercambio, situación que ha sido explicitada anteriormente. Otros, sin embargo, visualizaron en estas operaciones comerciales un riesgo difícil de sortear, pensando que en cualquier momento los sindicatos marítimos podrían extender este embargo a la totalidad del comercio bi-lateral, situación que, en nuestra opinión, viene a justificar el rápido descenso de los volúmenes alcanzados en los años del Labor Government.

El siguiente cuadro, según el Australian Bureau of Statistics, muestra una relación comparativa del comercio bilateral durante la administración de Fraser.

Este escaso volumen de intercambio comercial, más un pequeño incremento que se empieza a desarrollar en los primeros años del Labor Government de Hawke, a partir de 1983, sería usado por el sector de centro izquierda como una herramienta de presión para la defensa de los derechos humanos y civiles en Chile.

La administración Fraser inicia abiertamente una negociación para reasumir la ayuda financiera y crediticia, junto con empezar una propección para las inversiones australianas en Chile, situación que pasará a concretarse en la administración siguiente. Las empresas australianas viajan a Chile con la aprobación tácita del gobierno, sin que éste presente dificultades por la violación a los derechos humanos que allí se cometen.

3. La política australiana de la inmigración chilena en el gobierno de Fraser.

Durante la administración de Fraser, la immigración chilena disminuyó cuantitativamente como consecuencia de una abierta política de bloqueo hacia los “izquierdistas chilenos” que esperan inmigrar hacia Australia. Fue un proceso gradual que se vió obstaculizado inicialmente por la formulación de una política nueva, de carácter humanitaria, impulsada por el ministro Cameron en la administración de Whitlam, además de un compromiso contraído por Australia con el Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas, cuya rápido abandono habría significado en ese momento un serio traspiés para las relaciones internacionales del país.

Hubo personas dentro del gobierno, los duros concretamente, que impusieron la política de revertir estos índices históricos de la inmigración, ofreciendo como alternativa volcar los mayores esfuerzos hacia la inmigración del sureste asiático, especialmente una vez terminadas las guerras en Vietnam, Laos y Cambodia. Con ello se buscaba asegurar una votación conservadora que le proporcionara mayor estabilidad electoral a la coalición Liberal-National Country Party en el supuesto que esta ola inmigratoria proveniente de países con gobiernos de inspiración marxistas no entregaría su apoyo al Labor Party, identificado retóricamente con posiciones más radicales.

Al final este criterio se impuso, habiendo contribuído en él la posición de alianza de Australia con los Estado Unidos, quien impulsó una política de presión hacia sus aliados para abrir las puertas del país a un número indeterminado de víctimas ideológicas de la guerra que ellos habían perdido en la península asiática.

Sin embargo, es legítimo consignar que las autoridades de la coalición Liberal National Country Party, más allá de estas presiones internas y externas, asumieron en dicho período una actitud cuidadosamente honesta y responsable con la inmigración chilena llegada antes o durante su período. Nadie fue molestado, arbitrariamente deportado o humillado por su condición ideológica o compromiso personal con el gobierno de la Unidad Popular de Chile.

En 1975, como consecuencia de los inicios de una crísis económica que el país empezó a vivir, la inmigración en términos generales se vió afectada. Sin embargo, se implementaron algunas medidas que en definitiva transformarían los criterios de selección que hasta ese momento se habían utilizado:

The new Liberal Government maintained Labor initiatives in reducing discrimination in immigration policy. It also accepted more Vietnamese refugees and granted amnesty to about 30,000 illegal immigrants [varios desde Chile]. Only 54.117 [sic] migrants were admitted to Australia, the lowest annual intake since the post-war programmes began. In 1978, immigration was restricted because of high unemployment levels. In 1979, October 7, The Australian Refugee Advisory Council was established. On June 19, 1980 a programme was introduced whereby people who had arrived here either legally or illegally could, up to December, 31, apply to remain permanently.

Aún cuando la cantidad de inmigrantes aceptados por Australia en 1975 no corresponden a las cifras entregadas por el Bureau of Immigration and Population Research, lo cierto es que con estos programas cientos de chilenos fueron beneficiados. El propio Minister of Immigration and Ethnic Affairs, Mr MacKellar, consultado por el Dr Klugman en la House of Representatives el 31 de mayo de 1977, sostiene:

… as of 1 May 1977, 728 Chilean refugees have arrived in Australia and that, in addition 387 Chileans under political duress have been accepted [lo que más tarde pasaría a ser el Programa Humanitario Especial] direct from Chile and other arrivals include some refugees who have been classified for statistical purposes under normal migrant entry categories.

La coalición Liberal-National Country Parties informaba en el Senado el 2 de junio de 1977 a una petición del Senador y Presidente Honorario del Committee for Solidarity with the Chilean People, Hon. Tony Mulvihill, que:

… 1.712 settlers have arrived in Australia in the twelve months ending 31 March 1977 who had described Chile as their last country of residence on passenger cards at their time of arrival, and another 1,108 had arrived who named Argentina as their last country of residence. … Another controversy arose in March this year over the question of Chileans illegally resident in Australia (estimated to be about 130) and the signing of deportation orders against 30 Chileans (it was reported that the Department of Immigration had stated that one had been deported, one was given six months to find an alternative country, another four left Australia voluntarily and the remaining 24 went into hiding before the deportation orders could be served). The actual situation in such cases is extremely difficult to determine. The Minister for Immigration and Ethnic Affairs, Mr MacKellar, said in a radio interview on 29 March 1977 that, in relation to the deportation orders: “Obviously we investigate these cases extremely carefully before we put any deportation order into effect”.

Si algunos chilenos fueron deportados, se debió no a su condición de chilenos, sino a su permanencia ilegal en el país, situación que también fue aplicada, el 27 de diciembre de 1981, a 127 inmigrantes ilegales del Vietnam, de un grupo de 146 que había desembarcado ilegalmente en las costas de Darwin dos meses antes.

El siguiente cuadro ilustra sobre la inmigración chilena en Australia durante el gobierno de la coalición Liberal-National Country Party. En el año financiero 1975-76 hay cuatro meses que corresponden a la administración anterior. Es obvio que los primeros años de la nueva administración reflejan el compromiso contraído por el anterior gobierno con el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas.

A la luz de estos antecedentes, es extremadamente notoria no sólo la disminución de la inmigración chilena en Australia, sino también el porcentaje de chilenos que fueron aceptados en el país en comparación con la inmigración total. Las razones políticas detrás de estas cifras son difíciles de ocultar, aún cuando se hubieren enriquecido e implementado nuevas disposiciones para los criterios de selección.

Si estos nuevos criterios eran precisamente para acudir en ayuda de refugiados y/o perseguidos por gobiernos autoritarios, queda claro que los chilenos fueron excluídos de ellos, dándole preferencia a una inmigración mayoritariamente proveniente de otros países, dónde la mayoría de éstos no sufrían las consecuencias de su quiebra institucional; así por ejemplo, del Reino Unido llegaron 26.275, mientras del oeste y norte de Europa lo hicieron 8.676 personas; de los Estados Unidos de América y del Canadá, 2.769; todos ellos en el año financiero 1982-83.

Por cierto que Australia no tenía ninguna obligación, ni ética ni jurídica, de recibir a chilenos expulsados de su país o de ofrecer santuario político permanente o transitorio a aquellos que habían recibido la oferta de su libertad a cambio de salir del país. El aceptarlos o no era una cuestión de derecho, que sólo le competía a las autoridades administrativas del país. Sin embargo, la observación de la retórica empleada en sus condenas hacia el régimen militar y la concretización de determinadas políticas de acción para incorporar nuevos crieterios en los procedimientos de selección de nuevos residentes no guardan ninguna proporción con el número de chilenos aceptados. Si se tiene en cuenta que el gobierno de la coalición conocía perfectamente la situación de Chile, a través de los informes de las Naciones Unidas, no se actuó en la medida que el caso requería, ni mucho menos se tomaron medidas concretas para impedir que el uso de la práctica de extrañamiento se detuviera. La aversión al gobierno autoritario no estaba en sus políticas ni en su condición intrínseca de ilegitimidad, sino simplemente en los excesos que se cometían con respecto a ciertos derechos humanos. Ello se debía en gran medida al cuadro político que la situación de Chile ofrecía.

Durante el período de la administración de Fraser ya no existía la preocupación generalizada o el interés inicial producido por el coup d˙ état, ni por la represión masiva e indiscriminada usada por el régimen militar en sus comienzos. Pinochet había desarticulado a las organizaciones políticas y sociales del movimiento popular y había logrado estabilizar su gobierno y consolidar su poder. Las presiones creadas por sectores del Labor Party y las políticas que habían logrado introducir en el gobierno de Whitlam no encontraban espacio adecuado para ser implementadas, aún cuando Fraser lo hubiera querido hacer. La izquierda chilena no recupera sus niveles de lucha social hasta las protestas de 1983, fecha en que otro gobierno se hacía cargo de la administración del estado en Australia.

CAPITULO Nº 6

Bob Hawke y el retorno del Labor Party.

Bob Hawke ganó las elecciones federales el 5 de marzo de 1983. El era miembro del Labor Party y ex-presidente del Australian Council of Trade Unions, ACTU. Su gobierno se mantiene hasta diciembre de 1991, fecha en que Paul Keating lo sustituye por decisión interna del partido.

Durante su administración el gobierno militar de Chile permanece por otros 6 años en el gobierno, hasta que es derrotada electoralmente por Patricio Aylwin, quien asume la presidencia del país en marzo de 1990.

¿Cúal fue la actitud y la respuesta que Hawke y su gobierno entregó al gobierno militar de Chile y a los chilenos que luchaban por la restitución democrática de su país? Es el tema que abordaremos en este capítulo.

1. La actitud política del Labor Government en el período 1983-1990.

Dos hechos altamente significativos con respecto al “caso chileno” ocurren en momentos en que el Labor Party reasume la dirección del gobierno después de ocho años de administración por parte de la coalición Liberal-National (ex-Country Party).

En primer lugar, se había iniciado a fines de 1982 en Chile un gran movimiento de revitalización de la oposición interna, naciendo las llamadas “protestas”, que alcanzan a partir de 1983 una significativa gravitación política que pone por primera vez en riesgo la administración del régimen militar. En segundo lugar, a raíz de este generalizado movimiento, se produce la expulsión del sacerdote australiano de la Orden Columbana, Father Brian McMahon, el 12 de marzo de 1983, precisamente en los instantes en que el nuevo gobierno entra a tomar posesión administrativa del país. La reacción frente a este último hecho no tardó en hacerse pública:

The Foreign Minister, Mr Hayden, called in the Chilean Ambassador, Dr Jorge Valdovinos, yesterday to ask the Chilean Government to review its expulsion order against an Australian priest, Father Brian McMahon.

Pese a las gestiones del gobierno australiano, MacMahon fue expulsado y a partir de entonces la actitud de condena y hostigamiento por parte del gobierno australiano irá subiendo de tono. Pareciera ser que la dureza y frecuencia de la condena hacia el régimen militar guarda relación con tres hechos que habría que tomar en cuenta. El nuevo Minister for Foreign Affairs es un laborista ubicado dentro del partido en el llamado sector o fracción de centro; segundo, los Estados Unidos se habían decidido por el recambio de Pinochet y era cuestión de tiempo buscar a alguien que le sucediera; y tercero, el nivel de las protestas obreras obliga al Partido Demócrata Cristiano a buscar un acuerdo con ciertos sectores de la izquierda chilena (excluye al Partido Comunista) antes que el problema se les escapara definitivamente de su influencia. En este último sentido, converge una amplia oposición democrática a la cual los países occidentales deciden prestarle más ayuda.

Sin embargo, el Labor Party que vuelve a recuperar el gobierno perdido con Fraser en 1975 no es el mismo. Las ideas y compromisos que motivaron e ilusionaron a grandes sectores en el año 1972 se fueron perdiendo. Los sectores de izquierda dentro del partido pierden influencia. Se empieza a levantar una tercera posición dentro del Labor Party, el centro, que se consolidará como grupo en 1984 en Adelaide. En él convergerán sectores de la izquierda y de la derecha del partido. El Minister for Foreign Affairs and Trade, Bill Hayden, empieza a ser uno de sus portavoces más destacados. En la política internacional se mantendrá una sólida posición de alianza con los Estados Unidos de América y se buscará en lo interno privilegiar el crecimiento económico para mantener una política social que responda al ethos filosófico del movimiento laboral. El centro logra identificarse más con la fracción de derecha que de izquierda. El período de auge de los movimientos de liberación había empezado a declinar y a mostrar irremediables grietas en su manejo como consecuencia de factores internos y externos. Internamente no se satisfacen las expectativas económicas de grandes sectores que privilegian la libertad y la democracia como elementos importantes dentro de la convivencia social de los pueblos. Externamente, la influencia de los Estados Unidos y la posición de Jimmy Carter con respecto a la guerra civil en Nicaragua y el posterior triunfo de la revolución Sandinista habían creado una actitud de simpatía que logró permeabilizar las viejas posiciones de compromiso con modelos socio-políticos surgidos del movimiento popular. Sin embargo, la posición de Ronald Reagan y su voluntad de desestabilizar el proceso nicaragüense con la creación de un ejército paralelo, los Contras, vuelve a suscitar el silencio en el Labor Government y a distanciarse de los eventos que allí suceden. Sólo un sector minoritario del partido mantiene su actitud y busca infructuosamente modificar esa conducta.

Simultáneamente y como consecuencia de estos factores políticos, la crísis económica golpea dramáticamente a todos aquellos gobiernos que nacen con proyectos de planificación centralizada y que se muestran imposibilitados en la práctica para crear una alternativa al racionalismo económico.

El Labor Party opta por abandonar los principios que originalmente crearon su colectividad. La plataforma política por una aspiración socialista había sido erosionada con el tiempo y termina por desaparecer dentro de su ideología. El Labor Party empieza a ocupar el espacio político de la coalición Liberal-National Parties y desplaza a ésta fuera de los que habían sido sus plataformas políticas históricas. Como dice Maddox:

… in a very short period Bob Hawke
has turned federal Labor orthodoxy on its head. Hawke has made it very clear that his fundamental commitment is to staying in office and, where that objective is threatened by party policy, he will have no compunction about overthrowing those policies The earliest intimation of a change in direction came when some of the commitments of the 1983 election campaign were abandoned. … The party platform (Hawke said) is simply a statement of principles and commitments at a particular time which, as a consequence of changing circumstances, might become redundant.

Sin embargo, la posición conservadora sostenida por el Prime Minister, no prosperó en todos los sectores del Labor Party. Los del sector de izquierda, siendo menos cuantitativamente, continuaron presionando desde el interior del gobierno por un mayor compromiso con una alternativa democrática en Chile. Ellos sostenían una posición de total aislamiento del régimen militar para provocar su caída. La corriente de centro, por otro lado, ponía el énfasis no sólo en la condena, sino además en la intensificación del llamado público a la restitución democrática, mostrándose contrarios a la implementación de otras medidas de carácter coercitivo. De esta forma, el cuadro interno de la política australiana tendrá una significativa repercusión en el cambio de estilo en que serán tratadas en lo sucesivo las relaciones con el régimen militar de Chile.

Bajo la dirección de Bill Hayden, como Minister for Foreign Affairs (ex Minister for Social Security en el gobierno de Whitlam y uno de los ocho ministros que habían firmado la petición de no reconocimiento a la junta militar de Chile), se produce un intenso trabajo diplomático como consecuencia de los informes provenientes de la embajada australiana en Santiago sobre derechos humanos, además de las denuncias de Amnistía Internacional y de los reclamos de parlamentarios del Labor Party, del Committee for Solidarity with the Chilean People y del exilio chileno residente en el país. Esta presión se vio enriquecida desde el Australian Senate, el cual fue incrementado en este período por parlamentarios de otras corrientes políticas y organizaciones del medio ambiente y del desarme, las cuales tuvieron en la Cámara Alta el control del poder final sobre las votaciones originadas allí. Dentro de ellas hay que mencionar al Australian Democrat Party, especialmente al Senator Don Chipp y a la Senator de Western Australia, Jo Vallentine, del Nuclear Disarmament Party. Ellos fueron extremadamente sensibles frente al “caso chileno” y el gobierno debió tomar en cuenta muy seriamente sus posiciones.

Mr. Hayden, desde el Ministry of Foreign Affairs, impusó una política sostenida de hostigamiento y denuncia. Mantuvo inalterable la posición de Australia en el seno de la ONU y patrocinó la declaración de condena en el año 1985. Con anterioridad, en junio de 1983, a los tres meses de haber tomado posesión de su cargo, a través de un comunicado de prensa, sostenía:

Australia believes the Chilean Government should take urgent steps to ensure the country’s early return to democracy and to restore internationally acceptable standards of human rights. We have and will continue to press this view in international forums.

En julio del mismo año, en otro comunicado de prensa, solicitaba la liberación de los dirigentes sindicales chilenos, detenidos como consecuencia de las protestas y se sumaba a otros “democratic Governments as well as Pope John Paul II” para condenar la violación de los derechos humanos en Chile y llamar al diálogo entre el gobierno y la oposición para resolver los problemas del país. Definitivamente, el Australian Government no sólo se ubicaba al lado de los que protestaban en Chile, sino que además exigía un tratamiento distinto hacia la oposición democrática, privilegiando el pronto retorno al estado de derecho. En 1984 emite dos comunicados en que condena el establecimeinto del estado de sitio, cosa que repite con mayor fuerza el 1 de mayo de 1985. Se insiste a través de ellos el 21 de julio, y el 9 de septiembre de 1986, con motivo del atentado al General Pinochet, el cual casi le costó la vida en manos de la organización guerrillera Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En esta oportunidad el Ministry of Foreign Affairs entrega a la opinión pública australiana el siguiente comunicado :

The Minister for Foreign Affairs, Mr Bill Hayden, MP, today described the re-imposition of a state of siege in Chile as a Draconian measure that was more likely to provoke further violence than ease tensions in that country. The armed attack on President Pinochet and the assassination of his guards could not be condoned, but he could not but conclude that it was a case of violence breeding violence. The people of Chile had strong traditions of democracy and the sooner the military regime introduced genuinely democratic processes, and allowed freedom of speech, freedom of assembly and political plurality, the sooner the nation would regain stability and international respectability.

Esta actitud australiana que se repite en 1987 a través de los “comunicados de prensa del Ministro”, alcanza notoriedad cuando Mr Hayden anuncia que Australia ha constituido una fundación para la defensa de los derechos humanos con motivo de la celebración de los 200 años de la colonización inglesa del país y del 40º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dentro de las donaciones a otorgarse por un total de $A 40.000, se decide entregar “$A 5.000 to the social program of the Vicaría de la Solidaridad, the largest and best known non-governmental Chilean human rights organisation in Chile”.

No es de extrañar entonces que el gobierno de Australia hubiere saludado con satisfacción la victoria alcanzada por el pueblo chileno en el plebiscito de octubre de 1988, calificada por él, como una victoria del pueblo de Chile por la democracia. La posición política de condena al régimen militar iniciada el 12 de septiembre de 1973 llegaba a su término. El triunfo de la oposición en Chile en las elecciones del 18 de octubre de 1989 se recibía con alegría y entusiasmo en Australia. El Prime Minister, Bob Hawke, enviaba un mensaje personal de felicitación a Patricio Aylwin, y el Minister for Foreign Affairs, usando de nuevo el conducto de comunicación con la prensa a través de los News Release informa a los periodistas que:

Australia looked forward to working with the Government to be led by President elect Aylwin in strengthening the healthy bilateral relations between Australia and Chile and in cooperation on matters of mutual interest including in the Cairns Group and on Antarctica.

De una simple condena por los excesos sobre violaciones a los derechos humanos y civiles de la administración anterior, se había pasado a entregar un apoyo más directo a las organizaciones políticas que privilegiaban la restitución democrática, cuya garantía la constituía naturalmente la Democracia Cristiana con el apoyo de los socialistas reformados, los cuales terminaron por sepultar su utopía socialista a cambio de una posición social-demócrata.

Sin embargo, la nota de felicitación enviada a Patricio Aylwin comprobaba una vez más que el Labor Government había continuado sus relaciones políticas y económicas con el régimen militar en materias de mutuo interés, a las cuales se había sumado la reunión de Cairns y las reuniones conjuntas sobre la situación en la Antártica. Este aspecto es el que analizaremos a continuación.

2. Las relaciones comerciales con Chile entre 1983-1989.

A los chilenos de izquierda, que habían encontrado santuario político en Australia, les costó mucho entender y aprobar el flujo comercial entre Chile y Australia; que aunque mínimo en términos de volúmenes mercantiles y financieros, aparecía como una cierta claudicación de parte de las autoridades de este país. El boicoteo sobre las ventas de trigo levantado oficialmente por la ACTU el 17 de febrero de 1977 y mantenido indefinidamente por los sindicatos marítimos hasta el término de la dictadura, originó durante dicho período un comercio por la puerta trasera. China, Israel y Argentina recibían las mercaderías y las hacían llegar a sus países destinatarios, sorteando de esta forma la sanción impuesta por los sindicatos australianos al régimen militar chileno.

Los sectores centristas del laborismo siempre se mostraron vacilantes en términos de la eficacia del embargo, más bien lo consideraban como una herramienta útil de presión hacia las autoridades chilenas. Los sectores de derecha se esforzaban por implementarlo y el sector izquierdista lo incorporaba como parte integral de las medidas de hostigamiento hacia el régimen militar. Gareth Evans (del sector centrista del partido), actuando temporalmente como Minister for Foreign Affairs, en mayo de 1985 escribía al parlamentario de Melbourne, Gerry Hand (del sector izquierdista), que:

As you will be aware Mr Hayden has expressed doubts in the past about the efficacy of trade sanctions as an instrument for encouraging restoration of human rights in any countries. In the case of Chile I believe that sanctions are unlikely to produce any change in the human rights situation and would hurt a few Australians more than any Chilean.

Evidentemente el intercambio era reducido y favorecía principalmente a Australia. Sin embargo, la actitud parece haber obedecido al criterio del sector centrista del Labor Party, cuyo compromiso y distanciamiento del sector izquierdista era evidente, sobre todo si se tiene en cuenta que Hayden había sido uno de los ministros del gobierno de Whitlam que mantuvo una posición muy dura contra el golpe de estado, en su calidad de Minister for Social Security. Las relaciones de este sector del laborismo con la política internacional de los Estados Unidos eran evidentes.

Lo que es imposible determinar exactamente es el volumen comercial que se realizó a través de terceros países, ya que al no existir las cifras debemos solamente atenernos a la información oficial.

El escaso intercambio comercial se puede apreciar en el siguiente cuadro:

El aumento que se empieza a percibir a partir de 1988 parece reflejar, además del cambio político que se avecina, la lectura que hace el gobierno australiano en el sentido que las sanciones económicas no constituyen un elemento de presión importante en consideración con los volúmenes del intercambio. Por eso Gareth Evans agrega en su carta a Gerry Hand un comentario adicional: “Furthermore, the value of Chilean exports to Australia in 1983-84 represent less than 0.1% of Chile’s export earnings, so the loss of the Australian market is unlikely to be noticed in Santiago”.

Sin embargo las presiones en contra de este comercio bilateral seguían con numerosas cartas de miembros del parlamento, de los comités de solidaridad y de las organizaciones políticas de los chilenos llegados después del golpe de estado. Era una preocupación que incluía además, el silencio del Labor Government sobre el anuncio de los medios de comunicación acerca de nuevas relaciones económicas que se empezaban a consolidar con el gobierno autoritario de Chile. En efecto, se empezaba a hablar profusamente de inversiones australianas en Chile a cargo de entidades y/o compañias privadas del país.

Ante estas inquietudes, cada vez más generalizadas, el Minister for Foreign Affairs Mr Bill Hayden, decide llamar a una conferencia de prensa el 12 de septiembre de 1986 en el Travelodge de Port Moresby, en Nueva Guinea, donde se encontraba cumpliendo funciones de estado. Allí puntualiza oficialmente la posición de su gobierno:

We have diplomatic links with many countries. Some of them are not countries we care for much and sometimes not at all. But there are practical reasons why we maintain such links. Chile is an excellent example of what I mean. First it does allow us to register our concern about political developments there although we shouldn’t engage ourselves in any fictional beliefs that we have great influence there. Our involvement with Chile is extremely small. Two way trade is about $40m, but it does allow us to maintain a fairly steady flow of people out of that country under the Special Humanitarian Relief Program.

Con estas palabras se buscaba obviamente silenciar las críticas, poniendo de relieve que la actitud asumida por el gobierno permitía dar cabida en el país a un flujo más importante de chilenos, fundamentalmente a través de la aplicación del Special Humanitarian Program. Por cierto que estas medidas que se habían empezado a aplicar como consecuencia de la represión masiva desatada por el régimen militar a raíz de las protestas de 1983, estuvieron muy lejos de cumplirse en la proporción que la situación requería. Ello será analizado más adelante.

Pero los ánimos vuelven a subir de tono cuando Mr Keating (sector derechista del partido), Treasurer del gobierno, decide apoyar en el seno del Banco Mundial, en noviembre de 1986, un préstamo para la dictadura militar de Chile. En efecto, varios miembros del Australian Parliament, el Committee for Solidarity with the Chilean People, algunos sindicatos y las organizaciones chilenas de izquierda protestaron enérgicamente por esta medida. El gobierno recibió el impacto y desde distintas oficinas y departamentos salieron cartas dándo explicaciones. El Prime Minister (Acting) Lionel Bowen se dirigía al Committee for Solidarity with the Chilean People para decirle que la posición del gobierno sobre Chile no había cambiado y que el apoyo al crédito no significaba una pérdida de la preocupación sobre la situación que vivía el país, entrando más adelante a decir que el gobierno había condenado a la junta militar en diciembre de 1985 y lo había hecho también en la 42º Session de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra en marzo de 1986. Keating, por su parte, entrega sus explicaciones a Tom MacDonald, de la Building Workers’ Industrial Union y a Víctor Marillanca del Chile Committee de Canberra, aduciendo razones técnicas (no interferencia política, sólo consideraciones económicas) a las cuales el gobierno se habría visto comprometido por la reglamentación interna del Banco Mundial:

In the light of these considerations, I discussed the matter with the Minister for Foreign Affairs and we instructed the Australian Executive Director to make the following intervention: “My authorities consider that this loan should be considered solely on economic and development criteria, and on these criteria, support the loan. My Australian and New Zealand authorities have requested that it be recorded that support for the loan does not imply any lessening in their concern about the human rights situation in Chile”.

El Minister for Foreign Affairs, Bill Hayden, procura suavizar la molestia de los parlamentarios laboristas de la fracción de izquierda y envía explicaciones por escrito a varios de ellos, entre los cuales se ha logrado documentar a Peter Milton, Member for La Trobe, Peter Duncan, Member for Makin, George Georges, Senator for Queensland, Robert Tickner, Member for Hughes, John Langmore, Member for Fraser y a la Minister for Education, Susan Ryan. Por su parte el Australian Development Assistance Bureau del Foreign Affairs Department emite una circular, bajo la firma de Helen Ware, Assistant Director General, en la cual justifica el voto australiano como una medida al márgen de la preocupación política.

Curiosamente los recursos del Banco Mundial habían sido utilizados como una herramienta política y en tal sentido se restringieron exageradamente al gobierno de la Unidad Popular en 1972. Los estudios posteriores indican que algunas de las causas que provocaron la desestabilización política del régimen fue precisamente el uso arbitrario de estos recursos, situación que el Labor Government desconoció deliberadamente:

Early in 1972 the private banks followed the lead of the international lending organizations (The World Bank). Chile’s short-term credit float plummeted from $US220 millons in 1971 to $US35 millons in 1972. Nonetheless, in 1971 the United States granted a $US5 millon line of credit to the Chilean military for purchase of C-130 four-engine transports and in December, 1972, extended an additional $US10 millon in credit for military activities in 1973.

La Australian Teachers’ Federation, contradiciendo este criterio usado por el Labor Goverment, puntualiza:

In some ways, even more disturbing was the rationale used by Australian Government spokespersons, particularly Foreign Minister Hayden, to justify this decision. Hayden either deliberately or unknowingly told lies to the Australian people about the historic role of the World Bank when he claimed that it made decisions on the basis of economic and not political considerations. Anyone with even a scant knowledge of the activities of the World Bank knows that this is not the case. In relation to Chile, the Bank actually refused loans to the previous Allende Government because it disapproved of its political and economic policies.

Este triste y lamentable episodio de la política exterior australiana fue un triunfo de los sectores de derecha del partido. Dicha actitud encontró inmediato eco y aplauso en los sectores más conservadores de la política australiana; entre ellos, el senador del Liberal Party, Don Jessop, quien pidió a través de un comunicado de prensa que el Labor Government tuviera el mismo principio de tratamiento para las relaciones con el régimen racista de Pretoria.

En términos generales del intercambio comercial (exportaciones e importaciones), se puede constatar que a partir del año 1985 empieza a subir sostenidamente, igualando en 1988 las cantidades alcanzadas de 1973-74. En 1989 y como consecuencia del cambio político que se avecinaba en Chile, se logra por primera vez superar los índices históricos del tiempo del gobierno de la Unidad Popular, es decir, la cantidad de $A44.200 millones, cifra histórica alcanzada en el período 1972-73 con $A44.266.000. A partir de entonces se elevará a $A65.800 millones en 1989 y a $A96.900 millones en 1990. Este incremento más que situarlo como consecuencia del cambio político producido en Chile a partir del plebiscito de 1988 y de la elección de Aylwin el 18 de octubre de 1989, habría que observarlo más bien dentro de la disposición del Labor Government de continuar su política de acercamiento hacia el régimen militar, independientemente del discurso de condena sobre los excesos cometidos en la violación a los derechos humanos y del llamado a la restitución del estado de derecho. Ambas cosas las separa taxativamente y no visualiza en este proceder valores éticos que creen obstáculos a la actitud que asume en estas relaciones bilaterales.

Así quedaba demostrado, una vez más, el 26 y 27 de agosto de 1986, cuando el Labor Government invitaba y se reunía con representantes del gobierno del general Pinochet en el llamado “August Ministerial Meeting of Fair Traders in Agriculture in Cairns”, cuyo anfitrión es el Minister for Trade, Mr Dawkins. Ante las críticas del evento en cuestión, el gobierno responde que aunque se deploran las violaciones a los derechos:

The meeting in Cairns is an important element in current efforts to improve Australian’s international trading position and to promote global fair trade. Chile is one of a number of countries facing a similar threat to its trading position.

Esta actitud de mejorar el comercio australiano con quien sea, sin importar la legitimidad o ilegitimidad del socio, la conducta intachable o el prontuario delictivo, no se puede detener en la exportación de capitales. Los negocios son los negocios. Los principios no importan. El gobierno de Hawke no ve inconvenientes éticos en estas transacciones. Se compromete al país en esta aventura, sin importar lo que piensan sus reservas morales. Los sindicatos, sectores del Labor Party y/o organizaciones políticas de izquierda que llaman a la cordura son simplemente ignoradas. Con este tácito apoyo del gobierno, los apologistas del negocio irrumpen con exhuberante fogosidad:

The Australian connection has developed so quickly it took the Chilean financial world by surprise. … Suddenly Australians have become Chile’s chief foreign investors. … Bearing in mind that total foreign investment in Chile from 1985 to November 1987 amounted to $US1.5 billon, the Australian impact has been overwhelming. … The Australian presence is not yet fully represented in the official figures because much of it has come since November last year, and because some of it replaces US capital. Nevertheless, since October 1985 (when BHP bought the Getty Minerals stake in the Escondida copper deposit), Australian companies have dedicated roughly $US666 millon in capital to Chile. Moreover, with Escondida set for development this year, BHP will be committed for a further $US700 millon stake. At current exchange rates, Australian companies will have commitments amounting to $A1.87 billion by the end of 1988.

Este capital depositado en Chile incluía a compañias como la BHP, Bond Corporation International, Fletcher Challenge, Dallhold Resources, Ansett and Carter Holt Harvey, entre otras. El beneplácito del Labor Government por estas operaciones no se oculta. Específicamente, refiriéndose a la BHP, el Federal Treasurer, Mr Keating, sostenía en New York que:

… the Australian Government would not raise any objections to BHP’s investment plans in Chile despite international concerns about the Pinochet dictatorship. It is not a foreign policy matter.

De esta forma, cuando el cuestionamiento a esta situación había alcanzado un punto álgido a raíz de las inversiones de Alan Bond en Chile y su pública admiración por el general Pinochet, no prosperaron iniciativas como la del miembro federal del Liberal Party en la House of Representatives, (backbencher Ian Macphee), quien proponía un código de conducta para las inversiones australianas en el extranjero, ni del Victorian Trades Hall Council, que solicita del gobierno un consejo especial para investigar la ética de las compañías australianas en sus inversiones en el exterior. De la misma forma fueron ignoradas las peticiones de Peter Holding del Latin American Information Centre en Melbourne y, aunque parezca increíble, el acuerdo de la conferencia nacional del Australian Labor Party de 1988. La resolución presentada por el Foreign Affairs Policy Committee y aprobada por los delegados, decía lo siguiente:

The resolution condemns the Pinochet regime’s abuse of human rights in Chile, and advises those Australian corporations that have, or are considering, investment in that country of: ‘The inadvisability of such investment because of the human rights situation in Chile’. … This resolution recognises the problem that is involved with Australian companies investing in countries such as Chile, but there is a need for mechanisms to be established to regulate overseas investments to ensure that Australian transnationals investing abroad do not make investments which are inconsistent with Australia’s commitment to democracy and respect for human rights.

Estos antecedentes permiten, por sí solos, evaluar la actitud del gobierno de Hawke, cuadro que no estaría completo si no observáramos la actitud de su gobierno frente a la inmigración chilena.

3. La inmigración chilena entre 1983-1990.

A partir de 1983, el Labor Government aplica a la inmigración chilena el Programa Humanitario Especial aprobado por la coalición Liberal-National Parties en 1981 y permite la entrada a Australia de 152 personas bajo este programa. En 1984 incluye a 653 personas, entre los cuales se cuenta un número de obreros del cobre que habían sido despedido de sus ocupaciones como consecuencia del movimiento huelguístico que afectó a la industria cuprera en Chile. En 1985, el 17 de marzo, el Minister for Immigration and Ethnic Affairs, Chris Hurford, comunica a la prensa que a raíz del terremoto que afectó a Chile, ha dado instrucciones para dar prioridad a las familias que desean inmigrar bajo el Programa de Reunión Familiar. El 28 de agosto de 1985, el Ministro comunica al Chile Solidarity Committee de Canberra que:

The original allocation of Special Humanitarian Program (SHP) places to Chile for the program year ended 30 June 1985 was set at 300. However, the allocation was increased to 650 places during the year, following a deterioration in the human rights situation and you will be interested to know that these program places were fully utilised.

En un nuevo comunicado de prensa del Ministro, el 25 de septiembre de 1986, se comunica que el Federal Government asegura a la comunidad chilena que se mantendrá observando de cerca la situación de Chile y que seguirá utlizando el Special Humanitarian Program para responder a las necesidades de las víctimas de la violación a los derechos humanos. Mr Hurford indica en su comunicado que:

To date, some 1240 Chileans have been resettled here under the scheme which was initiated by the Government in 1983. I expect a further 400 will be accepted for resettlement in 1986/87, but more places will be made available if this appears necessary from our monitoring of the situation.

Esta cantidad se mantuvo para el año financiero 1986-87, produciendo a partir del año 1987-88 una declinación paulatina. Esta preocupación del gobierno debe ser confrontada con los volúmenes totales de la inmigración en dicho período y el porcentaje de chilenos en relación a ella. Es, al parecer, la mejor forma de evaluar el resultado del interés mostrado por el Labor Government de Bob Hawke.

Con estas cifras, aparece obvio que esta sentida preocupación estuvo lejos de materializarse. Sobre todo si se tiene en cuenta la carta del Minister for Immigration and Ethnic Affairs del 28 de agosto de 1985, donde sostiene que entre julio de 1984 y abril de 1985 un total de 59.927 personas habían formulado requerimientos para obtener entrada permanente en Australia, cantidad que había aumentado, según el ministro, en un 63 por ciento en comparación con el año financiero anterior. Aún cuando estas solicitudes habían disminuído hacia octubre de 1988 a la cantidad de 4.650 y en diciembre del mismo año a 2.561, la proporción de chilenos aceptados no refleja, en ningún caso, ni un tratamiento especial hacia ellos, ni una correspondencia con la retórica que emplea para justificar las relaciones económicas con Pinochet a cambio de una sensibilidad con el problema de los derechos humanos. Nuevamente: es un derecho que le compete al gobierno aceptar o no inmigrantes de cualquier parte de mundo. Ello no se discute. Lo que sí aparece obvio, es la posicion ambivalente; lo que en jerga política inglesa se denomina ‘double standard’.

TERCERA PARTE

LA SOLIDARIDAD DEL MOVIMIENTO SINDICAL AUSTRALIANO CON LOS TRABAJADORES DE CHILE

CAPITULO Nº 7

Los movimientos sindicales de Australia y Chile.

Raíces de la solidaridad.

Se ha sostenido con razón que, dentro de las sociedades industriales modernas, los individuos en cuanto tales han ido perdiendo su influencia y gravitación en los procesos políticos y que éstos se han ido traspasando cada vez con mayor intensidad a los llamados “grupos de presión”, organizaciones formales que comparten intereses y objetivos que son usados para influenciar en la política global del país y específicamente, en aquellos aspectos que guardan estrecha relación con sus preocupaciones.

La observación de la estructura social y política de ambos países nos indica que dentro de estos grupos de presión hay que incluír necesariamente al movimiento sindical, cuya organización y presencia en los acontecimientos de cada país, a partir de fines del siglo pasado, nos ofrece una sólida confirmación de nuestro predicamento. Esta situación, que no puede ser ignorada, ha permitido a muchos autores referirse a ella en forma destacada, procurando dilucidar y evaluar en cada país y con la mayor precisión posible, los niveles de influencia que el movimiento sindical ha tenido, tanto en los asuntos relativos a la política interna como a la forma de conducir la administración del Estado.

Raymond Bennett caracteriza con esta perspectiva al movimiento sindical australiano:

Trade Unions can be classified as pressure groups in that they try to affect the course of politics through the activities of their representative councils – such as the Australian Council of Trade Union – or by individual action. The pressure exerted by the labour movement includes formal and informal discussions with the government and especially with ALP parliamentarians. Trade union leaders are often on government advisory bodies and, as many unions are affiliated with the ALP, pressure-group activity might take place.

En Chile, Jorge Barría nos ofrece un cuadro similar para referirse a la participación del movimiento sindical como elemento de presión en el ordenamiento político y social del país. En su libro, El movimiento obrero en Chile, concluye con estas palabras:

Un hecho resalta de esta narración: la historia del movimiento obrero nacional está íntimamente ligada a los pasos de la Historia de Chile. En otras palabras, han sido los propios obreros, empleados, campesinos, pobladores, profesionales; en suma, la clase trabajadora la que ha creado las fuerzas sociales que representan sus organizaciones. El movimiento obrero empezó a constituir una de las tendencias fundamentales de la sociedad chilena a partir de los primeros años del siglo que vivimos, ha ido acentuando su actuación como factor dinámico de esta sociedad y adquiere un significado trascendental a partir de los resultados de la elección presidencial de 1970.

Creemos que esta intención, la de convertirse en grupos de presión, es consciente y deliberada y busca naturalmente influenciar más significativamente en el ordenamiento político y social. De esta forma se visualiza claramente una disposición de ubicar simultáneamente al movimiento sindical en una perspectiva adicional, situación que ocurre claramente en ambos países. Se busca entonces comprometer política e ideológicamente al movimiento sindical en estructuras partidarias determinadas que permitan, desde otros frentes, sumar fuerzas a la consecución de sus aspiraciones. Tanto en Chile como en Australia la literatura que existe y que analiza este aspecto de las organizaciones sindicales es prolífera.

En efecto, en Australia, a partir de los años 1890-91 y como consecuencia de enormes frustraciones originadas por la pérdida de continuos conflictos industriales, especialmente de los esquiladores, marítimos y mineros, emerge el Labor Party sobre la base de la ya existente organización llamada “Labor Electoral League” de acuerdo con la recomendación que había establecido previamente el comité parlamentario del Trades and Labor Council de New South Wales. De esta forma como puntualiza Dean Jaensch:

The Labor Party was produced by the trades unions of the 1880s. Not surprisingly, the ethos of unionism was transferred to the new party; equality, solidarity, discipline, together producing democratic centralism, were embedded in the Labor Party from the beginning. But the unions did not merely form a political institution which would act on their behalf: the party was perceived by the union movement from the beginning as a subset of the unions. From the beginning, the authority of the industrial wing of the Labor Party was firmly entrenched within its structure.

Lo cierto es que desde fines del siglo pasado se convierte en una fuerza política nacional inequívoca, cuya presencia le permite convertirse en la formación del primer Parlamento Federal, en 1901, en el equilibrio político entre los partidos Free Trade y Protectionist. A partir de entonces el Labor Party se constituye en un destacamento adyacente al movimiento sindical y ciertamente en un grupo adicional de presión, cuya influencia no puede ser ignorada en la estructura social del país. En su recorrido histórico, durante los gobiernos del Labor Party el movimiento sindical pasa a formar parte del engranaje administrativo del estado, representando el brazo industrial (industrial wing) del partido, pasando de este modo a ser uno de los componentes importantes en la elaboración y desarrollo de la política global de la nación; mientras que en las administraciones posteriores de los gobiernos de la coalición Liberal-National Country Parties pasa a desempeñar el papel de un poderoso grupo de presión en representación de los intereses laborales del país.

Los autores consultados coinciden categóricamente en sostener que la formación del Australian Labor Party se origina como un partido de trabajadores, para representar a la clase trabajadora y al movimiento laboral en los Parlamentos de los estados federados; que sus fundadores produjeron un partido socialista en su compromiso de asumir una ideología social y una plataforma de lucha; que la organización partidaria del movimiento sindical nace con su propio ethos, la cual incluye una ideología, una organización y una estructura establecida para permanecer como fuerza política representativa del movimiento sindical.

Un fenómeno similar se observa en Chile, aún cuando la estabilidad y continuidad de este propósito se ha visto amagada por una serie de fricciones y divisiones históricas surgidas en el interior del movimiento sindical. Sin embargo, el cuadro original se mantiene en el sentido de visualizar la conveniencia de que los trabajadores tuvieran su propio instrumento político que les permitiera ganar presencia y mayor influencia en la sociedad global. Curiosamente esta decisión brota, al igual que en Australia, después de consecutivas derrotas sociales que se ubican también cronológicamente en las décadas anteriores al siglo veinte, tiempo que corresponde a la planificación y formación del Australian Labor Party.

El primer intento de incorporar en Chile a los trabajadores a un frente distinto al meramente laboral y coincidiendo con la perspectiva de un centro adyacente de influencia política en la estructura social del país, se produce el 20 de noviembre de 1887 con la formación del Partido Demócrata, dirigido por Malaquías Concha. El historiador Julio César Jobet expresa que:

Era un partido popular amplio en cuyo seno se formaron algunos de los más destacados líderes del proletariado, entre ellos Luis Emilio Recabarren, quienes más tarde dieron vida a agrupaciones de clase, de carácter revolucionario y de considerable influencia en las masas trabajadoras.

Históricamente tanto en Australia como en Chile se produce este fenómeno. Dirigentes sindicales se reubican en tendencias políticas diversas, creyendo legítimamente encontrar en ellas una mayor identificación con sus aspiraciones y una adhesión más estrecha con sus propias concepciones ideológicas. Así ocurre en Australia en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando los sindicatos y el Labor Party, desgastado por su política sobre la conscripción militar en 1916, se distancian uno de otro, produciéndose un significativo incremento en los sindicatos más radicalizados, los que levantan plataformas laborales más revolucionarias, especialmente a partir de la huelga general de 1917 y gracias a las noticias sobre el éxito de la revolución bolchevique.

Insatisfechos por la vacilación de su partido y la falta de un compromiso más militante con el movimiento obrero, muchos dirigentes sindicales deciden abandonar el partido en 1920 y constituir el Australian Communist Party. Era la forma de buscar posiciones más radicales observando la erosión de los fundamentos con que había nacido el Australian Labor Party. Durante la Segunda Guerra Mundial, habiéndose incrementado el número de asalariados como consecuencia de la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, los sindicatos se ven significativamente influenciados por la ideología comunista, la cual reflecta una posición más respetable después que Moscú ha pasado a formar parte de los Aliados. Esta situación radicaliza también al Labor Party y dirigentes sindicales se inclinan por modelos más radicalizados. El partido es acusado de recibir una influencia desmedida del movimiento sindical y del Communist Party. Era la filosofía de la Guerra Fría que entraba en acción en Australia. En 1954-5, sectores de católicos integristas y algunos dirigentes sindicales reciben la presión y la ayuda económica de la Iglesia Católica para abandonar el Australian Labor Party o desplazarse de él. Se forma entonces el Democratic Labor Party, cuya corta existencia no causó ninguna ventaja, salvo la intención de volver el reloj hacia el pasado. Más tarde se producirá una incisión de proporciones en el Australian Communist Party en 1968 al condenar la invasión soviética a Checoslovaquia; dando origen, en septiembre de 1972, al Australian Socialist Party, en el cual se reubicarán fundamentalmente los dirigentes sindicales marítimos, del transporte y de la construcción, mostrando así una adhesión incondicional al centro hegemónico establecido en Moscú, del cual el Australian Communist Party se había distanciado. Estos sindicatos pasarán a jugar uno de los papeles más importantes en la solidaridad con el movimiento sindical con Chile, como veremos más adelante.

En Chile, desde el Partido Demócrata se desprende en 1906 la Federación Obrera de Chile para constituir un efímero Partido Socialista con sectores de una organización política de carácter socialdemócrata. En 1912, Luis Emilio Recabarren insiste en que la lucha de los trabajadores debe darse simultáneamente en el campo sindical y en el terreno político. Como consecuencia de ello funda el Partido Obrero Socialista que permanece con este nombre hasta el 25 de diciembre de 1920, cuando una asamblea general de la organización en la ciudad de Valparaíso decide adoptar una plataforma marxista-leninista y adherirse a la Internacional Comunista de Moscú. Su nombre fue reemplazado por el de Partido Comunista de Chile. La influencia ideológica inicial fue avasalladora. Tanto el partido como las organizaciones sindicales que lo formaban lograron penetrar en varios estamentos políticos y sociales creando corrientes internas y fracciones en organizaciones políticas, civiles, militares y laborales que recibieron diversas denominaciones. Todas ellas contribuyen más tarde a la formación de la breve República Socialista del 4 de junio de 1932. De la fusión de algunos de estos grupos surgió, en un Congreso de Unidad en abril de 1933, el actual Partido Socialista de Chile.

En efecto, podemos sostener que además de esta similitud histórica y de perspectiva por lograr mayor influencia en la sociedad global, encontrada en los orígenes de ambos movimientos sindicales, se puede apreciar además, en forma notoria, que tanto las funciones y los objetivos han sido similares en sus plataformas de lucha. En ambos casos se ha insistido en la disposición de preservar y mejorar las condiciones socio-económicas de sus miembros, el avance y regulación de las normas sanitarias y la seguridad personal en los lugares de trabajo. Pero también en los dos movimientos sindicales se ha puesto el énfasis en cuestiones que están en relación con aspectos que van más allá de las meras preocupaciones estrictamente laborales, así como por ejemplo, con el establecimiento de una democracia verdadera, con una distribución equitativa de la riqueza nacional y un sistema de tributación más justo que obligue a pagar más a los que tienen más. En Australia basta leer detenidamente la plataforma de 16 puntos elaborada por el Comité Parlamentario del Trades and Labour Council en 1891 y la intervención en Queensland de William Lane, hecha suya más tarde por la Australian Labour Federation. Ambas confirman nuestra observación. En Chile ocurre lo mismo. Malaquías Concha, en 1894, en su libro El Programa de la Democracia extiende las aspiraciones del movimiento sindical y lo hace también Luis Emilio Recabarren en Proyecciones de la acción sindical.

De esta forma, al ocurrir el coup d’état en Chile el 11 de septiembre de 1973, en ambos países, el movimiento sindical se había constituído en un importante contingente de la estructura social y política de la nación. Un alto número de miembros sindicalizados, calidad y solidez de sus organizaciones e influencia social y económica ejercida ante gobiernos de distintas posiciones ideológicas. Así por ejemplo, en Australia cerca de tres millones de obreros y empleados se encontraban organizados en sindicatos, de los cuales la mayoría estaban afiliados a una sola central sindical, The Australian Council of Trade Unions, ACTU. La gran mayoría de sus dirigentes eran también miembros activos del Labor Party y de otras organizaciones políticas de izquierda. Una situación similar ocurría en Chile en relación a la Central Unica de Trabajadores, CUT, organización unitaria del movimiento sindical chileno, con una población organizada hasta 1970 de 551.086 en un número de 4.006 sindicatos,
cuyos dirigentes se encontraban formando parte activa de los partidos políticos de honda raigambre popular, tales como las organizaciones políticas integrantes de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana.

Esta sólida trayectoria y presencia en la vida social de ambos países, introduce primero a los sindicatos de Chile, entre 1970 a 1973, a participar activamente en la administración del estado, en la gerencia de las empresas privadas y mixtas a través de los Comités de Administración y de los Comités de Vigilancia y en la nominación de dirigentes sindicales como ‘Interventores’ en las empresas estatales subsidiarias de la Corporación de Fomento a la Producción, CORFO, o bien de empresas privadas nacionalizadas por el gobierno del Dr Allende. Este proceso de participación laboral se repite más tarde en Australia durante el gobierno de Whitlam a partir de 1972 y se incrementa significativamente bajo el gobierno laborista de Hawke entre 1983 y 1991.

Este caminar juntos en sus objetivos y características, incorpora otros elementos decisivos que gravitarán significativamente en la actitud asumida por el movimiento sindical australiano en relación con los acontecimientos ocurridos en Chile. La solidaridad entregada por los sindicatos australianos a sus homólogos en Chile se inserta también en la valorización que hacen los sindicatos australianos de la Central Unica de Trabajadores. La CUT-Chile es un cuerpo social independiente, vale decir, internacionalmente no afiliada a las grandes centrales ideológicas del movimiento sindical mundial, tales como la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, CISL y la Federación Mundial Sindical, FMS.

Por el hecho de mantener esta independencia, la CUT-Chile atrae las simpatías de ambos sectores y encuentra una actitud amistosa y receptiva frente a los problemas que introduce en los organismos internacionales. Por una parte en el seno de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, CISL, a la cual se encuentra afiliada la Australian Council of Trade Unions, ACTU, se establece una relación de compromiso que permite abrirle las puertas con facilidad hacia todas las organizaciones nacionales que se encuentran incorporadas a ese centro internacional; por otra parte se observa similar actitud en la Federación Mundial Sindical, FMS, que registra entre sus miembros a poderosos sindicatos australianos, tales como los marítimos, de la construcción y del transporte.

Otra importante y significativa raíz de la fuerza y decisión solidaria con el movimiento sindical chileno asumida por los sindicatos australianos hay que ubicarla en la obligación contraída por la Internacional Socialista frente a los acontecimientos de Chile, de la cual el Australian Labor Party es organismo afiliado, siendo una gran parte de los dirigentes sindicales miembros del partido. En efecto, la Internacional Socialista había aprobado en 1972 una resolución por la cual concedía reconocimiento y validez al proceso chileno, bajo el liderazgo por la Unidad Popular, en consideración a las condiciones específicas del país. Había aprobado explícitamente la constitución de los Frentes Nacionales con la inclusión de los Partidos Comunistas y había dado al Partido Radical de Chile, miembro también de la Internacional Socialista e integrante de la Unidad Popular de Chile, la seguridad de respaldar el “camino al socialismo por la vía legal”. Esto había permitido crear una relación de amistad y comprensión en el seno de la Internacional Socialista entre el Australian Labor Party y el Partido Radical de Chile más allá de las tendencias de izquierda o derecha que estos organismos políticos representaban en sus estructuras internas. De esta forma el Australian Labor Party se mantuvo siempre informado y preocupado a través de su Internacional de los acontecimientos que ocurrían en Chile; como por ejemplo que once dirigentes de los cuarenta líderes de la Unidad Popular que habían sido detenidos y trasladados a la inhóspita isla de Dawson a las 24 horas de haberse producido el golpe militar eran miembros del Partido Radical.

En estas circunstancias y dada la presencia de un gobierno laborista en el país, con influencia del movimiento sindical, al producirse el golpe militar en Chile, este sector, más una corriente del Labor Party estuvieron en condiciones de iniciar inmediatamente su campaña de solidaridad con el pueblo de Chile y con los sindicatos chilenos, contando en cierta medida con el beneplácito del gobierno o de algunos de sus sectores influyentes. Organizaciones laborales australianas habían sido invitadas a Chile a la ceremonia del primer aniversario del gobierno en 1971 y otras habían participado en Santiago de Chile, en 1972, en la Conferencia Internacional sobre las Multinacionales y cuyo anfitrión había sido la Central Unica de Trabajadores de Chile. Estas vinculaciones, más las constantes publicaciones en los medios periodísticos de izquierda sobre el proceso chileno, habían creado una actitud de observación y vigilancia que en la práctica, junto a otros factores, se tradujo en una actitud inmediata de respuesta.

Dadas las características orgánicas del movimiento sindical australiano y específicamente el significativo número de publicaciones producidas por los estamentos dirigentes para mantener informadas a sus bases, se creó de inmediato una intensiva red de comunicaciones que, a través de diarios, revistas y boletines se privilegió el caso chileno como preocupación central de su política internacional, produciendo con ello una sostenida campaña de educación hacia sus miembros.

La simpatía y adhesión creada por esta masiva campaña educacional facilitó la recolección de dinero con propósitos solidarios en las reuniones y conferencias desarrolladas en distintos niveles orgánicos, consecuencia de una toma de conciencia de lo que pasaba en Chile y de las arbitrariedades a que eran sometidos los trabajadores chilenos por parte del régimen militar.

Contribuyó a crear esta conciencia la presencia de destacados dirigentes sindicales chilenos, liberados de campos de concentración y centros de detención a raíz de presiones internacionales, los cuales invitados por el movimiento sindical australiano, ocuparon en este país foros y tribunas para referirse a los acontecimientos de Chile, recibiendo una cobertura importante en los medios de comunicación nacional, situación que les permitió solicitar ayuda moral y económica para abrir espacios en Chile que permitieran la reactivación de sus organizaciones sindicales y la restitución democrática del país.

Simultáneamente, chilenos refugiados en Australia reestablecieron sus propias organizaciones políticas y sindicales, contribuyendo a través de ellas a mantener una estrecha relación con dirigentes sindicales, a mantenerlos informados del desarrollo de los acontecimientos en Chile y a levantar campañas específicas de solidaridad sobre detenciones arbitrarias, sobre relegaciones o expulsiones del país de dirigentes sindicales, sobre detenidos-desaparecidos y a transmitir, tanto a dirigentes como a organismos de base, los sentimientos y aspiraciones de su pueblo por recuperar la democracia y el estado de derecho.

¿Cómo se expresó esta solidaridad y qué características tuvo? Esta es la cuestión que nos interesa investigar en los siguientes capítulos, de acuerdo a la síntesis que aquí hemos formulado.Todo ello permitió que el movimiento sindical australiano se mantuviera en una posición fuerte y sostenida de solidaridad durante los años de régimen militar en Chile y que reaccionara con beneplácito con el resultado del plebiscito de octubre de 1988 y el posterior triunfo electoral de Patricio Aylwin, en 1989.

CAPITULO Nº 8

El Australian Council of Trade Unions

y la solidaridad con Chile.

Al producirse el golpe militar en Chile, aproximadamente el 57 por ciento de la fuerza de trabajo en Australia se encontraba registrada en alguno de los 300 sindicatos existentes en el país, de los cuales una minoría funcionaba en solo un estado; pero la casi totalidad de ellos tenían sus bases de representación en varios o todos los estados del país.

Los sindicatos se encontraban organizados en el año 1973 en tres Confederaciones o Centrales Nacionales, que representaban a distintos sectores de la comunidad nacional. Así por ejemplo, el Australian Council of Trade Unions, ACTU, representaba inicialmente a los llamados trabajadores “blue collar” (cuello azul), mientras que el Australian Council of Salaried and Professional Associations, ACSPA, representaba a los “white collar” (cuello blanco) y el Council of Government Employee Organisations, CAGEO, reunía mayormente a los funcionarios de la administración pública.
En el año 1973, la ACTU representaba al 53 por ciento del 57 por ciento de la fuerza de trabajo organizada.

La ACTU como cuerpo nacional había sido significativamente politizada dentro de los parámetros de apoyo hacia las políticas del Labor Party, especialmente en la lucha contra la guerra en el Vietnam, la conscripción obligatoria, la independencia nacional y la intención de abrirse hacia otros mercados, especialmente hacia los países árabes y asiáticos. Por otra parte, la experiencia ganada por varias organizaciones sindicales en la participación de actividades solidaridarias con los trabajadores de Indonesia, Grecia, el pueblo Palestino, Sudáfrica, España y Portugal había logrado crear además un ambiente y una mentalidad de observación positiva hacia los pueblos que luchaban por desprenderse de gobiernos autoritarios, adheriéndose a aquellos movimientos que privilegiaban, en esos países, el llamado “camino propio”. Contribuía a este cuadro general, en forma significativa, el hecho de que varias organizaciones sindicales australianas estuvieran afiliadas internacionalmente a la Federación Sindical Mundial, situación que los comprometía ideológicamente en una lectura diferente de la función de la clase obrera en los procesos de cambio y en la participación de ella en el diseño de un nuevo tipo de sociedad. En otras palabras, el movimiento sindical australiano, o por lo menos sus sindicatos más importantes, se encontraba polarizado dentro de las corrientes ideológicas que dominaban la escena a nivel internacional.

En este contexto es recibido el golpe de estado ocurrido en Chile; es decir, dentro de los parámetros de la Guerra Fría. Los sindicatos más importantes se ubicaban en posiciones más proclives hacia el campo socialista y mantenían vinculaciones con la Federación Mundial Sindical, la Australian Teachers’ Federation, afiliada a la Confederación Mundial de Organizaciones de la Enseñanza, WCOTP, organismo con vinculaciones más sensibles hacia las posiciones estadounidenses. Otros sectores sindicales se mantenían al margen de centrales internacionales y ponían énfasis sólo en sus objetivos internos.

Dentro de este cuadro, los sindicatos más importantes, objetivamente más numerosos, y con mayor gravitación en la economía nacional, fueron los que decidieron, a través de su posición, el carácter de la solidaridad con el pueblo de Chile, absorbiendo en la práctica al resto del movimiento sindical australiano. Por esta razón se debe hablar con propiedad de la “solidaridad del movimiento sindical australiano” con el pueblo y los trabajadores de Chile, porque en definitiva no hubo competidores capaces de obstaculizar o revertir las proposiciones y acuerdos impulsados desde este sector, que era, obviamente el más sólido y fogueado en las cuestiones internacionales.

Dentro de este sector los sindicatos que más se destacaron en el trabajo solidario con el pueblo de Chile fueron los metalúrgicos, los marítimos, los de la construcción, del transporte y la Australian Teachers’ Federation, aún cuando muchos otros estuvieron activos y sensiblemente comprometidos. Hay referencias de 22 organizaciones sindicales por lo menos que tuvieron una clara y definida actitud frente a los acontecimientos chilenos, es decir, de condena y solidaridad con las intenciones y propósitos asumidos por la CUT-Chile en su lucha contra el autoritarismo.

Todas estas organizaciones sindicales expresaron de una u otra manera su compromiso solidario con los trabajadores chilenos al interior de su organismo nacional, la ACTU. Este recibió el impacto y la presión permanente de algunos de sus afiliados para que asumiera una posición clara e inequívoca frente a los eventos ocurridos en Chile.

El Australian Council of Trade Unions no es ni ha sido una institución altamente centralizada en términos de poder, es decir, en su capacidad de imponer a sus miembros determinadas direcciones en el manejo de sus organizaciones internas. El proceso de consolidación de la ACTU se había producido en 1970, cuando se establece una alianza con los llamados “white collar unions”, lo que le permite sostener una voz más autorizada en las relaciones laborales. Sin embargo, siempre había gozado de un prestigio y adhesión que le habían permitido, como cuerpo nacional, sumar a sus resoluciones y/o recomendaciones a muchos sindicatos, que sin estar comprometidos en una dirección política determinada, aceptaban los acuerdos que procedían de los sectores comprometidos con la solidaridad o bien de sus congresos y de los informes de su Dirección Ejecutiva. En términos de su capacidad para vinculaciones internacionales, nadie cuestiona internamente su autoridad, especialmente en la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, CISL, de la cual es miembro y en la Organización Internacional de Trabajo, OIT. Se le reconoce también por parte de sus organizaciones afiliadas la calidad de interlocutor oficial de los intereses laborales frente a las autoridades federales del país, de las organizaciones empresariales y de los Tribunales Laborales o Comisiones de Arbitraje.

Este organismo nacional realiza congresos bienales con la participación de todos sus afiliados, dejando en manos de un Comité Ejecutivo, a veces ampliado con representantes sindicales por ramas de actividad, el manejo administrativo y la toma de resoluciones que deben ser adoptadas en el tiempo que media entre un congreso y otro. En ambos casos sus resoluciones y/o recomendaciones son comunicadas a sus afiliados, las cuales deben considerarlas como política oficial del movimiento sindical.

Para determinar cuál fue la actitud de esta central sindical frente a los acontecimientos chilenos en general y del movimiento sindical en particular, habría que evaluar su actitud a través de todo el gobierno militar, es decir, los 16 años y tres meses de su duración y observar durante el período si en él se produjo algún cambio de actitud y cómo afectó esto al trabajo de solidaridad.

Pensamos que la respuesta sólo se podrá encontrar en el examen histórico que verifique algunos aspectos de su comportamiento. En nuestra opinión, ellos pueden ser tres: primero, de la lectura y análisis que se haga de los documentos oficiales emanados de ella; segundo, en la actitud de su dirección frente a dirigentes o representantes del movimiento popular chileno que visitaron Australia durante el período del régimen militar; y tercero, en la posición adoptada sobre medidas concretas y específicas que dieran respuesta a los requerimientos e intenciones de los organismos sindicales de Chile y de las organizaciones internacionales que se comprometieron en su lucha. En otras palabras, nos interesa analizar su discurso, su hospitalidad y la aplicación de acciones impulsadas para contribuir al restablecimiento del movimiento sindical en Chile y a la restitución democrática del país. Veamos estos tres aspectos separadamente.

1. El discurso sobre la situación chilena.

En el año 1973, la ACTU realizó su congreso bienal del 3 al 7 de septiembre en el Town Hall de Paddington, en Sydney. Días después, conocida la noticia del golpe militar en Chile, su Comité Ejecutivo condena el golpe y apela por el respeto a los derechos sindicales y por la seguridad personal de sus dirigentes. Será el próximo Congreso Nacional, celebrado en el Town Hall del Sur de Melbourne, del 15 al 19 de septiembre de 1975, el que estará dominado por los eventos en Chile. Luis Figueroa, Presidente en el exilio de la CUT, junto a Luis Meneses, Secretario de este organismo, ocupan sus tribunas, en medio de una de las más calurosas recepciones que se le haya brindado a dirigentes extranjeros. La prensa nacional de esos días recoge las imágenes y comentarios del congreso. Periodistas del Herald, The Age y de la ABC de Melbourne, de The Sydney Morning Herald y de The Canberra Times, impactados por este hecho, no sólo incluyen destacados comentarios en la prensa del 16 de septiembre sobre la presencia de estos dirigentes chilenos, sino que además firman junto a los dirigentes sindicales del congreso la resolución de condena al régimen militar y de apoyo a los trabajadores de Chile. Durante estos días se insertan además varios comentarios en que la prensa australiana pone al descubierto la participación de Nixon y Kissinger en el derrocamiento del gobierno constitucional de Chile. Sobre el congreso, el periódico del Australian Socialist Party, hace un resumen con estas palabras:

A call to the ACTU Congress by L. Figueroa and L. Meneses, president and vice president of the National Trade Union Centre of Chile for solidarity support met strong backing.

An immediate reflection was the support given to a petition circulated at Congress by P. Clancy (BWIU), D. Scott (AMWU) and R. Taylor (ARU) calling for solidarity for removal of the junta and release of Luis Corvalan and all political and trade union prisoners.

Among signatories were R. J. Hawke, C. Dolan, J. Devereux and some 150 leading figures of the trade union movement.

The feeling in support of Chile was also reflected by the fact that most of the pressmen covering Congress signed the petition.

La resolución aprobada dentro de los asuntos internacionales quedó documentada en estos términos en el número 4 de las resoluciones de la ACTU:

We join with the ILO (International Labor Organisation) condemnation of the brutality associated with the takeover by the military junta in Chile. (The ILO proposals are included).

Actitud similar de condena se repetirán en el Congreso de 1977, mientras que a partir de 1979, el caso de Chile pasará a ser ubicado dentro del contexto latinoamericano, bajo la localización de “Central and South America”, reflejando con ello un interés más amplio sobre la región por el desarrollo de los acontecimientos que tenían lugar en Nicaragua y El Salvador. Así por ejemplo, el Congreso realizado en Sydney del 7 al 11 de septiembre de 1981 dejará constancia en su informe general de la situación continental, pero destacando en particular la situación de Chile:

Congress reaffirms its condemnation of the totalitarian regimes in Chile and many other Central and South American countries, noting the unrelenting imprisonment and torture of innocent people, the denial of freedom of association, and numerous other acts of oppression.

Congress supports initiatives of the ICFTU directed towards opposing such regimes and assisting workers deprived of basic freedoms by them.

In particular, Congress calls on the Executive to continuously monitor the development in Central America and South America and to support international efforts to assist South American trade unions and workers in their struggles against such regimes. So called “liberalising decrees” in these countries particularly Chile, in fact tend to legalise the restriction of trade union rights and constitute a shabby attempt by such Governments to mislead the international community as to progress being made in this area.

Congress calls on the United States to reverse its program of support for repressive regimes in the Latin American region and to support negotiations with the Farabundo Martí National Liberation Front for the prompt and peaceful solution of the conflict in El Salvador.

Finally, Congress reaffirms its full support for the people of Central and South America living under totalitarian regimes in their struggle for self-determination. [Emphasis added]

La función de “monitor” entregado por el Congreso al Ejecutivo de la ACTU para observar y actuar sobre los acontecimientos chilenos y latinoamericanos ya había sido explicitado anteriormente; más aún, se encuentra reglamentado en sus disposiciones internas. Sin embargo, sus afiliados continuamente ejercían presión sobre su dirección nacional para casos coyunturales en que se requería que ese cuerpo actuara y sacara la voz en representación de todo el movimiento sindical. Tal es el caso de la invitación cursada por la Federación Nacional de Fútbol (Soccer) para que la selección chilena visitara este país y mantuviera varios partidos amistosos en canchas australianas. La reacción no se dejó esperar. El ejecutivo de la ACTU hizo público un comunicado de prensa en mayo de 1980 que, después incluyó en su informe al Congreso Nacional de 1981. Su texto es el siguiente:

That the Australian Soccer Federation be advised that the International Labor Organisation – a tripartite body comprising representatives of government, employers and employee organisations – has expressed its deep concern about the repressive and repugnant nature of the present regime of Chile; and that the ACTU is a party to that expression of concern.

That the Federation be advised that the ACTU adopts the same attitude to Chilean sport as it did to the South African Rugby Tour of the early 1970’s and in the circumstances the Council believes that an invitation should not be issued to the Chilean Soccer Organisations.

El viaje de la representación deportiva fue cancelado y Sir Arthur George, presidente de la Australian Soccer Federation, pidió disculpas a los sindicatos por los inconvenientes causados. Este mismo procedimiento fue usado en distintas ocasiones, tales como el 10 de marzo de 1983, en noviembre de 1984, en que la ACTU se pronuncia sobre la represión de los sindicatos y los derechos democráticos de los chilenos, y de nuevo en noviembre de 1986, sobre el comercio con Chile. En diciembre de 1987, el Ejecutivo, del mismo cuerpo nacional, patrocina una resolución en el Congreso de los Sindicatos del Pacífico en que se opone al régimen de Pinochet e instruye a sus miembros a tomar medidas apropiadas en función de esta resolución. En marzo de 1989 comunica su preocupación por el despido de los trabajadores telefónicos en la empresa adquirida por Alan Bond en Chile y se compomete a un estudio sobre las inversiones de compañias australianas con el régimen de Pinochet, documento que es incorporado como recomendación política y estratégica al Congreso de septiembre de 1989.
Por último, mostrando su discrepancia con las actividades de Sergio Buschmann, miembro del grupo guerrillero Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se encontraba detenido en Australia y con una petición de extradición por el régimen militar, solicita al gobierno australiano que se le proporcione la misma protección que había recibido mientras vivía y trabajaba en la República Federal Alemana y en Suecia.

Estos antecedentes, documentados a través de resoluciones y recomendaciones, permiten visualizar a grandes rasgos el contenido del discurso asumido por este cuerpo nacional. Reflejan, en nuestra opinión, una posición clara de condena hacia el régimen militar, que conlleva además un conocimiento pormenorizado de los eventos históricos ocurridos en Chile y una lealtad de clase hacia el movimiento sindical chileno en su lucha por la libertad, los derechos civiles y la restitución democrática.

Por eso, la ACTU no oculta su alegría y satisfacción por el cambio de gobierno operado en Chile. Sus sindicatos afiliados adoptan, en forma unánime en su Congreso Nacional del 9 al 13 de septiembre de 1991, en Melbourne, la siguiente declaración:

22.     CHILE:

22.1. Congress warmly welcomes the ending of the 17 years of military dictatorship of Augusto Pinochet in Chile and congratulates the new democratic and universally elected government of Mr. Patricio Aylwin, representing a coalition of political parties and having the goal of ‘transition to democracy’.

22.2. Congress is concerned that it is not going to be easy to untie all the knots left in place by the dictatorship in every aspect of society’s life, in the short term.

22.3. Therefore Congress calls for:

(i)    The Federal Government to co-operate in every possible way to ensure that total democracy is restored in Chile.

(ii)    Developed countries to restore and expand economic aid which will assist in ensuring this process will not again be threatened by the use of force.

(iii)    The I.C.F.T.U. to assist the Chilean Trade Union Movement and in particular the C.U.T. (Unitarian Central of Workers of Chile) in playing its role in the restoration of democracy.

22.4. Congress congratulates President Aylwin for the measures taken to free all political prisoners and to re-establish human rights. Congress encourages the Chilean Government to continue the process as the way to achieve total reconciliation amongst Chilean people.

22.5. Congress notes that a number of Australian companies have subsidiaries in Chile and calls on them to negotiate in a proper manner with their employees and refrain from sheltering behind the oppressive legislation left in place by the past Government.

22.6. Congress agrees to lift all sanctions taken by the ACTU against the military dictatorship of Pinochet and will develop close contact with the trade union movement of Chile.

2. La recepción a delegaciones chilenas.

Diversas personalidades del mundo sindical y político de Chile visitaron Australia durante los años del régimen militar. Algunos de ellos procedieron de países donde residían en calidad de refugiados políticos, mientras que otros lo hicieron directamente desde Chile. Todos ellos fueron invitados por períodos breves que normalmente no excedían más allá de una semana. Sus anfitriones fueron organizaciones sindicales que contribuyeron además económicamente para cubrir el costo de sus pasajes, acomodación y comida. Todos ellos cumplieron intensos programas en la sede del Federal Parliament y de los estados, en sindicatos, universidades, organizaciones políticas y, por supuesto, con la comunidad chilena residente.

La primera delegación chilena que visitó Australia fue integrada por Aída Insunza y Luis Muños. Invitados por el llamado “Comité de Mayo” de 1974, el cual estaba constituído fundamentalmente por las organizaciones sindicales afiliadas a la Federación Mundial Sindical y cuyos dirigentes tenían vinculaciones de carácter político con el Socialist Party of Australia. Fueron, por lo tanto, los sindicatos marítimos (Firemen and Deckhands’ Union, Seamen’s Union of Australia y Waterside Workers’ Federation), quienes se hicieron cargo del costo que significó su viaje a Australia. Esta delegación presidió en forma oficial la celebración del Día Internacional del Trabajo en Sydney y posteriormente se trasladó a diferentes ciudades del país. Su visita en la primera quincena de mayo de 1974 fue ampliamente destacada por la prensa nacional y diversas radioemisoras recogieron con prontitud sus declaraciones y observaciones sobre la situación chilena. Ambos fueron recibidos por dirigentes de la ACTU en sus oficinas centrales, localizadas en la ciudad de Melbourne.

En el mes de septiembre de 1975, con motivo del segundo aniversario del golpe militar en Chile, la ACTU invita al país al Presidente Nacional de la CUT, Luis Figueroa, junto a Luis Meneses que actuaba en calidad de Secretario General. Los antecedentes de su encuentro con dirigentes sindicales australianos han sido comentados anteriormente.

Las visitas se suceden con cierto distanciamiento. En julio de 1977 el ex-Senador del Partido Radical de Chile, Hugo Miranda, visita Australia, se reúne con el Minister for Foreign Affairs, Andrew Peacock, visita a parlamentarios del Labor Party y asiste a la sede nacional de la ACTU, donde es recibido afectuosamente.
El 24 de mayo de 1978, el Presidente de la Federación de Profesores de Chile, exiliado por el gobierno militar, Humberto Elgueta, es presentado por la Australian Teachers’ Federation al Consejo Ejecutivo de la ACTU, donde informa de las condiciones educacionales bajo el régimen militar en su país y de la situación que afecta al gremio y a los profesores de Chile.
En mayo del mismo año, Mario Navarro, Presidente de la CUT exterior, en reemplazo del fallecido dirigente Luis Figueroa, es recibido por la central sindical australiana. María Elena Carrera, Senadora del Partido Socialista de Chile, visita también la sede nacional en marzo de 1979, e Isabel Letelier, viuda del ex-Canciller Orlando Letelier asesinado en las calles de Washington, lo hace en junio de 1980. Jaime Durán de la Union de Profesores de Chile visita Australia en abril de 1987, Carmen Gloria Quintana se reúne con Simon Crean, Presidente de la ACTU y con el Encargado Internacional Michael McLeod en abril de 1988. Hugo Arriagada, Presidente del Sindicato de la Compañía de Teléfonos de Chile, SINATE, visita en mayo de 1989 y Diego Olivares, Presidente en ejercicio de la CUT es recibido como invitado especial en la apertura del Congreso Nacional Sindical que celebra la ACTU en septiembre de 1989.

A todos ellos, junto con proporcionarles una calurosa recepción en lo personal, se les transmitió la inquietud e interés del movimiento sindical australiano en relación al desarrollo de los acontecimientos chilenos. Todas estas visitas produjeron, en los períodos en que tuvieron lugar, un impacto muy significativo en la reactivación solidaria con Chile, tanto en las estructuras nacionales como estatales del movimiento sindical australiano, en los comités de solidaridad y en la propia comunidad chilena residente, la cual se vió enriquecida por la presencia de estos dirigentes del movimiento popular chileno.

En este último caso, junto con producir una comunicación más estrecha con el resto de la diáspora chilena y con las organizaciones sindicales del país, crearon las condiciones favorables para que dirigentes locales de la comunidad chilena se sintieran más en casa y transitaran por las organizaciones sindicales australianas como si fueran algo propio.

3. La respuesta a los requerimientos del movimiento sindical chileno.

La ACTU, usó como marco de referencias para sus acciones los acuerdos adoptados fundamentalmente por dos organismos internacionales: la Federación Mundial de Sindicatos Libres, FMSL y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esta última es el brazo industrial de la ONU. Frente a las dos, mostró una posición inequívoca de sólida reafirmación a las resoluciones emanadas de sus direcciones centrales. Con ello entendió cumplir cabalmente la tarea de la solidaridad, de acuerdo a los requerimientos expresados por el movimiento sindical chileno. El peso y el prestigio de ambas instituciones le proporcionaron además una herramienta muy poderosa para hacer sus propias observaciones y presentaciones al gobierno de Australia sobre la situación chilena. En este sentido recurrió a los acuerdos de la OIT para exigir de parte de las autoridades administrativas del país una conducta consecuente con los acuerdos asumidos a este nivel mundial. Ello fue usado constantemente en la práctica para notificar a sus propias autoridades nacionales cuando éstos trataban de abandonar los parámetros fijados internacionalmente por este organismo.

Pero, además, la ACTU como cuerpo nacional del movimiento sindical australiano, fue continuamente exigida por sus sindicatos afiliados a usar de su poder para comprometer al gobierno globalmente en acciones determinadas. Una presión desde los cuerpos intermedios, vale decir de las direcciones nacionales o estatales de los sindicatos, estuvo siempre presente en el período como un factor importante de la actitud asumida por su Ejecutivo. A manera de ejemplo documentamos una carta dirigida el 13 de septiembre de 1988 al Minister for Foreign Affairs, Senador Gareth Evans, por el Presidente de la ACTU, Simon Crean:

I am writing in order to again express the ACTU’s concern in relation to the continuing denial of basic trade union and human rights in Chile. Within the past fortnight Manuel Bustos, President of the recently formed Trade Union Centre (CUT), has been sentenced to 541 days of internal exile for merely carrying out legitimate trade union activities and, further, widespread violence and oppression has occurred following the sham process which led to General Pinochet’s sole nomination for the Presidency.

I have attached correspondence from ACTU affiliates which exhibit the concern felt within the trade union movement.

Accordingly, it is requested that the Australian Government make strong representations to the Chilean authorities and vigorously pursue the issue of human rights in Chile at the United Nations. Yours sincerely, SIMON CREAN.
[Emphasis added]

Dentro de este cuadro general que hemos descrito en el presente capítulo, encontramos antecedentes altamente positivos en términos de la solidaridad con sus homólogos en Chile, situación que corrobora nuestra aserción inicial. Sin embargo, observamos también una intensa fricción y desacuerdo producido entre la dirección nacional del movimiento sindical australiano y sus organizaciones afiliadas.

Una de las cuestiones más controvertidas en el seno de este organismo nacional fue el problema del embargo a las exportaciones de trigo declarado por los sindicatos marítimos con el apoyo decisivo de los metalúrgicos, de la construcción y de la Australian Teachers’ Federation. Dada la importancia de esta acción industrial y del significado y repercusión que tuvo esta medida, pensamos que debe ser tratada separadamente. Sobre todo, teniendo en consideración que sólo Australia y Nueva Zelandia fueron los únicos países que mantuvieron esta medida por el tiempo en que duró la dictadura militar de Chile. Otros, incluyendo a la casi totalidad de países del campo socialista que formaban parte del European Council for Mutual Economic Assistance, CMEA, estuvieron lejos de aplicar medidas restrictivas en sus rubros de importaciones y exportaciones tradicionales. Veamos estos antecedentes del embargo comercial en detalle en el siguiente capítulo.

CAPITULO Nº 9

El embargo comercial a Chile establecido

por los sindicatos australianos.

Una vez producido el golpe militar, los sindicatos marítimos incorporados a la Federación Mundial Sindical se reunieron inmediatamente y acordaron establecer un embargo comercial al régimen militar chileno. Este boicoteo fue establecido inicialmente sobre las exportaciones de trigo, incluyendo más tarde la exportación de ganado. Con anterioridad, la Federación Mundial Sindical y el Consejo Mundial para la Paz habían recomendado a sus afiliados la imposición de embargos a Chile, situación que estos sindicatos acordaron apoyar.

El boicoteo impuesto a los embarques de trigo impactó notoriamente en las nuevas autoridades chilenas, las cuales decidieron enviar como emisario al General Germán Stuardos, Presidente de la Línea Aérea Nacional LAN–CHILE, cuya visita tenía por objeto persuadir a las organizaciones sindicales a levantar las medidas restrictivas sobre este embargo y a invitarlos a viajar a Chile a conocer la realidad del país. Su misión pública fue disfrazada con la tarea de obtener autorización para que los aviones de la línea aérea chilena pudieran aterrizar en tierras australianas.

Sin embargo, los sindicatos marítimos decidieron no aceptar esta invitación, mientras otros, como los metalúrgicos, estimaron oportuno realizar dicho viaje a Chile. Los sindicatos marítimos pusieron en conocimiento de la Federación Mundial Sindical su resolución de rechazo a la invitación del gobierno militar el 15 de febrero de 1974. La FMS, junto con tomar nota de estos antecedentes, agregó algunas consideraciones que, en el fondo, respaldaban tácitamente esta actitud:

We also wish to inform you that according to latest reports the junta has set up its puppet trade unions as well as a trade union centre. The people who are in change of these puppet organisations as, for instance, Eduardo Ríos, are notorious reactionary and pro-imperialist elements. … If the facilities offered by the junta are only to meet the puppet trade union leaders, the whole aim of the mission would be frustrated. For the mission to obtain positive results it must have the unfettered possibility to meet the trade union leaders imprisoned in the concentration camps as well as the CUTCH leaders in asylum in the foreign Embassies.

Los marítimos acudieron con estos antecedentes a sus bases sindicales, programaron detención de faenas en los lugares de trabajo y resolvieron no aceptar la invitación. La revista citada, Seamen’s Journal, recoge las resoluciones de West Australia, Port Kembla, Sydney, Newcastle, Queensland, South Australia y Victoria. Con este respaldo de sus bases, el Australian Maritime Council, no sólo no aceptó la invitación de viajar a Chile sino que tomó la iniciativa de presentar su propia resolución en febrero de 1975 ante la Tercera Sesión de la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar en Chile. El portador de esta iniciativa en Ciudad de México fue Don Henderson, Secretario del sindicato Firemen and Deckhands’ Union, que junto a Henry McCarthy de la Metal Workers’ Union, asistieron a este evento celebrado entre el 18 y el 21 de septiembre.

En la clausura del evento se aprobó la resolución elaborada por los marítimos australianos, la cual expresa:

We therefore respectfully but very strongly suggest that the trade union movement take the following measures in support of the people of Chile:

1. Place a ban on all trade with the military junta of Chile;

2. Urge your respective governments to refrain from all political, economic and diplomatic relations with the junta;

3. Demand that the junta stop the terror and torture, release all political prisoners and close all concentration camps and lift the state of siege; and

4. Demand the return to democratic government.

Esta misma resolución trató de implementarse en el Congreso de la ACTU de 1975, al cual asistía como invitado especial Luis Figueroa, Presidente de la CUT de Chile. Pero en definitiva se optó por aprobar las resoluciones de la OIT de junio de 1975, ya que ésta poseía el respaldo de las distintas centrales sindicales mundiales (World Federation of Trade Unions, the International Confederation of Free Trade Unions, the International Transport Federation, y the Transport Workers’ Trade Union International).

El gobierno de Whitlam no creó problemas con la resolución del embargo de los sindicatos marítimos y la posterior ratificación por parte de la ACTU; por el contrario aceptó esta posición. Sin embargo los agricultores empezaron a presionar antes del Congreso de la ACTU para que los marítimos depusieran su actitud, encontrándose con una resuelta respuesta sindical:

In his reply (on May 5 to wheatfarmers’ representative), Federal Secretary Elliott said that the Seamen’s Union policy was opposition to the fascist regime in Chile, and this was also a policy of respected world organisations. Consequently, ships for Chile would not be handled at Australian ports.

Las presiones continuaron y luego el Consejo Ejecutivo de la ACTU decidió en Brisbane, el 17 de febrero de 1977, levantar el embargo. Reunidos los sindicatos marítimos, el 28 de marzo de 1977, acordaron continuar con él. El Federal Secretary, Waterside Workers’ Federation, Mr C. Fitzgibbon, informaba a la prensa al día siguiente que: “last night his union’s ban on wheat shipment to both countries would remain in force”, noticia que The Sydney Morning Herald y
The Age, en Melbourne, recogían destacadamente el día 30. El 14 de diciembre de 1977, se reúne de nuevo el Ejecutivo de la ACTU para tratar, entre otras materias, el problema del embargo a Chile e Indonesia. Bob Hawke, ACTU National President, informa a la prensa que “his [sic] executive took the view that the bans could no longer be justified, because, with the possible exception of New Zealand, Australia was the only country with a ban on trade with Chile”.
De esta forma, el 29 de diciembre de 1977, el Secretario de la ACTU, P. I. Nolan, envió una circular a los 15 sindicatos relacionados con el transporte marítimo, cuyo texto decía:

The ACTU Executive at its meeting held in the week commencing 12th December, 1977, gave consideration to the current bans imposed on Indonesian and Chilean trade.

The recommendation of the Executive to the Meeting of Unions held at 9.30 a.m. on Wednesday, 14th December, 1977 concerned with bans was as follows:

The ACTU Executive having considered the current bans and their effectiveness on Indonesia and Chile recommends that such bans be lifted with the understanding that the ACTU reaffirms its views of condemnation of the activities of the authorities in those two countries.

Pese al contenido de esta argumentación, los portuarios decidieron seguir adelante y mantener el embargo. Sorpresivamente, el 23 de noviembre de 1978, el ejecutivo de la ACTU comunica a la prensa que esa dirección nacional estaría dispuesto a reimponer el embargo porque “the American Federation of Labor and Congress of Industrial Organisations, AFL-CIO, had condemned the Chile situation and was raising the possibility of boycotts against Chile”. La ACTU prefería de esta manera seguir las recomendaciones de la AFL-CIO y amenazaba en reimponer el embargo más que aceptar la disposición de sus propias organizaciones afiliadas, las que no dudaron en ningún momento en mantenerlo. En definitiva la ACTU no reimpuso el embargo aún cuando la lucha se agudizaba. Los agricultores, a través de su organización el Australian Wheat Board y las compañías especializadas en el transporte marítimo, buscaban todo tipo de subterfugios para torcer la dirección que habían tomado los portuarios.
El boicoteo continuó durante 1978, incluyendo, además del trigo, el transporte de ganado. En el mes de marzo de 1979, Robert Hawke, en su calidad de Presidente de la ACTU presionó una vez más para que esta medida restrictiva fuera abandonada. En efecto, al inagurar la conferencia bienal de la Seamen’s Union, el 12 de marzo, Hawke se expresó en los siguientes términos, de acuerdo a la información que documenta la revista oficial de dicha organización:

The regime in Chile is one of the most despicable and ruthless anywhere in the world. He [Hawke] rejected the manner in which the Allende government was overthrown and the Chilean people, in particular the workers and their representatives, subjected to the tyranny of Pinochet. However, the ACTU had lifted its ban on trade with Chile in the hope that moves at present taking place in North and South America would develop into an international trade ban on Chile within the next few months. He hoped that the Seamen’s Union would act in union with the ACTU, as all that was happening at present was that Australian trade and, to a lesser extent, New Zealand trade with Chile was being diverted to other countries to our economic detriment.

El Committee of Management discutió las proposiciones del Presidente de la ACTU en marzo de 1979 y acordó establecer una mayor flexibilidad en su posición sobre el embargo:

… We further note reports from Chile indicate repression continues including attacks upon the trade union movement and other democratic forces. We welcome any concerted action by sections of the international trade union movement. We are aware of the role played by the WFTU in boycott action on trade with Chile. Should there be firm indications that such concentrated international action will be made to defeat the Pinochet regime and restore democracy in Chile we will consider a pause in our policy if this will be of assistance in enabling concentrated actions to go forward. [Emphasis added]

La razón de la pausa obedecía a las conversaciones con Hawke en el sentido que éste habría manifestado que era más efectivo imponer embargos limitados, cada dos meses, y que en tal sentido algunos países como Canadá y otros de Sudamérica se habrían puesto de acuerdo con la posición de la Central Sindical de la ICFTU en la conveniencia de realizar acciones más esporádicas y en conjunto con todo el movimiento sindical mundial.

En la práctica esta medida de los embargos esporádicos nunca se concretó, y los sindicatos portuarios continuaron con su decisión. En febrero de 1981, la revista Seamen’s Journal así lo pone de manifiesto:

Tom Burdett, the Seamen’s Union representative in the North West, has told delegates at Port Hedland and Port Walcott to be on the lookout for Chilean vessels.

Comrade Burdett alerted the delegates after a Mr Barry King of Louis Dreyfus & Co. Ltd. acting on behalf of the New York owners of the Chilean vessel Viña del Mar, asked if the Union would object to this vessel coming to Dumpier to load iron ore.

Comrade Burdett said the Union’s position had not changed since March 9 last year when seamen refused to supply tugs to a Chilean vessel.

El 6 de julio de 1981 se informó en el National Committee of Management de la Seamen’s Union of Australia que algunos representantes de la Compañía Ultramarine, de reciente formación, se habían aproximado a los oficinas federales del sindicato para solicitar revertir la actitud de dicha organización en el sentido que se permitiera el zarpe de naves con bandera extranjera de 8.000 toneladas para iniciar el comercio entre Chile y Australia, concretamente la nave había sido registrada en Singapur y su dotación era procedente de ese país. Si esto se permitía, la Compañía Ultramarine
se comprometía con el gobierno de Chile a invitar a una delegación de dos o tres personas del sindicato para que viajaran a Chile y a proporcionar una beca de estudios para que dos hijos de obreros portuarios australianos estudiaran en Chile. La proposición de soborno fue prontamente descalificada por los dirigentes sindicales quienes afirmaron categóricamente:

After consideration of all the events which had occurred in Chile the request was rejected by the COM Reps. meeting. This decision was unanimously endorsed by seamen at (the) stopwork meeting.

Patrick Geraghty, Federal Secretary de la Seamen’s Union lo reafirma el 11 de septiembre de 1981 con motivo del octavo aniversario del derrocamiento del gobierno constitucional, expresando que ha habido un masivo intento de vender al General Pinochet y a su gobierno, mientras la represión no ha cesado desde 1973. Geraghty comenta que una reciente información de prensa, que propone el servicio de navegación entre ambos países, la cual considera que la política inicial del embargo, los derechos humanos, es actualmente inapropiada. Por supuesto “the Seamen’s Union and the trade union movement certainly does not agree with such a proposal”, expresó categóricamente.

Estas intensas presiones recibidas por los sindicatos portuarios para abandonar su posición, se estrellaban constantemente contra la férrea y sólida actitud de principios que estas organizaciones sindicales habían venido sosteniendo desde la caída del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. No era por cierto una actitud antojadiza. E. V. Elliott, en su calidad de Federal Secretary de la Seamen’s Union, poco antes de fallecer había dicho que: “The Chile wheat ban is a matter of principle before earnings”, en respuesta a los agricultores australianos con motivo de la celebración, el 8 de mayo de 1975, del treinta aniversario de la victoria sobre el fascismo en Europa. Con esta actitud la dirección del sindicato había logrado crear en sus bases una conciencia muy significativa de apoyo. Sus constantes artículos sobre Chile en su publicación oficial, Seamen’s Journal, habían educado a sus bases sindicales y creado un conocimiento y preocupación de los eventos que ocurrían en ese país. Además, la presencia de chilenos en reuniones de algunos puertos había logrado sensibilizar la actitud de las organizaciones de base del sindicato. Tanto las bases como los delegados de las organizaciones marítimas, no sólo respaldaban las decisiones de su consejo federal, sino que además ejercían presión sobre otros niveles del movimiento sindical australiano:

The ACTU lifted all bans last Congress and have endeavoured to get us to comply. … The preservation of our union is our main concern, in order to uphold our condition and principles both national and international. Signed by L. A. Freeman, Nº 3376 and J. L. Poster, Nº 3405.

En noviembre de 1982, los marítimos continuaban con su posición inalterable, haciendo un llamado a sindicatos fraternales y a las organizaciones de la clase trabajadora para apoyar e incorporarse a todas las actividades de solidaridad con el pueblo de Chile, incluyendo la acción contra el comercio, hasta la restauración de los derechos sindicales y civiles de los chilenos.

En febrero de 1983 la Seamen’s Union tomó conocimiento que el navío Moordrecht había programado embarcar trigo hacia Chile; conocida esta noticia, los sindicatos marítimos dilataron el zarpe por 18 días, hasta que la empresa naviera desistió de su propósito. Los portuarios continúan en su posición, haciendo llegar a los congresos de la ACTU de 1983 y 1985 sus proposiciones para mantener las sanciones al régimen militar.

En diciembre de 1986 la ACTU invitó a una reunión a todos los sindicatos involucrados en la industria del transporte en relación con el comercio con Chile. Como consecuencia de este encuentro entre el organismo nacional y parte de sus afiliados, se adoptó una resolución apoyando el embargo a Chile y la programación de nuevas reuniones sobre la materia. Esta inusitada actitud de la ACTU frente a la persistente posición de los portuarios por mantener el embargo, hay que leerla en el contexto de los acontecimientos ocurridos en el mes de noviembre de 1986, cuando el tesorero del gobierno nacional, Paul Keating, decidió apoyar en la sede del Banco Mundial un préstamo para el gobierno militar de Chile. Esta actitud provocó dentro de amplios sectores del Australian Labor Party una molestia no ocultada. La prensa de esos días recoge opiniones que la posición australiana fue tomada unilateralmente por Keating, sin la consulta al Minister for Foreign Affairs, Bill Hayden.
Lógicamente, Hayden desmintió la afirmación de la prensa, diciendo que la posición de apoyar el préstamo era en función de razones técnicas y no políticas. Los sectores de derecha del Labor Party habían ganado una batalla, razón por lo cual el centro y la izquierda se fueron hacia el movimiento sindical, para advertir desde allí al gobierno que no estaban dispuestos a aceptar medidas como las que se habían adoptado; más aún, teniendo en cuenta: “Australia’s decision had angered a number of other Western governments”, como lo informa el National Times.

El 22 de junio de 1987, enfriados los ánimos con respecto al préstamo aprobado por Australia en el Banco Mundial, el Sydney Daily Telegraph anuncia que el comercio con Chile se abrirá, ya que, a pesar de la preocupación de la ACTU por el problema de los derechos humanos, ésta ha cooperado con el gobierno para llevar adelante el intercambio comercial. La respuesta emerge de nuevo:

The Seamen’s Union of Australia has no knowledge of any arrangements or deal with maritime unions to get around union opposition to closer economic ties with Chile.

Los portuarios no claudicaron en su posición, extendiendo su compromiso con el pueblo chileno en noviembre de 1987, al oponerse a recibir al buque escuela de la armada chilena, La Esmeralda , que había sido invitado a participar con motivo de la celebración del segundo centenario de Australia.

El embargo continuó hasta la toma de posesión del nuevo Presidente de Chile, Patricio Aylwin. Esto no significa que el comercio entre Chile y Australia no se hubiera desarrollado; por el contrario, se mantuvo durante los años del régimen militar, sorteando el destino de las mercaderías por las empresas marítimas hacia otros países como destinatarios, los cuales a su vez reembarcaban dichas cargas con destino directo a Chile o Australia. Don Henderson del sindicato Firemen and Deckhands’ Union manifestó que muchas partidas de trigo australiano y otros productos fueron embarcadas con destino inicial a Singapur, Argentina, China, Israel y otros países, los que a su vez reembarcaban dichas mercaderías con destino a Chile. Igual cosa ocurrió con productos chilenos que llegaron en forma intermitente hacia mercados australianos, tales como harina de pescado, productos del mar, vinos, maderas y cobre. Cuando en algunos puertos los portuarios lograban enterarse del destino final de las embarcaciones, éstas eran marcadas en sus cajas de embalaje, sufriendo la demora prolongada de su reembarque en los puertos intermedios, según manifestó Henderson.

Es obvio que la ACTU sufrió las presiones desde distintos círculos por terminar con el embargo: gobiernos, empresarios, agricultores y comerciantes. ¿Estaba en la agenda de la ACTU negociar el embargo con Chile a cambio de otras prioridades establecidas por este central sindical o fue la presión internacional de los sectores comprometidos con el golpe de estado en Chile los que buscan encontrar en este organismo un aliado?

La respuesta exacta la desconocemos. El argumento usado por el Senator Gareth Evans en su calidad de Acting Minister for Foreign Affairs en 1985 en carta dirigida al miembro de la House of Representatives, Gerry Hand, es contradictorio con el usado más tarde por el propio ministro Hayden. Ni uno ni otro responden a la cuestión central levantada por los sindicatos marítimos: las sanciones impuestas a régimenes autoritarios como disposición de una ética de relaciones internacionales y de solidaridad humana con las víctimas de sus arbitrariedades.

Si pensamos que Australia se incorporó a las sanciones económicas impuestas por la Organización de las Naciones Unidas a la República Sudafricana por la política del apartheid y por el problema de los derechos humanos que también comprometió a ambos bloques hegemónicos, no parece legítimo el argumento usado por estos representantes gubernamentales. Por eso los sindicatos marítimos decidieron continuar con el embargo más por razones de principio que de conveniencia práctica.

Lo cierto es que en definitiva esta dirección central de los sindicatos australianos no tuvo el poder para obligar a los sindicatos marítimos a cambiar de opinión, quedando Bob Hawke y Cliff Dolan, más que la ACTU como cuerpo colegiado, en una posición inconfortable y de dudosa credibilidad sindical dentro del movimiento sindical, de los comités de solidaridad con Chile y muy especialmente dentro de la comunidad chilena residente.

Pero en definitiva, pese a esta actitud, más de personas que de institución, el balance de la solidaridad desarrollado desde este organismo central fue positivo, incluyendo la condena permanente al régimen militar, la hospitalidad calurosa para dirigentes políticos y sindicales de Chile y la aceptación de la autodeterminación de los sindicatos afiliados, los que en definitiva quedaron en libertad para impulsar medidas y acciones que jamás fueron penalizadas. Esta actitud de tolerancia y de respeto mútuo se inscribe en el desarrollo histórico del movimiento sindical australiano que, con distintas ideas y utopías, le ha permitido ganar la batalla de levantar una sola central sindical para todos los trabajadores de Australia y ser parte importante en la estructura social del país.

CAPITULO Nº 10

Los sindicatos australianos y la solidaridad con Chile

Es una tarea difícil documentar exactamente el número de sindicatos australianos que participaron directa o indirectamente en el trabajo de solidaridad con los trabajadores de Chile. La incineración de gran parte de los archivos en el incendio de “Casa Chile” en noviembre de 1985 provocó una pérdida de cuantiosos materiales y documentos que no fue posible recuperar por otros conductos. Sin embargo, la investigación sobre este trabajo nos ha permitido documentar correspondencia de 20 sindicatos y 4 Consejos Laborales Estatales (Labour Councils of Queensland, New South Wales, Victoria y Western Australia).

Sabemos eso sí, que la cantidad fue mayor y que incluso algunos tomaron parte dentro de las visitas sindicales que se hicieron a Chile, como es el caso de Ron Matheus del sindicato de Plumbers’ and Gasfitters’ Union que viajó a Chile en 1974 y de George Crawford, del mismo sindicato, que fue invitado por el movimiento sindical de Chile en el año 1988. De este sindicato no hemos encontrado sus informes. Igual cosa ha ocurrido con el sindicato The Australian Telecomunications Employees, quien junto a la Building Workers’ Industrial Union invitó a Australia al dirigente chileno del Sindicato Nacional Telefónico, SINATE, Hugo Arriagada, en mayo de 1989.

Por lo menos 20 sindicatos tuvieron una participación activa, dentro de los cuales se cuentan los sindicatos más importantes por el número de miembros, como por la influencia que ejercen dentro de la política nacional de Australia. Así por ejemplo, dentro de estos sindicatos más numerosos está The Amalgamated Metal Workers’ and Shipwrights’ Union, con 172.000 miembros y The Miscellaneous Workers’ Union con aproximadamente 127.000 miembros.
Otros, con un número inferior de afiliados, ejercen también una influencia muy significativa en la estructura social y económica del país, tales como los sindicatos de la construcción, los marítimos y del transporte, además de la Teachers’ Federation of Australia. Todos ellos estuvieron estrechamente vinculados al trabajo de la solidaridad con el pueblo de Chile, durante todo el período que permaneció el régimen militar en el gobierno.

No es nuestra intención referirnos a todas ellas. Lo que nos interesa es destacar aquellas organizaciones que llevaron la dirección del movimiento solidario, incorporando a otros sindicatos en ocasiones en que se requería de un mayor esfuerzo colectivo. Antes de referirnos en particular a algunos de ellos en su relación solidaria con los trabajadores chilenos, creemos importante esclarecer, fundamentalmente para los lectores chilenos, las características generales que estas organizaciones tienen en Australia en comparación con sus homólogas en Chile.

En efecto, cuando hablamos de “sindicatos” nos referimos globalmente a las organizaciones de obreros, empleados y estudiantes. En Australia, a diferencia de Chile, las llamadas “asociaciones” forman parte de las “uniones” y pertenecen o están incorporadas a la misma central sindical, ya sea a nivel estatal (The Labour Council) o nivel nacional, ACTU. En otras palabras, la diferenciación existente en Chile entre los “blue collar” (cuello azul) y “white collar” (cuello blanco) sólo se da en Australia a nivel de base, en los sindicatos propiamente dichos; pero estas diferencias son superadas en las organizaciones intermedias o en su nivel nacional, donde convergen indistintamente todos los que viven de un ingreso (income). El obrero recibe un sueldo (wages) y los empleados un salario (salary). Ahora bien, la solidaridad con Chile se expresó a nivel de todos ellos, es decir, obreros, empleados y estudiantes. Por eso es legítimo hablar genéricamente de las uniones y/o sindicatos como las organizaciones de todos aquellos que viven de un sueldo o salario. La excepción la constituyen los sindicatos estudiantiles universitarios, que siendo también “uniones” no están integradas a estos cuerpos intermedios o nacionales, aún cuando poseen sus propias centrales a nivel de los estados, los que a su vez convergen en un cuerpo nacional.

Veamos ahora algunos de ellos:

La Amalgamated Metal Workers’ and Shipwrights’ Union.

El sindicato metalúrgico inicialmente representaba exclusivamente a los trabajadores del metal. En 1972 se amalgamaron tres sindicatos: Amalgamated Engineers’ Union y el Boilermakers’ and Blacksmiths’ Society y la Sheet Metal Workers’ Union, pasando a constituir uno solo. El 1 de diciembre de 1976, la AMWU se fusionó con el sindicato federado de la Shipwrights’ and Ship Constructors’ Association, pasando a ser su sigla actual AMWSU.

Durante todo este proceso interno de fusiones o amalgamaciones, el sindicato mantuvo una posición continuada de solidaridad con el pueblo de Chile, que no fue afectada por la incorporación de las nuevas entidades gremiales. En efecto, el sindicato tomó un interés especial en Chile antes del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, en los instantes que el Gobierno Popular en Chile enfrentaba una acción articulada en su contra por parte de las compañías multinacionales. A principios de abril de 1973, una delegación de la AMWU aceptó una invitación de la CUT Chile para discutir en una conferencia internacional sobre las multinacionales el rol e ingerencia de ellas en los países en vía de desarrollo. Para la AMWU constituía un contacto inicial importante con la CUT-Chile y con otras centrales sindicales, situación que les permitía confrontar la realidad de los países del Tercer Mundo con la lectura propia que ellos estaban levantando sobre la presencia de estas corporaciones en Australia. El material recogido, específicamente el de Chile, fue incorporado a su Centro Nacional de Investigación y sirvió posteriormente, después del golpe, como material de consulta y trabajo para muchas organizaciones sindicales australianas.

El conocimiento adquirido sobre el proceso político chileno, más la documentación procesada por sus equipos especializados de investigación, le proporcionó al sindicato metalúrgico una autoridad sobre la materia, que el resto del movimiento sindical la valoró adecuadamente, dándole en la práctica un liderazgo en la cuestión chilena.

Para el día 12 de septiembre de 1973, la AMWU, con otras organizaciones sociales y políticas, habían programado un acto de solidaridad con el Pueblo y el Gobierno de Chile en el Trades Hall de Sydney, a fin de denunciar la agresión de las multinacionales en la desestabilización del gobierno de la Unidad Popular. Conocida la noticia del coup d’état, el acto se transfirió a las afueras de las oficinas del Consulado de los Estados Unidos de América, donde diversos oradores hicieron uso de la palabra para denunciar y condenar al gobierno de los Estados Unidos y a las corporaciones transnacionales por su participación en él. En dicha ocasión, Laurie Carmichael, Assistant Secretary del sindicato, se refirió a los eventos chilenos y dió lectura a una resolución adoptada en forma unánime por el más alto cuerpo de dicha organización. Su texto es el siguiente:

This Commonwealth Council deplores the destruction of the democratic Allende Government in Chile where the rights of the people to progress to socialism through democratic development was under test.

Without doubt democracy in Chile has been completely undermined and destroyed by a multi-national monopoly conspiracy in conjuction with extreme rightwing and militarist forces inside the country.

The experience is of particular concern to all Australians in that the major proportion of our country’s economy is now in the hands of multi-national corporations operated from foreign centres remote from the interests of the Australian people and ruthlessly motivated by profit and power for those who control these corporations, irrespective of the country where they operate.

Commonwealth Council calls upon the Australian Government to register the strongest possible protest at what has occurred; to demand the restoration of the democratically elected government in Chile, and to seek immediate sanctions through U.N. and other international bodies that can exert economic pressure.

We call upon ACTU Officers to seek action by the International Confederation of Free Trade Unions and further we raise the matter for urgent action by the World Federation of Trade Unions, the International Metal Federation and the Metal Trades Union International.

Producida las primeras acciones contra el régimen militar por el movimiento sindical australiano, como el embargo al trigo por parte de los sindicatos marítimos y la sostenida condenación y repudio al golpe de estado en Chile, la AMWU empezó a jugar desde ese momento un rol vanguardista en las actividades de denuncia y de presión hacia el gobierno por el no reconocimiento del gobierno de facto instaurado en Chile. Sus dirigentes organizaron reuniones en sus bases sindicales, promovieron la recaudación de fondos para ayudar económicamente a las organizaciones de la resistencia chilena e insertaron artículos y comentarios en diarios y revistas, lo que produjo una acción educacional de connotadas proporciones. No había en la práctica ningún organismo de base que no conociera lo que había pasado en Chile y cuál era el desarrollo de los acontecimientos.

En el mes de noviembre de 1973, dentro de una campaña promovida por el régimen militar chileno para justificar internacionalmente el golpe militar y el quiebre democrático del país, visitó Australia el General Germán Stuardos, presidente de la aerolínea LAN-CHILE. En su conferencia de prensa, dirigentes nacionales de la AMWU desafiaron por escrito, a través de un comunicado de prensa, al General Stuardos exigiendo el derecho de visitar el país e investigar las condiciones del movimiento sindical en Chile bajo el régimen militar. Unos días después, cinco sindicatos recibieron una invitación especial para viajar a Chile y cerciorarse en terreno de que la situación era normal y que los derechos sindicales y civiles eran respetados sigilosamente. Los sindicatos invitados formaron de inmediato un “Committee on the delegation to Chile” y se encomendó en noviembre de 1973 a dos funcionarios (Steve Cooper de la Miscellaneous Workers’ Union, quien pasó posteriormente a la AMWU y Henry McCarthy, periodista de la AMWU) estudiar la proposición e informar de sus resultados al Comité creado para tales efectos. La proposición fue aceptada, habiéndose nominado a Henry McCarthy para que estableciera las negociaciones respectivas con LAN-CHILE en torno a las condiciones del viaje. Pocos días antes de viajar, estas garantías fueron rechazadas por el gobierno militar, impulsando a la Transport Union a la más severa protesta, declarando el inmediato boicoteo al Boeing 707 de LAN-CHILE que había aterrizado en el aeropuerto de Mascot, el 10 de febrero de 1974. Esta actitud obligó a la junta a firmar las garantías exigidas por los sindicatos australianos, formalizando el viaje de la misión para el día 23 de marzo de 1974, fecha en que la delegación partió rumbo a Chile.

Las personas designadas para esta misión fueron las siguientes: Jim Baird (AMWU), Ron Masterson (Plumbers’ Union), Brian McMahon (Transport Workers’ Union), Steve Cooper (Miscellaneous’ Workers) and Henry McCarthy (periodista). Como intérprete fue seleccionada para la delegación la señora Carmen Bull, de origen argentino y casada con Tass Bull, dirigente de la Waterside Workers’ Federation. Como responsable general de la delegación fue designado el dirigente metalúrgico Jim Baird.

Los resultados de la visita fueron desde todo punto de vista positivos. Además de conocer de primera mano un cuadro objetivo de la realidad nacional, como las detenciones arbitrarias, la intimidación y el soplonaje, los ajusticiamientos indebidos y la clausura de las organizaciones políticas y gremiales, se usó del viaje para presionar a las autoridades militares. En este sentido se pidió la libertad incondicional de académicos y dirigentes sindicales, obteniendo, gracias a su influencia, la liberación del Profesor Edgardo Henríquez, ex-Rector de la Universidad de Concepción y del dirigente sindical Héctor Olivares. Las gestiones de esta misión permitió también el otorgamiento del salvo-conducto para el presidente de la CUT-Chile, Luis Figueroa, que se encontraba bajo condiciones de asilo político en la sede de la Embajada de Suecia.

Esta visita a Chile marcó fuertemente al sindicato metalúrgico en su actitud frente a los acontecimientos chilenos. Las observaciones directas de Jim Baird, Henry McCarthy y Steve Cooper crearon en el interior del sindicato un “lobby” altamente comprometido que trascendió las fronteras internas de su sindicato. La delegación australiana a Chile había sido la primera delegación sindical del mundo que había visitado el país después del golpe de estado y sus informes llegaron prontamente a diversas centrales sindicales internacionales, y específicamente al Comité Exterior de la CUT-Chile que había establecido su sede en París. La solidez del informe producido motivó a la CUT-Exterior a solicitar a la AMWU que concurriera a la reunión internacional de la OIT, en Ginebra y presentara allí su informe. Jim Baird y Steve Cooper prepararon dicho documento e informaron ante este cuerpo internacional de sus observaciones y conclusiones sobre la visita a Chile. La OIT acogió favorablemente este informe, motivando como resultado una fuerte condena al régimen militar y los agradecimientos de la CUT-Chile, que decidió enviar a Australia una delegación del más alto nivel, visita que se concretó en septiembre de 1975 con la presencia de Luis Figueroa y Luis Meneses, Presidente y Secretario General respectivamente. Los metalúrgicos entregan su primer aporte económico a la CUT-Exterior ($A1.000) y a partir de ese momento se implementó una línea de trabajo solidaridario con el pueblo de Chile que incluyó a otros sindicatos, además de la ACTU. La programación de estas actividades permitió superar dentro de los sindicatos algunas fricciones políticas del pasado, como el distanciamiento de modelos políticos que comprometieran al movimiento sindical dentro de ellos.

Con motivo de la visita a Australia de los dos dirigentes sindicales chilenos, Figueroa y Meneses, la AMWU actua como co-anfitrión de la delegación y se compromete en una serie de tareas, específicamente en el embargo a las mercaderías “de y para Chile”, en la nominación de Henry McCarthy como representante del Sindicato ante la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar de Chile en Estocolmo, en la contribución financiera para su funcionamiento, en la promoción y financiamiento de los grupos de música popular chilena que visitaron Australia,
y en la asistencia de delegados ante las conferencias de solidaridad con el Pueblo de Chile, celebradas en distintas partes del mundo.

Internamente la AMWSU estuvo siempre presionando a las autoridades políticas del país para la traída de refugiados políticos chilenos y haciendo presentaciones para la libertad de prisioneros políticos. En marzo de 1980, el sindicato aceptó una invitación de los sindicatos metalúrgicos de Chile para asistir a su conferencia anual, habiéndose designado a Bill Martin y Percy Johnson como sus representantes en dicho evento. A su regreso, después de haber sostenido diversas entrevistas con altas personalidades de la oposición política, del movimiento sindical y dignatarios de la Iglesia Católica, se dio a publicidad un informe que contiene en detalle las actividades realizadas por la delegación, la cual fue también integrada por Andrew Ferguson de la Building Workers’ Industrial Union of Australia, BWIU. En febrero de 1985, Bill Martin fue nominado por el sindicato para asistir al Tercer Congreso Nacional de la Confederación de Trabajadores del Metal, CONTRAMET, realizado en Santiago del 26 al 28 de abril de ese año.

Por último es necesario documentar en alguna medida el aporte económico de la AMWSU durante estos años de solidaridad con el pueblo de Chile. Aún cuando ha sido imposible determinar el volumen exacto de su contribución, sabemos que éste fue generado desde dos niveles. Por un lado, las bases sindicales estuvieron permanentemente entregando su aporte al Comité de Solidaridad para gastos de su funcionamiento y por otro, la Dirección Federal del Sindicato aprobó en diversas ocasiones remesas de fondos a organizaciones de la resistencia chilena en el exterior, a actividades desarrolladas por la solidaridad australiana o bien a organizaciones sindicales en Chile para las actividades de funcionamiento interno de sus propias organizaciones. En este último aspecto, la ayuda económica se intensificó en la medida en que el movimiento sindical chileno empezaba a emerger con mayor fuerza después de haber vivido varios años en condiciones de inmersión por la represión política desatada contra él. Así por ejemplo, después de las protestas de 1983, la AMWSU empezó a enviar su aporte directo a su organización homóloga en Chile, la Confederación de Trabajadores del Metal, CONSTRAMET. Para la Conferencia realizada en abril de 1985 se hizo un despacho de $US 500. Una donación adicional de otros $US 500 se envió en marzo de 1986. En diciembre de 1986 el Consejo Nacional escuchó un informe de Bill Martin sobre el estado de la situación en Chile y decide hacer una donación de $US2.000 para ayudar al Sindicato Metalúrgico de Chile; en la misma oportunidad se decide donar $US100 a la revista chilena Dialogando.
El 27 de junio de 1988 un nuevo informe sobre los acontecimientos chilenos es presentado por Bill Martin al Consejo Nacional del sindicato, quien acuerda entregar una donación de $US4.000 a la Confederación de Trabajadores del Metal de Chile. En Julio de 1989 la AMWSU decide enviar otra donación al sindicato metalúrgico de Chile por la cantidad de $US2.000. A toda esta contribución económica hay que sumar el aporte entregado por este sindicato al movimiento de solidaridad con el pueblo de Chile en Australia en diferentes ciudades del país, cuyo monto total no puede ser determinado documentariamente.

De esta manera y sobre la base de estos antecedentes presentados, no cabe duda del importante rol jugado por la AMWU. Ella estuvo desde el momento mismo del golpe de estado en la actitud más enérgica para condenar el quiebre democrático producido en Chile, posición que mantuvo invariable durante los años del régimen militar. Fue una de las organizaciones sindicales del país que en 1973 notificó públicamente al Australian Wheat Board para detener la venta de $A40 millones de dólares en trigo que había sido acordada durante la administración del Dr Allende. La OIT hace suyo el primer informe presentado por los metalúrgicos australianos y organismos sindicales, como el Soviet Engineering Workers’ Union, solicita permiso para publicar su contenido y distribuirlo internacionalmente.

La AMWU participó en la International Commission of Enquiry into the Crimes of the Military Junta in Chile, con sede en Helsinki, Finlandia y nombró como delegado oficial a Henry McCarthy en forma permanentemente. Reprodujo sus informes y los distribuyó para el conocimiento de la opinión pública nacional. Apoyó financieramente a su funcionamiento y asumió una posición inclaudicable en relación con los derechos humanos y civiles en Chile y denunció en los foros nacionales e internacionales la violación de ellos. Participó activamente en las campañas de liberación de presos políticos y de detenidos desaparecidos y exigió a las autoridades gubernamentales del país abrir espacios dentro de los programas de inmigración para recibir a chilenos, cuyas vidas habían sido puestas en peligro.

Sus publicaciones, tales como The Metal Worker y otras de carácter esporádico, fueron puestas al servicio de una intensiva campaña educacional hacia sus afiliados, situación que les permitió documentarse sobre los acontecimientos chilenos, tomar conciencia de su gravedad y contribuir económicamente a las tareas de la solidaridad y de reflujo del movimiento sindical en Chile.

Parte del aporte económico proporcionado por la AMWSU permitió el restablecimiento orgánico de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos de Chile y la celebración de sus congresos nacionales en 1988 y 1989, como se ha indicado más arriba en relación con las remesas de dinero enviadas a ese organismo sindical.

Por último, hemos observado también que los dirigentes sindicales metalúrgicos de Australia mostraron una delicada actitud de compresión y estímulo a la comunidad chilena residente, especialmente a los refugiados y dirigentes locales de los partidos de la Unidad Popular y representantes de la CUT-Chile en Australia. La AMWSU proporcionó el espacio físico para el funcionamiento y sede del Committee for Solidarity with the Chilean People y sus medios materiales siempre estuvieron a disposición de los chilenos para reproducir, en su propia lengua, boletines y documentos recibidos de organizaciones de chilenos exilados en distintas partes del mundo. Su propio periódico, The Metal Worker, incorporó artículos en idioma castellano como una forma de mantener informados a los chilenos que tenían dificultades para leer en inglés. Sus instalaciones fueron ocupadas para la celebración de efemérides nacionales, espectáculos artísticos y culturales. El sindicato estuvo siempre dispuesto a recibir las preocupaciones e inquietudes de los chilenos, a los cuales entregaron respeto y credibilidad, sin condicionar la posición ideológica o la organización política que estaba detrás de ellos.

Los sindicatos marítimos.

Como se ha dicho anteriormente, los sindicatos marítimos representaban a tres organizaciones diferentes, que en la actualidad han terminado por amalgamarse. Durante el período de la dictadura militar en Chile funcionaron como entidades separadas, con sus propias direcciones, publicaciones y presupuestos internos. Sin embargo, estas tres organizaciones sindicales (Seamen’s Union, Firemen and Deckhands’ Union y Waterside Workers’ Federation) mantuvieron siempre una coordinación en su trabajo, ya que sus actividades en los puertos australianos los obligaban a una permanente relación laboral. Prácticamente con un número reducido de miembros en su organización, si se compara con el volúmen total de afiliados a la ACTU, siempre ha sido capaz de multiplicar sus actividades solidarias teniendo en cuenta su compromiso internacionalista, la dedicación de sus cuadros dirigentes y la posición estratégica en materia de transporte. Ello ha sido posible en gran medida gracias al trabajo educacional desarrollado entre sus miembros y a la respuesta entregada por sus bases como consecuencia del nivel de formación sindical y de compromiso con una visión del mundo y de la sociedad que se ubica dentro del esquema ideológico del socialismo.

Desde 1967 los sindicatos portuarios tuvieron una activa participación en la lucha contra la “Dictadura de los Coroneles”, declarando el embargo a las compañías navieras de origen griego que mostraban su apoyo al gobierno autoritario instaurado en ese país. Fueron estos sindicatos los que mostraron una tenaz resistencia a la guerra del Vietnam y los primeros en el mundo en tomar el acuerdo de no atender las embarcaciones extranjeras que conducían armas de exterminio contra un pueblo que luchaba por su libertad. Similar actitud tuvieron contra las dictaduras de España y Portugal. Por eso no es de extrañar que frente a los acontecimiento ocurridos en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973 se asumiera la misma actitud que había caracterizado su comportamiento histórico. Chile pasó a ser de este modo un nuevo campo de batalla para los portuarios, quienes, como antes, empuñaron sus armas disponibles para ponerlas al servicio de los luchadores de la libertad y de la democracia en otro escenario del mundo.

Ya hemos analizado con detalle al embargo declarado por los sindicatos marítimos a las exportaciones de trigo; sin embargo, además de esta acción industrial, valorada significativamente por el movimiento popular chileno, los portuarios entregaron también su apoyo político y económico.

En efecto, conocida la noticia del golpe de estado en Chile, los sindicatos emitieron de inmediato sus declaraciones. Una de ellas:

The Federal Council of the Waterside Workers’ Federation of Australia expresses its anger and abhorrence at the tragic events in Chile. A democratically elected government has been overthrown by armed force by a self-appointed military junta which has arrogated to itself the powers of a military dictatorship.

The manner in which the coup was conducted leaves little doubt that a strong co-ordinating influence was at work and has strong similarity to previous work performed by US-CIA agents.

We call on the Australian Government to raise this matter in the United Nations and to make the strongest possible diplomatic protest to the leaders of the military junta and to call upon them to restore democratic government in Chile.

Por su parte la Seamen’s Union, reunida en su Comité Nacional de Dirección entre el 18 y el 21 de Septiembre de 1973, analizó el coup d’état ocurrido en Chile y decidió emitir la siguiente declaración:

Resolved: The Seamen’s Union condemns the military fascist regime’s overthrow by force of arms of the legitimate elected Allende Government of Chile and voices the strongest protest against the régime’s subsequent crimes of violence, the killing and imprisoning of thousands of activists, and the suppression of trade union and other democratic forces.

We will participate in mobilisation of

— protest action against the military junta to arouse public opinion of condemnation;

— support for rejection by Australia of any diplomatic recognition of the junta;

— action to speed the restoration of full trade union and civil liberties to the Chilean people.

Aun cuando estos sindicatos no estuvieron de acuerdo en participar en las delegaciones a Chile en 1974 y 1980, aduciendo que se pondría en peligro la vida de los dirigentes sindicales chilenos, mostraron sin embargo, una sostenida campaña de solidaridad interna, pese al aislamiento a que quedaron sometidos por su actitud de mantener el embargo a Chile. De este modo contribuyeron con su aporte económico al funcionamiento de los comités de solidaridad, a los viajes artísticoculturales de grupos chilenos en el exilio, al financiamiento y distribución de discos y audiocassettes de Víctor Jara, tarea que cumplió específicamente la Firemen and Deckhands’ Union, a la presentación constante de resoluciones en el seno de la ACTU sobre el embargo impuesto al régimen militar, a la cancelación de la invitación al equipo de fútbol de la selección chilena a Australia, el impedimiento para que el buque escuela de la armada chilena, La
Esmeralda, arribara a las costas del país, a la atención cálida y hospitalaria a dirigentes chilenos invitados desde países donde habían establecido su domicilio temporal y en la participación activa en manifestaciones públicas contra el régimen militar.

En el plano externo, los marítimos australianos estuvieron fuertemente envueltos en los eventos internacionales. Don Henderson participó en la Comisión Internacional que juzgaba los crímenes de la junta militar. Tom Supple de la Waterside Workers’ Federation representó a los sindicatos marítimos en la Conferencia Internacional de Solidaridad con Chile en España en 1978. En 1980, tanto la Seamen’s Union como la Firemen and Deckhands’ Union, además de otros sindicatos, apoyaron y contribuyeron a la decisión del Consejo de Sindicatos de Fiji para declarar el boicoteo a la visita de Pinochet a ese país en su interrumpido itinerario hacia las Filipinas. Estos sindicatos en su conjunto nominaron a Pat Jagers de la Waterside Workers’ Federation, como su representante oficial al Committee for Solidarity with the Chilean People, cargo que cumplió con rigurosa dedicación durante un largo tiempo, haciéndose responsable de la Secretaría de Finanzas de dicha organización.

Tass Bull, Federal Secretary de la Waterside Workers’ Federation, al concluir la dictadura militar en Chile y la restauración democrática del país con la elección de Patricio Aylwin, hace un resumen de los años transcurridos, en los cuales los portuarios en general y la WWF en particular habían logrado una estrecha relación de amistad con la CUT-Chile, que él y su esposa habían sido invitados a Chile en el año 1971 a celebrar junto a los trabajores chilenos, en el Estadio Nacional, el primer aniversario de la elección del gobierno popular de Chile; que el golpe les produjo sorpresa e indignación, y que durante todos estos años entregaron sus mejores esfuerzos para que el país recobrara su libertad y su democracia.

A diferencia de los gobiernos australianos estos sindicatos no sólo fueron insistentes en el discurso de condena al régimen militar por la violación a los derechos de los trabajadores, sino que además y pese a la presiones recibidas, optaron por la aplicación de sanciones industriales como una forma eficaz de expresar esta solidaridad más allá de las palabras.

La Building Workers’ Industrial Union.

Dentro de los sindicatos de la construcción, hoy día amalgamados entre ellos, tuvo una significativa participación la Building Workers’ Industrial Union, BWIU, sindicato afiliado a la Federación Mundial Sindical. Producido el golpe militar en Chile en Septiembre de 1973, emitió la siguiente declaración pública:

The Federal Conference of the Building Workers’ Industrial Union meeting in Sydney, stated:

Conference most strongly opposes and condemns the overthrow of the democratically elected Government of Chile by military forces.

The pattern of systematic disruption preceding the final act of the military coup, clearly reveals the blatant interference by CIA agents as revealed by President Allende in his speech to the United Nations Organisation.

We consider the multi-national corporations operating in Chile to be the main source of interference and call on the WFTU and ICFTU to impose industrial sanctions on them.

Further we call on the Australian Government to request the UNO to act to restore the Chilean people’s rights and end the military violence.

La BWIU participó simultáneamente en distintos frentes: al interior de la ACTU promovió declaraciones de condena al régimen militar, presionó contínuamente a los gobiernos de Australia por una posición consecuente de condena y rechazo a la violación de los derechos humanos, escribió a las autoridades chilenas presentando sus reclamos y exigiendo la libertad de presos políticos, el término de la tortura y el ingreso al país de los exilados que quisieran volver a su país de origen.

A fines de los años 70, el sindicato nominó a Andrew Ferguson como representante del sindicato ante el movimiento de solidaridad australiana, pasando a ocupar desde entonces y hasta el término de la dictadura militar chilena, el cargo de Executive Secretary del Committee for Solidarity with the Chilean People. En esta condición, además de su calidad de dirigente sindical, viajó a Chile en 1980 en compañía de Bill Martin de la AMWSU, ambos invitados a participar en reuniones con organizaciones sindicales, especialmente con la Confederación Nacional de la Construcción y al congreso de la Confederación de Trajadores del Metal.

El sindicato de la BWIU, inició en 1983 una campaña en los sitios de trabajo para ayudar a su sindicato homólogo en Chile, habiendo recaudado más de $A1.000, los cuales fueron enviados a Chile a fines de diciembre. Posteriormente, y con motivo de las inversiones de Alan Bond en Chile, el sindicato patrocinó un intenso movimiento de opinión pública en Australia sobre la moralidad de las inversiones australianas, habiendo invitado, en conjunto con la Australian Telecomunications Employees al dirigente chileno del Sindicato Nacional Telefónico, SINATE, Hugo Arriagada.

Del 5 al 18 de diciembre de 1989, los dirigentes del sindicato de la construcción de Canberra, Sam Scott, (BWIU) y Trevor Zelter, (Branch Secretary of the Plasterers’ Union) visitaron Chile. A su regreso y después de haber sostenido varias entrevistas en diferentes ciudades del país, entregaron un documentado informe que fue profusamente distribuído en las organizaciones laborales del país.

La Australian Teachers’ Federation.

Por último, no podemos dejar de mencionar en este recuento histórico de la solidaridad australiana con el pueblo de Chile a la Australian Teachers’ Federation, ATF. Este cuerpo docente fue golpeado profundamente con los acontecimientos ocurridos en Chile y por la forma en que las Fuerzas Armadas se posesionaron del poder político y lo mantuvieron a desprecio de los derechos humanos y civiles de la población; creándose a partir de entonces, una sensibilidad y preocupación que también se expresó a través de distintas formas y usando diversos canales de expresión. De la documentación reunida, podemos precisar las siguientes acciones:

En diciembre de 1974, la ATF (NSW Branch) envió una carta al Committee for Solidarity with the Chilean People indicando que el Senador Jorge Montes, dirigente de la Federación de Profesores de Chile, había sido detenido en la Academia de la Fuerza Aérea; que las condiciones de salud eran críticas por las torturas recibidas, y que en situación similar se encontraban su esposa y dos de sus hijas. Esta misma carta fue enviada al Prime Minister, Gough Whitlam, al Minister for Labour and Immigration, al Secretario General de las Naciones Unidas y a otras personalidades solicitando su intervención para obtener su libertad y la de su familia.

El 26 de marzo de 1975, el órgano oficial de los profesores australianos, Education, publicó en extenso un comunicado de prensa de la Confederación Mundial de Organizaciones de la Enseñanza sobre la situación de Chile, a raíz de la visita realizada al país por el Secretario General de la Organización, John Thompson.

Entre el 30 de julio y el 6 de agosto de 1975, una numerosa delegación australiana asistió a la asamblea anual de la Confederación Mundial de Organizaciones de la Profesión de Profesores, WCOTP, celebrada en la República Federal Alemana. A su regreso al país, el periódico Education publicó el siguiente informe:

A deeply disturbing report was delivered by Humberto Elgueta, a former president of the disbanded Chilean teachers’ organisation. He thanked WCOTP and its members for their solidarity with Chile’s teachers and recorded his gratitude to WCOTP secretary general, John Thompson, for having courageously made two on-the spot investigations of the Chilean situation since the military coup.

Continuando con una labor informativa a sus bases, el mismo periódico incluye un artículo sobre la crísis de las universidades chilenas, además de una investigación realizada en Chile por la Federación Mundial de Organizaciones de la Enseñanza.

En abril de 1978, es invitado a visitar Australia el ex-Presidente de la Federación de Profesores de Chile, Humberto Elgueta. Fue recibido por todas las federaciones estatales y se le dió gran publicidad a todos sus encuentros. Education publicó en forma completa el discurso pronunciado por Elgueta ante el Ejecutivo de la ATF (NSW), además de una emotiva introducción escrita por Adrienne Truelove.

Jennie George, Secretaria General de la ATF viajó a Chile en los primeros meses de 1980, llegando a Santiago el mismo día que la dictadura anunciaba el plebiscito a realizarse el 11 de septiembre de ese año. A su regreso a Australia, después de haberse entrevistado con personalidades políticas y religiosas, convocó a una conferencia de prensa que inició con estas palabras:

I thought it might be opportune to at least let the Australian public know through whatever media outlets we could, of the true situation in Chile. While we are all applauding the moves in Poland for a free and autonomous trade union movement, people have tended to forget what has occurred in Chile in the last seven years; the fact that no kind of political organization is allowed to exist; all political parties were banned after the coup and there are no trade union organizations as we know them. On the seventh anniversary of the coup, it might be an opportune moment to remind people of the real situation in Chile.

Inmediatamente se detuvo en una detallada información de los acontecimientos chilenos, incluyendo conmovedoras narraciones de familiares de detenidos-desaparecidos. Su conferencia de prensa fue incluída posteriormente en el órgano oficial de los profesores, Education, permitiendo que ella llegara a escuelas primarias, liceos y colegios técnicos. El periódico es utilizado en hacer conciencia dentro del magisterio de la situación educacional de Chile y esto permite que profesores se movilicen y emprendan campañas económicas para recaudar fondos para los profesores de Chile. En julio de 1982, Bill Leslie, Assistant Secretary de la ATF informa al Committee for Solidarity with the Chilean People que el sindicato, junto con enviar $A50 para la renovación de su suscripción del Informativo Chile, ha hecho llegar $A15.000 a los profesores chilenos para sus actividades de reorganización gremial. Esta última cantidad refleja la preocupación y la solidaridad con el magisterio chileno. Era un gesto que buscaba ayudar y devolver a los maestros de Chile el derecho a la expresión de sus ideas, al intercambio de opiniones y rescatar el valor de la educación de las posiciones implementadas por el régimen militar, quien sólo buscaba convertirla en un instrumento más de la economía de libre mercado. Dichos recursos fueron utilizados por los profesores chilenos para comprar maquinarias de impresión y poder así producir sus revistas, boletines y cartas informativas.

El 3 de abril de 1985 y con motivo del asesinato de tres dirigentes chilenos, Manuel Guerrero, Presidente de la Asociación de Profesores de Santiago, José Manuel Parada y Santiago Natino,285 los tres degollados por las Fuerzas de Seguridad del régimen, la ATF emitió el siguiente comunicado de prensa:

ATF President Ms Jennie George issued a strongly-worded statement today condeming the murder of three Chilean Teachers’ Union leaders, whose bodies were found last Saturday, and the kidnapping and torture of four other Teachers’ Union leaders including the Union’s General Secretary.

These savage murders and the brutal kidnapping and torture of respected teacher leaders [sic] in the Chilean Teacher Movement require the strongest possible statement of condemnation by our Australian Government, Ms George said.

I cannot stress too strongly the feelings of anger, repugnance and grief that these assassinations and kidnappings arouse in the minds and hearts of teachers and other Trade Unionists in Australia, Ms George said.

My Federation holds long time and supportive links with the Chilean Teachers’ Union – we have offered them direct support in their efforts to rebuild their teacher organisation which was brutally dismantled in 1973 by the Pinochet Régime.

I have requested of our Foreign Minister, Mr Bill Hayden, that he call on the Chilean Ambassador to convey to him directly the feeling of outrage and abhorrence of the Australian Government and people at this latest tragic example of the tyrannical nature of life under the Pinochet Régime, Ms George said.286

La provocación de las continuas violaciones de los derechos humanos y civiles de los chilenos obliga éticamente a la dirección de la ATF a estar vigilante en todo sentido; por una parte a seguir prestando toda su solidaridad al pueblo chileno en su lucha contra la dictadura, y por otro, a urgir a las autoridades de los gobiernos australianos a adoptar posiciones más duras y consecuentes con sus posiciones políticas exteriorizadas públicamente por el Labor Government. Con una actitud de malestar y condena es recibida la noticia de que el Gobierno de Australia ha dado su voto para el otorgamiento de un préstamo al régimen militar de Chile a través del Banco Mundial. La respuesta de los profesores australianos no tarda en llegar. En carta dirigida al Secretario del Committee of Solidarity with the Chilean People, se puntualiza:

You will be pleased to know that our recent Annual Conference carried a resolution condemning the loan and calling on the Australian Government to desist from activities which help prop up the Chilean military junta. This organisation has been particularly active in assisting the besieged teachers’ organisations in Chile and we are well aware of the tremendous suppression of their activities that takes place.

In some ways, even more disturbing was the rationale used by Australian Government spokespersons, particularly Foreign Minister Hayden, to justify this decision. Hayden either deliberately or unknowingly told lies to the Australian people about the historic role of the World Bank when he claimed that it made decisions on the basis of economic and not political considerations. Anyone with even a scant knowledge of the activities of the World Bank knows that this is not the case. In relation to Chile, the Bank actually refused loans to the previous Allende Government because it disapproved of its political and economic policies.287

Los documentos y comentarios incluídos hablan por sí solos de la actitud de la Australian Teachers’ Federation. Las palabras de Jennie George, Presidenta de la organización, reflejan el mejor resumen, cuando escribe al Minister for Foreign Affairs and Trade, Bill Hayden:

My Federation holds long and supportive links with the Chilean Teacher Movement. I myself visited them in Santiago in 1980 as part of an official ATF delegation, to offer direct support for their efforts to rebuild their teacher organisation brutally dismantled by Pinochet in 1973.288

Epílogo

Después de esta presentación y de los comentarios que se han ofrecido, es conveniente analizar brevemente los resultados y determinar, en alguna medida, las conclusiones que se pueden obtener de esta campaña de solidaridad con los sectores democráticos de Chile.

La primera cuestión que emerge de este análisis es que gracias a las condiciones políticas y sociales que existían en Australia en 1973, fue posible que la situación vivida por Chile encontrara en este país una preocupación y un interés importante. En efecto, la guerra contra el Vietnam ayudó para que en Australia se consolidara un movimiento social que había emergido a principios de la década, inpregnándolo de un contenido ideológico donde se privilegia el nacionalismo, la oposición a las leyes de reclutamiento obligatorio, la paz y la soberanía de los pueblos. Esta nueva mentalidad permite además el nacimiento de grupos que empiezan a levantar plataformas de lucha social y política que inciden directamente en la búsqueda de alternativas que modifiquen del marco estructural impuesto por los gobiernos de la coalición Liberal-National Country Parties. Este movimiento generalizado hace posible el triunfo de Whitlam en las elecciones de 1972 y crea además una receptibilidad hacia experiencias exteriores que privilegian el camino propio. En este contexto es valorada la experiencia del movimiento popular de Chile y su derrota provoca por lo tanto una reacción que compromete a estas fuerzas sociales y políticas en una respuesta que se expresa en la constitución de un movimiento de solidaridad con los vencidos. Son estas fuerzas las que emergen con rapidez y las que posibilitan que el caso chileno tenga en Australia un cauce relativamente fácil desde donde despegar.

En segundo lugar debemos reconocer que la experiencia chilena de la vía electoral al socialismo era documentalmente conocida y seguida en detalle por importantes sectores de la sociedad australiana, especialmente por las élites políticas, sindicales y académicas. Las reacciones expresadas por estos círculos, con motivo del fracaso de dicha experiencia, reactivó a importantes sectores de la población, los que se sumaron a esta campaña, dándole un carácter de compromiso colectivo que se hizo extensivo rápidamente a distintas organizaciones y grupos que incorporaron a sus preocupaciones e intereses la situación de un país tan lejano y desconocido como Chile.

En tercer lugar, quienes levantaron este movimiento de solidaridad fueron fundamentalmente los partidos de izquierda, incluyendo a un sector del Labor Party y los sindicatos más importantes del país. Ahora bien, las personas que asumieron esta responsabilidad por encargo de sus organizaciones tuvieron éxito en la estructuración orgánica del movimiento: crearon una cadena que multiplicó este trabajo, designaron a destacadas personalidades de la vida política, académica y cultural del país a cargo de estos organismos y supieron integrar a un sector importante de chilenos, los que contribuyeron a darle al movimiento la visión directa del problema humano de la tragedia, más allá de la mera cuestión ideológica que estaba en juego. No queremos decir con esto que los chilenos fueron utilizados en esta campaña, sino por el contrario, era la afirmación maciza de la preocupación humana del problema.

En efecto, más de 25 sindicatos nacionales y estatales se integraron como miembros de los comités de solidaridad, todos los partidos de la izquierda australiana, decenas de parlamentarios laboristas, organizaciones estudiantiles, femeninas y del medio ambiente, más un significativo número de personas individuales, incluyendo a sacerdotes y ministros de distintas confesiones cristianas. Las personalidades australianas que presidieron los comités lograron imprimirle seriedad y honradez al trabajo y dotarlos de una visión ética que fue transmitida al conjunto de la sociedad, incluso para aquellos que se mostraron favorables al violento desenlace ocurrido en Chile. La autoridad moral, política, profesional y/o académica de estas personas obligó a tratar los problemas de Chile con delicadeza y responsabilidad, creándose un consenso de la gravedad de la situación. Por último, la contribución que hicieron los chilenos permitió además darle continuidad y perseverancia al movimiento solidario, ya que ellos asumieron un compromiso con la lucha de su pueblo y no claudicaron en este largo período que tomó el retorno a la democracia y al estado de derecho.

Este esfuerzo colectivo no sólo permitió sensibilizar a la opinión pública australiana y ubicarla mayoritariamente al lado de las intenciones expresadas por los sectores democráticos de Chile y contra la dictadura encabezada por Pinochet, sino que además ganar una gran influencia en las estructuras políticas y sociales del país. De este modo los gobiernos que se sucedieron durante el período, las iglesias, las organizaciones empresariales y la prensa, reconocieron a los Committee for Solidarity with the Chilean People como un grupo de presión dentro de la estructura democrática del país y lo aceptaron como un instrumento válido y responsable de las preocupaciones que originaba la situación de Chile. El movimiento sindical, comprometido ideológicamente en un proyecto histórico de transformaciones sociales, no sólo contribuyó a su fundación, participación y mantenimiento, sino que además, supo incorporar en el resto de las organizaciones laborales el interés y el compromiso para denunciar la cercenación de los derechos sindicales en Chile y el llamado a la pronta restitución democrática del país.

Las direcciones de partidos políticos de la izquierda australiana impregnaron a sus militantes con una receptibilidad documentaria y analítica que les permitío conocer en profundidad el proceso chileno y participar activamente en su desarrollo. Una de las corrientes internas del Labor Party, activa en el trabajo solidario con Chile, ganó posiciones en el interior de su colectividad y creó condiciones para obtener pronunciamientos políticos que comprometieron al partido y al gobierno. Por esta razón, la opinión pública australiana percibió que los Labor Governments mantenían una posición que los distanciaba de la dictadura y que los ubicaba políticamente al lado de la lucha que tenía el pueblo de Chile. Pero en la práctica, el grueso de la comunidad australiana desconoció los antecedentes que comprometían a los servicios de inteligencia del país en la desestabilización política del gobierno de Allende, en las relaciones económicas que gobiernos australianos mantenían con la dictadura o en la reticencia que presentaban para dar cabida en el país a un mayor número de chilenos que deseaban establecer su residencia en Australia.

El trabajo desplegado por los comités de solidaridad y todas las organizaciones que estuvieron involucradas en esta tarea permitió salvar la vida de miles de personas, obtener su libertad de cárceles y campos de concentración, de conseguir asilo político en Australia para muchos de ellos y de contribuir moral y económicamente a la reorganización política y social del movimiento popular en Chile.

En otro frente de la vida australiana, donde la situación de Chile obligó a tomar una posición, fue en la estructura administrativa de la nación. Durante los tres gobiernos que se sucedieron en Australia existió un discurso público de parte de las autoridades administrativas del país para denunciar y condenar al régimen militar instaurado de Chile desde 1973 a 1989: primero al coup d’état y luego a las violaciones de los derechos humanos y civiles de una gran parte de la población que había participado en el proyecto histórico de construcción al socialismo por la vía electoral y a los disidentes que se sumaron más tarde y entraron a discrepar públicamente con el régimen de facto.

En los tres gobiernos (Whitlam, Fraser y Hawke) se usó de los foros internacionales para expresar esta preocupación, situación que además fue transmitida constantemente a las autoridades chilenas. Sin embargo, en la exhibición de antecedentes posteriores a nuestra hipótesis, se ha podido comprobar que, en esta actitud de preocupación y condena empleada por los distintos gobiernos australianos, hay una serie de cuestiones que habría que tener en consideración

De la condena inicial al golpe militar, producida en la administración de Whitlam, se pasa prontamente a ignorar la legitimidad constitucional del gobierno anterior y la ilegitimidad del gobierno militar. No se insiste sobre ello. En otras palabras, se reconoce al régimen de facto en Chile y solamente se pone el énfasis en los excesos que éste comete de acuerdo a los estándares aceptables sobre derechos humanos por las democracias occidentales. Los tres gobiernos ocultan la participación, por mínima que ésta hubiere sido, de funcionarios australianos de los servicios de inteligencia en la gestación del golpe y Whitlam no explica la razón por la cual nada se puede hacer para retirarlos desde Santiago.

Es obvio entonces que el nivel de compromiso superestructural, de las direcciones de los gobiernos, no es con el sistema democrático per se sino más bien con un modelo político y social que garantice determinados patrones o modelos e influencias de los centros de poder en las sociedades occidentales. Una dictadura no importa, lo que importa es que ella no se exceda en sus arbitrariedades ni en las formas de ejercer la represión.

Cuando el sistema se pone a prueba y surge la posibilidad que éste sea reemplazado, entonces empiezan de nuevo las preocupaciones. Cuando gran parte del pueblo de Chile recupera su espíritu de lucha y desafía masivamente al gobierno de facto, a partir de las protestas de 1983, aparece la preocupación por la restitución democrática. El discurso cambia y se introduce además el deseo o la aspiración de que el general Pinochet se entienda y negocie con las fuerzas democráticas para facilitar la transición y para que no se vayan a repetir los desagradable eventos de la insurrección popular contra Batista en Cuba (1959) o contra Somoza en Nicaragua (1979). Este discurso caracteriza a la administración de Hawke y a su Minister for Foreign Affairs, Bill Hayden.

Dentro de los partidos políticos en el gobierno, tanto del Labor Party como de la coalición Liberal-National, hubo sectores importantes que trataron y buscaron afanosamente comprometer, a veces con éxito y otras no, a la totalidad del aparato estatal en posiciones más consecuentes con principios éticos que regularan sus relaciones internacionales. Muchas veces, estas posiciones sectoriales lograron confundirse con actitudes generalizadas de los gobiernos, los que se vieron obligados, en algunos casos, a aceptar las presiones que provenían de importantes sectores de la sociedad. Entre ellas, las fracciones de izquierda o centro del laborismo, de los blandos de la coalición Liberal-National, de los partidos políticos de izquierda y de las nuevas instituciones políticas que emergían, como el Australian Democrat Party en 1977 y el Nuclear Disarmament Party, en 1980, además de la influencia de los sindicatos más importantes en la vida económica del país, entre ellos, los metalúrgicos, los marítimos, de la construcción, del transporte y de los profesores.

La imagen adquirida por la opinión pública sobre la actitud de sus gobiernos, de la que se ha hecho mención más arriba, se origina por la dureza del discurso empleado en la condena a la violación de los derechos humanos. Sin embargo, los sectores que influyeron en hacer posible esto, no lograron alterar la disposición de los gobiernos en las cuestiones económicas, ni en la política inmigratoria de los chilenos. En ambos casos, terminó por imponerse el criterio de los Prime Ministers y de los sectores más conservadores de la política australiana.

En esta situación, que no puede ser interpretada como una simple posición voluntarista de sus protagonistas, debe ser leída a la luz de los valores sociales y económicos que representan: un compromiso con un modelo de sociedad, promovido y aceptado a nivel de la administración del estado, en conformidad y con el beneplácito de determinados centros del poder político y económico. De esta forma, lo que para algunos sectores de la sociedad es importante, para ellos no. La retórica se puede usar asimétricamente con la práctica. Lo importante es no alterar el modelo. No importa entonces que la palabra se estrelle contra el comportamiento. El discurso no decide, la acción es más importante.

Por último, el tercer frente analizado en esta presentación, el movimiento sindical australiano, se puede precisar que fue una de las instancias estructurales de mayor compromiso con el movimiento popular de Chile y muy específicamente con el sector laboral.

La participación del movimiento sindical en la formación de los comités de solidaridad con Chile y su red de comunicaciones internas y externas, creó una serie de situaciones que es importante documentar. En primer lugar, permitió que exiliados chilenos, de formación y participación en el movimiento popular chileno, pudieran mantener un contacto permanente con la Central Unica de Trabajadores de Chile en el exilio, cuya sede central se estableció en St Denis, Francia. Los sindicatos australianos, junto a los comités de solidaridad, contribuyeron a que destacadas figuras del movimiento sindical y de organizaciones políticas chilenas visitaran Australia. Dentro de ellos, visitó el país el ex-Ministro del Trabajo del gobierno del Dr Allende y presidente de la CUT-Chile Luis Figueroa, además de Humberto Elgueta en su calidad de Presidente de la Federación Nacional de Profesores de Chile hasta 1973.

Tanto la preparación de estas visitas y las evaluaciones posteriores, como los viajes de dirigentes australianos a Chile y sus posteriores reuniones informativas hacia la comunidad chilena residente, permitieron crear una relación muy importante entre los chilenos y el movimiento sindical australiano, situación que, en nuestra opinión, logró sobrepasar con creces los niveles de contacto y relación que otras comunidades étnicas habían tenido en el pasado.

La segunda razón de este compromiso habría que ubicarla en el marco ideológico del movimiento sindical australiano; es decir, en la politización de sus direcciones. Desde sus orígenes, los sindicatos de Australia nacen con una posición de clase y buscan reactivar los organismos laborales en la perspectiva de privilegiar un tipo de compromiso político que les permita ser parte activa de la sociedad, profundizar el carácter democrático del país, usufructuar de derechos y tener acceso importante en la distribución de la renta nacional.

Esta situación constituye un movimiento sindical comprometido, en que la neutralidad no tiene cabida. Los líderes son miembros activos de las organizaciones políticas; pertenecen al Labor Party, en sus corrientes más radicalizadas, al Australian Communist Party y al Socialist Party of Australia. Todos ellos asumen las ideologías partidistas, incluyendo su proyecciones internacionalistas. Otra de las corrientes socialistas, como el Socialist Workers Party, de orientación trostkista, carecen en la práctica de cuadros dirigentes en el movimiento sindical y por lo tanto no ejercen ninguna influencia en sus decisiones.

El triunfo de la contrarrevolución en Chile los golpea y los conmueve. Sus propias utopías son puestas a prueba, porque la independencia y autodeterminación de los pueblos es cercenada abruptamente por influencias de carácter foráneo, las que crearon las condiciones para detener y revertir un proceso democrático en ascenso.

Una tercera razón de esta dedicación australiana al movimiento de solidaridad con los trabajadores chilenos la podemos encontrar en la relación y contacto que los dirigentes del movimiento sindical de Australia tenían con los organismos internacionales, ya sea a través de sus propias centrales laborales o sus internacionales partidistas. A nivel de ellas se crea en sus afiliados una petición de atención hacia los acontecimientos chilenos, situación que los vincula no sólo con el movimiento internacional de solidaridad con Chile, sino además los impulsa a tomar contacto directo con las organizaciones laborales en Chile, de cuya relación emerge un compromiso que los motiva a estar activos y vigilantes con respecto a los acontecimientos que suceden en ese país. De esta manera se explica también el que no haya existido un tratamiento similar con los pueblos de Uruguay y Argentina, los cuales vivían también en este período bajo severos gobiernos autoritarios. Estas centrales internacionales silenciaron deliberadamente el caso de ambos países, específicamente el de Argentina, el cual recibió un apoyo tácito de parte de la Unión Soviética, país que ejercia el control ideológico de la Federación Mundial Sindical y de las organizaciones por la paz, el desarme y la soberanía de los pueblos.

En este contexto y bajo estas circunstancias, el movimiento sindical australiano estuvo en condiciones de iniciar inmediatamente la campaña de solidaridad con el pueblo de Chile, creando influencias importantes en distintos niveles del gobierno y dentro de sus propias estructurales internas. Sus medios de comunicación escrita fueron puestos al servicio de esta campaña, facilitando la educación y conciencia de sus propios miembros, la recolección de recursos económicos en conferencias y lugares de trabajo para propósitos solidarios y la participación activa en las campañas de defensa de los derechos humanos, de la libertad de prisioneros políticos y de la restitución de los derechos laborales y civiles en Chile.

A todo este compromiso político, se sumó una de las acciones más destacadas de todo el movimiento sindical internacional: el embargo a las ventas de trigo y ganado, cuya medida obligó a los gobiernos y empresarios a tratar el intercambio comercial bilateral con extremo cuidado o simplemente a eludir los canales normales de recepción y despacho por rutas alternativas que llevaban dichos productos inicialmente a terceros países. Australia y Nueva Zelandia fueron las dos únicas naciones, incluyendo al campo socialista, que mantuvieron esta medida en forma ininterrumpida por el tiempo que duró la dictadura militar en Chile. Pese a las presiones de toda índole y a la actitud reiterada de oposición a esta medida del presidente del Australian Council of Trade Unions, Bob Hawke, los sindicatos marítimos decidieron seguir adelante en su acción, actitud que reflejaba explicítamente la seria preocupación que la situación de Chile les causaba. En este sentido, las palabras de E. V. Elliott, de la Seamen’s Union, eran la expresión de una voluntad seriamente compartida: “The Chile wheat ban is a matter of principle before earning”, posición que también mantuvo por 16 años el movimiento de solidaridad con Chile en Australia.

Si hubiera que hacer un balance, tendría que decirse que el resultado ha sido positivo. Australia contribuyó y presionó para que la dictadura terminara y Chile volviera a recuperar su libertad. No se ignora en este país que la forma de democracia alcanzada después del régimen militar es una expresión limitada, vigilada, cuya base se sustenta en una constitución aprobada fradulentamente por el régimen militar en 1980. En una ley electoral que divide y organiza el país en circunscripciones antojadizas para impedir el acceso masivo a los cargos de representación pública a las corrientes de opinión que ayer estuvieron junto al proyecto del Presidente Allende; en que existen senadores digitados por el dictador para mantener el balance del poder; en jueces vitalicios en la Corte Suprema de Justicia para asegurarse el control de la justicia y la impunidad de los que cometieron abusos contra los derechos humanos. Por eso no se ignora que en Chile coexisten dos fuerzas que aún se disputan la supremacía del poder, consecuencia de una doctrina de la Seguridad Nacional actualizada. Existe, sin embargo, la confianza de que el pueblo de Chile superara éxitosamente esta ambivalencia.

Por último habría que indicar que los 16 años de trabajo solidario con y por el pueblo de Chile permitieron crear una cultura de vigilancia y de observación. Chile no es ajeno a la opinión pública australiana. Si bien es cierto que con la elección de Patricio Aylwin los comités de solidaridad dieron por terminadas sus actividades y decidieron desmovilizarse en sus acciones, es igualmente valedero que esta cultura de vigilancia permanece. Tanto los cuadros dirigentes y los académicos como la población en general, así se puede observar, leen con prontitud e interés cualquier información sobre Chile en la prensa y dedican su tiempo a los reportajes televisivos que aún ocupan un espacio más distanciado en la televisión nacional. Simultáneamente, se sigue escribiendo y entregando interpretaciones sobre la realidad chilena. Intelectuales y académicos son consultados por los medios de información y sus opiniones son insertadas en diarios y revistas de cobertura nacional. Con motivo de la visita a Australia del Presidente Aylwin, en la primera semana de octubre de 1993, todos los diarios nacionales dedicaron importantes espacios al “caso chileno”. Esta cultura de la vigilancia y de la observación ha quedado de nuevo marcadamente expresa en la petición firmada por 61 miembros del Federal Parliament of Australia, que en carta al Presidente Aylwin condenaron la posibilidad de otorgar ammistía a todos aquellos responsables de las violaciones a los derechos humanos en Chile.

La opinión pública en general y los dirigentes políticos y sindicales en particular, al igual que un gran sector del pueblo chileno, creen que la justicia sólo podrá ser construída sobre la base de la verdad. En tal sentido esperan que los gobiernos que sucedan a la dictadura tengan la responsabilidad de resolver éxitosamente el problema de los derechos humanos y la libertad de todos los presos políticos. Sólo de este modo la sociedad australiana se sentirá satisfecha de que el cambio se ha producido de acuerdo a las expectativas que pusieron en sus largos años de trabajo para que Chile recuperara la libertad y la democracia.

Bibliografía

La base bibliográfica de este trabajo ha sido construida fundamentalmente a través de cartas, telegramas, télex y documentos de las oficinas del Prime Minister, del Treasury, de los ministerios de Foreign Affairs and Trade, Immigration and Ethnic Affairs, Defence, Transport y Education, del Federal Parliament, de los comités de solidaridad con el pueblo de Chile, de las organizaciones políticas australianas y del movimiento sindical; todo lo cual ha sido ordenado y clasificado en 19 volúmenes con el nombre de Australian Solidarity Campaign with the Chilean People 1973-1990, antecedentes que poseo en mi biblioteca personal, en espera de hacerlos llegar a Chile.

También se han tomado en cuenta los criterios y las observaciones surgidos en las entrevistas con dirigentes políticos y sindicales australianos y miembros de la comunidad chilena que participaron activamente en el movimiento de solidaridad con Chile durante los años de la dictadura militar. Entre ellos, Mavis Robertson, Andrew Ferguson, Steve Cooper; los dirigentes sindicales: Bill Martin (AMWSU), Patrick Geraghty (Seamen’s Union), Don Henderson (Fire and Deckhands’ Union) y Tass Bull (Waterside Workers’ Federation). Dentro de la comunidad chilena deben ser mencionados: Alexis Mesa, Patricio Vilches (Sydney), Víctor Marillanca (Canberra), Irma Pérez (Adelaide), Marcial Parada (Brisbane), Robinson Torres (Melbourne) y Leo Gatica (Perth). Estos encuentros se llevaron a cabo en el período 1992-93, durante el cual el autor de esta presentación estuvo abocado a la investigación del tema.

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